TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 295/2012

Sucre: 22 de agosto de 2012

Expediente: LP - 51 - 12 - S

Partes: Myrna Teresa Jordán Gallardo c/Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL)

Proceso: Daños y Perjuicios.

Distrito: La Paz.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 483 a 485 vlta de obrados, interpuesto por María Pamela Arce Mancilla, en representación de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y el recurso de casación en el fondo de fs. 506 a 509, presentado por Mirna Jordán Gallardo, ambos contra el Auto de Vista Nº 285/2011 de fs. 471 a 473, de fecha 09 de diciembre de 2011, pronunciado por la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, en el proceso ordinario sobre resarcimiento de daños y perjuicios seguido por Mirna Teresa Jordán Gallardo, contra "COMIBOL", el auto de concesión de fs. 516, los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Decimosegundo en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, el 10 de octubre de 2005 pronunció la Sentencia Nº 287/05, cursante de fs. 316 a 318, declarando probada en parte la demanda e improbada la excepción de cosa juzgada y en consecuencia dispuso que la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) resarza a la actora Myrna Jordán Gallardo por concepto de daños y perjuicios ocasionados, en el monto de Bs.- 84.339, equivalente a los salarios de un año, once meses y nueve días; mas aguinaldos, pago a efectuarse al tercer día de notificada con la sentencia.

Contra esa resolución de primera instancia la parte demandada interpuso recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, el 09 de diciembre de 2011 pronunció el Auto de Vista Nº 285/2011, confirmando y aprobando la Sentencia, sin costas.

Contra esa resolución de alzada la Corporación Minera de Bolivia, interpuso recurso de casación.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

Recurso de casación de COMIBOL.

La parte recurrente acusó la violación del art. 120-I de la Constitución Política del Estado, del art. 73 de la Ley del Órgano Judicial y de los arts. 5 y 6 del Código Procesal Laboral; al respecto señaló que conforme la disposición constitucional cuya infracción se acusa, toda persona tiene derecho a ser oída por autoridad jurisdiccional competente y en ese sentido el art. 73 de la Ley del Órgano Judicial establece que las juezas y jueces en materia de trabajo y seguridad social tienen competencia para conocer y decidir acciones individuales o colectivas, por derechos y beneficios sociales, indemnizaciones, compensaciones y en general sobre conflictos que se susciten como emergencias de la aplicación de las leyes sociales de los convenios y laudos arbitrales. Coligiendo de las normas citadas que los únicos tribunales competentes para dirimir controversias dentro del ámbito laboral son los juzgadores laborales y no los de materia civil y, que en el caso concreto las obligaciones supuestamente imputadas a COMIBOL emergerían de un vínculo obrero-patronal y si bien la resolución recurrida concedió a la parte actora el resarcimiento de daños y perjuicios que en el fondo no es otra cosa que el pago de salarios y de beneficios sociales, mismos que no son de competencia de las autoridades que resolvieron la causa.

Señaló, que no existiría en obrados prueba alguna que haga presumir la existencia de un contrato civil del que pudiera emerger la responsabilidad civil en cuestión y que tampoco se evidenciaría la responsabilidad civil extracontractual que daría lugar a la calificación de daños y perjuicios.

Señaló, que los derechos laborales del demandante no fueron violados y que anteriormente el Juez de Trabajo y Seguridad Social negó tales derechos y simplemente dispuso su reincorporación, oportunidad en la que el actor reingreso a la institución, no siendo evidente el menoscabo de los derechos laborales reclamados.

Manifestó que para hacer procedente la acción recriminatoria y el pago de daños y perjuicios debía declararse el sobreseimiento de los imputados , extremo que no aconteció, toda vez que la resolución que se dictó en el proceso penal seguido en contra del actor, es una que resolvió la excepción previa de falta de tipicidad, no siendo en consecuencia viable la acción de reclamación de daños y perjuicios.

Por las razones expuestas solicitó se declare improbada la demanda.

Finalmente interpuso excepción de prescripción trienal, argumentando que la resolución que declaró probada la excepción de falta de tipicidad y de materia justiciable, que excluyó al ahora actor del proceso penal promovido por COMIBOL, fue dictada el 12 de abril de 1988, confirmada por Auto de Vista del 25 de marzo de 1992, lo que significa que el demandante tenía tres años es decir hasta el 25 de marzo de 1995 para promover cualquier acción, lo que no sucedió, habiendo transcurrido desde entonces 10 años hasta el momento en que se citó con la presente demanda al representante legal de COMIBOL, quedando en consecuencia acreditada la prescripción.

Recurso de Casación de Myrna Jordán Gallardo:

Acusó que el Auto de vista es contradictorio entre sí, no ha cumplido con lo normado por el art. 236 con relación al 227 del Código de Procedimiento Civil, continuó indicando que el Auto de Vista adolece de defectos los cuales deberían ser corregidos por el Tribunal Supremo, anulando el mismo, en virtud que no se analizó los hechos, tampoco se valoró las pruebas, su resolución no cuenta con la debida motivación y fundamentación.

Continuó acusando que el Auto de Vista no fundamenta sobre los agravios sufridos en la sentencia, que no se pronunciaron sobre el informe pericial que ha criterio de la recurrente ha sido sustanciado, procesado y aprobado, aplicando erróneamente lo dispuesto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

Mencionó que el Auto de Vista aplicó indebidamente la Ley Nº 901 de 28 de noviembre de 1986, en virtud de que ninguna de las partes la invocó durante todo el proceso, resultando impertinente dicha aplicación y contraria a la realidad que atraviesa nuestro país.

Concluyó peticionando que se invalide el Auto de Vista, Casándolo y confirmando la sentencia y se pague por daños y perjuicios la suma equivalente en bolivianos de $us. 202.919,50.-

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Que, en el marco del recurso y de la revisión de antecedentes se arriba a las siguientes conclusiones:

Por memorial de fs. 64 a 66, Myrna Jordán Gallardo, interpuso demanda de resarcimiento de daños y perjuicios, argumentando que de manera sorpresiva conjuntamente otros profesionales en fecha 3 de noviembre de 1983 con memorando Nº RSP-6784/83 en cumplimiento a resolución de directorio Nº 49/83 de fecha 20 de octubre de 1983, fue retirada de su fuente de trabajo por supuestas infracciones al art. 16-e) de la Ley General del Trabajo, habiéndosele luego iniciado un proceso penal por delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y otros, en base al informe de Auditoria Nº GI-3-20/83 y GI-3-22/83, no obstante a que la autoridad titular de COMIBOL conocía que las observaciones que motivaron tales reacciones no eran fundadas, lo que motivó que en la etapa del sumario penal el Juez declare probada la excepción de falta de tipicidad y materia justiciable que opuso, y su consiguiente exclusión del proceso por no haber participado en los hechos denunciados; decisión que fue confirmada en apelación deducida por COMIBOL, quien, en criterio de la actor, promovió y prosiguió el proceso penal, con la única intención de retirarla de su fuente de trabajo y de ocasionarle daños y perjuicios, al punto de haber sido privada de su libertad y constantemente perseguida, lo que le imposibilitó ejercer y desempeñar normalmente sus actividades profesionales, aspecto que repercutió en la atención de su familia y en especial de su hija quien tuvo que vivir en un hogar de niñas, lejos del cariño de la madre, porque la entidad querellante hizo público en reiteradas oportunidades los hechos que motivaron el aludido procesamiento penal, con la consiguiente afectación moral y psicológica para su persona y su familia.

Por las razones argumentadas la actora demandó el resarcimiento de daños y perjuicios en la suma de $us. 250.000.

Citada la entidad demandada, contestó la demanda, e interpuso excepción de cosa juzgada, habiendo el Juez de la causa establecido la relación procesal y proseguido los trámites hasta la emisión de la Sentencia que declaró probada en parte la acción e improbada en cuanto a la excepción de cosa juzgada y reconoció a favor de la actora los daños y perjuicios ocasionados por la parte demandada en la suma de Bs.- 84.339, equivalente a los salarios de un año, once meses y nueve días.

De lo relacionado precedentemente se concluye que la pretensión de la actora no estaba orientada al pago de derechos laborales como erradamente pretende entender la parte demandada y recurrente, sino al resarcimiento de daños y perjuicios enmarcado en lo dispuesto por el art. 984 del Código Civil y que fueron ocasionados a raíz de una serie de actos que generaron los daños cuyo resarcimiento reclama la parte demandante. En otras palabras la demandante no pretende el pago de sueldos, aguinaldos u otros beneficios sociales, sino el pago de los daños y perjuicios que se le ocasionó, empero para efectos de cuantificar dichos daños el juez tomó en cuenta como parámetros objetivos los ingresos (salarios) y otros que la actora dejó de percibir, aspecto que así aclarado desvirtúa la denuncia formulada por la parte recurrente en sentido de que los jueces de instancia hubiesen obrado sin competencia o invadiendo la competencia del juez en materia laboral, denuncias que resultan infundadas.

Respecto al fundamento expuesto en sentido de que para la procedencia de la reparación del daño ocasionado debió previamente tramitarse la correspondiente acción recriminatoria, corresponde precisar que la presente demanda no está orientada a la imposición de una sanción penal sino simplemente al resarcimiento de daños y perjuicios que se habrían ocasionado como consecuencia de actos indebidos realizados por la parte demandada, incluyendo entre ellos el haber promovido injustificadamente una acción penal en contra de la ahora demandante; pretensión que así expuesta encuentra plena justificación legal en la previsión del art. 984 del Código Civil, que contiene el principio general según el cual todo el que ejecuta un hecho que por dolo, culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio.

En ese marco a los efectos de hacer nacer la acción de daños y perjuicios ocasionados por una denuncia o procesamiento penal indebido o injustificado, será suficiente que el demandante acredite que el autor de la denuncia o querella procedió con dolo, culpa o negligencia al efectuar la imputación, no siendo necesario que previamente se sustancie en la vía penal la acción recriminatoria. Toda vez que será en la causa civil en la que el demandante asumirá la carga de demostrar que el obrar del demandado, cuando efectuó la denuncia, resultó negligente, ligero, desaprensivo y, en su caso, intencional, es decir, que acredite la existencia de culpa o dolo en su proceder, para así hacer procedente la aplicación del citado art. 984 del Código Civil que dispone que: "Quien con un hecho doloso o culposo, ocasiona a alguien un daño injusto, queda obligado al resarcimiento".

Por las razones expuestas, resulta también infundada la violación acusada al respecto.

Finalmente con relación a la pretendida excepción de prescripción opuesta a tiempo de formalizar el recurso de casación, corresponde señalar que la prescripción es una institución de orden público que responde a la necesidad social de no mantener pendientes las relaciones jurídicas indefinidamente, pone fin a la indecisión de los derechos y consolida las situaciones creadas por el transcurso del tiempo, disipando las incertidumbres.

Ahora, si bien por disposición del art. 1497 del Código Civil, la prescripción puede oponerse en cualquier estado de la causa, aunque sea en ejecución de sentencia si está probada, empero, corresponde analizar esa norma en sentido de tener presente que la excepción de prescripción constituye por definición siempre un mecanismo de defensa, y como tal, como señala el autor Víctor De Santo, citado por Gonzalo Castellanos Trigo, "La defensa de prescripción debe oponerse en la primera presentación que efectúe el demandado en el juicio o al contestar la demanda si no hay una presentación anterior, o en cualquier estado del proceso, de manera que quien no ha comparecido a la citación practicada y lo hace después del plazo legal, aun rebelde, puede en esa primera presentación invocar la prescripción. De tal modo, quien se presentara en el proceso por cualquier motivo que fuese, debe oponer la prescripción en ese momento y de no hacerlo así pierde el derecho de prevalerse de la prescripción".

La excepción de prescripción en consecuencia debe ser opuesta siempre en la primera presentación o lo que es lo mismo como primer acto de defensa, si se la pretende hacer valer.

Lo anteriormente señalado encuentra plena concordancia y sentido con las previsiones del Código de Procedimiento Civil que prevén tres oportunidades procesales para hacer valer dicha excepción: 1) art. 337 del Código de Procedimiento Civil que dispone que las excepciones previas deben oponerse todas juntas dentro de cinco días fatales desde la citación con la demanda y antes de la contestación; 2) art. 342 del Código de Procedimiento Civil que prevé que al contestar la demanda, el demandado podrá oponer todas las excepciones que pudiere invocar contra las pretensiones del demandante, inclusive las señaladas en los incisos 7 al 11 del art. 336 del Adjetivo Civil cuando no hubieren sido planteadas como previas; 3) art. 344 del Código de Procedimiento Civil que determina que en ejecución de sentencia solo podrán oponerse las excepciones perentorias sobrevinientes y fundadas en documentos preconstituidos.

Los fundamentos expuestos permiten concluir que la excepción de prescripción como medio de defensa debe oponerse y hacerse valer precisamente como primer medio de defensa y en caso de no hacerlo en ese momento se entiende que el demandado renunció al mismo y por ello consintió en que el proceso se desarrolle en sus distintas etapas sin valerse de ese medio de defensa.

En el caso de autos la parte demandada una vez citada con la demanda, se apersonó, opuso excepción de cosa juzgada, negó los fundamentos de la demanda, propuso prueba, apeló de la sentencia, en suma ejerció una serie de actos de defensa sin que hubiese opuesto como tal la excepción de prescripción, la cual pretende hacerla valer recién en casación, aspecto que como se fundamentó anteriormente resulta inadmisible.

Por todo lo mencionado y en virtud de no ser evidentes las infracciones acusadas por la entidad recurrente, el presente recurso se enmarca en lo dispuesto por el art. 273 del Código de Procedimiento Civil.

Recurso de Casación de Myrna Jordán Gallardo:

Recurso de casación que se analiza, la recurrente confunde el recurso de casación en el fondo con el de forma, acusando infracciones de forma en el fondo, como la errónea aplicación del art. 236 en relación al 227 del Código de Procedimiento Civil, mencionando y argumentando que el Auto de Vista no fundamentó los agravios expuestos en su apelación, que el mismo Auto de Vista no contaba con la debida motivación y que infringía la pertinencia de la resolución de segunda instancia, por dicho motivo, se apoyó en lo dispuesto por el art. 15 de la Ley de Organización Judicial, pidiendo que se anule la mencionada resolución. Con relación a lo indicado, mencionar, que si a criterio de la recurrente el Auto de Vista no se circunscribió a los puntos resueltos por el inferior y que fueron objeto de apelación, su recurso no debería estar formulado en el fondo, más al contrario debería formularse en la forma y buscar la anulación del mismo, como lo solicita y fundamenta en el recurso de fondo que plantea.

Por otro lado, la parte recurrente tiene el deber de cumplir con lo dispuesto por el art. 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, indicando de manera específica las infracciones que hubiesen cometido los Tribunales de instancia, hecho que en el recurso de casación en el fondo la recurrente no especifica, más al contrario de manera muy general acusa la errónea valoración del Informe Pericial, incumpliendo su deber de identificar en que consistía ese error de valoración del informe pericial y no solamente fundamentarlo en forma por demás aislada al fondo del problema.

No obstante lo indicado, la pretensión de la recurrente en el recurso que presenta, hace hincapié en el informe pericial que cursa en obrados de fs. 169 a 172, que a criterio de la recurrente no fue valorado y que los Tribunales de instancia no indicaron cuales fueron los parámetros en que basaron su resolución en cuanto al año, 11 meses y 9 días que dispuso el juez A quo para cuantificar el monto y así dictar sentencia la misma que fue confirmada por el tribunal de alzada.

En ese entendido de la revisión de obrados se evidencia que la actora no cumplió con lo establecido por el art. 1283 del Código Civil que indica "Quien pretende en juicio un derecho, debe probar el hecho o hechos que fundamentan su pretensión", incumpliendo dicha norma, toda vez que como correctamente estableció el juez A quo no se demostraron fehacientemente los daños y perjuicios sufridos por la suspensión del ejercicio profesional de la que fue objeto por parte del Colegio de Economistas, tampoco probó que dicha suspensión se hubiese prolongado por mas de 10 años, de igual manera no se probaron los daños y perjuicios que hubiese sufrido la actora, emergentes de su retiro ilegal; era deber de la recurrente no solo basarse en lo establecido en el informe pericial acusado, sino hacer evidentes las pruebas con las cuales hubiese probado los daños y perjuicios por la retención del título profesional que a criterio de la recurrente alcanza al monto de $us. 127.300.00.-; de igual forma era deber de la actora demostrar y hacer evidente las pruebas que amparan la liquidación de gastos en juicios como los que se indica en el informe pericial, hecho que la recurrente no indica en el recurso que se analiza.

Por otro lado el Auto de Vista en cumplimiento de lo establecido por el art. 236 en relación al 227 ambos del Código de Procedimiento Civil, hace referencia al informe pericial que acusa en el recurso de casación y el Tribunal Ad quem ha evidenciado que el informe pericial aludido, ha sido observado por COMIBOL al momento de solicitar la incompetencia del Juez A quo, ha considerado lo acusado en apelación por la recurrente, otorgándole respuesta motivada y fundamentada en relación al informe pericial, no evidenciándose la infracción que acusa en su recurso; de igual forma realizando un análisis y valoración del informe pericial el Ad quem ha establecido que existe contradicción en lo determinado por el perito que cuantifica en moneda nacional los haberes no percibidos por la recurrente y que de manera extraña cuantifica los demás daños y perjuicios en dólares americanos, concluyendo que existe contradicción en el informe pericial.

Por último, ambas instancias han concluido, determinando que han existido los daños y perjuicios reclamados por la actora ahora recurrente, pero para poder monetizar esos daños ocasionados sus resoluciones, han tomando en cuenta el tiempo que la recurrente no trabajó en COMIBOL que como es lógico, fue lo único que se probó en el presente proceso y que fue correctamente cuantificado en el informe pericial, el mismo que fue tomado en cuenta en sentencia y confirmado en segunda instancia.

Por las razones expuestas corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia, fallar en la forma prevista por los artículos 271- 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los artículos 271- 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADOS, ambos recursos de casación que cursan en obrados el primero de fs. 483 a 485 vlta., interpuesto por María Pamela Arce Mancilla, en representación de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL); y el segundo de fs. 506 a 509, interpuesto por Myrna Jordán Gallardo, ambos contra el Auto de Vista Nº 285/2011, de 09 de diciembre de 2011. Y declara No Haber lugar a la consideración de la excepción de prescripción, por extemporánea. Sin costas.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Rómulo Calle Mamani.