TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 297/2012

Sucre: 10 de septiembre de 2012

Expediente: O-18-12-S

Partes: Leandra Quispe Silvestre c/ Elvira Mamani Choque

Proceso: Maltrato Infantil.

Distrito: Oruro

VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto por Elvira Mamani Aguilar por intermedio de su apoderado Omar Marcelo Andrade Rocha a fs. 274 y vlta., impugnando el Auto de Vista Nº 075/2012 de fecha 05 de junio de 2012, cursante de fs. 267 a 271 vlta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso de Maltrato Infantil, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, tramitada la causa, el Juez de Partido de la Niñez y Adolescencia de Oruro, emitió la Sentencia Nº 10/2012 de fecha 27 de marzo de 2012, cursante de fojas 238 a 244, declarando probada la demanda de maltrato de fs. 4 a 5 vlta.

Recurrida la resolución mediante recurso de apelación por Elvira Mamani Aguilar por intermedio de su apoderado Omar Marcelo Andrade Rocha por memorial de fs. 247 a 248; y por Leandra Quispe Silvestre por memorial de fs. 255 a 256 vlta., la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro mediante Auto de Vista Nº 075/2012 de fecha 05 de junio de 2012, cursante de fojas 267 a 271 vlta., confirma la Sentencia de fs. 238 a 244 de fecha 27 de marzo de 2012, y complementando la misma dispone que la demandada suscriba acta de garantías a favor de la menor extensiva para toda la familia.

Resolución que dio lugar al recurso de casación en el fondo interpuesto por parte de Elvira Mamani Aguilar por intermedio de su apoderado Omar Marcelo Andrade Rocha, que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Que, ampara su recurso en la previsión contenida en el art. 284 del Código Niño, Niña y Adolescente y el art. 253-3) del Código de Procedimiento Civil, señalando a ese fin que la resolución recurrida en su segundo considerando tuviera confusión en cuanto se refiere al Abogado, apoderado en la presentación del recurso de apelación, y que esto fuera repetitivo, que no se sabría cual fuera el fundamento de ese considerando segundo, que esto dejaría establecido que no se habría efectuado una correcta valoración de los medios de prueba.

Que, a tiempo de interponer el recurso de apelación se habría solicitado nulidad de obrados de la demanda interpuesta, por lo que habría existido prescripción de la acción penal por el transcurso del tiempo.

Que, en el fallo recurrido en la parte resolutiva no se señalaría cual de los recursos de apelación fue declarado improbado, al considerar que ambas partes hubieran recurrido de apelación, peor aun si se hubiera condenado en costas.

Finaliza solicitando que habiendo error de hecho y derecho en la fundamentación, correspondería al Tribunal de alzada admitir su recurso y deliberando en el fondo anular obrados sin reposición conforme determina el art. 271 inc. 3) del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

La recurrente comienza por señalar que su recurso estuviera planteado en el fondo, y a ese efecto pretende fundar el mismo en el art. 253 inc. 3) del Código de Procedimiento Civil, empero luego de su exposición concluye por solicitar se anule obrados en sujeción a lo previsto por el art. 271 inc. 3) del Código de Procedimiento Civil, existiendo confusión e incongruencia en el planteamiento del recurso con relación a su pretensión.

En ese antecedente es que corresponde tener presente que al ser el recurso de casación una nueva demanda de puro derecho, concedido para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por Ley conforme está establecido por el art. 250 del Código de Procedimiento Civil, éste debe contener los requisitos enumerados en el artículo 258 del mismo compilado adjetivo civil; siendo inexcusable la fundamentación por separado de manera precisa y concreta de las causas que motivan la casación , ya sea en la forma o en el fondo, siendo insuficiente la simple cita de disposiciones legales, siendo requisito indispensable la demostración de la infracción que se acusa. Debiendo fundarse el recurso de casación en el fondo en errores "in iudicando" en que hubieran incurrido los Tribunales de instancia al emitir sus resoluciones, estar debidamente identificadas y justificadas las causales señaladas en el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil. En tanto que el recurso de casación en la forma por errores "in procedendo", referidos a la infracción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas en la tramitación del proceso, enumeradas para cada caso en concreto por el art. 254 del Código de Procedimiento Civil.

En virtud a lo anterior y sus características singulares, la resolución de cada una también adopta una forma específica y diferenciada, que, cuando se plantea recurso de casación en la forma, el objetivo es la nulidad de obrados; y cuando se plantea recurso de casación en el fondo, lo que se procura es que el Tribunal case el Auto de Vista impugnado y resuelva el fondo del conflicto, siendo comunes para ambos recursos las formas de resolución por improcedente o infundado. Consecuentemente al margen de la exposición de motivos en que se fundare el recurso de casación en la forma como en el fondo, es deber del recurrente concretar su pretensión recursiva en forma congruente con el recurso que deduce.

En consideración a esa aclaración, y al análisis que se hace del recurso planteado de principio en el fondo y al finalizar en la forma, no existe elemento alguno que pueda ser considerado ante esa incongruencia, además el manifiesto incumplimiento de lo que manda el art. 258-2) del Código de Procedimiento Civil, por el que, como se ha dicho en principio la recurrente estaba en el deber ineludible de identificar las presuntas infracciones que se hubieran cometido ya sea en la forma o en el fondo.

Si bien es cierto que la Constitución Política del Estado en su art. 180-II garantiza el derecho de impugnación en los procesos judiciales, para que estos sean considerados, las partes que hacen valer este derecho deben cumplir con los requisitos que la misma ley le señala para su consideración, su incumplimiento sin lugar a dudas devendrá por la improcedencia de la misma. Aspecto que se patentiza en el presente caso, ya que no hay una sola norma legal que se haya acusado de infringida, mal o erróneamente aplicada y no dice en que consistirían los errores de hecho o derecho en que hubieran incurrido los miembros del Tribunal Ad quem a tiempo de dictar la resolución de segunda instancia, peor aun cuando luego de exponer de manera genérica la presunta existencia de error de hecho o de derecho en la fundamentación de la resolución, se pide anular obrados sin el menor sustento para esa pretensión, no siendo comprensible si se ha planteado recurso de casación en el fondo o en la forma, cuando está claramente establecido que ambos recursos son diferentes y persiguen fines y objetivos diferentes, aunque sea permitida la presentación en conjunto o simultáneamente.

Por lo expuesto, corresponde a este Tribunal fallar en sujeción a lo determinado por los arts. 271-1); 272 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio 2010, y en aplicación del artículo 271 num. 1) y 272 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTEel recurso casación de fs. 274 y vlta. de obrados, interpuesto por Elvira Mamani Aguilar por intermedio de su apoderado Omar Marcelo Andrade Rocha. Sin costas al no existir respuesta.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Rómulo Calle Mamani.