TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 287/2012

Sucre: 21 de agosto de 2012

Expediente: CB-54-12-A

Partes: Gustavo Alfonso Paz Balderrama c/Neva Ligia Zapata Rodríguez.

Proceso: Nulidad de Documento

Distrito: Cochabamba


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 98 a 101 de obrados, interpuesto por Gustavo Alfonso Paz Balderrama, contra el Auto de Vista Nº 94/2012 de fs. 88 a 89 de fecha 19 de abril de 2012, pronunciada por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso ordinario de Nulidad de Documento, seguido por Gustavo Alfonso Paz Balderrama contra Neva Ligia Zapata Rodríguez, la respuesta de fs. 105 a 107, el Auto de concesión de fs. 108, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, la Juez Sexto de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cochabamba, mediante Auto Interlocutorio Definitivo de fecha 12 de abril de 2011 de fs. 64 a 66, declaró probada la excepción previa de cosa juzgada opuesta a la demanda, disponiendo la devolución a tercero día del saldo de capital anticrético de $US 12.000 (Doce Mil Dólares 00/100 Estadounidenses), que debe efectuar Gustavo Alfonso Paz Balderrama en favor de Neva Ligia Zapata Rodríguez en representación de sus hijas Lilia Meneses Zapata y Valeria Thalya Meneses Zapata, bajo conminatoria de su ejecución forzosa en aplicación del Acta de Conciliación de fecha 03 de septiembre de 2010.

En apelación, el Tribunal Ad quem, por Auto de Vista Nº 94/2012 de fs. 88 a 89, de fecha 19 de abril de 2012, confirmó el Auto de fecha 12 de abril de 2011 de fs. 64 a 66, con la modificación de que se deje sin efecto la orden y conminatoria de devolución de capital anticrético, que debe tramitarse y reclamarse por cuerda separada en ejecución forzosa del Acta de Conciliación correspondiente.

Contra esa resolución del Tribunal Ad quem, el demandante recurrió en casación en el fondo.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

Resumiendo los argumentos expresados en el confuso memorial del recurrente, se establece lo siguiente:

El recurrente acusa que el Tribunal Ad quem dictó un injusto y errado Auto de Vista sin realizar una valoración correcta de la prueba y las normas legales que fueron erróneamente aplicadas e interpretadas en forma contradictoria con la realidad jurídica, desestimando los agravios que fueron denunciados en su recurso de apelación, sin tomar en cuenta la importancia que tiene respetar las formalidades que la ley exige para resolver y/o dejar sin efecto un contrato de anticresis como es mediante una nueva escritura pública.

Afirma que no se tomó en cuenta la voluntad expresada en el mandato del Testimonio de Poder Nº 1268 de fecha 10 de agosto de 2010 otorgado a favor de los señores Raúl Antonio Bustillo Zamorano y Bernarda de Lourdes Morales Salas, ya que en el mismo se confirió poder para conciliar y suscribir contratos de cancelación estableciendo plazos en cuanto a la devolución del saldo anticrético y no para dejar sin efecto el contrato de anticrético.

Acusa al acta de conciliación de fecha 03 de septiembre de 2010 que contiene defectos absolutos que no pueden convalidarse y no pude ser considerada como cosa juzgada cuando dicho acuerdo es ilícito, falto de forma y completamente atentatorio de las formas y procedimientos establecidos por ley, haciendo referencia para el efecto a los arts. 950 y 951 de la norma sustantiva civil y afirma que la transacción por error de hecho o de derecho es susceptible de nulidad, más aun cuando la causa o motivo es ilícito, siempre es nulo.

Que, la calidad de cosa juzgada que se intentó otorgar al acta de conciliación, fue en función a los arts. 945 y 949 del Código Civil, los cuales están supeditados a los efectos y consecuencias señalados en los arts. 950 y 955 del mismo cuerpo legal.

Indicaque, admitir el Acta de Conciliación significa dar por bien hecha la transgresión a las normas imperativas que rigen esta clase de relaciones jurídicas, constituyendo un medio para eludir el cumplimiento de obligaciones tributarias y obtener el desgravamen del inmueble, afirmando con ello que hay ilicitud de la causa e ilicitud del motivo que impulsó a las partes a celebrar el contrato, establecidas como causales de nulidad en el inc. 3) del art. 549 del Código Civil.

Acusaque, tanto el Auto del 12 de abril de 2011 como el Auto de Vista impugnado confunden términos de "solución" con los de "resolución" que en materia jurídica son distintos, con ello se contradice y genera un error en la apreciación legal y en el auto impugnado confusamente se pretende establecer que el proceso tiene por causa también dar "solución" a dicha relación jurídica, cuando en realidad lo que se demandó fue la nulidad del acta para dar pie a la resolución del contrato.

Afirma, que si bien existe identidad de sujetos, la causa no es la misma; con el acta se concilian saldos y se establecen plazos para el pago de una obligación, en cambio la causa del presente proceso es que se suscriba una escritura pública de resolución de contrato anticrético por imposibilidad sobreviniente para cumplir con la forma que la ley exige en estos casos.

Con tales argumentos interpone recurso de casación en el fondo solicitando al Tribunal Supremo de Justicia, CASE el Auto de Vista y pronunciándose en el fondo declaren improbada la excepción de cosa juzgada, disponiendo la continuidad del proceso.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

El recurso de casación es considerado como un medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por ley y dirigido a lograr que el máximo Tribunal revise y reforme o anule las resoluciones expedidas en apelación que infringen las normas de derecho material, las normas que garantizan el derecho al debido proceso o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales.

La Casación tiene por fin privilegiar la recta aplicación de la ley y de esta manera alcanzar la justicia en la resolución de los conflictos procesales. Por ello estamos ante una institución necesaria y de enorme importancia en la administración de justicia, pues gracias a ella se cuenta con una vía que asegura la correcta aplicación o interpretación de las normas jurídicas y la uniformización de la jurisprudencia nacional.

Como característica esencial de este recurso se puede establecer que no se trata de una tercera instancia, pues el Tribunal de casación es un Tribunal de derecho y no de hecho, por ello el recurso solo procede por las causales taxativamente indicadas por la ley, debiendo el Tribunal de Casación circunscribirse a considerar las causales invocadas por el recurrente y siempre que se formulen con observancia de los requisitos exigidos por la misma ley.

Al respecto la uniforme jurisprudencia sentada por la ex Corte Suprema de Justicia, con la que se comparte criterio, señaló que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, que puede ser planteada en el fondo o en la forma o en ambos a la vez, conforme está establecido en el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil.

Cuando el recurso de casación se interpone en el fondo, esto por errores en la resolución de fondo del litigio, los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el artículo 253 del adjetivo civil, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva resolución que resuelva el fondo del litigio, unificando la jurisprudencia e interpretación de las normas jurídicas o creando nueva jurisprudencia; en tanto que si se plantea en la forma, es decir por errores de procedimiento, la fundamentación debe adecuarse a las causales y previsiones contenidas en el artículo 254 del mismo cuerpo legal, siendo su finalidad la anulación de la resolución recurrida o del proceso mismo cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso sancionadas con nulidad por la ley.

Entre los requisitos intrínsecos del recurso de casación en el fondo, se encuentra la motivación y fundamentación sobre los errores "in judicando" en que ha incurrido el Tribunal al aplicar el derecho material en la decisión de la causa y están expresamente previstos en la ley; por consiguiente, los mismos no están sujetos a capricho de las partes y menos del juzgador, por expresa determinación del art. 253 en sus incisos 1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, cuando indica que, procederá el recurso de casación en el fondo: 1) Cuando la Sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, figuras jurídicas que son diferentes, pues, la primera implica que se incurrió en una infracción directa de la ley por no haberse aplicado correctamente sus preceptos, es decir, es el error en que incurre el juzgador sobre la existencia y aplicación de una norma jurídica en un caso concreto, la segunda, consiste en el error en que incurre el juzgador sobre la ratio legis de una determinada ley, mientras que la última, consiste en la infracción de la ley sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquella, imponiéndose la obligación a los recurrentes de especificar en que consiste la violación, cuál debía ser la norma jurídica aplicable correctamente ó cual la interpretación debida; 2) Cuando contuviere disposiciones contradictorias; y, 3) Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, errores también diferentes, en el primer caso se debe especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dio la tasa legal que la ley le otorga, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además éste último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos, debiendo todo recurrente fundar su impugnación en lo sustancial, en cualquiera de las causas que establece el citado artículo 253 del Código de Procedimiento Civil en sus tres ordinales.

De lo manifestado precedentemente se concluye que el recurso de casación en el fondo y el de forma son dos medios de impugnación distintos, que persiguen igualmente finalidades diferentes, el uno, nos referimos al de fondo, está orientado a que el Tribunal Supremo revise el fondo de la resolución del litigio; en cambio el recurso de casación en la forma está orientado a que el Tribunal Supremo constate la existencia de errores formales en la resolución impugnada o de procedimiento en la sustanciación de la causa que conlleven la afectación del debido proceso, en ese caso la pretensión recursiva está orientada a la nulidad de la resolución impugnada o la nulidad de obrados. En ambos casos, es de inexcusable cumplimiento el mandato del artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.

En el caso que se analiza, se evidencia que el recurrente no cumplió con el mandato que impone el art. 258 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil, habida cuenta que no cita en términos claros, concretos y precisos la violación de disposiciones legales o aplicadas falsa o erróneamente que acusa, ni mucho menos especifica en qué consiste esa violación, falsedad o error, simplemente se limita a cuestionar de manera genérica el Acta de conciliación de fecha 03 de septiembre de 2010, afirmando que no tiene la calidad de cosa juzgada por que supuestamente no se habría cumplido con la formalidad que exige la ley para dejar sin efecto el contrato de anticrético de fecha 22 de julio de 2009 protocolizado mediante Testimonio Nº 1444/2009.

En el memorial del recurso de casación, el recurrente desvía criterio al limitarse a defender la posición de su demanda principal de nulidad de documento intentada contra la referida Acta de conciliación,dejando de lado el fundamentar y desarrollar criterio, respecto al tema que es objeto de controversia como es el de desvirtuar con fundamentos jurídicos sólidos los elementos configurativos de sujetos, objeto y causa que hacen a la excepción de cosa juzgada opuesta frente a su demanda principal de nulidad de documento conciliatorio, siendo esta la razón que originó la apelación y posteriormente el recurso de casación y por lo tanto el recurrente al interponer recurso de casación en el fondo, tiene la carga de fundamentar y motivar adecuadamente y poner de manifiesto los presupuestos legales previstos en el art. 253 del Código de Procedimiento Civil; en el caso presente, no especifica la causal por la cual interpuso el recurso. Es más el memorial del recurso de casación no tiene claridad en la fundamentación, es bastante confuso, desordenado y reiterativo; contiene simplemente transcripciones íntegras de gran parte de anteriores memoriales, tales como de la contestación a la excepción previa de cosa juzgada y del propio memorial de apelación, incurriendo de esta manera en la prohibición contenida en el art. 258-2 in fine del Código de Procedimiento Civil, incumpliendo los requisitos de contenido que debe tener este tipo de recursos, razón por la cual deviene en improcedente.

Por las razones expuestas y al no haber dado cumplimiento al mandato del art. 258 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal concluye en fallar en la forma prevista por el art. 271-1) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los artículos 271 -1) con relación al art. 272-2) y art. 258 numeral 2) todos del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo de fs. 98 a 101 de obrados, interpuesto por Gustavo Alfonso Paz Balderrama, contra el Auto de Vista Nº 94/2012 de fs. 88 a 89, de fecha 19 de abril de 2012. Con costas.

Se regula honorarios profesionales en la suma de Bs. 1.000 (Un Mil 00/100 bolivianos).

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Rómulo Calle Mamani.