TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 259/2012

Sucre: 17 de agosto de 2012

Expediente: SC-55-12-S

Partes: Víctor Castro Flores c/ Hugo Uslar Ayala y María Olga Gómez de Uslar

Proceso: Modificación de resoluciones que declaran probada y confirman una excepción en proceso coactivo civil.

Distrito: Santa Cruz


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Víctor Castro Flores de fs. 350 a 352 vlta., impugnando el Auto de Vista de Nº 501 de fecha 22 de noviembre de 2011, pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz (ahora Tribunal Departamental de Justicia), dentro del proceso de modificación de resoluciones que declaran probada y confirman una excepción en proceso coactivo civil, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, tramitada la causa, el Juez Primero de Partido en lo Civil y Comercial de Santa Cruz, emitió la Sentencia Nº 12/11 de fecha 21 de abril de 2011, cursante de fojas 317 a 321 vlta., declarando improbada en su totalidad la demanda de fs. 169 a 174 interpuesta por Víctor Castro Flores e improbadas las excepciones perentorias planteadas por los demandados de fs. 191 a 194 (debería decir de fs. 191 a 199), y probada la demanda reconvencional de fs. 191 a 194 (debería decir de fs. 191 a 199) interpuesta por los demandados María Olga Gómez de Uslar y Hugo Uslar Ayala, en consecuencia se anula el Instrumento Público Nº 127/2001 de fecha 19 de junio de 2001 y el Instrumento de Poder Nº 256/98 de fecha 13 de julio de 1998, con la respectiva orden de cancelación de gravamen hipotecario.

Recurrida la Sentencia mediante apelación por Víctor Castro Flores de fs. 327 a 331, la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz (ahora Tribunal Departamental de Justicia), mediante Auto de Vista Nº 501, cursante de fojas 344 a 345, confirma en todas sus partes la sentencia apelada cursante de fs. 317 a 321 vlta.

Resolución que dio lugar al recurso de casación en el fondo interpuesto por parte del demandante Víctor Castro Flores, que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

Que, el Auto de Vista que se recurre en casación, contendría disposiciones contradictorias perjudiciales para las partes del proceso. Que en el Auto de Vista se habría violentado el artículo 190 del Código de Procedimiento Civil porque contendría disposiciones contradictorias al declarar probada la demanda y al mismo tiempo confirmar una Sentencia que declara improbada la demanda.

Por otro lado señala que existiría violación y aplicación indebida de la Ley, y que de la revisión de la resolución se tendría que la única norma que sustentaría toda la resolución es el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, referido a la valoración de la prueba. Considera que en este caso no se valoró de acuerdo a ley porque se dice confirmaría sentencia que declararía probada la demanda reconvencional sin prueba alguna, refiriendo el auto de relación procesal y los puntos de hecho a probar y desglosando los medios de prueba como son la documental y la posibilidad de su presentación a tiempo de presentar asimismo la demanda o la contestación, en su caso la reconvención -demanda que dice no fuera admitida-, la de testigos, peritos y confesión.

Que, si no se presentaron pruebas documentales, que el testigo no se hubiera presentado a declarar, que tampoco se hubiera producido prueba de peritos y la confesión provocada no fue considerada, se cuestiona, ¿en mérito a qué se puede concluir que se ha valorado correctamente la prueba para confirmar la sentencia que declara probada la demanda reconvencional?, que todas estas omisiones y desconocimientos serían violaciones y aplicaciones indebidas.

En un punto aparte refiere que en el Auto de Vista no se habría valorado la prueba legal presentada por su parte consistente en fotocopias legalizadas del expediente del proceso coactivo civil tramitado ante el Juez Tercero de Partido en lo Civil de la Capital en el que constaría el préstamo de dinero, y en el cual se hallaría inserta la Escritura Pública Nº 127/2001 de fecha 19 de junio de 2001, que al estar autorizado por funcionario público competente como es el Notario de Fe Pública haría plena fe entre partes como entre sus herederos según el art. 1289 del Código Civil.

Que el fundamento del Auto de Vista en referencia al artículo 397 del Código de Procedimiento Civil de que la prueba se habría valorado correctamente fuera falso, pues los documentos públicos acreditados como prueba no hubieran sido valorados porque simplemente no fueron considerados.

Concluye indicando que interpone recurso de casación en el fondo y solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia Case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo declare probada su demanda.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

Que, en función a los fundamentos expuestos, corresponde analizar la impugnación, teniéndose al respecto:

Ante la acusación de haberse violentado el art. 190 del Código de Procedimiento Civil al considerar que no contendría disposiciones precisas al ser contradictoria, y que habría términos contrapuestos, cabe aclarar que esta fue enmendada por vía de complementación, como se verifica en Auto de fecha 27 de diciembre de 2011 de fs. 355, de manera que no corresponde su consideración como infracción de la referida norma legal.

El razonamiento que expone el recurrente para sustentar su posición es muy limitado, en el sentido de que pretende se haga valer de manera parcial la prueba que se produjo en la tramitación del proceso y sobre todo para el fallo favorable de la demanda reconvencional, por ello su cuestionamiento de que no se habría presentado ni producido prueba a tiempo de formular la contestación y la reconvención que -dice no fuera admitida-. A ese respecto cabe señalar que ello no es evidente, pues del memorial de fs. 223 en su punto 1, se verifica el ofrecimiento asimismo por parte de los demandados de "todo el proceso coactivo arrimado por el demandante", ratificado por memorial de fs. 233 y admitido a fs. 234, si bien es cierto que al mismo tiempo se ofertó otras pruebas, como la testifical y pericial, etc., habrá que considerar que en el legajo que se adjuntó del proceso Coactivo como prueba a la demanda principal, que fue ofrecido asimismo por los demandados, dan la certeza de la existencia de las mismas y que luego fueron valoradas por los tribunales de instancia.

La prueba debe ser valorada en su totalidad tratando de vincular armoniosamente sus distintos elementos de conformidad con las reglas impuestas por la norma legal, no cabe la posibilidad de tomar elementos de manera separada para fallar en uno u otro sentido en sujeción al ofrecimiento individual, esto implica ponderar las pruebas arrimadas unas con las otras y todas entre si; resultando censurable la descomposición de los elementos, o disgregarlos para ser considerados, aislados y separadamente como pretende el recurrente, con ese razonamiento dejaría de existir el Principio de la Comunidad de pruebas, denominado también como Principio de Adquisición de la prueba, y refiere a que una vez aportadas las pruebas por las partes, éstas no son de quien las promovió sino que serán del proceso, en otras palabras, puede decirse que al momento de que las partes introduzcan de manera legal las pruebas en el proceso, su función será la de probar la existencia o inexistencia de los hechos del proceso con independencia de que lleguen a beneficiar o perjudicar a quien las promueva, o a su contradictor, quien de igual forma puede llegar a invocarlas como sucedió en autos; en este caso en particular, la prueba ofrecida y adjuntada por el mismo demandante que corre de fs. 1 a 168, contiene los elementos necesarios como para ser valorados en la tramitación de la presente demanda, independientemente de que se las hubiera contrastado o ratificado con nuevas pruebas. Siendo pertinente además referir sobre la valoración probatoria, que debe tenerse en cuenta el principio de la unidad de la prueba y que en aplicación de este principio el juez está obligado a realizar un análisis unitario, es decir estimar cada una de las pruebas obrantes en el proceso, para darle el mérito que corresponda frente a la controversia para, en aplicación del principio de comunidad probatoria, manifestar su criterio frente al conjunto de pruebas, teniendo en cuenta como se dijo, que estas pertenecen al proceso y no a la parte que las ofreció.

De la revisión del fallo recurrido se verifica el cumplimiento de estos principios, de manera que no tiene asidero el cuestionamiento del recurrente con relación a la conclusión arribada por parte del Tribunal Ad quem de confirmar la sentencia, no existiendo omisión ni desconocimiento alguno que pueda implicar o considerarse violatorio de normas o aplicación indebida.

Concierne relacionar el análisis ya efectuado supra, con referencia al reclamo del recurrente de que no se hubiera valorado la prueba aportada por su parte y la posibilidad de que se tome en cuenta solamente la Escritura Pública Nº 127/2001 de fecha 19 de junio de 2001, que demostraría la existencia de un préstamo de dinero, al parecer de manera aislada, cuando en los hechos por el estudio pericial que está contenido en el legajo probatorio adjunto a la demanda, se ha discutido la legalidad y validez precisamente de ese documento por la concurrencia de defectos que desvirtuaron su eficacia, y esta situación no ha sido contrastada por el demandante ni en la demanda coactiva ni en el presente proceso -porque tenía la oportunidad de contrastar aquello y demostrar que el documento cuestionado en su legalidad mas bien cumplía con todas las formalidades legales por su autenticidad destruyendo lo afirmado en el estudio pericial-, no se lo ha hecho de ninguna forma, entonces llegaremos a la conclusión que al estar validado por su inactividad o consentimiento el cuestionamiento hecho a la legalidad del documento que se pretende como no valorado, no se puede en un recurso de esta naturaleza invocar como no considerado o no valorado operando asimismo el principio de convalidación. Careciendo una vez más de fundamento el razonamiento en el sentido pretendido, produciéndose lo que Eduardo Couture refiere "La doctrina llama admisión a la circunstancia de no impugnar las proposiciones del adversario. Los hechos admitidos quedan fuera del contradictorio y, como consecuencia natural, fuera de la prueba."

Por lo anterior y en razón de no evidenciarse la existencia de error alguno que fuera conducente a revertir la resolución venida en casación, corresponde fallar en aplicación de los artículos 271-2), 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial No. 025 de 24 de junio 2010 y en aplicación de lo previsto por los artículos 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo presentado por Víctor Castro Flores de fs. 350 a 352 vlta. Con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs.1000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

elator: Mgdo. Dr. Rómulo Calle Mamani.