TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 288/2012

Sucre 22 de agosto de 2012

Expediente: CB-49-12-S

Partes: María Teresa Arispe Torrico c/ José Villarroel Romero y otros

Proceso: Declaración de prescripción extintiva

Mejor Derecho Propietario

Usucapión ordinaria

Reivindicación

Resarcimiento de Daños y Perjuicios

Nulidad de documento

Distrito: Cochabamba


VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 696 a 701 vlta. de obrados, interpuesto por María Teresa Arispe Torrico contra el Auto de Vista Nº 41/2012 de 27 de febrero de 2012, cursante de fs. 692 y vlta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia, dentro del proceso de Declaración de Prescripción Extintiva, Mejor Derecho Propietario, Usucapión Ordinaria, Reivindicación, Resarcimiento de Daños y Perjuicios, Nulidad de Documento, seguido por la recurrente en contra de José Villarroel Romero y otros, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Qué, adjuntando documental María Teresa Arispe Torrico, afirma ser propietaria de un lote de terreno de 287,55 m² en la zona de la Taquiña, Cantón Santa Ana de Cala Cala, adquirido en enero de 1993 y registrado en DDRR en fecha 19 de junio de 1995; sin embargo José Villarroel Romero junto a su cónyuge habían ingresado a su lote de terreno de manera violenta, derribando sus puertas y se dieron a la tarea de levantar construcciones, por lo que demanda nulidad de documentos, prescripción extintiva, declaración de mejor derecho, usucapión, reivindicación y resarcimiento de daños y perjuicios.

Sustanciado el proceso, el Juez Noveno de Partido en lo Civil de la Capital declaró improbada la demanda y probada la excepción de falta de acción y derecho opuesta por José Villarroel Romero y Senobia Vallejos Rivas de Villarroel.

Deducida la apelación por la demandante, ésta fue remitida ante la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia, instancia que mediante Auto de Vista Nº 41/2012 confirmó la Sentencia apelada. En conocimiento de dicha resolución, la demandante interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo, mismo que se pasa a analizar.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Sin especificar cuáles son los puntos por los que recurre en la forma y en el fondo, la recurrente de manera general señala:

1.- Qué, el Ad quem vulneró el art. 227 del Código de Procedimiento Civil, porque señala que en el Auto de Vista que su recurso de apelación carece de la fundamentación exigida por las normas legales y obvia las características propias de una expresión de agravios, por lo que al no hallarse abierta su competencia no se pronuncian sobre el fondo del recurso, y con total falta de responsabilidad, incumpliendo deberes, omisión de la labor fiscalizadora y sin fundamentación alguna confirman la Sentencia, sin responder a los agravios expresados en su recurso de apelación. Afirma que en el supuesto caso no consentido de que hubiera realmente carecido de agravios su recurso de apelación, el Tribunal de segunda instancia no debería haberse pronunciado en el fondo, aspecto que así sucedió cuando confirma la Sentencia apelada; por lo que dicha resolución por el razonamiento erróneo, equivocado y contradictorio conlleva el pronunciamiento de un nuevo Auto de Vista, previa nulidad a decretarse por el Tribunal Supremo.

2.- Afirma también que el Ad quem inobservó el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, porque en el segundo considerando del Auto de Vista señalan que su apelación carece de fundamentación de agravios y por otra en el mismo considerando señalan que de la revisión de antecedentes se tiene que el A quo valoró adecuadamente las pruebas en su conjunto y con un simple argumento carente de fundamentación confirma la Sentencia apelada; omitiendo las autoridades de segunda instancia fundamentar y dotar de contenido material al Auto de Vista motivo del recurso, situación que impide conocer el razonamiento jurídico y la aplicación de la norma positiva por parte del referido Tribunal.

3- Acusa la violación del art. 252 del Código de Procedimiento Civil y art. 15 de la Ley de Organización Judicial, porque el Ad quem omitió cumplir con su labor fiscalizadora impuesta por la norma procesal antes señaladas, los señores Vocales no analizaron si en el desarrollo del proceso se observaron y cumplieron normas de orden público, de haberse realizado esta tarea, hubieran advertido que la Sentencia contiene determinaciones sobre hechos que no fueron motivo del proceso como es el caso de la nulidad de títulos ejecutoriales, que contiene razonamientos contradictorios sobre la apreciación y valoración de la prueba, que el proceso versa sobre la declaración de mejor derecho propietario y no de la nulidad de títulos ejecutoriales.

4.- Acusa también la violación del art. 90 del Código de Procedimiento Civil porque el Tribunal de Instancia inobservó los arts. 227, 236 y 252 de la misma norma citada.

Finalmente solicita que el Tribunal Supremo dicte resolución disponiendo que los Vocales de la Sala Civil Segunda dicten nuevo Auto de Vista, reconociendo la existencia de agravios y pronunciarse de forma fundamentada y motivada sobre los agravios puntualizados en su recurso de apelación.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Planteado como está el recurso de casación tanto en la forma como en el fondo, corresponde en principio considerar el primero de ellos, toda vez que de ser evidentes las infracciones acusadas, éste Tribunal no ingresaría a la consideración de las infracciones de fondo.

Que, conforme señala el art. 180 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, derecho que se efectiviza una vez que el Tribunal al que se acude responde a los motivos de su impugnación, respuesta que además debe ser motivada y fundamentada, aspecto que se tiene desarrollado por el Tribunal Constitucional a través de la SC-0758/2010-R, que señala: "La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías". En ese orden, también es preciso destacar que este Tribunal Constitucional a través de la SC 0632/2010-R de 19 de julio, entre otras, aclaró que: "...la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas". En el caso de Autos y de la revisión del recurso de apelación que cursa de fs. 635 a 641, la recurrente expuso los agravios que el Auto de Vista Nº 41/2012 extraña, no siendo evidente que dicho recurso carezca de la fundamentación exigida, evidenciándose además contradicción en la resolución que emite el tribunal de alzada, en dos situaciones concretas:

Primero, señala que la apelación de la Sentencia carece de la fundamentación exigida por las normas legales y obvia las características propias de una expresión de agravios; por una parte y por otra concluye en su parte resolutiva confirmando la Sentencia y el Auto apelado; en todo caso si el recurso de apelación no contenía la fundamentación legal exigida por el Ad quem, éste debió anular obrados, dejando sin efecto la concesión del recurso de apelación y declarar ejecutoriada la resolución apelada, en ningún caso confirmar el fallo impugnado.

Segundo, afirma el Ad quem que no existe exposición de motivos y razones de hecho y derecho que amerite consideración alguna de agravio sufrido y contradictoriamente, refiere que el Juez a quo en su calidad de director del proceso valoró adecuadamente las pruebas del proceso en su conjunto conforme mandan los Arts. 1286 del Código Civil y 397 de su Procedimiento, referidas a la valoración que les otorga la ley, con prudente criterio y sana crítica y confirma la Sentencia apelada; de lo que se concluye que el Ad quem si afirmó no existir motivos y razones que amerite la consideración de algún agravio sufrido, no debió dar respuesta a ningún punto de la apelación, mucho menos hacerlo de manera general y sin fundamentación respecto a la determinación de la valoración de la prueba, encontrándose en el recurso de apelación justamente lo referido a la valoración de prueba de contrario y la pericial adjuntada por la recurrente como puntos de apelación; por lo que al considerar de manera parcial solo uno de los puntos a los que se ha referido la demandante, ha contravenido lo previsto en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que el Auto de Vista no se ha circunscrito a resolver los puntos que fueron objeto de apelación de manera total.

Qué, el Tribunal de alzada, negó el derecho a la impugnación que tiene todo litigante, así como el derecho a recibir una respuesta al petitorio efectuado, sea ésta afirmativa o negativa, pero debidamente fundamentada, aspecto que es corroborado por la SC 0962/2010-R cuya línea jurisprudencial respecto al derecho de petición puntualiza: "...debe entenderse el mismo como la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona de formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o resoluciones irregulares de los funcionarios o autoridades públicas... el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa"; asimismo la SC-1068/2010-R, refirió: "La Constitución Política del Estado actual ha ubicado a este derecho en el art. 24, dentro de la categoría de los derechos civiles, pues se entiende que parten de la dignidad de las personas entendiendo que cuando se aduzca el derecho de petición, la autoridad peticionada, ya sea dentro de cualquier trámite o proceso, éste tiene el deber respecto a otros individuos de responder en el menor tiempo y de forma clara. En resumen las autoridades vulneran el derecho de petición cuando: a) La respuesta no se pone en conocimiento del peticionario; b) Se presenta la negativa de recibirla o se obstaculiza su presentación; c) Habiéndose presentado la petición respetuosa, la autoridad no la responde dentro de un plazo razonable; y, d) La solicitud no es atendida de manera clara, precisa, completa y congruente con lo solicitado". (el subrayado es nuestro); y la SC 0195/2010-R que determina sobre el derecho a la petición, que: "...no necesariamente debe ser de carácter positivo o favorable, sino también de negativa o de rechazo, siempre y cuando sea fundamentada".

Por otra parte, se evidencia de manera inobjetable que el Ad quem al no cumplir con su labor efectiva de responder a los agravios expuestos en el recurso de apelación de la ahora recurrente y menos emitir una resolución fundamentada y motivada; ha producido en la demandante desconocimiento de cuál el razonamiento jurídico que tiene el Tribunal de Segunda instancia para adoptar determinada resolución.

Por las razones expuestas, corresponde a este Tribunal fallar conforme dispone los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42 núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de lo previsto en el Art. 271 núm. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 41/2012 cursante a fs. 692 y vlta. y dispone que el Tribunal de Alzada, sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie nueva resolución con arreglo a lo previsto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

Se exhorta al Tribunal de Alzada, observar el principio de pertinencia y el derecho a la tutela judicial efectiva, en virtud al cual las partes pretenden una respuesta o resolución fundamentada a la impugnación que deducen.

En virtud a lo previsto en el art. 17 parágrafo IV de la Ley del Órgano Judicial Nº 025, hágase conocer la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de Ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani