TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 264/2012

Sucre: 20 de agosto de 2012.

Expediente: CB-56-12-S

Partes: Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Villa México Cochabamba c/ Ángel Hinojosa Fernández y Rosmery Torrico Lavayen

Proceso: Explotación Laboral

Distrito: Cochabamba


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fojas 104 a 106 interpuesto por Ángel Hinojosa Fernández y Rosmery Torrico Lavayen, impugnando el Auto de vista Nro.07/2012 pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso de Explotación Laboral, seguido por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Villa México Cochabamba contra Ángel Hinojosa Fernández y Rosmery Torrico Lavayen.

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, de fojas 12 a 13 el responsable la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Villa México de Cochabamba interpone demanda de explotación Laboral contra los señores Ángel Hinojosa Fernández y Rosmery Torrico, propietarios del "Frial Torrico", con relación al adolescente Samuel Vega Fernández de 14 años de edad.

El Juez Segundo de Partido de la Niñez y Adolescencia dicta Sentencia declarando probada la demanda y dispone la cancelación de la suma de Bs. 10.530.91 correspondiente a los beneficios que establece la Ley General del Trabajo en cuanto al tiempo trabajado y la indemnización por la pérdida de los dedos índice medio y anular de la mano derecha, así también dispone que el adolescente reciba terapia psicológica a través del equipo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Comuna de Villa México, para superar las secuelas que dejó la invalidez de su mano derecha,

Deducida la apelación la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba dicta el Auto de Vista Nro.07/2012, confirmando totalmente la Sentencia apelada con costas, ante esta resolución de Segunda Instancia los demandados Ángel Hinojosa Fernández y Rosmery Torrico Lavayen interponen recurso de casación.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Que, los demandados ahora recurrentes interponen recurso de casación exponiendo los argumentos de su recurso de casación en los siguientes términos:

Que, el Auto de Vista de fecha 7 de febrero de 2012, contiene interpretación errónea de la ley, omisión de prueba existiendo error de hecho y de derecho y que el Juez a quo sin un compulsa adecuada de obrados, mucho menos de la prueba aportada ha establecido que el adolescente hubiera trabajado con los demandados sin considerar que el mismo estuvo en calidad de sobrino sin ninguna obligación laboral y que en el afán de favorecer al trabajador se han dictado resoluciones contrarias a la ley y a la Constitución Política del Estado.

Asimismo al ratificar el Tribunal de Alzada que el Juez aquo ha valorado a cabalidad todas y cada una de las pruebas aportadas en estricta aplicación de lo previsto por los Art. 1286 del Código Civil y 397 de su procedimiento, se olvida que dentro del proceso existen declaraciones testifícales de cargo que evidencian que nunca vieron al menor trabajando, pruebas que no han sido valoradas y que fueron más bien ignoradas.

El Auto de Vista impugnado, omite considerar que la edad mínima para trabajar según el Art 126 del Código Niña Niño y Adolescente se fija en 14 años, aspecto que cumple el adolescente estando habilitado para trabajar y que por lo tanto debía trabajar una jornada efectiva de ocho horas hecho que nunca ocurrió en la practica, entonces mal se puede reclamar una remuneración o salario, quedando claro que el adolescente no tenía la condición de empleado o trabajador sino más bien de un familiar que fue acogido a ruego de su propia madre

Finalmente los recurrentes indican que nunca acordaron pagarle al adolescente el monto de Bs. 360, resaltando que el pago de la suma de Bs. 10.530.81, apoyado en el certificado extendido por la Jefatura el trabajo cursante a fs. 58 es un abuso porque además el adolescente apenas trabajo 11 días ni siquiera un mes, vulnerando el Art 84 de la Ley General del Trabajo, termina expresando que el Juez A quo no ha considerado en su Sentencia los pagos efectuados cuando el adolescente sufrió el accidente que ascienden a la suma de Bs. 4410 y Bs. 98.50, los mismos que no han sido considerados para que sean descontados de la inventada liquidación.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

Planteado como se encuentra el recurso de casación en el fondo, se pasa analizar el mismo:

Que, la prueba conforme lo establece el Art. 1286 de Código Civil, será apreciada por el Juez de acuerdo a la valoración que le otorga la Ley, pero si esta no determina otra cosa, podrá hacerlo conforme a su prudente criterio". Asimismo el Art 1283 Inc. I) del Código Civil, al referirse a la carga de la prueba establece que quién pretende en juicio un derecho debe probar el hecho o hechos que fundamentan su pretensión".

Que, en el presente caso lo que se discute son derechos laborales del adolescente y una indemnización por la invalidez de su mano derecha por lo que se ingresa a materia laboral y seguridad social, en la que la carga de la prueba corresponde al empleador de acuerdo al principio de inversión de la prueba, así como el principio "indubio pro operario" el mismo que establece que en caso de duda se favorece al trabajador y el "principio de la norma más favorable" que expresa que cuando el trabajador sujeto débil de toda relación laboral invoca administración de justicia, la autoridad debe aplicar la normas más favorable al trabajador.

Que dentro del proceso se puede establecer que el Juez A quo ha valorado la prueba aportada en su conjunto, es decir tomando en cuenta la prueba testifical, liquidación presentada por la inspectoría del Trabajo, informes sociales y psicológicos, informes médicos forenses, declaraciones testificales, teniendo además especial cuidado con lo que se viene discutiendo como son los derechos laborales del adolescente Samuel Vega Fernández, mismos que están garantizados por el Código del Niño, Nina y Adolescente que ante todo es proteccionista así lo establecen los Arts. 5, 6, 7 y 8 del mencionado Código por cuanto se trata de menores de edad, el espíritu proteccionista concuerda con lo establecido por el Art. 189 de la mencionada Ley 2026 que textualmente dice "Las políticas de protección considerarán la situación de los niños, niñas y adolescentes en forma general , y en particular, la situación de riesgo social que amenazan a estos por el incumplimiento y violación de sus derechos", ciertamente el incumplimiento y violación de sus derechos es un punto en el que hay que hacer énfasis puesto que si bien es cierto que el adolescente tiene vínculo de parentesco con su empleador ya que es su sobrino, no es menos cierto que al ingresar al hogar de los demandantes ahora recurrentes desempeñaba un trabajo, por tanto tenía derecho a percibir un salario, trabajo que inicialmente tenía un horario y tareas determinadas que cumplir, y que posteriormente fue modificado, trabajando el adolescente más de ocho diarias, así lo demuestra el informe psico- social cursante de fs. 4 a 6, informe psicológicos de fs 72 a 80 de obrados.

Incidir también que al existir en su fuente de trabajo una máquina moledora de carne, que implícitamente conllevaba un riesgo, constituyendo este un trabajo peligroso y prohibido para menores de edad conforme lo establece el Art 8 de la Ley de Higiene Seguridad, Ocupacional y Bienestar, norma que los recurrentes han pasado por alto en total perjuicio del adolescente, al pretender minimizar los riesgos de un trabajo peligroso como lo han hecho los demandados afirmando que cualquier persona podría manipular la referida máquina, sin considerar los peligros y la obligación que tenían como empleadores de no permitir que el adolescente manipule dicha máquina, demuestra una vez más el total descuido y vulneración de normas por parte de los demandados ahora recurrentes

El pretender que se valore solamente la prueba testifical de descargo cursante a fs. 81 y 82, donde los testigos indican que no conocen al adolescente o que nunca vieron al mismo en el horario que ellos distribuían la carne, es una interpretación errónea e incorrecta puesto que la misma debe valorarse en su conjunto, porque las pruebas producidas dentro del proceso se complementan con el resto de las otras sean estas de cargo como de descargo, teniendo el Juez de la causa la obligación de valorar y tasar la totalidad de las pruebas aportadas.

El espíritu proteccionista de la Ley 2026, está estrechamente relacionada con el principio del interés superior del niño y adolescente establecida en el Art 6 del Código Niño, Niña y Adolescente que a letra dice " Las normas del presente Código deben interpretarse velando por el interés superior del Niño, Niña y Adolescente de acuerdo con la Constitución Política del Estado, las Convenciones; tratados Internacionales vigentes y las leyes de la República", concordante con la Convención Internacional sobre los derechos del Niño de la cual es parte nuestro Estado Plurinacional determinada en el Art 3 parágrafo 1 y 2 de dicha Convención cuando establece textual "1.-En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño 2.-Los estados partes se comprometen a asegurar al mismo la protección y el cuidado que sea necesario para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores y otras personas responsables de él ante la ley, y con ese fin tomarán todas las medidas legislativas y administrativas.

Que, conforme se puede evidenciar dentro del proceso el Juez A quo ha valorado correctamente la prueba producida en el mismo, considerando el interés superior del adolescente y el espíritu proteccionista del Código, puesto que es evidente que el adolescente ha sufrido el accidente en el lugar donde se encontraba trabajando, cercenándose los dedos lo que ha ocasiona incapacidad en la mano derecha, que así lo demuestran los informes psicosocial de fs. 4 a 7, certificado médico de fs. 43 a 45, informe psicológico de Fs.72 a 80, informes que desvirtúan también el hecho de que el adolescente colaboraba en la carnicería sin un horario establecido. En cuanto al sueldo que también observa el recurrente, indicar que hubiese sido fijado inicialmente en Bs 300 e incrementado a Bs. 350 que es irrelevante, porque el monto acordado infringe lo dispuesto por el Art 129 del Código del Niño, Niña y Adolescente, debiendo aplicarse el salario mínimo nacional tal cual consta en la planilla de liquidación cursante de fs 58 a 59, en cuanto al tiempo de trabajo en el mismo informe psicosocial de fs. 4 a 7 se establece que el adolescente comenzó a trabajar en fecha 18 de marzo 2011, sufriendo el accidente de trabajo el 18 de abril de 2011, por lo que se demuestra que Samuel Vega Fernández de 14 años de edad, trabajó un mes y no solo 11 días como manifiestan los recurrentes y que una vez sufrido el accidente de trabajo le corresponde un indemnización no solo por la pérdida de los dedos índice medio y anular de la mano derecha, sino por las consecuencias psicológicas que el adolescente tendrá que superar.

Que, los demandados ahora recurrentes deben considerar que el monto de liquidación de Bs. 10.530.91 es un monto que le debe servir al adolescente para su tratamiento posterior y una efectiva rehabilitación, siendo indispensable que la misma sea cancelada en un solo pago en forma global y directamente al adolescente en previsión del Art 5 parágrafo IV del Código Civil. Asimismo no corresponde descuento alguno al monto a cancelar, conforme a lo establecido en el art. 103 y 106 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo.

Por las razones expuestas este tribunal no encuentra que sean fundados los agravios exteriorizados por los recurrentes, correspondiendo fallar en la forma prevista por los arts.271.numeral 2) y 273 del Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el Art. 42 numeral 1 de la Ley de Órgano Judicial y en aplicación de lo previsto por los arts.271 numeral 2) y 273 del Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo cursante de fs. 104 a 106 de obrados, interpuesto por Ángel Hinojosa Fernández y Rosmery Torrico Lavayen Con costas. Disponiendo que el monto fijado sea cancelado en un solo pago al adolescente, con beneficio de indexación, bajo supervisión de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Villa México Cochabamba.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgda. Rita Susana Nava Durán.