TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 219/2012

Sucre: 19 de julio de 2012

Expediente: T-17-12-A

Partes: Asociación Accidental AGUARAGUE c/ Gobierno Municipal de Villa Montes

Proceso: Pago de Daños y Perjuicios por Unilateral Resolución Contractual.

Distrito: Tarija


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Jaqueline Rosemary Flores Zeballos en representación del Alcalde del Gobierno Municipal de Villa Montes Robert H. Camacho Valdez cursante de fs. 397 a 398 vlta., impugnando el Auto de Vista de Nº 33/2012 de fecha 2 de abril de 2012, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso de Pago de Daños y Perjuicios por Unilateral Resolución Contractual, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, tramitada la causa, el Juez Quinto de Partido en lo Civil de Tarija, emitió el Auto de fecha 8 de agosto de 2011, cursante de fojas 353 vlta. a 354, declarando a lugar la perención de instancia formulada a fs. 318, en su mérito se declara el archivo de obrados ante la inacción por mas de seis meses, previniendo a la parte que no importa extinción de la acción, pudiendo intentarse una nueva demanda dentro del año siguiente.

Recurrida la resolución mediante recurso de reposición bajo alternativa de apelación por Gonzalo Javier Felipe Barrenechea Piñeiro en representación de la Asociación Accidental AGUARAGUE por memorial de fs. 360 a 361, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija mediante Auto de Vista Nº 33/2012 de fecha 02 de abril de 2012, cursante de fojas 391 a 394, revoca el auto apelado de fs. 353 vlta a 354, y declara sin lugar a la perención de instancia.

Resolución que dio lugar al recurso de casación en el fondo interpuesto por parte de Jaqueline Rosemary Flores Zeballos en representación del Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Montes, que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

Que el Tribunal de apelación señalaría que no ha existido inactividad en la parte actora por un periodo de 11 meses, porque a renuncia del Juez se habría dejado en abandono y que declarar la perención por falta de actividad sería cargar a las partes la carga procesal, cuando habría la evidencia de renuncia masiva de los operadores de justicia. Que esa aseveración no sería concordante con el principio de seguridad jurídica, que debe primar en los operadores de justicia al margen de consideraciones subjetivas que ellos puedan apreciar. La norma en ese sentido es clara y la perención de instancia opera cuando el accionante deja abandonada su acción por mas de seis meses.

Que con el razonamiento expuesto de que si bien el demandante habría dejado transcurrir 11 meses desde que se emitió el auto de admisión, y recién habría optado por dar impulso al proceso, sería una apreciación en flagrante transgresión del art. 309 del Código de Procedimiento Civil.

Que sería innegable e irrefutable que el demandante entre el 10 de mayo de 2010 al 27 de abril de 2011 no habría realizado ningún acto administrativo ni de mero trámite que hubiese interrumpido la perención de instancia. Que al incurrir en apreciaciones subjetivas el Tribunal habría transgredido los principios que regulan la seguridad jurídica establecida por el art. 3 -4) de la Ley 025.

Por otro lado, que en el entendimiento del Tribunal de alzada la perención de instancia no correspondería declararla con la sola presentación de la demanda sino solo podría darse cuando ha existido la citación con la demanda, es decir, para el tribunal de apelación existiría instancia cuando se le ha citado con la demanda al demandado, que esto fuera una aberración pues de acuerdo a la doctrina y jurisprudencia la instancia se daría inicio con la presentación de la demanda.

Que lamentablemente el Tribunal de apelación confundiría instancia con competencia al referir al art. 7 del Código de Procedimiento Civil y que estos no fueran lo mismo y que la instancia iniciaría con la presentación de la demanda.

Se habría transgredido el art. 13 del Código de Procedimiento Civil en el que estarían insertos los casos en que no procede la perención de instancia, y que no sería precisamente la causal señalada por el Tribunal, es decir la citación con la demanda.

Que en razonamiento del Tribunal de alzada la perención de instancia habría sido interrumpida por el movimiento procesal de la parte actora con la presentación de diversos memoriales y que según la recurrente serían ineficaces pero que ante la citación con la demanda habría reparado ese aspecto y citado con la demanda pudo advertir esa situación, y que la perención de instancia ya se habría producido.

Plantea en ese sentido recurso de casación en el fondo a fin de que el Tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista Nº 33/2012 de fecha 2 de abril de 2012 y en definitiva se declare la perención de instancia por parte del actor, por abandono de la causa.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION

El tema en discusión según lo resuelto por los tribunales inferiores en grado, es el hecho de determinar si en la tramitación del caso de autos sé hubo o no producido la perención de instancia, en el antecedente de que el Juez A quo razona que la instancia se aperturó en el caso de autos con la admisión en fecha 20 de noviembre de 2009 cursante a fs. 126 vlta. de la demanda presentada por la Asociación Accidental Aguarague y que el tiempo de inactividad se considera la paralización de la instancia.

En cambio para el Tribunal de alzada la instancia se patentizaría con la citación al demandado, que para la procedencia de la perención de instancia se haría necesaria la concurrencia de tres condiciones "instancia con citación al demandado, inactividad procesal y tiempo, vale decir, una litis que esté sometida a decisión judicial en la que el demandado hubiere sido ya citado...", y con relación a esto aclara que la competencia del juez se abre con la citación de ésta al demandado, que eventualmente recién podría producirse la perención de instancia por falta de impulso procesal.

Con respecto a lo anterior y entrando en contexto debemos entender en primer término lo que representa instancia y cuando comienza ésta; señalando que por instancia en derecho procesal se entiende cada uno de los grados jurisdiccionales en que se pueden conocer y resolver diversos asuntos sometidos a los tribunales de justicia, comenzando ésta con la presentación de la demanda instando al juez su pronunciamiento traducido en la admisión de esa demanda, momento desde el cual corresponderá el impulso del proceso por el demandante siendo de su incumbencia esta situación como carga procesal, y su inactividad por el tiempo que dispone la ley castigada con la perención.

Entonces veremos que la perención contempla el factor tiempo y el factor inactividad; de tal suerte que la perención se origina en la falta de actividad prolongada durante cierto tiempo y esa inactividad determina falta de impulso del proceso.

En ese antecedente, debe razonarse en sentido de que si la instancia comienza con la presentación de la demanda y su admisión, es posible, entonces que ante la inactividad del demandante y el transcurso del tiempo, formular la perención de instancia en sujeción a lo determinado por el art. 309 del Código de Procedimiento Civil con las excepciones anotadas por el art. 313 del mismo cuerpo adjetivo civil, no siendo requisito previo para el cómputo del tiempo para su producción -perención- la citación con la demanda. Ese entendimiento lo rescatamos también de lo anotado por el tratadista Gonzalo Castellanos Trigo cuando señala que: "Se debe dejar claramente establecido que la instancia se abre con la presentación de la demanda, aunque no hubiese sido citada la resolución que dispone su traslado a la contraparte".

En el entendido de que es interés no solo público sino también privado de que los procesos no puedan permanecer paralizados de manera indefinida y que el Órgano Jurisdiccional no puede estar supeditado en el tiempo a la voluntad de las partes en consideración a que en materia civil es interés de las partes el impulso procesal, debe entenderse a la perención de instancia como un castigo que impone a ellas la ley, al no haber dado impulso al proceso, constituyendo una "terminación anormal" del mismo -como lo han llamado los tratadistas de la materia-, por inactividad de las partes durante el tiempo prefijado en la ley, por ello la posibilidad incluso de que la perención pueda ser declarada aun de oficio sino fuera a petición de parte, sin otro trámite que la comprobación del vencimiento del plazo de seis meses señalados por el art. 309 del Codigo de Procedimiento Civil. Si bien es cierto que el Juez es el director del proceso y entre sus obligaciones está el de velar porque se lleve adelante un debido proceso, siendo uno de los principios el de celeridad procesal; no es menos evidente que las partes, no sólo el demandante sino también el demandado, están obligados al impulso procesal, así como el demandante tiene el deber de seguir su demanda activamente, en un plano de equilibrio y seguridad jurídica se ha previsto la figura de la perención de instancia, empero, la misma no opera de hecho por el sólo transcurso del tiempo, es decir de manera automática, sino de derecho, es decir, debe existir una resolución judicial, tomada de oficio o a petición de parte, de ahí que se justifica porque el demandado ante el abandono de la causa por parte del demandante por un tiempo superior a los seis meses, tiene la posibilidad y el derecho de solicitar la perención de instancia; y como se ha dicho la perención no opera de ipso facto, o de manera automática, siendo deber de la parte demandada hacer seguimiento a la causa y ante la inactividad procesal de la parte demandante solicitar oportunamente la perención.

En el caso que se analiza, de la revisión de antecedentes verificamos de fs. 115 a 125 vlta. el memorial de demanda presentado por la parte demandante que mereció el auto de admisión de fecha 20 de noviembre de 2009 a fs. 129 vlta., posterior a ello se verifica de fs. 136 a 138 memorial de fecha 30 de abril de 2010 por el que se amplia la demanda, que asimismo mereció el proveído de fs. 138 vlta., de 4 de mayo de 2010, no pudiendo considerarse como actuado relevante el memorial que cursa a fs. 143 (solicitud de desglose). Entonces desde el 4 de mayo de 2010 hasta el momento de pronunciarse el proveído de fecha 6 de abril de 2011 no existe actuado alguno que pueda ser considerado de relevancia para interrumpir la prescripción (entendido aquel como todo acto que posibilita la normal sustanciación y desarrollo del proceso); el que se haya razonado por parte del Tribunal Ad quem en sentido de que hubo renuncia masiva de los operadores de justicia es una apreciación subjetiva que no concierne al fondo de la cuestión debatida-. Siendo de destacar que fue precisamente por resolución de fs. 144 que se instó por parte del Órgano Jurisdiccional a la parte demandante que se de celeridad al exordio al haber sido ya formulado en el año 2009.

Ante esa circunstancia es que comprobamos el apersonamiento de fs. 318 a 319 por parte de Robert Henrry Camacho Valdez en su condición de Ejecutivo Municipal de la ciudad de Villa Montes, con el planteamiento de la declaratoria de perención de instancia por el transcurso del tiempo, con la aclaración que hubiera sido citado con la demanda recientemente. Planteamiento que previos los trámites de ley, mereció la resolución de fecha 8 de agosto de 2011 inmerso de fs. 353 vlta. a 354, declarando ha lugar la perención planteada a fs. 318 con la disposición de archivo de obrados, con los fundamentos razonablemente expuestos en concordancia con la normativa legal vigente.

De todo esto concluimos que a tiempo de la citación, la perención ya se había producido, incluso a tiempo de la presentación del memorial de fs. 288 de fecha 27 de abril de 2011, pero sobre el demandado pesaba la carga de pedir que se declarase, aspecto que se patentizó a tiempo de su apersonamiento.

Por todos esos antecedentes y ante la evidencia de que el Auto de Vista recurrido ciertamente ha transgredido el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, considera este Tribunal Máximo que corresponde dar aplicación a lo dispuesto por los arts. 271-4) y 274 del Código de Procedimiento Civil, en sujeción a lo determinado por el art. 41 de la Ley Nº 025 de fecha 24 de junio de 2010.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio 2010, en aplicación de lo previsto por los artículos 271-4), 274 del Código de Procedimiento Civil, Art. 53 de la Ley Nº 025 de fecha 24 de junio de 2010 CASA el Auto de Vista Nº 33/2012 de fecha 02 de abril de 2012 cursante de fs. 391 a 394, manteniéndose en consecuencia firme y subsistente el Auto de fecha 8 de agosto de 2011 cursante de fs. 353 vlta. a 354.

Sin responsabilidad a los de instancia por ser excusable el error.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Rómulo Calle Mamani.