TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 328/2012.

Sucre: 19 de septiembre de 2012.

Expediente: LP-73-12-S.

Partes: Luís Alberto Ricardo Mustafa Iturralde c/ Virginia Nilda Rivera Saenz

Proceso: Divorcio

Distrito: La Paz.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 286 a 288 y vlta., interpuesto por Virginia Nilda Rivera Saenz, contra el Auto de Vista Nº 201/2011, cursante a fs. 283 y vlta., emitido el 22 de diciembre de 2011 por la Sala Civil Cuarta de la Corte Superior de La Paz, ahora Tribunal Departamental de Justicia, en el proceso ordinario de divorcio seguido por Luís Alberto Ricardo Mustafa Iturralde contra la recurrente; los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, adjuntando documental en fecha 27 de febrero de 2010 Luís Alberto Ricardo Mustafa Iturralde interpuso demanda de divorcio en contra de su esposa Virginia Nilda Rivera Saenz, invocando la causal prevista en el art. 130 num. 4) del Código de Familia por ser víctima de sevicias, calumnias, injurias y mal trato de palabra. Sustanciado el proceso el Juez Tercero de Partido de Familia, mediante Sentencia Nº 255/2011 de 18 de marzo 2011 declaró probada la demanda, disponiendo la cancelación de la Partida Matrimonial de los actores en la Dirección del Registro Civil.

Deducida la apelación por la demandada, ésta fue remitida a la Sala Civil Cuarta de la ex Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, instancia que mediante Auto de Vista Nº 201/2011 confirmó la Sentencia apelada.

En conocimiento de la resolución de segunda instancia Virginia Nilda Rivera Saenz interpuso recurso de casación en el fondo, mismo que se pasa a considerar.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En el contenido de todo el memorial del recurso de apelación, que manifiesta recurrir en el fondo, señala que las atestaciones de descargo no debieron ser consideradas por los de instancia, toda vez que entre ellos se encuentra la de la Sra. Marcela Mejía Soruco, quien es empleada dependiente del demandante; el de Jaime Ruiz Iturralde, quien a pesar de jurar ante el juzgador no tener ningún tipo de parentesco con el demandante, sin embargo refirió en el contra interrogatorio ser pariente de la madre del actor; finalmente la de Luís Fernando Concha Urquizu, quien fuere tachado por ser amigo íntimo del demandante, declaraciones que en su integridad no fueron uniformes ni contestes, además de haber tachado en su oportunidad a los mismos.

Asimismo, señala que el A quo no consideró las declaraciones testificales de sus testigos quienes afirmaron que con el demandante no vive desde el mes de marzo de 2009.

Afirma también que todas las declaraciones de cargo emitidas por los testigos fueron inventadas, porque a ninguno de ellos les constó ni presenciaron mal trato verbal alguno o situaciones que probaran el motivo de la demanda.

Finalmente solicita que al haberse negado el Tribunal de Alzada a revisar correctamente la Sentencia y otorgado un sentido erróneo a la interpretación de principios y la normativa adjetiva civil, impetra la nulidad de obrados por franca vulneración a sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Que, siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que tiene por objeto anular una Sentencia judicial que contiene una incorrecta interpretación o aplicación de la ley o dicho de otro modo, propicia el juzgamiento de las resoluciones emitidas por las Salas Civiles de los Tribunales Departamentales de Justicia, a los fines de verificar si en ellos se aplicó correctamente o no las normas positivas civiles y en su caso realizar las correcciones pertinentes; lleva consigo un elemento importante cual es el formal; es decir que a tiempo de plantearse el mismo, conforme prevé el art. 250 y 258 del adjetivo civil establecen con detalle los requisitos de admisibilidad y procedencia que deben invocarse por el recurrente, de modo que de lo analizado se determine la existencia de error in iudicando o bien in procedendo respectivamente.

Asimismo, dejamos establecido que quien interpone recurso de casación en el fondo, pretende proteger la defensa del derecho objetivo, es decir procura lograr la correcta aplicación de la ley en los fallos judiciales; cuando la Sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, cuando contuviere disposiciones contradictorias o cuando en la apreciación de la prueba se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, debiendo este último evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta del juzgador. De lo que se concluye que el recurso de casación al ser un acto procesal complejo, aparte de contener los requisitos de formas esenciales en su planteamiento y expresar la voluntad de impugnar, debe necesaria y principalmente fundamentar dicha impugnación conforme prevé el art. 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, señalando de manera clara, concreta y precisa las leyes que han sido violadas o aplicadas de manera falsa o errónea, especificando además en qué consiste esa violación, falsedad o error.

En el sub lite, la recurrente incurre en error a tiempo de plantear su recurso, por dos situaciones: la primera cuando de inicio refiere en su memorial de impugnación que recurre en el fondo, haciendo un relato de los antecedentes con el mismo argumento que recurrió a tiempo de presentar la apelación; es decir hace mención de manera general sobre la prueba testifical de cargo valorada por el A quo, señalando que ésta no debió ser considerada, haciendo una relación de lo que los testigos manifestaron y cuyos testimonios no serían evidentes; lo propio refieren las declaraciones testificales de descargo, mismas que no habrían sido tomadas en cuenta; sin embargo no hace referencia alguna respecto a que el juzgador hubiere incurrido en error de derecho o de hecho en la apreciación de la prueba, menos demuestra la equivocación manifiesta del A quo con documentos o actos auténticos; es decir no existe una relación clara, concreta y precisa en qué consistió el error del juzgador.

Y segundo, porque recurriendo por la causal contenida en el art. 253 num. 3) (así se quiere entender de la redacción del recurso), termina peticionando que se anule obrados, sin señalar hasta que actuación procesal y menos los motivos por los que realiza dicha petición.

De lo que se concluye que si la recurrente pretendía lograr la correcta aplicación de la ley en la Sentencia emitida debió dar cumplimiento a lo previsto en el art. 258 num. 2) del adjetivo civil, y solicitar se case el Auto de Vista, pero si su pretensión estaba dirigida a la nulidad de obrados, debió recurrir en la forma, denunciando los numerales contenidos en el art. 254 del Código de Procedimiento Civil; no existiendo al presente coherencia entre lo expuesto en el recurso con relación al fondo y la petición que corresponde a recurrir en la forma, error a tiempo de plantear su recurso que no hace posible la apertura de la competencia del Tribunal Supremo.

Por lo anterior, corresponde resolver de la forma prevista en el art. 271 num. 1) del Código de Procedimiento Civil.

 

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 41, 42 núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el Art. 271 núm. 1) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación de fs. 286 a 288 y vlta., interpuesto por Virginia Nilda Rivera Saenz, contra el Auto de Vista Nº 201/2011, cursante a fs. 283 y vlta. Con costas.

 

Se regula honorario profesional en la suma de Bs.1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rita Susana Nava Duran