TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 312/2012

Sucre: 17 de septiembre de 2012

Expediente: PT-24-12-S

Partes: Cristina Palomino Quispe c/ Terceros interesados.

Proceso: Usucapión.

Distrito: Potosí.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 212 a 215 vlta., interpuesto por Andrea Cruz Mendoza vda. de Vilacahua, Ramón Vilacahua Cruz y José Vilacahua Cruz, contra el "Auto de Vista Nº 019/2012 de 16 de junio de 2012 cursante en fs. 704 a 706 de obrados", (debiendo ser Auto de Vista Nº 119/2012 de 18 de junio de 2012) pronunciado por la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en el proceso de usucapión, seguido por Cristina Palomino Quispe contra terceros interesados, la concesión de fs. 222 vlta., los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Cuarto en lo Civil y Comercial dicta la Sentencia de 7 de octubre de 2011, que cursa de fs. 173 a 178 vlta. de obrados, declarando probada la demanda de usucapión decenal o extraordinaria de fs 3 a 4 y 7, formulada por Cristina Palomino Quispe de Gómez, reconociéndola como propietaria del inmueble sito en la zona de Ticka Loma lugar de Villa Cantería (San Juan Jesús de Machaca) de la ciudad de Potosí con una superficie de 5.711,386 mts2., colindante al norte con la propiedad de Pablo Ckacka, al sud con la propiedad de Demetrio Mamani al oeste con la propiedad de la familia Quispe y al este con la propiedad de Ponciano Baustista, disponiendo que en ejecución del fallo se libre la minuta de ley para su inscripción en Derechos Reales.

La referida resolución es apelada por Andrea Cruz Mendoza vda. de Vilacahua, Ramón Vilacahua Cruz y José Vilacahua Cruz, y luego de haberse desarrollado el trámite de segunda instancia se dicta el Auto de Vista Nº 119/2012 de 18 de junio de 2012 cursante de fs. 204 a 206 del expediente.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN.

En el fondo.-

Se acusa interpretación errónea de la ley y errónea valoración de las pruebas, conforme a ello aduce que el art. 190 del Código de Procedimiento Civil, norma que fuera aplicable a las Sentencias de primer grado como a las Sentencias de segundo grado o Autos de Vista, refiriendo que los puntos de alzada fueran: la falta de prueba fehaciente para demostrarse la usucapión demandada, en lo específico para demostrar la posesión de diez años continuos en forma pública y de buena fe en el terreno a usucapirse, examen incorrecto de las pruebas, vulneración de las disposiciones señaladas en el recurso, que no fueron tomadas en cuenta por las autoridades de Alzada, continúan manifestando que conforme al principio de exhaustividad el Auto de Vista impugnado no guardaría la especificación señalada.

Explanan en su recurso, manifestando que la usucapión atañe al orden público y que la aplicación de las normas sustantivas a la misma interesarían al orden público y su cumplimiento fuera insoslayable, como señala el Auto Supremo Nº 220 de 22 de abril de 1994, ya que consideran que el efecto de la usucapión como un modo de adquirir la propiedad implica un cambio en su titularidad; desglosando directrices legales de la usucapión quinquenal y de la decenal, alegan que uno de los fundamentos por los que hubiera apelado sería el de la irregular apreciación de la prueba, cuyo deber de Alzada era analizar con mejor cuidado las probanzas, como la posesión de terrenos que en 50% son de labranza.

También manifiestan que el informe pericial de cargo de fs. 125, en lo pertinente a la posesión se inclina en favor de la actora, contrario a ello el peritaje de descargo de fs. 133, refieren que la supuesta propiedad de la demandante se encuentra dentro de los predios de Andrea Cruz Mendoza vda. de Vilacahua, Ramón Vilacahua Cruz y José Vilacahua Cruz, y si el juez no nombra un perito de oficio, resulta que dichas pruebas no ofrecen garantía de imparcialidad.

Sostienen que en relación a la confesión presunta por inasistencia, imputada a la primera nombrada entre los recurrentes, sólo configura una presunción que debe ser apreciada por el Juez de acuerdo a la prueba producida; asimismo arguye en el sentido de que las inspecciones de visu a los terrenos, materia de este proceso, no aportarían en ningún hecho positivo que diera lugar para conceder la usucapión.

Refieren a la norma prevista en el art. 129 de la Ley de Municipalidades, para fundar que el pretendido terreno no fuera objeto de usucapión, también hacen referencia que de acuerdo al tenor de la Resolución Suprema Nº 226005 de 10 de enero de 2006, homologaría la Ordenanza Municipal Nº 047/2005 de 28 de julio de 2005 dictada por el Municipio de Potosí, aprobaría la delimitación del radio urbano de esa ciudad, y que antes del 10 de enero de 2006 esos terrenos fueran rústicos, fecha desde la cual, en criterio de los recurrentes, comenzarían los términos para la usucapión.

También aducen error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, al efecto indican que con un solo testigo, e informes periciales de cargo y descargo contradictorios que contendrían un valor probatorio que no guarda relación con las reglas de la sana crítica, se ha incurrido en error de derecho en las pruebas de cargo, reglas que se traducen en el correcto entendimiento humano, reglas de la lógica, y de la experiencia del Juez con arreglo a la razón y a un conocimiento experimental de la cosa, por lo que sostienen que el auto de vista recurrido hubiera incurrido en error de hecho, al haber confirmado la sentencia, por lo que a criterio de los recurrentes se hubiera violado y transgredido en los arts. 1286, 110, 138, 135, 136 y 137 del Código Civil, arts. 90, 91, 236, 375-1) 379-1), 441 y 424 de su procedimiento, art. 3-III de la Ley Nº 1715, con referencia a la delimitación de radio urbano del municipio de Potosí, Art. 85 de la Ley Nº 2020, Resolución Suprema de 10 de enero de 2006, y Art. 116-II de la Constitución Política del Estado.

En la forma.-

Señalan que conforme al art. 254 - 4 del Código de Procedimiento Civil, que dentro de los límites de la relación procesal, se refieren al principio de congruencia y con relación a los principios y congruencia previsto en los arts. 236 y 227 del mismo cuerpo legal, fijan el marco dentro del cual debe recaer la resolución de la Corte de apelación, así la relación procesal al ser núcleo del proceso, nada fuera de ella puede concederse en Sentencia, al respecto señalan que en el memorial de demanda la Sra. Palomino solicita la tutela de 6.522,81 mts2 para indicar en la petición que demanda usucapión por 6.445 sin especificar si fueran mts2 o de otro tipo, la Sentencia otorgaría la cantidad de 5.711,386 mts2, tratándose de tres superficies diferentes, por lo que el a quo y el Auto de Vista han trasgredido los art. 236 y 371 del Código de ritual, por lo que en aplicación del art. 15 de la Ley de Organización Judicial y 17.I) de la ley del Órgano Judicial corresponde anular el proceso hasta fs. 7 inclusive.

Por lo que en atención de ambos recursos impetran casar el Auto de Vista recurrido y declarar improbada la demanda, o anular el proceso hasta fs. 7.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

El recurso de casación, al ser considerado como una demanda de puro derecho, para su revisión debe de cumplir con ciertos requisitos formales, exigencia que reviste el recurso como uno solemne; uno de esos requisitos es el que se encuentra previsto en el art. 258 inc. 2) del Código de Procedimiento Civil, esto es, la obligación de citar en términos claros, concretos y precisos la Sentencia, o Auto que se recurriere, su folio dentro del expediente, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, especificar en que consiste la violación, falsedad o error, estas especificaciones deben constar en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.

Ahora de acuerdo a la revisión del memorial del recurso de casación de fs. 212 a 215 vlta., se evidencia que en la primera parte del recurso extraordinario se impugna el Auto de Vista Nº Ø19/2012 de 16 de junio de 2012 cursante de fs. 704 a 706 del infolio, datos completamente ajenos al presente proceso, pues el expediente hasta el auto que dispone su remisión ante este Tribunal, contaba con tan solo 222 fojas, por lo que no se puede referir que los folios fueran de 704 a 706, menos existe Auto de Vista con fecha del 16 de junio de 2012, estos extremos inviabilizan abrir la competencia de este Tribunal de Casación, en razón de no haberse cumplido con los requisitos exigibles descritos en el art. 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.

Por otra parte, respecto al contenido de los recursos de casación en el fondo como en la forma no se encuentran fundamentados de acuerdo al mismo art. 258 - 2) del cuerpo legal referido precedentemente, ni en cuanto a la interpretación errónea de la ley y errónea apreciación de las pruebas, como se trata de entender del punto 1ro, menos en cuanto a los errores de hecho y de derecho respecto de la apreciación de la prueba; con relación al recurso en la forma, los vicios procesales descritos en el mismo no han sido reclamados oportunamente, por lo que de conformidad al art. 258 num. 3) del Código de Procedimiento Civil, no está permitido presentar nuevos documentos ni alegar nuevas causas de nulidad por contravenciones que no hubieren sido reclamadas en los tribunales inferiores, derivando ello en la improcedencia de la impugnación.

Consiguientemente, en base a los fundamentos expuestos, al no haberse dado cumplimiento a lo previsto en el Art. 258 - 2) del Código de Procedimiento Civil, corresponde resolver de acuerdo a lo establecido en los arts. 271 num. 1) y 272 inc. 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 inc. 1) y art. 272 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 212 a 215 vlta. Con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 700.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.