TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 302/2012

Sucre, 07 de septiembre de 2012

Expediente: T-27-12-S

Partes: Matildo Zelaya Velásquez y Luisa León Vargas de Zelaya c/ H. Alcaldía Municipal de Villamontes y Presuntos Interesados

Proceso: Usucapión decenal o extraordinaria

Distrito: Tarija

VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 207 a 208 de obrados, interpuesto por Matildo Zelaya Velásquez y Luisa León Vargas de Zelaya, contra el Auto de Vista Nº 84/2012 cursante de fs. 202 a 204 de obrados, emitido por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia, dentro el proceso ordinario de Usucapión decenal o extraordinaria seguido por los recurrentes en contra de la H. Alcaldía Municipal de Villamontes y presuntos interesados, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, Matildo Zelaya Velásquez y esposa en fecha 6 de enero de 2011, adjuntando documental presentaron demanda de usucapión decenal o extraordinaria en contra de la H. Alcaldía Municipal de Villamontes y presuntos propietarios sobre un inmueble ubicado dentro del radio urbano, con superficie de 800 m², Barrio Ferroviario, Manzano 911, lote Nº 7. Sustanciado el proceso el Juez Segundo de Partido Mixto de Villamontes declaró improbada la demanda en todas sus partes. Conocida la misma por los demandantes, dedujeron recurso de apelación, remitiéndose obrados ante la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del Distrito de Tarija, instancia en la que mediante Auto de Vista Nº 84/2012 de 5 de julio de 2012, de fs. 202 a 204 confirmó la sentencia en todas sus partes.

Que, dentro el plazo previsto en el adjetivo Civil, los demandantes interpusieron recurso de casación en el fondo, mismo que se pasa a considerar.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Señala que no se hizo una interpretación objetiva y crítica de las pruebas y razonamientos jurídicos que determinen el sentido de la Sentencia; porque el informe de fs. 74 el cual se basa el Auto de Vista, señala de manera clara el Jefe de Desarrollo Urbano que no se cuenta con resolución municipal, ordenanza o ley sobre las áreas verdes del Barrio Ferroviario, en el que se encuentra el bien en litigio, no existen planos aprobados sobre las calles o áreas verdes, no existe documento legal que demuestre que el bien en litigio sea de dominio público y a simple versión no se puede calificar como bien del Estado, para dicho aspecto el art. 128 de la Ley Nº 2028 es clara cuando señala que para ser considerados como calles, áreas verdes, deportivas, etc, se debe contar con la aprobación de un proyecto en el municipio u expropiación; es decir que al presente no existe documento alguno que demuestre de manera fehaciente que el inmueble a usucapir sea de dominio público; es más señala que ni siquiera cuenta con registro en Derechos Reales como dispone el art. 132 de la Ley Nº 2028 y art. 1538 del Código Civil.

Por lo que al haberse emitido una resolución de segunda instancia sin fundamento legal alguno ni prueba documental que acredite lo resuelto, es que solicitan se case el Auto de Vista y se declare probada la pretensión de usucapión decenal, amparando su petición en el art. 250 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCÍON:

Que, siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que tiene por objeto anular una sentencia judicial que contiene una incorrecta interpretación o aplicación de la ley o dicho de otro modo, propicia el juzgamiento de las resoluciones emitidas por las Salas Civiles de los Tribunales Departamentales de Justicia, a los fines de verificar si en ellas se aplicaron correctamente o no las normas positivas civiles y en su caso realizar las correcciones pertinentes; lleva consigo un elemento importante cual es el formal; es decir que a tiempo de plantearse el mismo, conforme prevé el art. 250 y 258 del adjetivo civil establecen con detalle los requisitos de admisibilidad y procedencia que deben invocarse por el recurrente, de modo que de lo analizado se determine la existencia de error in iudicando o bien in procedendo respectivamente.

Por otra parte, señalar que a tiempo de interponer el recurso de casación en el fondo, este es interpuesto para proteger la defensa del derecho objetivo, es decir pretende lograr la correcta aplicación de la ley en los fallos judiciales. En el presente caso, si bien los recurrentes no presentan un recurso con la técnica recursiva necesaria; sin embargo rescatando la pretensión que los motivó a presentar dicho recurso y respecto a lo impugnado diremos:

La usucapión se asienta en la posesión, uno de los requisitos principales para la prescripción adquisitiva, además de que ésta sea continuada, pacífica e ininterrumpida por más de 10 años; pudiendo sólo usucapir la propiedad de aquellos bienes o la titularidad de aquellos derechos susceptibles de ser objeto de posesión, no pudiendo hacerlo respecto a aquellos bienes que son de dominio público. Ahora bien, dentro del análisis de aquellos requisitos que hacen a la usucapión, es importante puntualizar que se ha anotado el de posesión porque con dicha actuación aquel que pretende usucapir un bien inmueble tiene que haber actuado frente al resto de los vecinos, de la comunidad y de todos aquellos que lo conocen, como si fuera el dueño de la cosa, proyectando justamente actos posesorios la posesión. De otro lado tendrá que hacerlo de manera pública y no clandestinamente, sólo así se podrá demostrar frente a la comunidad que el bien a usucapir ha sido poseído de manera pacífica y sin que medie violencia de por medio u oposición por parte del verdadero propietario de la cosa o del legítimo titular del derecho; lo contrario resulta perder el carácter de pacífica posesión y por consiguiente aleja al usucapiente de la pretensión. Finalmente, respecto a la posesión ininterrumpida, señalar que si el plazo de los 10 años previsto por el art. 138 del Código Civil, es interrumpido por cualquier acto, automáticamente deja de correr el plazo de la prescripción del usucapiente; encontrándose entre dichos actos interruptivos el reconocimiento expreso o tácito del derecho que haga aquel contra quien el derecho puede hacerse valer, conforme prevé el art. 1505 del Código Civil.

En el sub lite, los recurrentes demandan la usucapión de un lote de terreno de 800 m², mismo que conforme la certificación de fs. 74 de obrados el bien motivo de la litis afecta un área pública, habiéndose dicha documental valorado por el A quo y el Ad quem de manera correcta, razón por la cual en virtud a lo previsto en el art. 85 de la Ley Nº 2028 que de manera específica señala que son bienes de dominio público y que corresponden al gobierno Municipal las calles, aceras, cordones, avenidas, pasajes, caminos vecinales, túneles y demás vías de tránsito. Ahora, respecto a lo manifestado de manera precedente con relación a los requisitos que configuran a la usucapión y en el caso que nos ocupa, señalar que los recurrentes no han cumplido con ninguno de los previstos; toda vez que la supuesta posesión que señalan y en virtud a la cual demandan usucapión, ha sido respecto a un espacio de terreno en el cual se tiene consolidada una vía pública, es decir, en un bien de dominio público; así se corroboró por el A quo en la inspección judicial cuya acta cursa a fs. 135, en la que claramente se evidenció que dicho espacio es una calle en la que existen construcciones con puertas principales que dan a la carretera o calle principal, en la que justamente se encontraba construida una caseta de madera de los recurrentes y que fuera demolida por personeros del Gobierno Municipal de Villamontes, como se tiene demostrado en el muestrario fotográfico de fs. 21 a 28 y en el que claramente se puede evidenciar que la caseta construida se encontraba en plena vía pública.

De otro lado, no existe prueba que demuestre que los recurrentes ingresaron al lote de terreno motivo de la litis de manera pacífica y no así clandestina, que su posesión fue pública, continuada e ininterrumpida y sobre todo que el inmueble a usucapir se encuentre dentro del comercio humano; al contrario, conforme se señaló de manera precedente la posesión que señalan haber tenido sobre el lote de terreno desde un inicio fue ilegal, toda vez que se tenía conocimiento de la proyección de vía pública que transitaría por el lote de terreno, de lo contrario ningún inmueble de la cercanía hubiera construido sus ingresos hacia dicha calle, otro aspecto con el que los de instancia corroboraron que dicho lote de terreno es de dominio público.

Finalmente, con relación a que la parte demandada no demostró con plano de urbanización u ordenanzas municipales y registro en Derechos Reales ser propietario del terreno motivo de la litis, señalar simplemente que la norma legal descrita en el art. 84, 85 de la Ley Nº 2028 es bastante clara al referir que son patrimonio y bienes municipales aquellos de dominio público, siendo además inalienables, imprescriptibles e inembargables, entre ellos los descritos en su numeral 1), por lo que al ser declarados como bien de dominio público no pueden ser sujetos de usucapión.

Respecto a la propiedad pública es necesario aclarar que esta es inalienable, es decir el poder de disposición jurídica del derecho se encuentra expresamente paralizado; de lo que se concluye que el bien público sometido a dominio público no está en el comercio respecto del poder de enajenación. Es imprescriptible, porque nadie puede ganar por usucapión el dominio de las entidades públicas y como en el caso presente si alguien invade, en términos físicos, un bien público, sus actos materiales no se pueden reconocer como verdadera posesión; es así que al presente se evidencia de manera concluyente que la usucapión que pretenden sobre el terreno motivo de la litis es de propiedad pública Municipal, tal cual ha demostrado la Alcaldía Municipal de Villamontes a través del plano de estructura urbana y las fotografías en las que claramente se muestra que el terreno a usucapir se encuentra en plena vía pública.

No existiendo al presente ningún motivo o circunstancia que demuestre que a tiempo de resolver el presente caso se haya violado norma alguna o aplicado incorrecta o erróneamente la misma; corresponde a este Tribunal resolver conforme señalan los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por el art. 42 num.1) de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo planteado por Matildo Zelaya Velásquez y Luisa León Vargas de Zelaya de fs. 207 a 208 de obrados, contra el Auto de Vista Nº 84/2012 cursante de fs. 202 a 204 de obrados. Sin constas por tratarse de entidad pública.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgda. Rita Susana Nava Duran

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