TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 317/2012

Sucre: 17 de septiembre de 2012

Expediente: SC-74-12-S

Partes: Vanessa Raldes Parada c/Luís Alberto Ríos Arauco.

Proceso: Divorcio.

Distrito: Santa Cruz.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 116 a 117 vlta., interpuesto por Vanessa Raldes Parada contra el Auto de Vista Nº 142 de 20 de abril de 2012 pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso de divorcio seguido por la recurrente contra Luis Alberto Ríos Arauco, la concesión de fs. 120, los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Sexto de Partido de Familia dicta la Sentencia de 10 de noviembre de 2011 cursante de fs. 95 a 96 vlta., de obrados, declarando probada la demanda de divorcio, declarando disuelto el vínculo conyugal de los esposos Ríos-Raldes formulada por Vanessa Raldes Parada en contra de Luís Alberto Ríos Arauco y disponiendo la comunicación a la Dirección Departamental de Registro Civil para la anotación en la Partida Matrimonial, respecto a las menores Kathleen Natalia Ríos Raldes y Dania Vanessa Ríos Raldes, señala que continuarán bajo la guarda y responsabilidad compartida que se tiene consensuada entre sus progenitores según acuerdo conciliatorio de 25 de febrero de 2011, los que deben de contribuir para la manutención d0e las menores.

Resolución de fondo que es recurrida de apelación y como consecuencia de ello se dicta el Auto de Vista Nº 142 de 20 de abril de 2012 cursante a fs. 112 y vlta. que confirma la Sentencia apelada, resolución de segunda instancia que es recurrida de casación en el fondo por Vanessa Raldes Parada, objeto de estudio y análisis.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN.

El recurso de casación interpuesto por la demandante se encuentra descrito en cinco puntos que son los siguientes:

En el numeral 1) señala que, se ha realizado una incorrecta aplicación del art. 38 numeral 3) de la Ley Nº 2026, porque el art. 2 del mismo cuerpo legal, señala que los niños requieren cuidado y atención necesaria para contribuir al desarrollo integral y eficaz en su etapa de crecimiento, sin perjuicio de la protección integral que señala el art. 5 del mentado cuerpo legal, y las normas deben interpretarse velando por el interés superior del niño, niña y adolescente de acuerdo a la Constitución, Convenciones y Tratados Internacionales, sin la utilización del chantaje y hostigamiento en los problemas familiares prohibido por el art. 109 numeral 6 de la Ley Nº 2026, inferido por el demandado, señala que la hubiera alejado del relacionamiento de su hija.

Arguye que, la citada norma legal no hubiera sido aplicada en su esencia ni en apego a la doctrina de protección integral, que vulnera el art. 70 numeral 2) de la Ley del Órgano Judicial, principios constitucionales y la propia Ley normativa Nº 2026, art. 6to y 3ro de la Convención de los Derechos del Niño, ya que es innegable que los hermanos tiene el derecho de no estar separados, para no perjudicar la cosmovisión de los niños.

También aduce que, la decisión judicial asumida en el proceso se traduce en el desconocimiento de la solución normativa que resultan ser frustrantes a la prioridad de atención que señala el art. 8 de la Ley Nº 2026. Manifiesta que la Convención de los Derechos del Niño, establece que la familia como grupo fundamental de la sociedad es el medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros por ello en sus próximas normas va precisando este concepto.

Asimismo refiere que todo niño y niña, tiene el derecho de desarrollarse y educarse en un ambiente de afecto y seguridad en su familia como señala el art. 27 del Código Niño Niña y Adolescente, soslayado por el Tribunal de apelación, privando a los hermanos de permanecer juntos, mediante lazos afectivos que les permita crecer en condiciones dignas, como señala el art. 9 de la Convención de los Derechos del Niño, principalmente en el caso de que el progenitor incurra en maltrato.

Finalmente arguye que, el A quo y el Ad quem, no consideraron el maltrato psicológico y riesgo social en el que ha incurrido el demandado en franca contravención del art. 109 numeral 6) de la Ley Nº 2026, y de los arts. 189 1ro. y 5to. 7mo. y 8vo. de la mencionada ley, soslayando el principio de familia

En base a lo argüido, formaliza recurso de casación en el fondo, solicitando se dicte Auto Supremo casando el Auto de Vista.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

El art. 17 de la Ley del Órgano Judicial señala: "(NULIDAD DE ACTOS DETERMINADA POR TRIBUNALES). I. La revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley...", ésta premisa obliga al juez a efectuar algunos medios de prueba conducentes para la emisión del fallo a ser emitido, norma que tiene relación con el art. 6 del Código Niño, Niña y Adolescente, como es la de exigir un informe psico-social, de los menores y en lo especifico de la menor por quien se reclama la guarda, esto para el cumplimiento de los fines que enmarca la Convención de los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, que en su Art. 12 señala: "1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional...", convenio que ha sido ratificado por el Estado boliviano el 26 de junio de 1990, que tiene concordancia con el Art. 103 del Código del Niño, Niña y Adolescente, que describe: "(LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y OPINIÓN).- El niño, niña o adolescente que esté en condiciones de emitir un juicio propio, tiene derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afecten, por los medios que elija y a que se tome en cuenta sus opiniones...".

Al respecto corresponde señalar que el art. 12 de la citada Convención sobre Derechos del Niño, garantiza al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afecten al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.

Del examen del citado art. 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que se consagra en el art. 103 del Código Niño, Niña y Adolescente, se establece que la norma, garantiza en principio que el niño tiene derecho a formarse un juicio propio, en segundo lugar a expresar su opinión, y en tercer lugar a ser escuchado.

Ahora bien la Convención parece establecer ciertas limitaciones al derecho de expresión de los niños. Así establece el artículo 12 de la Convención al señalar que: " ... garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio ...". En ese sentido, una interpretación estricta de la letra de la Convención podría permitir concluir que el derecho del niño a expresar su opinión estaría condicionado a que se encuentre "en condiciones de formarse un juicio propio"; sin embargo, el derecho consagrado en el art. 12 de la Convención le asiste a todo niño cualquiera sea la edad del mismo, empero, como la Convención no introduce ningún límite de edad, el juicio que el niño pueda formarse ante la situación en la que se encuentra, debe ser apreciado conforme su edad evolutiva.

Jurídicamente, el niño tiene el derecho de expresión sin límite de edad, por ello, la autoridad jurisdiccional o administrativa que deba adoptar medidas que involucren o afecten a un niño, deberá escuchar a éste, ya sea directamente -cuando esto sea posible- o por medio de un representante u órgano apropiado, como señala la segunda parte del art.12; por ello, en caso de ser necesario, deberá acudir al auxilio de las diversas disciplinas sociales, a fin de poder comprender y apreciar la expresión de voluntad del niño, opinión que deberá ser considerada por la autoridad en función al interés superior del mismo.

Otro aspecto que se destaca de la norma prevista en el art. 12 de la convención, es el referido a la apreciación de la edad y madurez del niño, que se relaciona con lo anterior, pues la norma ratifica que la expresión de voluntad del niño se apreciará conforme a su edad y madurez, pero siempre deberá ser tomada en cuenta en procura de resguardar el interés superior del niño.

De lo expuesto se concluye que, antes de dictar Sentencia era obligación del Juez, adoptar todas las medidas pertinentes a efecto de hacer efectivo el derecho de expresión y opinión de la menor de quien se resuelve la guarda, a tal efecto si así considera pertinente y necesario el auxilio del equipo interdisciplinario del Juzgado de la Niñez y Adolescencia para que proceda a efectuar una evaluación psico-social de la menor y eleve a conocimiento del juez el respectivo informe.

Consecuentemente, este Tribunal en su obligación de fiscalizar que los actos procesales hayan sido desarrollados en cumplimiento a normativa legal vigente y sobre todo en resguardo de los derechos de los menores y siendo ello de orden público, como lo son los arts. 252 y 90 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por la permisión que señala en el art. 383 del Código de Familia, emite resolución anulando obrados hasta que se subsane la deficiencia anotada.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los Arts. 271 num. 3) y art. 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA, obrados hasta fs. 94 vlta., inclusive, disponiendo que el Juez de la causa requiera que el equipo interdisciplinario del Juzgado de la Niñez y Adolescencia, emita informe psico-social de la menor Kathleen Natalia Ríos Raldes, con su resultado y de acuerdo a los antecedentes del proceso se dicte nueva Sentencia de manera oportuna.

Siendo excusable el error no se impone multa.

En cumplimiento del art. 17-IV de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, comuníquese al Consejo de la Magistratura para los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.