TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 296/2012

Sucre: 13 de septiembre de 2012

Expediente: SC-76-12-S

Partes: Luisa Añez Vda. de Flores c/ Rofida Cabrera Calderón

Proceso: Nulidad de Contrato.

Distrito: Santa Cruz

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por Rofida Cabrera Calderón de fs. 727 a 732, impugnando el Auto de Vista de Nro. 190/2012 de fecha 19 de junio de 2012, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso de Nulidad de Contrato, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, tramitada la causa, la Juez Sexto de Partido en lo Civil y Comercial de Santa Cruz Juez en suplencia legal del Juzgado de Partido Tercero en lo Civil, emitió la Sentencia Nro. 10 de fecha 30 de enero de 2012, cursante de fojas 639 a 643, declarando probada en parte la demanda de fs. 76 a 80 vlta., interpuesta por Luisa Añez Vda. de Flores con relación a la acción negatoria y nulidad de contrato de transferencia y documento aclarativo de fecha 26 de enero de 2005, inscrito preventivamente en Derechos Reales anotación preventiva de fecha 02 de abril de 2007 y otros datos, por error esencial sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato, improbada solo en cuanto a la nulidad por causa ilícita y/o anulabilidad por dolo e improbada en todas sus partes la demanda reconvencional de fs. 102 a 108 interpuesta por Rofida Cabrera Calderón.

Recurrida la resolución mediante recurso de apelación por Rofida Cabrera Calderón por memorial de fs. 651 a 654 vlta., la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz mediante Auto de Vista Nro. 190/2012 de fecha 19 de junio de 2012, cursante de fojas 721 a 722, confirma la Sentencia y accesoriamente dispone la cancelación en las oficinas de Derechos Reales de la Inscripción definitiva de transferencia a favor de Rofida Cabrera Calderón de fecha 21 de febrero de 2009.

Resolución que dio lugar al recurso de casación en el fondo y en la forma interpuesto por Rofida Cabrera Calderón, que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Relata desde su perspectiva los antecedentes que pudieron originar el fallo dictado en el caso de Autos, con referencia a los razonamientos de los Tribunales de instancia, además con apreciaciones subjetivas dirigidas a calificar el conocimiento o no de las actitudes que pudieran tener los pobladores que tuvieran su morada en el campo, referidos a la entrega presunta de dineros producto de la venta que se habría consolidado, que por lo mismo la observación realizada por los vocales no tendría sustento al sugerir que no habría demandado cumplimiento de contrato ante la existencia de amistad y parentesco espiritual.

Con ese preámbulo refiere interponer recurso de casación en el fondo y en la forma, relatando y trascribiendo los puntos señalados a probar y las pruebas que hubiera aportado en sujeción a lo señalado, que no se habría valorado las pruebas de descargo -sin señalar que pruebas-, que al haber declarado probada la demanda se habría basado solamente en indicios; que no valoraron se dice luego los documentos de transferencia y aclarativo que tendrían todo el valor que la normativa legal les reconociera, entrando una vez mas a realizar apreciaciones subjetivas referidas al presunto estado civil de la demandante, -alejados absolutamente del tema en discusión-.

Que, para señalar que existiría defectuosa valoración de la prueba de cargo y descargo señala que los documentos se hallan registrados en la Oficina de Derechos Reales y estos no hubiera sido valorados por el Tribunal ad quem, que habría incongruencia entre los puntos de hecho a probar y las pruebas producidas por las partes, que la actora no habría cumplido con aportar las pruebas necesarias en contrapartida ella si lo habría hecho y el registro en Derechos Reales demostraría que es legítima propietaria, que se habría omitido en los puntos de hecho a probar, no considerando la prueba documental de reciente obtención, omisión que "enervaría" los arts. 190 y 191 del Código de Procedimiento Civil.

Que, respecto a la nulidad por error esencial, se habría ignorado que la actora y ella habrían suscrito de mutuo acuerdo, consentida y deliberadamente el contrato de fecha 26 de enero de 2005, reconociendo las firmas correspondientes, cumpliendo con la normativa legal pertinente, por lo que figuraría en Derechos Reales como legítima propietaria. Que, del análisis de la prueba aportada por ambas partes se habría demostrado que su derecho propietario lo habría adquirido legalmente y de buena fe.

Que, con la no valoración de la prueba de reciente obtención se habría infringido los arts. 190 y 192 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil, que por imperio del art. 90 fuera de cumplimiento obligatorio.

Con esos antecedentes concluye señalando que interpone recurso de casación en la forma y en el fondo -sin mayor diferenciación- para luego solicitar que se case el Auto de Vista en aplicación de lo señalado por el art. 274 del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

El recurso en cuestión se formula sin diferenciar entre lo que representan las dos maneras de plantearlo, pese a la mención que se hace de que fuera en la forma y en el fondo, para luego deducir que pide la casación del Auto de Vista, incumpliendo con lo mandado en la normativa procesal civil para su consideración precisa, diferenciada y por separado de manera correcta.

En ese antecedente a fin de contar con los elementos necesarios para una coherente resolución, este Tribunal Supremo considera imperioso precisar en coherencia con la jurisprudencia ya sentada que, el recurso de casación es una nueva demanda de puro derecho, concedido para invalidar una Sentencia o Auto definitivo en los casos expresamente señalados por Ley conforme está establecido por el art. 250 del Código de Procedimiento Civil, debiendo contener los requisitos enumerados en el artículo 258 del mismo compilado adjetivo civil; siendo inexcusables la fundamentación por separado de manera precisa y concreta de las causas que motivan la casación , ya sea en la forma o en el fondo, siendo insuficiente la simple cita de disposiciones legales constituyéndose en requisito indispensable la demostración de la infracción que se acusa. Debiendo fundarse el recurso de casación en el fondo en errores "in iudicando" en que hubieran incurrido los Tribunales de instancia al emitir sus resoluciones, estar debidamente identificadas y justificadas las causales señaladas en el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil. En tanto que el recurso de casación en la forma en errores "in procedendo", referidos a la infracción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas en la tramitación del proceso, enumeradas para cada caso en concreto por el art. 254 del Código de Procedimiento Civil.

Por lo anterior y dadas sus características singulares, la resolución de cada una también adopta una forma específica y diferenciada, que, cuando se plantea recurso de casación en la forma, el objetivo es la nulidad de obrados; y cuando se plantea recurso de casación en el fondo, lo que se procura es que el Tribunal case el Auto de Vista impugnado y resuelva el fondo del conflicto, siendo comunes para ambos recursos las formas de resolución por improcedente o infundado. Consecuentemente al margen de la exposición de motivos en que se fundare el recurso de casación en la forma como en el fondo, es deber del recurrente concretar su pretensión recursiva en forma congruente con el recurso que deduce.

Dicho lo anterior, analizando el caso concreto, el recurso es genérico y sin la precisión necesaria que haga conducente la consideración también de manera coherente, sin embargo de esa imprecisión e incongruencia que se traduce en una deficiente interposición del recurso de casación, al no existir fundamento alguno para analizar el recurso de casación en la forma pese a su mención, no se considerará; rescatando sin embargo algunas nociones ante la solicitud final realizada de haberse planteado casación en el fondo; aclarado aquello diremos que:

La demanda principal se origina conforme se verifica de fs. 76 a 80 Vlta. con la alegación de que la demandante habría firmado un documento en la creencia que lo estaba haciendo por el préstamo de la suma de $us. 150.oo.-, cuando en realidad la demandada le habría hecho firmar uno de transferencia de su propiedad en calidad de compra-venta, habiendo utilizado para ello los documentos de la propiedad -Escritura Pública- que habrían recogido de la Cooperativa el Progreso; la firma de ese documento (de fecha 26 de enero de 2005) es el eje de la discusión y fallo posterior tendiente a esclarecer la controversia.

Hecha esa precisión y la revisión de los antecedentes cursante en obrados, tanto documentales, testificales, como la inspección de visu, en un análisis integral, respaldan plenamente lo aseverado en la demanda, traslucida luego en los fallos de instancia, llegando a la conclusión que se arribó, en que efectivamente existió error a tiempo de la suscripción del documento "de transferencia", pues ciertamente Luisa Añez Vda. de Flores a tiempo de firmar el documento que posteriormente traslució en uno de compraventa, lo hizo en la convicción de que firmaba uno de deuda por la suma de $us. 150 a favor de Rófida Cabrera Calderón, no otra cosa es la comunicación que le hubiera hecho a la testigo Sandra Mendoza como se evidencia a fs. 505, en sentido que la ahora recurrente le hubiera "hecho hacer" un documento por el préstamo, con el antecedente que ante ésta mismo testigo la demandada le hiciera entrega de la suma de $us. 150 para cancelar la deuda que sostendría ante una entidad financiera.

Por otro lado, no es lógico que quien adquiere una propiedad, no haya ingresado en posesión ni pretendido sacar rédito alguno de esa inversión, pese al largo transcurso de tiempo desde la presunta venta hasta el momento en que se reclama la nulidad, pese que se diga existió con la presunta vendedora mucha confianza; resulta asimismo fuera de lugar que quien se dice tener condición de nueva propietaria, pretenda influenciar a testigos -en este caso a la misma persona identificada como Sandra Mendoza- con el ofrecimiento de recursos económicos a fin de que declare a su favor, con la amenaza de represalia en caso contrario.

Entonces estaremos de acuerdo que la Juez a quo en Sentencia ha dilucidado conforme a las pruebas aportadas y producidas, la concurrencia de los elementos que configuraban la inducción a la demandada en este tipo de error, habiéndolo motivado de manera coherente el mismo en toda su extensión y el fallo del ad quem esta enmarcado de la misma forma de acuerdo a lo dispuesto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, concluyéndose en consecuencia que el cuestionamiento que se hace de los mismos con apreciaciones subjetivas sin sustento legal ni fáctico no enervan para nada los fundamentos contenidos en los fallos cuestionados, referidos principalmente a señalar que el Tribunal de segunda instancia carecería de conocimiento del tipo de comportamiento de la gente del campo, pues estos no son fundamentos que vayan como sustento al cuestionamiento de un fallo judicial. Que en esa misma línea, cuando se pretende se tenga como no valorados los documentos con registro en Derechos Reales, -que también fue cuestionado en la Apelación-, el Tribunal Ad quem dio respuesta en el segundo considerando del Auto de Vista corriente a fs. 721 y vlta. Entendiéndose que si bien es cierto que un documento como el suscrito entre partes de principio se presume con la concurrencia de las formalidades de ley, ante la denuncia en la demanda que éste se hubiera logrado en menoscabo de la voluntad de la demandante, la juez a quo ha considerado necesario el verificar y respaldar con otros medios de prueba la concurrencia de los elementos que hagan verosímil la afirmación de la demandante y llegar a la convicción que fue inducida en error.

Lo anterior de ninguna manera puede ser considerado como valoración defectuosa de la prueba, al estar permitidos por la disposición contenida en el art. 373 del Código de Procedimiento Civil, ni contraviene a la sana critica en cuanto se refiere a la valoración de la prueba cual establece el art. 797 del mismo compilado adjetivo civil.

Con referencia a la prueba que se dice fuera de reciente obtención, corresponde señalar que el Tribunal de apelación le ha dado el tratamiento pertinente, siendo las pruebas adjuntas a obrados de fs. 664 y 665 inconducentes para el objeto de la demanda, por tratarse de la fotocopia de un certificado de matrimonio de Luisa Añez Pedraza y Osvaldo Vargas Saravia y la constancia de la Corte Electoral referida a la partida matrimonial, resultando no tener vinculación alguna con el tema en discusión.

Todo lo anterior tiene sustento en las mismas consideraciones que se realizaron en los fallos cuestionados, no habiendo demostrado la recurrente que existiera razonamiento mínimo como fundamento para dar curso a su petición.

Por lo expuesto, corresponde a este Tribunal fallar en sujeción a lo determinado por los arts. 271 numeral 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial No. 025 de 24 de junio de 2010, y en aplicación del artículo 271 numeral 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADOel recurso casación de fs. 727 a 732 de obrados, interpuesto por Rofida Cabrera Calderón. Con costas.

Se regula el honorario del Abogado en la suma de Bs. 1.000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani