TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 251/2012

Sucre: 15 de agosto de 2012

Expediente: O-13-12-S

Partes: Felipa Mendoza Martínez c/ Aurelio Mendoza Martínez

Proceso: Adición de Datos Técnicos sobre ubicación exacta de lote de terreno

Rectificación de colindancias de lote de terreno en DDRR

Distrito: Oruro


VISTOS: El recurso de casación de fs. 336 a 337 y vlta. de obrados, interpuesto por Felipa Mendoza Martínez, contra el Auto de Vista Nº 036/2012 de 16 de abril 2012, cursante de fs. 331 a 333, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso de Adición de Datos técnicos sobre ubicación exacta de lote de terreno y rectificación de colindancias del mismo en matrícula de Derechos Reales, seguido por la recurrente contra Aurelio Mendoza Martínez; los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, adjuntando documental Felipa Mendoza Martínez afirma que adquirió un lote de terreno que se encuentra ubicado en la Zona Sud Chiripujio Alamasi - Urbanización San Cristóbal de la ciudad de Oruro, signado con el Lote Nº 2, manzano Nº 2-26, mismo que se encuentra registrado en Derechos Reales bajo la Matricula Nº 4.01.3.03.0000633 a nombre del anterior propietario y que a tiempo de apersonarse ante la oficina de Derechos Reales para registrar su derecho propietario, fue rechazada la solicitud mediante papeleta de observaciones, toda vez que no estarían consignados con absoluta claridad aspectos relativos a la ubicación exacta del lote de terreno en cuestión, además de las colindancias con los siguientes detalles: Adicionar: Lote de terreno ubicado en el pasaje Zabalaga entre Pasaje Uruguay, Urbanización San Cristóbal, Manzano 2-26, Lote Nº 2, Zona Sud Chiripujio Alamasi. Rectificar colindancias: Norte con lote s/n (incorrecto), al correcto Norte: con el Pasaje Zabalaga; al Sud con Primitivo Olivera (incorrecto) al correcto Sud: con propiedad de vecino; al Este con Victoria Revilla (incorrecto), al correcto Este con propiedad de vecino; y al Oeste con Pedro Suaznabar (incorrecto), por el correcto Oeste con el pasaje Paraguay.

Que, citado el demandado éste respondió a la demanda de manera afirmativa y confesó positivamente los extremos de la demanda. Y en conocimiento de dicho proceso, se apersonó Octavio Santos Colque quien interpuso tercería de dominio excluyente, señalando que el lote de terreno del que pretende la demandante rectificar las colindancias se trata de otro lote de terreno ubicado en otro manzano.

Sustanciado el proceso, el Juez Cuarto de Partido en lo Civil de la Capital, mediante Sentencia Nº 724/2011 de 25 de agosto 2011 declaró improbada la demanda y probada la tercería excluyente planteada por Octavio Santos Colque.

Deducida la apelación por la demandante, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Oruro, mediante Auto de Vista Nº 036/2012 de 16 de abril de 2012, confirmó la sentencia apelada; por lo que en conocimiento de dicha resolución Felipa Mendoza Martínez interpuso recurso de casación, cursante de fs. 336 a 337 y vlta. que se pasa a considerar.

CONSIDERANDO II

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

Sin diferenciar si recurre en la forma o en el fondo, Felipa Mendoza Martínez afirma que el Auto de Vista vulneró el art. 397 del Código de Procedimiento Civil, porque en antecedentes cursa prueba documental fehaciente e idónea como ser el formulario de la Alcaldía Municipal de Oruro de 28 de junio de 1999 de línea nivel, donde se demuestra que el Lote Nº 2, Manzano 26, tiene un frente sumado de 37 m² que queda en esquina, de fs. 86; lo propio con el plano demostrativo de Aurelio Mendoza, catastrado bajo el Nº 6-237-1, donde también se evidencia que el Lote Nº 2, Manzano Nº 26 se encuentra en esquina y el plano oficial aprobado por la Alcaldía Municipal de la urbanización San Cristóbal, del cual se establece claramente que el Lote del que solicita la rectificación de colindancias se encuentra ubicado en esquina. También refiere que el informe técnico de fs. 38 referido al código catastral y la inspección de visu de fs. 128 demuestran que el código catastral se relaciona con el registro de antecedente de DDRR Nº 2971/96. Prueba que no fue correctamente valorada por el ad quem y que en virtud a lo previsto en el art. 252 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal de Casación tiene facultad fiscalizadora, debiendo sancionar estos actos con nulidad.

Asimismo, señala que se contravino el art. 353 y 354 del Código de Procedimiento Civil, argumentando que no se observó el debido proceso, ya que el Auto de Vista no se circunscribe a analizar las pruebas aportadas, existiendo parcialidad en su actuación, hecho que atenta a sus intereses.

De otro lado señala la violación del art. 358 del Código de Procedimiento Civil, porque el Auto de Vista afirma que el tercerista de derecho excluyente aportó con prueba pertinente para apoyar su pretensión, tesis que es falsa toda vez que el tercerista no acreditó su derecho propietario sobre el referido lote de terreno y solo en esas circunstancia pudo haber intervenido en calidad de tercerista, aspecto que tampoco fue tomado en cuenta por el Tribunal de alzada.

Finalmente solicita que el Tribunal máximo analizando en el fondo resuelva por casar el Auto de Vista recurrido y en cuya virtud anule la sentencia de primera instancia, disponiendo la prosecución de adición de datos técnicos y otros en Derechos Reales.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION

En forma reiterada este Tribunal ha señalado que el recurso de casación es considerado como un medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por ley y dirigido a lograr que el máximo Tribunal revise y reforme o anule las resoluciones expedidas en apelación que infringen las normas de derecho material, las normas que garantizan el derecho a un debido proceso o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales.

La Casación tiene por fin privilegiar la recta aplicación de la ley y de esta manera alcanzar la justicia en la resolución de los conflictos procesales. Por ello, estamos ante una institución necesaria y de enorme importancia en la administración de justicia, pues gracias a ella, se cuenta con una vía que asegura la correcta aplicación o interpretación de las normas jurídicas y la uniformización de la jurisprudencia nacional. Es por ello que la norma adjetiva obliga al recurrente a cumplir con requisitos de forma previstos en el art. 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, ya sea se plantee el recurso de casación en la forma o en el fondo, tomando en cuenta que el recurso de casación en la forma procede cuando la resolución recurrida fue dictada violando formas esenciales del proceso y, a su vez, el recurso de casación en el fondo, cuando el Juez o Tribunal de apelación ha emitido una Sentencia o Auto de Vista violando, interpretando erróneamente o aplicando indebidamente la ley, así como, cuando ha incurrido en error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba, conforme establecen los arts. 250, 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil, es decir, en la forma, por errores in procedendo que dan lugar a la nulidad del proceso y en el fondo, por errores in judicando, que motivan la invalidación de la resolución dictada con infracción de la ley sustantiva, no siendo suficiente, en ambos casos, la simple cita de disposiciones legales, sino fundamentar en qué consiste la infracción y precisar cuál la correcta aplicación de la norma cuya infracción se acusa; aspectos que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.

En el caso de autos, se advierte que la recurrente a tiempo de presentar su recurso, no diferencia si su medio de impugnación es en la forma o en el fondo; por una parte. Por otra señala que se había vulnerado los arts. 397, 353 y 354 del Código de Procedimiento Civil, detallando la prueba documental presentada en calidad de descargo sin señalar que el Ad quem hubiera incurrido en error de hecho o de derecho y menos sin precisar de qué manera se infringió la valoración de la prueba que señala o de qué manera los de instancia violaron o aplicaron falsa o erróneamente la ley, mucho menos especifica en qué consistió dicha violación, falsedad o error.

De otro lado menciona que es atribución del Tribunal Supremo revisar y fiscalizar intra proceso si los tribunales y jueces inferiores observaron en la tramitación del proceso y resolución de causas las normas procesales, conforme prevé el art. 252 del adjetivo civil y para el caso de evidenciar infracción se sancione con nulidad, sin especificar en su redacción la existencia de actuaciones procesales que merezcan la nulidad. Sin embargo de ello y como aclaración, de la revisión de antecedentes se evidenció que no existe ninguna actuación procesal de los jueces de instancia que posibilite la nulidad de obrados previo cumplimiento de los principios en los que se sustenta toda nulidad.

Finalmente, señalar que a tiempo de realizar su petición solicita se case el Auto de Vista y se anule la sentencia de primera instancia disponiendo la prosecución de la adición de datos técnicos, sin tomar en cuenta que las formas de resolución que pretende son ambiguas y excluyentes entre si; toda vez que si intenta que se case la resolución recurrida, debió regirse a las causales previstas en el art. 253 del Código de Procedimiento Civil y si pretendía la nulidad de la sentencia de primera instancia como señala el art. 254 de la misma norma legal citada contenía los numerales para invocar según corresponda y todas ellas previo cumplimiento de lo señalado en el art. 258 del adjetivo civil; por lo que al no encontrarse el recurso de casación correctamente planteado mucho menos contar con una petición coherente en apego al procedimiento previsto en el art. 250 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Esta carencia de técnica recursiva imposibilita que el Tribunal Supremo pueda abrir su competencia, correspondiendo al mismo fallar de la forma prevista en los arts. 271 num. 1) y 272 num. 2) del procedimiento civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los artículos 271 - 1) y 272 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación de fs. 336 a 337 y vlta. de obrados, interpuesto por Felipa Mendoza Martínez, contra el Auto de Vista Nº 036/2012 de 16 de abril 2012, cursante de fs. 331 a 333. Con costas.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs.700.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

elatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.