TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 232/2012

Sucre: 24 de julio de 2012

Expediente: LP - 40 - 12 - S

Partes: Elizabeth Jenny Quiroga Urquizo c/Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda "La Primera", representada por Carlos De Grandchant Suárez

Proceso: Mejor Derecho Propietario

Distrito: La Paz.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 231 a 235 vlta de obrados, interpuesto por la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda "La Primera", representada por su Gerente General Carlos De Grandchandt, así como por su Jefe Legal J. Mauricio Diez Canseco A., contra el Auto de Vista Nº 87/2012 de fecha 19 de marzo de 2012, cursante de fs. 207 a 208 pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de Mejor Derecho Propietario, seguido por Elizabeth Jenny Quiroga Urquizo contra la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda "La Primera", representada por Carlos De Grandchant Suárez, el auto de concesión de fs. 241, los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Juez Décimo Segundo de Partido Civil y Comercial de la Capital del Distrito Judicial de La Paz, el 29 de octubre de 2010, pronunció Sentencia, cursante de fojas 188 a 190 de obrados, por el cual declaró probada la demanda de mejor derecho de fs. 25 a 27 y se declaró el mejor derecho de propiedad de la actora Elizabeth Jenny Quiroga Urquizo, sobre el lote de terreno Nº 25 de 202.07 mts², ubicado en la urbanización Chasquipampa, Calle 44, Zona Calacoto Alto, registrado bajo la Matricula No. 2.01.0.99.0060059. También el Juez A quo declaro Improbada la demanda reconvencional de fs. 84 a 86 vlta, sobre acción negatoria y mejor derecho propietario.

Contra esa Sentencia de primera instancia, la Mutual "La Primera" interpuso recurso de apelación, que fue corrido en traslado y contestado el mismo, llegando a remitirse a la Sala Civil Segunda que emitió Auto de Vista de fecha 19 de marzo de 2012 donde Confirma la Sentencia.

Contra esa resolución de segunda instancia la parte demandada presenta recurso

de casación en el fondo y en la forma.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

Recurso de casación en la forma:

Acusó la nulidad del Auto de Vista por inexistencia de fundamentación legal respecto a las pretensiones contenidas en la demanda principal y la reconvencional, indicando que el Tribunal de alzada al igual que el Juez A quo en sus resoluciones no mencionaron ningún artículo del Código Civil para fundamentar sus resoluciones incurriendo en infracción de los art. 1, 190, 192 inc 2) y 3) y 236 del Código de Procedimiento Civil, vulnerando así el Principio "Iura Novit Curia", el Principio al Debido Proceso y Legalidad establecidos por la Constitución Política del Estado y que ésta infracción se encuentra sancionada con nulidad por disposición del art. 90 del Código Adjetivo Civil.

Por otro lado acusó la nulidad del Auto de Vista por violación del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, indicando que la resolución solo hace referencia al análisis incompleto e incorrecto de algunas pruebas con relación a la demanda, sin mencionar la demanda reconvencional de acción negatoria amparada en el art. 1455 del Código Civil y que en apelación fueron expuestos dichos agravios y al no haber sido resueltos por el Tribunal de alzada se ha violado los art. 227 y 236 del Procedimiento Civil en virtud de que la resolución de segunda instancia no se circunscribió a los puntos resueltos por el inferior que fueron objeto de apelación, deviniendo la resolución recurrida en citra petita.

Recurso de Casación en el Fondo:

Acusó la violación de los arts. 1538 y 1545 del Código Civil, mencionando que para declarar el mejor derecho propietario se debe cumplir con ciertos requisitos como son El derecho propietario inscrito en DD.RR., si por distintos actos el anterior propietario hubiese transferido el mismo inmueble a distintas personas y la prioridad del registro del título. Indicó que estos requisitos no fueron cumplidos en la litis, que el inmueble de propiedad de la actora y de los demandados es completamente distinto, ha sido trasferido por distintos propietarios, no siendo aplicable la prioridad del registro.

Mencionó que con esos antecedentes se ha desconocido la naturaleza jurídica de la demanda de mejor derecho, indicando que solo es procedente cuando se trata de declarar la preferencia entre adquirientes de un mismo inmueble, incurriendo en infracción de lo dispuesto por los arts. 1538 y 1545 del Código Civil.

Acusó también error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba.

Error de hecho:

Indico que de las pruebas documentales que cursan en obrados no han sido correcta ni legalmente valoradas y como consecuencia de dicha infracción se incurrió en error de hecho al reconocer que la demandante fuese propietaria de un lote de terreno completamente distinto al de su título de propiedad en virtud a su extensión, superficie y ubicación y que este hecho se encuentra corroborado por la codificación catastral que no corresponde a su propiedad indicando mas bien que corresponde a la propiedad de Mutual "La Primera".

Continuó mencionando que existe error de hecho en la apreciación de la prueba de Inspección y de la Declaración Testifical, indico que la inspección ocular de fs. 153 se llevo a cabo en un lote distinto al que es objeto en la litis y que de acuerdo a las medidas que señala el juez 35 mts de largo por 15 mts de ancho se encontrarían en un lote de terreno de 525 mts² siendo 317 m² mayor que el lote de la demandante y 223 m² mayor al de propiedad de la Mutual La Primera, llevándose dicha inspección en un lote distinto a los que sea hace evidente en los títulos de propiedad de ambas partes.

Con respecto a la declaración testifical de fs. 147, 148 menciono que con dicha declaración solo se prueba la posesión y no así se puede probar el mejor derecho propietario como equivocadamente declaró los tribunales de instancia, indicando que la testigo ni siquiera sabe el número del lote y cuando lo señala lo hace con el No. 52, numeración completamente contraria a la documentación presentada.

Error de Derecho:

Por las pruebas documentales presentados en el proceso concernientes en el Certificado emitido por el Sub Registrado de Derechos Reales, Testimonio de Escritura Pública No. 3581/2003, los títulos de propiedad de los anteriores propietarios y por el plano de lote aprobado por la sub Alcaldía zona sur de la ciudad de La Paz; el Tribunal de alzada solo considera la Escritura Pública No. 3581/2003, concluyendo que el acta de entrega formal del lote de terreno No. 9, con una superficie de 300.60 mts² ubicado en la calle 44 de la zona de Chasquipampa no puede dejar sin efecto su derecho propietario materializado en Escritura Pública de propiedad otorgado por juez competente.

Mencionó que el Plano del lote de fs. 45 estableció claramente que el lote objeto de la litis perteneció a Waldo Velásquez quien luego transfirió a Teófilo Quispe Ticona y finalmente este a Mutual La Primera y que cuenta con el Código Catastral No. 44-224-25 y que es el mismo que figura en la escritura pública No. 31/91 de fs. 58 vlta y que está concuerda con el mosaico catastral de fs. 20 y 125. Por todo lo dicho se a violado el art.105 del Código Civil incurriendo en error de derecho el tribunal de alzada al no otorgar el valor probatorio a los documentos públicos y los certificados emitidos por el Gobierno Municipal.

Concluyó solicitando que conforme a los antecedentes vertidos en la forma se anule el Auto de Vista o en caso de encontrar fundado su recurso en el fondo se Case el Auto de Vista en mérito a sus fundamentos expuestos.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

Habiendo la parte recurrente interpuesto recurso de casación en la forma y en el fondo, corresponde a este Tribunal Supremo pronunciarse primero respecto a las causales de nulidad acusadas, toda vez que de ser evidentes se resolvería por la nulidad de obrados, lo que determinaría la imposibilidad de emitir pronunciamiento sobre el fondo.

Establecido aquello corresponde precisar:

En la Forma:

En el marco de los agravios expuestos por la parte recurrente corresponde precisar que, el art. 192-2) del Código de Procedimiento Civil dispone que la sentencia contendrá en la parte considerativa con exposición sumaria del hecho o del derecho que se litiga, el análisis y la evaluación fundamentada de la prueba y la cita de las leyes en que se funda; ahora bien, aparentemente tal disposición legal solo se aplicaría al fallo de primera instancia, porque se refiere en forma expresa al contenido de la sentencia, empero, ello no es evidente, toda vez que el espíritu o razón de ser de esa norma en lo concerniente a la necesaria motivación y fundamentación que debe contener toda resolución jurisdiccional se aplica como es lógico también a la resolución de segunda instancia.

Sin embargo, el deber de fundamentación no se reduce a la cita de la o las disposiciones legales en que se funda una determinada resolución, sino más bien hace referencia a que el contenido de los fallos dictados por las autoridades jurisdiccionales, contengan la debida exposición del camino deductivo que les condujo a asumir una determinada decisión, sustentada en los principios de la lógica, la experiencia común y el recto juicio, en otras palabras, el deber de fundamentación exige que el pronunciamiento emitido exprese las razones que justifiquen razonablemente la decisión asumida, en cuyo caso las normas del debido proceso referidas al deber de motivación y fundamentación se tendrán por fielmente observadas.

Al respecto el Tribunal Constitucional, a través de la S.C. Nº 2026/2010-R de 9 de noviembre, estableció que: "... La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió".

En el caso que se analiza, de la revisión del Auto de Vista recurrido se advierte que el Tribunal de alzada fundamentó su decisión en torno al análisis y consideración lógica efectuada respecto a los antecedentes del proceso y en estricta sujeción de lo dispuesto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil; en tal sentido aun siendo evidentemente que el Tribunal Ad quem no citó en forma expresa la norma que regula el mejor derecho, empero, de la lectura de la fundamentación contenida en el Auto de Vista recurrido, sin lugar a dudas, se comprende que el sustento legal en que se basa la decisión de alzada está referido al mejor derecho propietario demandado por la actora; aspecto que así también lo entendió la parte recurrente quien a tiempo de fundamentar su recurso de casación en el fondo, lo hizo precisamente acusando la aparente violación del mejor derecho propietario.

Por otro lado, se advierte que el Auto de Vista recurrido se pronunció respecto a todos los aspectos apelados, conteniendo dicho pronunciamiento las razones y los motivos que justifican razonablemente su decisión, no existiendo en consecuencia afectación al debido proceso.

En el Fondo:

Que, de conformidad a lo previsto en el art. 1455 del Código Civil e interpretando los alcances de dicha disposición legal, los presupuestos y requisitos básicos para la procedencia de la acción negatoria son dos: 1ro.- que el propietario puede demandar a quien afirme tener derecho sobre la cosa y pedir que se reconozca la inexistencia de tales derechos; 2da.- que si existen perturbaciones o molestias, el propietario puede pedir el cese de ellas y el resarcimiento del daño. Por otra parte dejar establecido que la acción de reconocimiento de mejor derecho propietario, no es conexa con la acción negatoria, por cuanto, la finalidad que aquella persigue, según lo previsto en el art. 1545 del Código Civil, está referida a la declaración y reconocimiento de prevalencia y eficacia jurídica de un derecho de propiedad sobre otro respecto al mismo inmueble; objetivo distinto y contradictorio al de la acción negatoria, que tiende a obtener una sentencia declarativa de inexistencia de un derecho real limitado que otra persona afirma que le pertenece sin haberse constituido a su favor; asimismo, es contradictoria, ya que en la acción de mejor derecho propietario, el actor reconoce que el demandado cuenta con derecho de propiedad sobre el mismo inmueble, sólo que alega tener una titularidad preferente o superior al de su oponente; mientras que en la acción negatoria no se reconoce a favor del demandado titularidad de dominio alguno.

Por otro lado, el artículo 1545 del Código Civil, dispone que: "si por actos distintos ha transmitido el propietario los mismos bienes inmuebles a diferentes personas, la propiedad pertenece al adquiriente que haya inscrito primero su título". Esa norma establece la preferencia entre adquirientes de un mismo inmueble.

Concordante con esta norma legal, el artículo 1538 del Código Civil, señala que ningún derecho real sobre inmuebles, surte efecto contra terceros sino desde el momento en que se hace público, publicidad que se adquiere mediante la inscripción del título en el Registro de Derechos Reales.

Normas legales que traducen el principio de prioridad en el tiempo, que define el derecho de propiedad a favor de quien primero lo inscribe; y el de oponibilidad, que permite al titular del dominio hacer oponible su derecho contra terceros, erga omnes.

Que, como se preciso anteriormente, frente a una demanda de mejor derecho propietario, es necesario, en principio acreditar que el derecho propietario del actor como del demandado emergen de un mismo vendedor o lo que es lo mismo tienen un mismo origen, conforme establece el artículo 1545 del Código Civil. Pero, la interpretación de esa disposición no se limita a un sentido restringido, es decir a establecer que el causante del actor y del demandado sea la misma persona, por el contrario, en sentido amplio, dicha determinación orienta a establecer el origen del derecho propietario, vale decir establecer si los derechos contrastados tienen un mismo origen.

Consiguientemente a lo mencionado hay que añadir otro requisito necesario para declarar el mejor derecho propietario es que ambos títulos que se analizan pertenezcan a una misma propiedad, y que no sean de distintas propiedades.

Con referencia a lo señalado, conforme los datos que cursan en obrados y lo manifestado por el propio recurrente, se evidencia que la propiedad de la actora se encuentra ubicada en la Urbanización "Chasquipampa", Calacoto Alto de la ciudad de La Paz, en la calle 44, Lote No. 25, con una superficie de 202.07 mts² y que se encuentra registrado en la Matricula No. 2.01.0.99.0060059.

Por otro lado se evidencia que la propiedad de la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la vivienda "La Primera" corresponde al lote de terreno No. 9, ubicado en la calle 44, zona Chasquipampa, con una superficie de 300.60 mts², registrado en Derechos Reales bajo la matricula No. 2.01.0.99.0046810.

De lo mencionado y de los antecedentes del proceso se corrobora que ambas propiedades no cuentan con un causante común, la propiedad de la actora tiene distinta procedencia al del recurrente, haciéndose evidente en el transcurso del proceso que el título de propiedad de la actora pertenece al mismo lote de terreno objeto de la litis coincidiendo con el criterio de los tribunales de instancia que determinaron que, la documentación con la que cuenta la actora corresponde al lote de terreno objeto de la Litis y que la documentación que cuenta la Mutual La Primera no corresponde al mencionado lote, este análisis ha concluido declarando el mejor derecho propietario de la actora en virtud a que la ubicación del lote de terreno del demandado estuviera ubicado en un lugar distinto al lote de la actora.

Por consiguiente, el juez A quo con la facultad prevista en el art. 1 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil, y de acuerdo a la complejidad que se presenta en cada proceso, que no siempre puede acomodarse dentro del marco de lo establecido en la norma, como ocurre en el presente caso, y siendo que es deber del juez que conoce la causa resolver la misma conforme a su facultad y su criterio y además que es deber del juez dar solución a los diferentes procesos que son de su conocimiento y competencia, poniendo fin a una contienda entre los actores, y que en el presente caso ha concluido resolviendo la Litis, declarando el derecho propietario que le asiste a Elizabeth Jenny Quiroga Urquizo sobre el bien inmueble, lote de terreno No. 25 ubicado la Urbanización "Chasquipampa", Calacoto Alto de la ciudad de La Paz, en la calle 44, Lote No. 25, con una superficie de 202.07 mts², concurso correctamente los antecedentes del proceso, y tomando en cuenta que el derecho propietario de la parte demandada y recurrente no recae sobre el referido bien inmueble sino sobre otro.

Por consiguiente, en virtud a las acusaciones vertidas en el recurso de casación en el fondo los Tribunales de instancia han realizado la correcta interpretación y han aplicado correctamente lo determinado por ley, deviniendo por esa razón el presente recurso en infundado.

Por todo lo exhaustivamente analizado, corresponde dar aplicación a lo previsto por los artículos 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 -I) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación del art. 271, 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 231 a 235 vlta de obrados, interpuesto por la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la vivienda "La Primera", representada por su Gerente General Carlos De Grandchandt, así como por su Jefe Legal J. Mauricio Diez Canseco A., contra el Auto de Vista de fs. 207 a 208, de fecha 19 de marzo de 2.012. Con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1000.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.