TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 321/2012

Sucre: 17 de septiembre de 2012

Expediente: CH -28 - 12 - S

Partes: Teófilo Velásquez Salamanca c/ Ignacio Durán Paniagua, Hugo Eloy Dávalos Valda y demás personas desconocidas

Proceso: Usucapión Decenal o Extraordinaria

Distrito: Chuquisaca.


VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 461 a 464 de obrados, interpuesto por Teófilo Velásquez Salamanca contra el Auto de Vista S.C.II Nº 68/2012 de fecha 28 de febrero de 2012 cursante de fs. 447 a 448, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en el proceso ordinario de Usucapión Decenal o Extraordinaria seguido por Teófilo Velásquez Salamanca contra Ignacio Durán Paniagua, Hugo Eloy Dávalos Valda y demás personas desconocidas, el Auto de concesión de fs. 542, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, Teófilo Velásquez Salamanca plantea demanda ordinaria de usucapión decenal o extraordinaria a fs. 6 y vlta., subsanada a fs. 10 y aclarada a fs. 14, contra Ignacio Durán Paniagua, Hugo Eloy Dávalos Valda y demás personas desconocidas con respecto a un lote de terreno de 4.008,50 Mts2 en el lugar denominado "Jatun Tocko", sito en la Zona de Tucsupaya Alta de la ciudad de Sucre; sustanciado el proceso en primera instancia, la Juez Tercero de Partido en Materia Civil y Comercial de la capital-Sucre, mediante Sentencia Nº 23/2011 de fecha 06 de abril de 2011 cursante de fs. 248 a 252 y vlta. de obrados, declaró probada la demanda y por adquirida la propiedad por usucapión decenal o extraordinaria a favor del demandante respecto al lote de terreno de 4008,50 Mts2. sito en la parcela denominada Jatun Mocko, ex fundo Tucsupaya, provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca.

En apelación la Sentencia Nº 23/2011 de fs. 248 a 252 vlta., interpuesto por Carmen Olga Chavarría Roca en representación legal de Eloy Hugo Dávalos Valda, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Auto de Vista S.C.II Nº 68/2012 de 28 de febrero de 2012 cursante de fs. 447a 448, anula obrados con reposición hasta fs. 81 inclusive, es decir hasta el auto de relación procesal bajo el argumento de que los hechos controvertidos no han sido establecidos como objeto de prueba en el Auto de relación procesal; en contra de esta resolución de segunda instancia, Teófilo Velásquez Salamanca, recurre en casación en la forma pidiendo se anule el referido Auto de Vista.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

El recurrente indica que el Auto de relación procesal de fs. 81 recoge a cabalidad los argumentos esgrimidos por las partes y que constituye una aberración que el Tribunal de Alzada haya anulado obrados hasta dicha foja inclusive, decisión que resulta ser ilegal y arbitraria a todas luces.

Que, ninguna de las personas demandadas ni el Defensor de Oficio han impugnado el Auto de relación procesal, tampoco han interpuesto recurso de alzada y que todo reclamo sobre el particular ha precluido, dicha resolución se halla investida de autoridad de cosa juzgada y que el descuido o negligencia de las partes no puede ser subsanado o enmendado de oficio por el juzgador en un actuar ultra petita atentando contra la cosa juzgada que reviste el Auto de fs. 81.

Que, el demandado Eloy Hugo Dávalos no objetó en absoluto el Auto de relación procesal, ni siquiera en la apelación realizada a través de su apoderada contra la Sentencia, recoge como fundamento el supuesto hecho de que la A quo no hubiere fijado los puntos de hecho a probar acorde a los argumentos vertidos en su escrito de respuesta a la demanda.

Indica también que el Auto de Vista no se circunscribe a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación y fundamentación y que este actuar del Tribunal de Alzada significa otorgar más de lo solicitado por las partes.

Que, lo dispuesto por el Tribunal de Alzada no se enmarca en el Principio de Especificidad que se halla contenido en el art. 251-I del Código ritual de la materia que establece, "Ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por la ley".

Finalmente, hace referencia al art. 247 de la abrogada Ley de Organización Judicial la cual según su criterio pretende sea aplicada de manera retroactiva tomando en cuenta lo dispuesto en el art. 123 de la Constitución Política del Estado.

Con tales fundamentos el recurrente interpone recurso de casación en la forma solicitando a este Tribunal Supremo, anule obrados hasta fs. 447 inclusive, disponiendo que el Tribunal Ad quem pronuncie un nuevo Auto de Vista resolviendo el fondo del asunto.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

El recurso de casación es considerado como un medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por ley y dirigido a lograr que el máximo Tribunal revise y reforme o anule las resoluciones expedidas en apelación que infringen las normas de derecho material, las normas que garantizan el derecho al debido proceso o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales.

La casación tiene por fin privilegiar la recta aplicación de la ley y de esta manera alcanzar la justicia en la resolución de los conflictos procesales. Por ello estamos ante una institución necesaria y de enorme importancia en la administración de justicia, pues gracias a ella se cuenta con una vía que asegura la correcta aplicación o interpretación de las normas jurídicas y la uniformización de la jurisprudencia nacional.

Como característica esencial de este recurso podemos establecer que no se trata de una tercera instancia, pues el Tribunal de casación es un Tribunal de derecho y no de hecho, por ello el recurso solo procede por las causales taxativamente indicadas por la ley, debiendo el Tribunal de Casación circunscribirse a considerar las causales invocadas por el recurrente y siempre que se formulen con observancia de los requisitos exigidos por la misma ley.

Al respecto la uniforme jurisprudencia sentada por la Ex Corte Suprema de Justicia, con la que se comparte criterio, señaló que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, que puede ser planteado en el fondo o en la forma o en ambos a la vez, conforme está establecido en el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil.

Cuando el recurso de casación se interpone en el fondo, esto por errores en la resolución de fondo del litigio "error in judicando", caso en el cual los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el artículo 253 del adjetivo civil y está orientado a que el Tribunal Supremo revise el fondo de la resolución del litigio, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva resolución que resuelva el fondo del litigio; en tanto que si se plantea en la forma "error in procedemdo", es decir por errores de procedimiento, la fundamentación debe adecuarse a las causales y previsiones contenidas en el artículo 254 del mismo cuerpo legal, siendo su finalidad la anulación de la resolución recurrida o del proceso mismo cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso sancionadas con nulidad por la ley. En ambos casos, es de inexcusable cumplimiento el mandato del artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil; es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.

En el caso que se analiza, el recurrente básicamente fundamenta su recurso en dos aspectos; el primero se refiere al Principio de convalidación, indicando que ninguna de las partes ni el Defensor de Oficio objetaron el Auto de relación procesal de fs. 81, convalidándose de esta manera los actos realizados por la autoridad judicial y por otra parte acusa la vulneración del Principio de Especificidad o Legalidad, haciendo referencia para ello al art. 251.I del Código de Procedimiento Civil el cual dispone que, "Ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por ley"; finalmente pretende la aplicación del art. 247 de la abrogada Ley Nº 1455 de Organización Judicial para lo cual invoca el art. 123 de la Constitución Política del Estado; esta situación no es legalmente posible por el mandato expreso de la propia norma de referencia; en todo caso, si se pretende la aplicación del citado art. 247 de la antigua Ley de Organización Judicial al caso presente, se tendría que hablar de ultraactividad y no de retroactividad y por consiguiente no tiene sentido invocar dichos preceptos legales por estar fuera de la lógica. Sin embargo es de advertir que este Tribunal Supremo encuentra observaciones que hacen al fondo en la formulación de la demanda, aspecto que conlleva el cuestionamiento de todo el proceso en su conjunto y que el demandante ni la autoridad jurisdiccional tomaron en cuenta en su debido momento.

Si bien el Tribunal Ad quem, anuló obrados hasta fs. 81, es decir hasta el Auto de relación procesal bajo el fundamento de haberse incurrido por el Ad quo en una defectuosa integración de la relación procesal sin tomar en cuenta los hechos que revisten carácter controversial ni efectuar una adecuada operación de delimitación de los llamados "hechos articulados"; sin embargo el Tribunal de Alzada no tomó en cuenta que la demanda de usucapión decenal adolece de defectos de fondo, ya que la misma no se encuentra dirigida contra la persona verdaderamente titular o propietaria del inmueble objeto de usucapión, y por otra parte, tampoco el demandante acompañó a su demanda la certificación de Derechos Reales que acredite quien es el verdadero propietario registral del inmueble, no obstante que el Defensor de Oficio en su debido momento ha reclamado esta situación interponiendo de fs. 64 a 65 excepción previa de oscuridad, contradicción e imprecisión en la demanda, la cual fue declarada improbada mediante Auto de fs. 75, dándose curso a una demanda defectuosa y sustanciándose un proceso irregular.

El art. 1538 del Código Civil establece que, ningún derecho real sobre inmuebles surte sus efectos contra terceros sino desde el momento en que se hace público con la inscripción en el Registro de Derechos Reales del título que origina el derecho, y por consiguiente es la persona titular que aparece en el registro como potencialmente oponible, contra quien debe dirigirse necesariamente y en forma prioritaria la demanda como principal persona demandada o finalmente contra sus herederos, sin que esto sea limitante para dirigirla contra otras terceras personas que puedan tener algún derecho que reclamar, solo así el propietario del inmueble puede tener realmente la calidad de SUJETO PASIVO frente al sujeto activo (demandante) y tener la posibilidad de defenderse en juicio, pues no es posible que el demandante que pretende adquirir un inmueble por usucapión de alguien que es su titular, dirija su demanda contra eventuales personas poseedoras del mismo al igual que él, o contra personas desconocidas y no así contra el verdadero propietario del inmueble o sus herederos; actuar de la forma indicada resultaría burlar los derechos del propietario del inmueble violando la garantía a la legítima defensa; al margen de lo indicado, el actor al momento de interponer su demanda también debe acompañar a la misma la certificación o documentación que acredite quien es el propietario del inmueble que pretende usucapir y no se trata de una simple prueba, ya que a través de la misma se vincula jurídicamente al sujeto pasivo de la demanda (actual propietario) contra quien se pretende se opere el efecto extintivo de la usucapión.

En el caso de autos, el no haberse planteado la demanda en la forma indicada, hizo que durante el proceso al margen de las personas demandadas, aparezcan varias personas (11) alegando supuestamente ser propietarias del inmueble objeto de la Litis, quienes mediante memorial que corre de fs. 413 a 414 y vlta. plantearon tercería de dominio excluyente sin identificar si realmente se trataba del mismo inmueble, la misma que se encuentra pendiente de resolución.

Siendo la usucapión un modo de adquirir la propiedad, una vez declarada judicialmente produce un doble efecto, adquisitivo para el que logra la usucapión y extintivo para la persona que pierde el derecho propietario del inmueble, razón por la cual para que ese efecto se produzca de forma válida y eficaz, es indispensable que el actor dirija la demanda contra quien figure en el Registro de Derechos Reales como titular del derecho propietario del bien inmueble que se pretende usucapir, solo así la sentencia que declare la usucapión producirá válidamente ese doble efecto.

En consecuencia, es deber ineludible del actor a tiempo de interponer la demanda de usucapión, acreditar la persona contra quien se la dirige, sea la titular del inmueble en el Registro de Derechos Reales en el momento de promover la acción; no siendo posible dirigir su pretensión en contra de una persona distinta de aquel, tampoco es posible que el actor dirija su demanda contra personas desconocidas.

Por otra parte tampoco es posible que se dirija la acción pretendiendo la usucapión de un bien cuya titularidad no se encuentra registrada en Derechos Reales, por cuanto, al ser un modo de adquirir la propiedad, ésta opera sólo respecto a los bienes que se encuentran en la esfera del dominio privado, es decir, respecto de aquellos bienes muebles o inmuebles sobre los que recae un derecho de propiedad anterior.

En conclusión, se puede indicar que la nulidad de oficio puede ser declarada por la autoridad jurisdiccional cuando el vicio es de tal magnitud que cause completa indefensión a las partes y violente las garantías del debido proceso, en el caso presente como se tiene indicado, la demanda no se encuentra dirigida contra el verdadero propietario del inmueble, sino contra presuntos poseedores y personas desconocidas.

Con respecto a la calidad de sujeto pasivo en las demandas de usucapión, la Ex Corte Suprema como el actual Tribunal Supremo de Justicia han sentado la línea jurisprudencial, entre los últimos se tiene a los siguientes Autos Supremos:

USUCAPIÓN-SUJETO PASIVO.

"La usucapión declarada judicialmente produce un doble efecto, adquisitivo para el usucapiente y extintivo para el usucapido, razón por la cual, el sujeto pasivo de la usucapión es siempre la persona que figura en el Registro de Derechos Reales, como titular del bien a usucapir, por ello, el actor debe acompañar con la demanda, la certificación o documentación que acredite ese aspecto, toda vez, que es contra él -el actual propietario- que se pretende opere el efecto extintivo de la usucapión". A.S. Nº 220 de 24 de junio de 2010 (Resúmenes de Jurisprudencia 2010, pág. 71 y Vlta.)

"La usucapión declarada judicialmente produce un doble efecto, adquisitivo para el usucapiente y extintivo para el usucapido, razón por la cual para que ese efecto se produzca de forma válida y eficaz, es indispensable que el actor dirija la demanda contra quien figure, en el Registro de Derechos Reales, como titular del derecho propietario del bien inmueble que se pretende usucapir". A.S. Nº 262 de 25 de agosto de 2011 (Resúmenes de Jurisprudencia 2011, pág. 70).

Finalmente se aclara que la demanda si bien se presentó contra personas identificadas e individualizadas y contra personas desconocidas; pero en la sustanciación del proceso hasta este estado no se acreditó el derecho propietario con relación al inmueble que se pretende usucapir; aspecto que se extraña a fin de poder establecer la legitimación pasiva del demandado contra quien se espera se genere el efecto extintivo de la usucapión.

Por todo lo expuesto, al amparo del art. 252 del Código de Procedimiento Civil, corresponde a este Tribunal fallar en la forma prevista por el artículo 271-3) del Adjetivo Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ejerciendo la facultad conferida por los artículos 252, 271 - 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta fojas 12 inclusive (admisión de la demanda) y dispone que el Juez A quo, emita nueva resolución, en estricta observancia de lo previsto por los artículos 3-1) y 87 del Código de Procedimiento Civil y a los fundamentos expuestos en el presente Auto Supremo.

Sin multa por ser excusable el error.

En cumplimiento del art. 17-IV de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, comuníquese al Consejo de la Magistratura para los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Duran