TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 320/2012

Sucre: 17 de septiembre de 2012

Expediente: LP-82-12-S

Partes: Basilio Carlo Flores y Luisa Tancara de Carlo c/ María Gladys Rivero de Jiménez.

Proceso: Usucapión Decenal o Extraordinaria

Distrito: La Paz


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por María Gladys Rivero de Jiménez mediante sus apoderadas Dora Franco Espejo y Grisel Melva Flores Salas de fs. 205 a 208 vlta., impugnando el Auto de Vista Nro. S-139/12, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso de Usucapión Decenal o Extraordinaria seguido por Basilio Carlo Flores y Luisa Tancara de Carlo contra María Gladys Rivero de Jiménez, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, tramitada la causa, el Juez 4to. de Partido en la Civil y Comercial de El Alto - La Paz, emitió la Sentencia Nro. 371/2010 de fecha 8 de noviembre de 2010 cursante de fojas 171 a 172 vlta., declarando probada la demanda de fs. 1 a 2, subsanada a fs. 37 y por operada la usucapión decenal o extraordinaria a favor de Basilio Carlo Flores y Luisa Tancara de Carlo, reconociendo el derecho propietario por usucapión decenal del lote de terreno descrito en la misma, disponiendo la inscripción definitiva del derecho de propiedad, reconocido en la Sentencia, en la Oficina de Derechos Reales.

Recurrida la Sentencia mediante apelación por María Gladys Rivero de Jiménez por intermedio de sus apoderadas Dora Franco Espejo y Grisel Melva Flores Salas, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista Nro. S-139/12, de fecha 24 de abril de 2012 cursante a fojas 202 a 203, confirma la Sentencia apelada N° 371/2010 de 08 de noviembre de 2010 de fs. 171 a 172Vlta.

Resolución que dio lugar al recurso de casación en el Fondo y en la forma interpuesto por parte de la demandada María Gladys Rivero de Jiménez mediante sus apoderadas, que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En el fondo

Que, se habría incurrido en la causal de casación prevista en el art. 253-3) del Código de Procedimiento Civil, calificando como error de hecho y derecho en la valoración de la prueba, aplicado incorrectamente el art. 1283-II y 1286 del Código Civil, al confirmar la Sentencia, que esto fuera vulneratorio del derecho a la propiedad privada, seguridad jurídica y la igualdad de partes en el proceso. Aplicándose además indebida e incorrectamente los arts. 584 y 585 del Código Civil.

En ese antecedente habría un compromiso de pago de una suma de dinero por el precio total convenido, que ante el no pago hasta la fecha no se habría perfeccionado la transferencia por la superficie de 250 metros cuadrados de una superficie mayor de la que fuera propietaria la demandada.

Que, por otro lado habría negativa de una tutela judicial efectiva ante la mala aplicación del art. 1286 del Código Civil con relación al art. 375-2) del Código Procedimiento Civil.

De manera contradictoria se refiere a un proceso seguido a instancias de la junta de vecinos de la urbanización anexo 7 de septiembre, aclarando que no estuvieron incluidos los demandantes pero que tampoco estuvieran excluidos. Que, no se dieran las condiciones para la procedencia de la demanda al haber estado en defensa de su derecho propietario.

Asimismo, se habría incurrido en error de hecho y derecho en la consideración de las pruebas aportadas por la recurrente y las aportadas por los demandantes al darles mayor valor a estas últimas.

Que, hubieran entrado en posesión en calidad de detentadores dado que la venta estaba sujeta a la condición de pago y que no fuera perfeccionada por incumplimiento de los demandantes y que el solo hecho del transcurso del tiempo no haría que la detentación deje de ser detentación.

Que, en el caso se habría demostrado que no concurrieron los requisitos exigidos por el art. 138 del C.C., pues uno de los requisitos de la posesión fuera que esta sea "vacua" sin tercero opositor del derecho y que además la interrupción al cómputo de plazo se habría interrumpido con la presentación de la demanda de nulidad instaurada por los vecinos de la Urbanización 7 de septiembre, habiéndose vulnerado la disposición legal citada.

Se habría incurrido en la causal de casación del art. 253-1) del Adjetivo Civil al aplicar incorrectamente el art. 584 y 585 del Sustantivo Civil, de esta manera privarla de su derecho sobre el lote de terreno.

Que, al mismo tiempo se incurriría en la causal de casación del art. 253-2) del Código de Procedimiento Civil, al disponer que los errores existentes en el Auto de admisión de demanda, las diligencias de notificación en el patronímico hubieran sido convalidadas al no haber sido atacadas en tiempo hábil.

Que, todo los errores que hubieran causado perjuicio cierto e irreparable solo puede ser subsanados mediante la declaración de nulidad de obrados y que al estar impugnados mediante los recursos de apelación y casación no estuvieran aun plenamente convalidados.

En la forma

En sujeción a lo normado por el art. 254 num. 4) ante la inobservancia del Código de Procedimiento Civil, la presunta aplicación errónea del art. 236 del C.P.C., al no haberse pronunciado el fallo del Ad quem con relación a la totalidad de las pretensiones deducidas de su parte en el recurso de apelación, no dando respuesta positiva o negativa sobre la infracción al art. 192-2), 91 con relación al art. 371 del Código de Procedimiento Civil y que al confirmar la Sentencia se habría vulnerado a la garantía constitucional del debido proceso, la seguridad jurídica y la igualdad de las partes en el proceso, toda vez que se convalidaría una Sentencia que referiría como probado un hecho inexistente, como fuera la adquisición en calidad de compraventa a título oneroso del lote de terreno objeto de la litis, que lo único que existiría es el documento de compraventa sujeta a condición.

Que, sin embargo se habría omitido pronunciarse sobre estos agravios en el Auto de Vista, en el que debía pronunciarse sobre todos los agravios incurriendo de no hacerlo en la violación del principio de congruencia y plenitud, el debido proceso y la seguridad jurídica.

Concluye señalando que interpone recurso de casación en el fondo y en la forma, a fin de que se dicte fallo casando y declarando improbada la demanda o en su caso en la forma se anule el Auto de Vista ordenando se dicte uno nuevo con la pertinencia y exhaustividad necesaria.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

A efectos de adoptar un fallo coherente y dar respuesta al recurso de casación, ante el planteamiento del mismo tanto en el fondo como en la forma, este Tribunal Supremo se pronuncia primero respecto a las causales de nulidad (en la forma) acusadas, en consideración a que de ser evidentes se resolvería por la nulidad de obrados, determinando la imposibilidad de emitir pronunciamiento sobre el fondo.

En ese antecedente señalar que la presunta infracción del art. 192-2), art. 91, con relación al art. 371 del C.P.C., acusada en el recurso, no tienen ningún sustento, considerando que la primera disposición legal reclamada de infringida, ha sido cumplida por los fallos de instancia cuando se ha puntualizado de manera coherente todos los actuados existentes en el proceso con el respaldo normativo pertinente, dando correcta aplicación a las demás disposiciones legales reclamadas como infringidas referidas a normas procesales; en efecto, el Auto de Vista ha dado respuesta a lo largo del segundo considerando a todos los agravios formulados en el recurso de apelación que previamente describe en el considerando primero, esto implica en resumen el cumplimiento de lo dispuesto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, es decir, la pertinencia de la resolución en contestación a los puntos objeto de apelación, no siendo necesario disgregar por separado los aspectos reclamados si la respuesta engloba de manera complementaria dando contestación a la impugnación, como sucede en el caso de Autos.

Cuando en el recurso se pretende dar asidero a que el Auto de Vista hubiera confirmado una Sentencia que declararía probado un hecho inexistente, veremos que el cuestionamiento no tiene relación a los antecedentes del proceso, en razón a que no se demandó se valide ningún documento de compraventa a título oneroso, sino por el contrario la adquisición de un bien inmueble por usucapión.

La pretensión de vincular con el art. 371 del Código de Procedimiento Civil a lo anotado anteriormente no es conducente, ya que esta disposición legal se refiere a los puntos de hecho a probar que debe fijar el Juez, y la posibilidad de objetar por las partes, aspecto que no sucedió y se sometieron a esas reglas, teniendo la oportunidad procesal para hacerlos valer mediante objeción conforme determina la nombrada disposición legal, el no haberlos ejercitado importa consentirlos y convalidarlos, no siendo éste -casación- el momento procesal para reclamarlos al estar precluidos los mismos.

De lo anterior y ante la evidencia de no tener fundamento las presuntas infracciones, se concluye que no concurre la causal de casación invocada, correspondiendo fallar declarando infundado el recurso de casación en la forma.

En cuanto al recurso de casación en el fondo y la presunta mala aplicación del art. 1286 del Código Civil, con relación al art. 375-2) del Código de Procedimiento Civil, referidos a la apreciación de la prueba y la carga de las partes, la recurrente no expone de que manera hubiera existido esa presunta mala aplicación de las disposiciones reclamadas como tales, pues al entender de lo que señala el art. 375-2) del Código de Procedimiento Civil se llega a concluir que la demandada, no desvirtuó la posesión de los demandantes del bien inmueble en cuestión, que si bien ésta posesión se originó por una compraventa según documento que cursa a fs. 177, éste contiene cláusulas específicas como la referida como SEXTA en la que se conviene "...que en caso de tres cuotas consecutivas incumplidas queda nulo el presente contrato debiendo revertirse el terreno a la propietaria sin derecho a reclamo." Y la cláusula SEPTIMA que señala "...si el incumplimiento se presentare por el lado de los esposos Basilio Carlo Flores la vendedora notificará a estos, mediante carta notariada que la suma de dinero que hubieran pagado habrá quedado consolidada a favor de la propietaria y hará conocer por la misma vía cualesquier otro incumplimiento por parte de los mismos a quienes les dará un tiempo razonable para que le restituyan el inmueble...". Del análisis de estas cláusulas se infiere que se pactó que al incumplimiento en el pago de tres cuotas quedaba disuelto el documento, y de la revisión del proceso se verifica la existencia de recibos de pago tanto en original como sus copias de fs. 6 a 7 como de fs. 175 a 176 respectivamente, recabando el dato que la última fecha en que se hubiera cancelado una cuota fuera el 8 de agosto de 1993, consiguientemente en sujeción a lo acordado en el documento de compra venta (Cláusula sexta), el incumplimiento de las tres cuotas consecutivas estipuladas se concretaron en el mes de noviembre del año 1993, quedando disuelto el contrato de compra-venta por convenio de partes; a partir de ese momento es que la vendedora estaba facultada a ejercer su derecho cual establece la cláusula séptima como se tiene aclarado, sin embargo de lo anterior, los compradores que no cumplieron con el pago continuaron con la posesión de la cosa de manera pacífica, pública continuada e ininterrumpida, no existiendo antecedente alguno que haya aportado la demandada de que ello no hubiera sucedido, dejando transcurrir el tiempo produciéndose las prescripciones correspondientes, es decir, extintiva en contra de la propietaria y adquisitiva a favor de los poseedores hoy demandantes; no pudiendo entonces alegarse que al estar sujeta la venta a condición de pago, ésta fuera indefinida en cuanto a su duración como en la interpretación de la recurrente se pretende, cuando el documento de referencia establece claramente las condiciones de su cumplimiento.

Cuando se reclama el haber incurrido por parte del Tribunal de apelación en error de hecho y derecho, interpretando y aplicando incorrectamente el contenido de los arts. 1283-II, 1286, 138 del Código Civil, nos remitimos a las consideraciones hechas en el párrafo anterior, no siendo evidente que los demandantes hayan ocupado el inmueble objeto de usucapión en calidad de detentadores sino de poseedores.

Las pruebas producidas por los demandantes en el caso de Autos son coherentes con los puntos de hecho a probar fijados por el Órgano Jurisdiccional, tendientes a demostrar que ingresaron al lote de terreno en calidad de nuevos dueños, que su posesión fue quieta, continua, pública y pacifica por mas de diez años y sin interrupción, la realización de actos de dominio, el comportamiento como propietarios y que esto fuera conocido por los colindantes y vecinos del inmueble; lo anterior se colige de las documentales cursante de fs. 8 a 15 referidos a los pagos de impuestos a los bienes inmuebles comprendidos desde el año 1994 hasta el año 2007 inclusive, asimismo la constancia de trámite, instalación de servicios básicos así como su cancelación por los referidos servicios conforme consta de fs. 16 a 31, aspectos corroborados por las declaraciones testificales como la inspección judicial ocular manifestada en Acta de fs. 106 "A"; habiendo los jueces de instancia tomado en cuenta esos antecedentes para finalmente acoger favorablemente la demanda de usucapión planteada ante la concurrencia de lo establecido por el art. 138 del Código Civil, es decir la adquisición del bien inmueble por la posesión continuada durante diez años.

La presunta interrupción del cómputo de la prescripción por la existencia de una demanda instaurada por los dirigentes de la Urbanización Anexo 7 de septiembre está desvirtuada por la misma afirmación de la recurrente que señala a fs. 205 vlta., que esa demanda no incluía de manera expresa a los esposos Carlo Tancara, aunque pretendiendo razonar que tampoco estuvieran excluidos, esta consideración contradictoria desvirtúa el reclamo de haberse incurrido en alguna transgresión.

Lo referido en el punto 4to por el que se pretende se haya incurrido en la causal de casación inmersa en el art. 253-1) del C.P.C., citando el art. 584 "I", habrá que aclarar que este artículo no tiene parágrafos sino solo un párrafo, de lo que resulta impertinente su cita y consideración; empero ante la reiteración del mismo refiriendo al carácter de la venta, mas allá de la cita que se hace de haberse presuntamente aplicado erróneamente, no se demuestra con ningún razonamiento que esa presunta incorrecta aplicación hubiera sucedido.

Finalmente cuando en su último punto reclama la presunta irregularidad con la que se habría admitido la demanda, las diligencias y el patronímico de la demandada, no hay mayor consideración que hacer sino el referir que cada actuado procesal tiene los plazos y recursos para impugnarlos oportunamente, si la demandada advirtió la concurrencia de alguna irregularidad en los actuados procesales que ahora reclama, debió hacerlos valer oportunamente, lo contrario implica como ha razonado el Tribunal Ad quem, la preclusión de cualesquier derecho y convalidación de los defectos que hubieran existido, mas aun si no se ha demostrado el perjuicio irreparable o daño que le hubiera causado al asumir defensa en igualdad de condiciones, que cuando refiere que su patronímico fuera incorrecto, deberá considerarse que a fs. 36 aparece el nombre de la demandada en el formulario de información rápida extendido por la Oficina de registro de Derechos Reales de la manera como se lo consignó en la demanda, consta además a fs. 46 el apersonamiento y contestación de la demandada asumiendo defensa sin reclamo ni el uso de excepción alguna que vaya a cuestionar lo que ahora pretende tenga valor; además su petitorio equivoca su pretensión, al concluir que pueda ser subsanado "mediante la declaración de nulidad de obrados", cuando los argumentos que expone están planteados en el fondo, siendo por lo mismo contradictorio.

Con esos antecedentes corresponde hacer precisiones con relación a este instituto -usucapión- que es uno de los modos de adquirir la propiedad según estatuye el art. 110 del Código Civil, debiendo concurrir para su procedencia requisitos como: 1.- El poseer la cosa a título de dueño; 2.- Ejercer la posesión a título de dueño; 3.- Que la posesión debe ser pública y pacífica; 4.- Finalmente esa posesión debe ser continua, no interrumpida por más de diez años. Con la concurrencia de los anteriores requisitos debe estar reconocida judicialmente por Sentencia ejecutoriada.

En el caso concreto, como se dijo, los demandantes ingresaron en posesión del bien inmueble respaldados por el documento de compraventa suscrito con la propietaria original, en la firme convicción de ser nuevos dueños y ejercer la posesión con ese ánimo, no otra cosa significa los trámites que se realizaron ante las oficinas pertinentes a fin de contar con los servicios básicos e incluso el pago de impuestos a la propiedad de bienes inmuebles como se verificó en las consideraciones anteriores. De la misma forma esa posesión fue pública y pacífica como lo respaldan esos mismos documentos así como las declaraciones testificales, además de las construcciones que hubieron realizado como patentiza el Acta de inspección de visu, finalmente continuada y sin interrupción ante la no existencia de algún tipo de reclamo por parte de la demandada, se toma en cuenta que la demanda se la presenta en fecha 17 de junio de 2009 y el cómputo real como se dijo debe comenzar a los tres meses de la constancia del último pago de las cuotas -regidos en el documento de compraventa que señala la nulidad tácita del mismo en caso de incumplimiento consecutivo de tres cuotas-, es decir, desde diciembre de 1993, de lo que se llega a establecer el transcurso del tiempo señalado por ley como requisito para su procedencia.

De todos los antecedentes analizados dando respuesta a los cuestionamientos realizados como argumentos del recurso de casación tanto en la forma como en el fondo, este Tribunal no encuentra fundamentos que hagan viable su petitorio en ambos recursos no siendo evidentes las infracciones acusadas, corresponde fallar en sujeción a lo determinado por los artículos 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial Nro. 025 de 24 de junio 2010, en aplicación de lo previsto por los artículos 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma como en el fondo, ambos contenidos en el memorial de fojas 205 a 208 presentado por María Gladys Rivero de Jiménez mediante sus apoderadas Dora Franco Espejo y Grisel Melva Flores Salas. Con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs.1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

RELATOR: Mgdo. Rómulo Calle Mamani