TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 280/2012

Sucre: 21 de agosto de 2012

Expediente: O-17-12-A

Partes: Juan Wilfredo Zapata Villanueva y Nemecio Vicente Mamani en representación del Sindicato de Trabajadores Fabriles Ferrari Guezzi de Oruro c/ Víctor Bascope Escalier y otros.

Proceso: Nulidad de Documentos.

Distrito: Oruro.


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 1041 a 1043 vlta, interpuesto por Juan Wilfredo Zapata Villanueva y Nemecio Vicente Mamani, en representación del Sindicato Fabril de Trabajadores Ferrari Guezzi de Oruro; contra el Auto de Vista Nro. 029/2012, de fs. 1033 a 1035, de 03 de abril de 2012, pronunciado por la Sala Civil, Familiar y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso de Nulidad de Documentos seguido por Juan Wilfredo Zapata Villanueva y Nemecio Vicente Mamani en representación del Sindicato de Trabajadores Fabriles Ferrari Guezzi de Oruro contra Víctor Bascope Escalier, Darío Acarapi Huarachi, José Challapa Cárdenas, Freddy Edgar Del Castillo Meneses, Sonia Jael del Castillo Meneses y Teresa Roxana Del Castillo Meneses; la contestación de fs. 1049 a 1051 vlta, y la concesión de fs. 1059; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Primero en lo Civil, el 28 de noviembre de 2011, declaró la perención de instancia de la acción intentada por Juan Wilfredo Zapata Villanueva y otros contra Víctor Bascope Escalier y otros del Sindicato de Extrabajadores Ferrari Guezzi, en estricta aplicación de los arts. 4 - 1) y 309 del Código de Procedimiento Civil.

Contra dicha resolución, presentan su recurso de apelación los demandantes Juan Wilfredo Zapata Villanueva y Nemecio Vicente Mamani el cual fundamentan e indican que era deber del Juez A quo declarar la rebeldía de los demandados que no han contestado y que esta negligencia del Juez que es director del proceso no puede terminar en perención de instancia y lo único que conlleva es la pérdida de competencia por la retardación de Justicia que se hubiere operado.

El Tribunal de Alzada en virtud a la apelación y a los antecedentes del proceso Confirma el Auto de fecha 28 de noviembre de 2011.

Contra la resolución de segunda Instancia, los demandantes recurren en casación en la forma y en el fondo, recurso que se analizan.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Primero: El Auto de Vista vulnera las reglas del debido proceso en virtud de no ejercer el deber de corregir los defectos y salvar las omisiones que fueren advertidas en el proceso y que solo se limita a confirmar el Auto definitivo, sin tomar en cuenta que el Juez A quo como director del proceso tenía que ejercer el principio de impulso procesal y que esa facultad no le correspondía a la parte demandante sino al Juez y que en el Auto de Vista se indica que al no existir este impulso procesal las partes tenían el derecho de acudir al Consejo de la Magistratura para sentar denuncia, vulnerándose con la resolución de segunda instancia lo establecido en la nueva Ley del Órgano Judicial en sus art. 15, 17 y 30 y que debería sancionarse con nulidad.

Segundo: Acuso la vulneración del Art. 90 del Código de Procedimiento Civil, indicando que en el Auto de Vista se confiesa que el Juez A quo implícitamente hubiese perdido la competencia, pero se resuelve de distinta forma y que a criterio del recurrente sería injustificado; mencionó también que el Auto Supremo que se menciona en el cual se basa la resolución no indicaría el número y la fecha del mismo y que además dicha resolución no toma en cuenta los fundamentos expuestos y detallados en su recurso de apelación.

Tercero: Indicó que existen irregularidades que el Tribunal de Alzada advirtió en el Auto definitivo que dictó el Juez A quo vulnerando lo dispuesto por el art. 90 del Código de Procedimiento Civil lo que viabiliza el recurso de casación en la forma en virtud a que se ha dado mala aplicación a lo dispuesto en el art. 309 del Adjetivo Civil y que debería sancionarse con la pérdida de competencia conforme al art. 208 del mismo Código Civil.

Cuarto: Mencionó en el fondo que al justificar la decisión del A quo el Tribunal de Alzada vulnera lo dispuesto por el art. 309 del Código de Procedimiento Civil, incurriendo en interpretación errónea y vulneración del art. 2 del Código de Procedimiento Civil, indico que la perención es la sanción al actor cuando tiene que probar algo, responder algún incidente o excepción planteada o cuando no cumple con alguna diligencia que dispuso el Juez que tramita la causa y que en esos casos si procede la perención y no cuando se debería declarar la rebeldía, hechos que a criterio del recurrente vulneran en el fondo el proceso y que el Tribunal de alzada debería anular obrados conforme a la ley.

Terminó peticionando de manera textual "CASAR EL RECURSO EN LA FORMA CON LA REPOSICIÓN DE OBRADOS o ALTERNATIVAMENTE CASANDO EN EL FONDO CON LA NULIDAD DEL AUTO DE VISTA Y AUTO DE FECHA 28-11-11...".

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

El recurso de casación es considerado como un medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por ley y dirigido a lograr que el máximo Tribunal revise y reforme o anule las resoluciones expedidas en apelación que infringen las normas de derecho material, las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales.

La Casación tiene por fin privilegiar la recta aplicación de la ley y de esta manera alcanzar la justicia en la resolución de los conflictos procesales. Por ello, estamos ante una institución necesaria y de enorme importancia en la administración de justicia, pues gracias a ella, se cuenta con una vía que asegura la correcta aplicación o interpretación de las normas jurídicas y la uniformización de la jurisprudencia nacional.

Como característica esencial de este recurso podemos establecer que no se trata de una tercera instancia, pues el Tribunal de casación es un Tribunal de derecho y no de hecho, por ello el recurso solo procede por las causales taxativamente indicadas por la ley, debiendo el Tribunal de Casación circunscribirse a considerar las causales invocadas por el recurrente y siempre que se formulen con observancia de los requisitos exigidos por la misma ley.

Al respecto la uniforme jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia, con la que se comparte criterio, señaló que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, que puede ser planteada en el fondo o en la forma o en ambos a la vez, conforme está establecido en el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil.

Cuando el recurso de casación se interpone en el fondo, esto por errores en la resolución de fondo o errores en la resolución de fondo del litigio, los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el artículo 253 del adjetivo civil, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva resolución que resuelva el litigio, unificando la jurisprudencia e interpretación de las normas jurídicas o creando nueva jurisprudencia; en tanto que si se plantea en la forma, es decir por errores de procedimiento, la fundamentación debe adecuarse a las causales y previsiones contenidas en el artículo 254 del mismo cuerpo legal, siendo su finalidad la anulación de la resolución recurrida o del proceso mismo cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso sancionadas con nulidad por la ley. En ambos casos, es de inexcusable cumplimiento el mandato del artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.

De lo manifestado precedentemente se concluye que el recurso de casación en el fondo y el de forma son dos medios de impugnación distintos, que persiguen igualmente finalidades diferentes, el uno, nos referimos al de fondo, está orientado a que el Tribunal Supremo revise el fondo de la resolución del litigio, y en este caso lo que el recurrente pretende es que el Auto Supremo Case la resolución recurrida y resuelva el fondo de la controversia en base a la correcta aplicación o interpretación de la ley o la debida valoración de la prueba. En cambio el recurso de casación en la forma está orientado a que el Tribunal Supremo constate la existencia de errores formales en la resolución impugnada o de procedimiento en la sustanciación de la causa que conlleven la afectación del debido proceso, en ese caso la pretensión recursiva del recurrente está orientada a la nulidad de la resolución impugnada o a la nulidad de obrados.

Establecido lo anterior mencionaremos que:

Una de las formas extraordinarias de conclusión del proceso es la perención de instancia, basada en la inactividad de las partes por el tiempo de seis meses, que se computa desde la última actuación, que no es precisamente del demandante, sino de cualquiera de los sujetos principales del proceso incluido el Juez como director del proceso, por lo que le corresponde evitar su paralización e incurrir en sanción de perención, conforme previene la norma del artículo 309 del Código de Procedimiento Civil. Por lo dicho, para que proceda una declaratoria de perención debe haber una instancia, una inactividad procesal, transcurso de un plazo y finalmente una resolución judicial que declare operada la perención.

En la litis, existe una instancia, iniciada por Juan Wilfredo Zapata Villanueva y Nemecio Vicente Mamani en representación del Sindicato de Trabajadores Fabriles Ferrari Guezzi de Oruro, la misma que fue objeto de contestación por los ahora demandados; dentro de ese trámite ha existido una inactividad de mas de 6 meses, evidenciándose en la causa, que la última actuación data del 18 de abril de 2011 que corresponde a la diligencia de notificación que cursa a fs. 990 y vlta, diligencia que notifica a las partes con la contestación al incidente formulado por los codemandados.

Desde dicha fecha en obrados no cursa ninguna actuación que viabilice la continuidad del mismo, mas al contrario se encuentra la petición de perención presentado por la parte demandada que data de fecha 24 de noviembre de 2011, memorial presentado después de haber transcurrido mas de 6 meses.

Como consecuencia a dicha solicitud el Juez A quo en fecha 28 de noviembre de 2011, sancionó dicha inactividad con la perención de instancia.

En ese mismo sentido tenemos al Dr. Carlos Morales Guillen quien en su texto de Código de Procedimiento Civil nos indica con respecto a la perención lo siguiente: "... es de interés público que los procesos no permanezcan paralizados indefinidamente y porque ha de entenderse que el Estado, después de un período de inactividad procesal prolongado, debe liberar a sus propios órganos, de las obligaciones derivadas de la existencia de una relación procesal abandonada (Chiovenda, Alsina)...", por lo dicho era deber de la parte demandante no dejar transcurrir mas de 6 meses, mucho menos si consideraba que era deber del Juez a quo declarar la rebeldía y resolver los incidentes de nulidades, hecho que en la litis la parte interesada dejó de ejercer y de activar por mas de 6 meses; olvidando por completo el interés que cuentan las partes del proceso quienes también tienen la obligación de activar y de exigir el fiel cumplimiento de las normas procesales y no dejar todo en manos del Juez quien muchas veces por la carga procesal en la que cuenta no se encuentra al pendiente de un determinado proceso y son las partes como interesadas, quienes tienen que estar al pendiente de sus pretensiones dentro de una acción judicial.

Por todo lo expuesto, y en virtud de no ser evidentes las infracciones acusadas, corresponde a este Supremo Tribunal fallar en la forma prevista por los arts. 271 num.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil de Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 -I) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de los art. 271 num.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casaciónen la forma y en el fondo de fs. 1041 a 1043 vlta, interpuesto por Juan Wilfredo Zapata Villanueva y Nemecio Vicente Mamani, en representación del Sindicato Fabril de Trabajadores Ferrari Guezzi de Oruro; contra el Auto de Vista Nro. 029/2012, de fs. 1033 a 1035, de 03 de abril de 2012. Con costas.

Se regula el honorario del profesional en la suma de Bs. 700.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani