TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CIVIL

Auto Supremo: 319/2012

Sucre: 17 de septiembre de 2012

Expediente: T-21-12-S

Partes: Ministerio Público c/ Fanor Alejandro Acuña Aranibar (menor).

Proceso: Proceso Infraccional.

Distrito: Tarija


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por René Acuña Amador por su hijo menor Fanor Alejandro Acuña Aranibar a fs. 273 a 277 vlta., impugnando el Auto de Vista N° 74/2012, pronunciado por la Sala Civil Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Domestica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso Infraccional seguido por el Ministerio Público contra el menor Fanor Alejandro Acuña Aranibar los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, tramitada la causa mediante Juicio Oral la Juez de la Niñez y Adolescencia de Tarija, emitió la Sentencia de fecha 16 de marzo de 2012 cursante de fojas 231 vlta a 238, resolviendo haberse establecido la comisión por parte de Fanor Alejandro Acuña Aranibar de la infracción de violación tipificada en el Art. 308 bis del Código Penal y consecuencia se pronuncia Sentencia condenatoria, determinando aplicar en contra del menor infractor la medida socio educativa de privación de libertad por el término de un año y seis meses a cumplir en el Centro de Privación de Libertad Oasis de la ciudad de Tarija, además de disponer medidas conducentes a la reeducación y resocialización del menor infractor.

Recurrida la Sentencia mediante apelación por René Acuña Amador por su hijo Fanor Acuña Aranibar, la Sala Civil Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Domestica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Auto de Vista N° 74/2012 de fecha 28 de mayo de 2012, cursante de fojas 266 a 268 vlta, confirma en todas sus partes la Sentencia impugnada de fs. 231 a 238.Resolución que dio lugar al recurso de casación interpuesta por parte de René Acuña Amador padre del menor infractor Fanor Alejandro Acuña Aranibar, que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

A tiempo de señalar su derecho a recurrir, señala que la resolución de segunda instancia no habría valorado los agravios fundados en la Sentencia y que habría incurrido en inobservancia de las reglas previstas para la deliberación y redacción de la Sentencia.

Que, el Auto de Vista no contendría la motivación y fundamentación que exigiría la Ley 1970 en su art. 51-2) y que no bastaría confirmar una Sentencia sino interpretar, apreciar, valorar y explicar con fundamentos los hechos que han motivado en principio la negativa del recurso de apelación restringida y segundo la calificación de la Sentencia sino además fundar los hechos en que basan su decisión.

El elemento imprescindible para la existencia de uno u otro "delito" es la conducta antijurídica de la persona sindicada o denunciada, que estos elementos configurativo del tipo penal debería ser probado por las pruebas pertinentes, aspecto que no habría ocurrido en la causa y la prueba de cargo habría sido valorada de manera incorrecta.

Refiere asimismo una descripción de los hechos que se habrían suscitado con los testigos y las presuntas contradicciones que se sucederían, detallando las declaraciones de los testigos, del médico forense y los peritos que intervinieron en el proceso. Llegando a la conclusión desde su punto de vista que habría contradicción y que todo esto conllevaría a la Sentencia condenatoria y la aplicación de la medida socioeducativa de privación de libertad

Insiste en que no habría la debida fundamentación en el fallo, y se habría limitado a señalar cual el tipo de prueba que fue introducida a juicio oral, sin determinar cuales fueron los hechos probados y los no probados. Encontrando asimismo contradicción en las testificaciones, repitiendo lo que habrían manifestado la madre de la víctima.

Por otro lado resalta el hecho de que con relación a las pruebas colectadas consistentes en las prendas de la víctima, no se habría practicado estudio científico para identificar que fueran manchas eméticas y que según estudio médico forense se establecería simplemente la existencia de desfloración sin que se hubiera determinado que el Autor del ilícito investigado fuera su hijo.

Que, con relación a las declaraciones de los testigos, no se habría traído a la testigo principal que fuera la menor de edad y que hubiera sido retirada por la propia fiscal, que de la misma forma no se establecería cual fuera la hora y fecha en que los supuestos hechos hubieran ocurrido.

Que, se habría vulnerado el principio de continuidad prescrito en la ley 1970 del Código de Procedimiento Civil así como de los arts. 282 ultima parte y 283 del Código Niña Niño y Adolscente; que por lo anterior debiera hacer correcta interpretación y aplicación de la norma procesal.

Refiere asimismo que en el caso fuera de aplicación el in dubio pro reo, al indicar que la Juez de primera instancia al no haber fundamentado su resolución con hechos probados ni haber realizado una correcta valoración de prueba y ante su evaluación y duda aplicar lo mas favorable al "imputado", que las declaraciones de los testigos son favorables por el interés al ser personas favorecidas a la supuesta víctima y que esto conllevaría a la omisión grave y flagrante de los principios contenidos en la ley 1970.

Siguiendo las reglas del Código de Procedimiento Penal ofrece precedentes contradictorios consistentes en la mención de Autos Supremos de los años, 1981, 1982, 1985 y 1986.

Peticiona finalmente se case el Auto de Vista conforme a la doctrina legal aplicable se deje sin efecto, caso contrario se ordene el reenvío a otro juzgado competente para el conocimiento de la causa, o en su caso determinen la absolución de pena por el delito que dice se le acusa, conforme al art. 419 de la Ley 1970.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Con los antecedentes verificados, para entrar en contexto debemos realizar precisiones que son importantes para establecer el cumplimiento o no de normas vigentes de protección al menor, siendo que esa es la condición del presunto infractor.

Al respecto corresponde establecer en principio, cuál la naturaleza jurídica de las infracciones atribuibles a adolescentes inimputables.

En ese contexto debemos precisar lo que se entiende por imputabilidad e inimputabilidad; entendiendo por el primero que, es la capacidad del ser humano para entender que su conducta lesiona los intereses de sus semejantes y para adecuar sus actos a esa comprensión. Es el conjunto de condiciones subjetivas que debe reunir el perpetrador de un delito, suponiendo en él la capacidad de conocer y comprender dicha ilicitud para que sea factible en sus manos las consecuencias de su acto, para lo cual debe ser realizado con discernimiento, intención y libertad, siendo éste un concepto jurídico de base psicológica del que dependen los conceptos de responsabilidad y culpabilidad. De manera que quien carece de estas capacidades, bien por no tener la aptitud de discernimiento y comprensión o la madurez suficiente (edad), no pueden ser responsables penalmente de sus actos, pues no tienen capacidad de entender y querer al momento de cometer algún acto punible, en consecuencia resultan inimputables.

En la mayoría de las legislaciones se sostiene que los menores de cierta edad, son inimputables, esto es que carecen de la facultad de comprender la norma y dirigir sus acciones conforme a esa comprensión.

En nuestro ordenamiento jurídico, conforme dispone el art. 5 del Código Penal, la ley penal se aplica a las personas que en el momento del hecho fueren mayores de 16 años; es decir, que son ellos (los mayores de 16 años) quienes por la edad son considerados como imputables; en cambio, los menores de esa edad son considerados inimputables; es decir, que respecto a ellos no es aplicable la ley penal.

Cuando se dice que los menores de 16 años son inimputables, se quiere decir que no son punibles, en otras palabras, que respecto de ellos el Estado no está habilitado para ejercer el derecho de persecución penal (ius puniendi). En consecuencia, la comisión de hechos previstos por la ley penal (infracciones) no le es reprochable penalmente, aunque con ello, no se desconoce el desvalor de su conducta y las consecuencias que en el ámbito social pudieran generar.

En ese sentido, el art. 221 del Código Niño, Niña y Adolescente, considera como "infracción" y no como "delito" a la conducta tipificada en la ley penal, en la que incurre como Autor o partícipe un adolescente y de la cual emerge una responsabilidad social. El art. 222 del citado Código, establece que la responsabilidad social se aplicará a los adolescentes comprendidos desde los 12 años hasta los 16 años, al momento de la comisión de un hecho tipificado como delito en el Código Penal o leyes penales especiales, siendo pasibles a las medidas socio-educativas señaladas en ese Código.

Teniendo en cuenta el carácter eminentemente protector de las disposiciones de la niñez y adolescencia, corresponde precisar que la conducta de los adolescentes inimputables que cometen un acto tipificado en leyes penales, debe ser tratado como infracción y no como un delito, debiendo darse en consecuencia esa interpretación a aquellas normas que, aunque utilicen inadecuadamente el término delito, sin embargo su significación es el de infracción.

De lo expuesto, se concluye que el adolescente comprendido entre 12 y 16 años es inimputable y respecto a él no es aplicable la ley penal.

Dentro del marco conceptual anterior, hay que considerar que el tratamiento jurídico de los adolescentes inimputables que gozan del reconocimiento de la dignidad y de todos los derechos que le son inherentes conforme establecen la Constitución Política del Estado, el Código del Niño, Niña y Adolescente y los Convenios Internacionales, debe sujetarse a normas especializadas, tomando en cuenta: 1) El carácter eminentemente protector y educativo del tratamiento de los adolescentes inimputables que cometen infracciones; 2) Que las infracciones cometidas por los adolescentes inimputables no corresponden al ámbito penal; 3) La especialidad de los Tribunales competentes para conocer los casos infracciónales, especialidad que debe traducirse no solo en la competencia del juzgador, sino en las normas de procesamiento y de ejecución.

En ese sentido corresponde señalar que sensiblemente en el caso en cuestión, de manera indiscriminada se ha manejado términos destinados para aquellos a los que les alcanza la ley penal, por parte del Ministerio Público el requerimiento fiscal de fs. 53 se le advierte al "imputado" cuando el menor presunto infractor no esta incluso a la fecha de la presente resolución comprendido en el alcance de la Ley penal. Lo propio sucede cuando a fs. 57 el Ministerio Público formula acusación por el "delito" de violación tanto al comienzo de la misma así como en el petitorio, y de antecedentes se ha expuesto que un inimputable no puede cometer delitos sino infracciones, que lo correcto era referir a la infracción de la ley penal, en esa secuencia incluso la defensa del menor refiere la comisión de "delito" de manera repetida en sus diversos memoriales, en cambio la madre de la víctima en su intervención es coherente con la prudente utilización del término "infracción"; llama la atención asimismo que las Actas que se elaboraron de registro de juicio se refieran sobre un presunto "proceso penal juvenil" si del entendimiento del Código Niño Niña Adolescente es un proceso Infraccional; en ese mismo sentido van incluso los informes elaborados por las instancias que se supone son de especialización, refieran a un proceso de "responsabilidad penal" y como "delito violación" como se verifica a fs. 130, 132, 161, 187, y lamentablemente pese haber encaminado y conducido de manera correcta los actuados pertinentes que le cupo desempeñar, la misma Juez que dictó Sentencia incurre en señalar en el encabezamiento de la Sentencia cual si se hubiese dictado resolución por el "delito" de violación, aunque de ninguna manera incide esto en la parte considerativa y resolutiva al haberse reencaminado la correcta utilización de la terminología acorde a la normativa que rige la materia de la Niñez y adolescencia.

Lejos del cuidado minucioso que debe contener un fallo, el Auto de Vista cambia lo mencionado en la Sentencia y al comenzar el considerando I, refiere que se hubiera declarado a Fanor Alejandro Acuña Aranibar "Autor del delito", lo propio sucede en el inciso e) del considerando II (fs. 267 vlta.), siendo esto desatinado, cuando en la Sentencia se ha mencionado correctamente como "infracción de violación", denotando por parte del Tribunal de segunda instancia cuando menos un descuido en la consideración de referir términos que no se han utilizado en el fallo apelado.

Estas aclaraciones se las realiza en razón de que el menor presunto infractor Fanor Alejandro Acuña Aranibar a la fecha de la probable comisión de los hechos, contaba con la edad de doce años, y la utilización de términos y expresiones no acordes a su edad y sobre todo a la protección de la que gozan los menores por la normativa legal pertinente además de tratados y convenios internacionales, pueden derivar en la vulneración de los derechos del menor; asimismo a fin de que en casos similares se tenga el cuidado necesario y no incurrir en estas incorrecciones contra los derechos de los menores (niñas, niños y adolescentes).

Dicho lo anterior, si bien el Código Niña Niño y Adolescente no señala la instancia que debe conocer el recurso de casación y de que forma se la debe plantear, en el entendimiento de la explicación anterior no siendo susceptibles de aplicarse la normativa procesal penal considerando que no son considerados "delitos" sino "infracciones" a las conductas tipificada en las ley penal, en la que incurre como Autor o partícipe un adolescente y de la cual emerge una responsabilidad social, es que la vía pertinente para el planteamiento y consideración del recurso de casación es la civil, consecuentemente ésta debe estar enmarcada a lo que dispone el art. 250 con relación a los arts. 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil, con estricta sujeción a lo que determina el art. 258-2) del referido compilado legal, ya sea interponiendo recurso de casación en el fondo denunciando errores en la resolución de fondo o errores in iudicando adecuándolo al art. 253 del Código de Procedimiento Civil; o el planteamiento del recurso de casación en la forma al evidenciar errores de procedimiento, adecuando su fundamentación a las causales y previsiones contenidas en el art. 254 de la referida norma procesal civil, siendo su finalidad la anulación de la resolución recurrida o del proceso mismo cuando se hubieran violado las formas esenciales del proceso sancionados con nulidad por la Ley.

Con ese advertido, de la lectura minuciosa del recurso de casación planteado en el caso de Autos, verificamos que el mismo no cumple con las exigencias legales para su atención, quedando aclarado que en tratándose de hechos que no son considerados delitos sino infracciones, estaremos de acuerdo que no es posible invocar la aplicación de la Ley procesal penal o las infracciones que se pudieron haber cometido en transgresión de la referida normativa legal, siendo en estos casos pertinente la adecuación del recurso a la norma adjetiva civil en la formulación del recurso de casación como se ha manifestado. El recurrente acude en su recurso, a normativa procesal penal, cual si el presunto infractor estuviera sujeto a esas normas, siendo errado el mismo, no pudiendo ser considerado por esa razón por este Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Civil al no estar aperturada su competencia.

Por lo que corresponde fallar a este Tribunal en sujeción a lo determinado por el art. 271 num.1) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial No. 025 de 24 de junio 2010, en desacuerdo con el requerimiento fiscal de fecha 01 de agosto de 2012 y en aplicación del artículo 271 num. 1) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso casación de fs. 273 a 277 vlta. de obrados, interpuesto por René Acuña Amador. Con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 700.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

RELATOR: Mgdo. Dr. Rómulo Calle Mamani