TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 255/2012

Sucre: 15 de agosto de 2012

Expediente: LP-62-12-S

Partes: Pablo Quisbert Torrez y otra c/ Banco de Crédito de Bolivia S.A. representado por Diego Antonio Cavero Belaunde

Proceso: Prescripción Liberatoria y Cancelación de Gravámenes y Restricciones en Matrícula.

Distrito: La Paz


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por el Banco de Crédito de Bolivia S. A. representado por Edwin Ronald Franco García de fs. 121 a 123 vlta., impugnando el Auto de Vista No. S-151/12 de fecha 27 de abril de 2012, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso de Prescripción Liberatoria y cancelación de gravamen seguido por Pablo Quisbert Tórrez y Cristina Salomé Aliaga de Quisbert contra Banco de Crédito de Bolivia S. A., los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, tramitada la causa, el Juez Octavo de Partido en lo Civil y Comercial en suplencia legal del Juez Séptimo de Partido en lo Civil y Comercial, emitió la Sentencia No. 085/2011 de fecha 25 de marzo de 2011 cursante de fojas 80 a 82 vlta., declarando Probada la demanda de fs. 11 a 12, en todas sus partes y declara operada la prescripción liberatoria de la garantía hipotecaria otorgada mediante Escritura Pública No. 1534/1997, presentada por Pablo Quisbert Tórrez y Cristina Salomé Aliaga de Quisbert.

Recurrida la Sentencia mediante apelación por Banco de Crédito de Bolivia S.A. representado por Holbein Oscar Arévalo Villarroel por memorial de de fs. 101-103, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista No. S-151/12 de fecha 27 de abril de 2012, cursante de fs. 117 a 118, confirma la sentencia apelada. Con Costas.

Resolución que dio lugar al recurso de casación interpuesto por parte de la entidad demandada Banco de Crédito de Bolivia S.A., que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

Refiere interponer recurso de casación en el fondo y en la forma, empero a tiempo de su fundamentarlo se refiere sólo a casación en el fondo, relatando que:

1.- Que el Auto de Vista fuera incongruente en su parte considerativa en relación a la resolutiva que vulneraría el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, que la pretensión de los actores es únicamente extinguir la hipoteca que restringe el derecho propietario, considerándolo sui géneris toda vez que al ser un derecho real de garantía en el caso presente se constituye en accesorio, de manera que no podría ser admisible la extinción de lo accesorio sin la extinción de lo principal, que en mérito a ello se constituiría en un agravio previsto por el art. 1388 num. 1) del Código Civil y con el razonamiento del Auto de Vista se extinguiría la hipoteca pero persistiría el crédito o elemento principal.

Que la vulneración referida estuviera corroborada toda vez que la demanda únicamente se habría planteado a los acreedores hipotecarios y no contra la deudora, evitando que esté a derecho en el caso.

2.- Que el Auto de Vista de fecha 27 de abril de 2012, aplicaría erróneamente lo previsto por el art. 1391 inc. 3 del Código Civil, y no aplicaría lo previsto por el art. 1497 del Código Civil que cuando refiere a la posibilidad de ordenar la cancelación, hace presumir que el crédito está extinguido, sin embargo tanto como la sentencia únicamente se limitaría a la extinción de lo accesorio que es la garantía.

Que nuestra economía jurídica no admitiría la prescripción liberatoria como acción, y solo habría posibilidad de su admisión como excepción y así lo determinaría el art. 1497 del Código Civil, que establecida estaría en el art. 336 num. 9 del Código de Procedimiento Civil sobre este tema, Que la doctrina nacional y extranjera refiere sobre la naturaleza de esta excepción y que fuera una institución que actuaría como medio de contraataque, y una situación distinta fuera la acción de prescripción adquisitiva a la cual si se aplicaría el art.1492 del Código Civil, misma que erróneamente se pretendería aplicar en el caso de autos.

3.- Que el Auto de Vista habría cometido error in iudicando al interpretar el art. 371 del Código de Procedimiento Civil y que los puntos de hecho no fueron coincidentes con la finalidad o pretensión de la demanda, conducente o pertinente para la referida causa, refiriendo puntos que no habrían sido probados por la parte demandante y que al no haberse cumplido con el mandato del juez aquo la parte demandante no habría aportado los elementos necesarios para su pretensión, no habiendo correctamente aplicado lo previsto por los art. 353 y 354 del Código de Procedimiento Civil.

Que esta situación no hubiera permitido al juez a quo la valoración adecuada de la prueba y encontrar la verdad material de los hechos, como lo establecería la Constitución Política del Estado.

4.- Manifiesta asimismo que las literales aportadas de fs. 63 y 64 del expediente no hubieran sido valoradas correctamente, agraviando al derecho y violado el art. 1503 inc. II, del Código Civil referido a la prescripción, y que fueran presentadas en etapa pertinente, documentación que habría demostrado las acciones extrajudiciales efectuadas por la entidad demandada, la misma que considera error in iudicando.

Recordando que a efectos de verificar la prescripción como instituto de derecho, se requeriría de dos elementos, el transcurso del tiempo y la inactividad de la actividad del titular de la acción, que estaría por demás reiterar que en el caso, el segundo presupuesto no estaría probado y por lo mismo valorado, al haber demostrado una actividad extrajudicial como establece los art. 1492 y 1503 ambos del Código Civil.

Concluye por solicitar se declare por casado el auto de vista sin ninguna otra petición.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

De acuerdo a la jurisprudencia sentada por este Tribunal Supremo en concordancia con la doctrina de la materia, se ha establecido que el Recurso de Casación es un recurso extraordinario que tiene por objeto anular una sentencia judicial que contiene una incorrecta interpretación o aplicación de la ley, o que ha sido dictada en un procedimiento que no ha cumplido las solemnidades legales, es decir, por un error "in iudicando" o bien error "in procedendo" respectivamente. De acuerdo a este entendimiento son diferentes estos dos recursos aunque pueden interponerse al mismo tiempo o en forma conjunta, aclarando que una cosa es casar una resolución judicial y otra es anular el proceso o alguna actuación del mismo, persiguiendo en el primero de los casos se cambie una sentencia por la existencia de infracción de la ley y en el segundo caso, se deja sin efecto una sentencia o resolución judicial por existir violaciones de la ley procesal que producen indefensión a la parte y que solo puede ser restaurado con la nulidad de obrados.

En el caso que se analiza, si bien en la suma del memorial se dice formular recurso de casación en ambos efectos, es decir, en el fondo y en la forma, sensiblemente no desarrolla el referido a la forma, por lo que no existe nada que considerar con respecto a ello, circunscribiéndonos por lo mismo al recurso formulado en el fondo, considerando a ese fin que el núcleo del reclamo en los dos primeros puntos versa sobre la posibilidad de plantear la prescripción liberatoria sólo como excepción y no como acción al referir que estuviera reatado a una obligación que la llama principal, que fuera el crédito, no pudiendo según ese criterio proceder la extinción de la hipoteca sin la extinción del elemento principal cual fuera la deuda.

Con respecto a lo anterior corresponderá verificar el contenido del art. 1388 del Código Civil y llegar al entendimiento de cuales son las causales por las que se extinguen las hipotecas y estaremos ante la certeza que éste derecho real no puede extinguirse vía prescripción de manera directa simplemente contra la hipoteca sino como consecuencia de la extinción de la obligación principal, que en este caso fuera el crédito. Entonces debe entenderse que no son los derechos reales de garantía los que se pierden por el no uso de ellos, pues la prescripción liberatoria se aplica al crédito o derecho personal pero no al derecho real y en todo caso este último se extinguirá por vía de consecuencia al extinguirse el crédito garantizado, correspondiendo aclarar además que la extinción del crédito que lleva aparejada la de la hipoteca, es total, pues siendo parcial, la hipoteca sigue garantizando el crédito en la medida que sigue vigente, sin la pretensión de ser redundante se dirá entonces que la prescripción de la obligación hipotecaria sólo opera por vía de consecuencia, cuando se configura la extinción de la obligación, de tal manera que corresponderá en este tipo de casos y de producirse el transcurso del tiempo señalado por el art. 1507 con relación al art. 1492 ambos del Código Civil, entratándose de obligaciones patrimoniales y ante la inactividad del acreedor, promover la prescripción de la obligación principal, para que como consecuencia de la misma se opere asimismo por aplicación del principio de accesoriedad la extinción de la constitución de la hipoteca, lo que no ocurrió en la presente causa, al haberse tramitado de manera directa la prescripción de la hipoteca sin considerar que estaba reatada a una obligación principal de la que no se dijo nada. La consideración que se hace del comentario realizado en la sentencia por Messineo, no es aplicable al caso concreto, pues refiere a la "posibilidad de la prescripción de la hipoteca misma, independientemente del crédito, a favor del tercero adquiriente que ha inscrito su título de adquisición y que corre desde la fecha de inscripción, para las relaciones entre el tercero adquiriente y el acreedor hipotecario", que no es del caso considerar.

Si bien es cierto que por regla general la prescripción liberatoria o de acción se opera por el transcurso del tiempo señalado por ley y la inactividad del titular durante ese lapso, en el caso concreto abordado, al ser la garantía hipotecaria accesoria a una obligación principal, está sujeta al condicionamiento de la suerte de la misma, aspecto que debió ser comprendido por los jueces de instancia, resultando improponible la demanda misma planteada en la forma como se la hizo y conforme se tiene establecido por la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema (hoy extinta) con la que comparte criterio este Tribunal Supremo, la presentación, formalización y admisión de una demanda está sujeta a determinados controles ejercitados por el Órgano Jurisdiccional sobre los requisitos de contenido y pretensión (admisibilidad y fundamentabilidad de la pretensión), además de la proponibilidad de la pretensión, la competencia del Juez o Tribunal y la prueba del derecho que se debe adjuntar a la demanda. Así si la demanda es manifiestamente improponible, el juzgador está en la obligación de rechazar in límine o ab initio, es decir, al inicio la demanda interpuesta.

En el caso en cuestión, se demandó la prescripción liberatoria de la garantía hipotecaria de manera directa, sin considerar que ésta no podía operarse sin promover primero la prescripción de la obligación principal como se analizó, toda vez que la normativa legal no reconoce esa posibilidad, aspecto que no fue advertido por el A quo, admitiendo y tramitando un proceso sobre la base de una demanda improponible, en perjuicio de las partes y de la propia administración de justicia, incumpliendo lo previsto por el art. 87 del Código de Procedimiento Civil, aspecto que tampoco fue advertido por el Tribunal Ad quem como era su deber. Correspondiendo emitir fallo en sujeción a ese entendimiento.

Por otro lado e independientemente de lo ya expuesto, corresponde en la vía aclaratoria señalar que el razonamiento expresado por la entidad recurrente de la no posibilidad de formular la prescripción liberatoria como acción y únicamente como excepción, no es correcta; toda vez que ese derecho liberatorio podrá hacerse valer vía acción o excepción.

La norma citada por el demandado hoy recurrente, es decir, el art. 1497 del Código Civil, de ninguna manera puede interpretarse en sentido de que la prescripción liberatoria "únicamente" pueda ser admitida como excepción, quedando abierta la posibilidad de formulársela como acción.

Finalmente, al evidenciarse que la demanda es improponible y que el A quo debió rechazarla ab initio, no corresponde considerar el resto de los puntos que señalan en el recurso, sin que ello suponga la imposibilidad de la parte actora de accionar por vía de consecuencia la prescripción demandada siempre que se ataque la prescripción del crédito.

Por todo lo expuesto, corresponde a este Tribunal Supremo pronunciar fallo en sujeción a lo determinado por el art. 271-3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial No. 025 de 24 de junio 2010, en aplicación de lo previsto por los artículos 271-3) y 275 del Código de Procedimiento Civil ANULA obrados hasta fs. 12 vlta. inclusive, es decir hasta el estado que el Juez A quo en sujeción de lo establecido por el art. 3-1) del Código de Procedimiento Civil, emita nueva resolución conforme al razonamiento expuesto en el presente fallo.

Siendo excusable no se emite sanción alguna.

En virtud a lo previsto en el art. 17 parágrafo IV de la Ley Nº 025, comuníquese esta resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

elator: Dr. Mgdo. Rómulo Calle Mamani.