TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 215/2012

Sucre, 19 de julio de 2012

Expediente: LP-39-12-S

Partes: Román Valdez Machaca c/

Isidóro Paco Machaca e Irma Cárdenas de Paco.

Proceso: Usucapión.

Distrito: La Paz.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 106 a 108, interpuesto por Miguel Valdez Machaca, contra el Auto de Vista Nº 74/2012 de 12 de marzo 2012, cursante de fs. 102 a 103 de obrados, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso de usucapión seguido por Román Valdez Machaca contra Isidoro Paco Machaca e Irma Cárdenas de Paco, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, adjuntando documental, Román Valdez Machaca interpone demanda de usucapión en contra de Isidoro Paco Machaca e Irma Cárdenas de Paco, quienes serían anteriores propietarios del inmueble que pretende usucapir; indicando que los mismos habrían otorgado en venta el inmueble de 70 m² situado en la calle Ezequiel Pradel s/n del Cantón de Tajma a sus señores padres, fallecidos al presente y que él durante más de 10 años estuvo en posesión continuada del mismo. Sustanciado el proceso mediante Sentencia Nº 99/2010 de 4 de noviembre de 2010, cursante de fs. 50 a 51, el Juez de partido y Sentencia de Chulumani, Provincia de Sud Yungas, declaró probada la demanda de usucapión del inmueble de 70 m², disponiendo que en virtud a lo previsto en el art. 1450 del Código Civil, por ante las oficinas de Derechos Reales de Coroico, se proceda al registro del inmueble a favor del demandante.

En conocimiento de la demanda, dándose por notificado con la sentencia, en fecha 4 de febrero de 2011 se apersonó Miguel Valdez Machaca, a objeto de interpone recurso de apelación en contra de la sentencia. A tal efecto, el Tribunal de Alzada, mediante Auto de Vista Nº 74/2012, de 12 de marzo de 2012 de fs. 102 a 103 confirmó la Sentencia apelada.

En conocimiento del Auto de Vista, dentro de plazo previsto por ley, Miguel Valdez Machaca interpuso recurso de casación en el fondo, mismo que se pasa a resolver.

CONSIDERANDO II:

FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACION:

Acusa de existir error de hecho en la apreciación de la prueba adjuntada en el memorial de apelación, toda vez que no se habría valorado el certificado de nacimiento del recurrente en el que consta que es hijo de sus padres Constancia Valdez Huacote y Trinidad Machaca Nina, cuyos nombres concuerdan con el Testimonio de propiedad Nº 137/1980. Tampoco se apreció ni valoró correctamente el aval sindical emitido por la Comunidad San José de Pastopata, en la que se acredita de manera fehaciente que tanto el recurrente como el resto de sus hermanos son conocidos como propietarios del inmueble objeto de la usucapión decenal; asimismo acredita que tanto él como sus hermanos son habitantes del inmueble de manera circunstancial y momentánea a título de copropietarios.

De otro lado, afirma que el demandante no solamente tiene que probar la posesión pacífica, pública y continua, sino también el corpus y animus, no habiendo probado este último, ya que es simplemente un detentador y no poseedor; nunca hubo la intensión de parte del poseedor de considerarse único dueño en virtud a que reconocía como copropietarios a su persona y al resto de sus hermanos, conforme señala el Aval de la Comunidad San José de Pastopata.

Finalmente, en su petitorio, solicita que al existir errónea interpretación de hecho y de derecho de las pruebas y mala interpretación de le ley, al amparo del art. 24 de la Constitución Política del Estado y arts. 250, 253 num. 1) y 2), 255 num. 1), 258 y sgtes. el Código de Procedimiento Civil, el Tribunal de Casación anule el Auto de Vista Nº 74/2012 hasta el vicio más antiguo, por lesionar flagrantemente el derecho a la defensa del apelante.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

Que, la jurisprudencia sentada por la ex Corte Suprema de Justicia con la que se comparte criterio, ha establecido que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho utilizada para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por Ley, ello en razón a que no constituye una controversia entre las partes, sino una "cuestión de responsabilidad entre la ley y sus infractores", pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo, recurso de casación en la forma o en ambos efectos de acuerdo a lo estatuido por el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil, en tanto se cumplan los requisitos establecidos en el art. 258 numeral 2) del mismo cuerpo legal, referidos a la obligación que tiene el recurrente de citar en términos claros, concretos y precisos las leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, especificando en qué consiste la violación, falsedad o error y proponiendo la solución jurídica pertinente, esto porque el recurso de casación es un acto procesal complejo, puesto que entre los elementos de forma esenciales a contener no es sólo expresar la voluntad de impugnar, sino principalmente fundamentar esa impugnación conforme al modo de la estructura, del acto impugnado contenido en el citado art. 258 numeral 2). De ahí que, el recurso de casación está sometido a requisitos formales, de riguroso e indispensable cumplimiento, que determinan la admisión del mismo, de lo contrario se lo rechaza por la improcedencia, dando cumplimiento a la previsión del art. 272 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil.

Los casos en que procede el recurso de casación en el fondo están expresamente previstos en la ley; por consiguiente, los mismos no están sujetos a capricho de las partes; y menos, del juzgador. Por lo que de acuerdo a lo establecido por el art. 253 en sus incisos 1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, procederá el recurso de casación en el fondo: 1) cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, figuras jurídicas que son diferentes, pues, la primera implica que se incurrió en una infracción directa de la ley por no haberse aplicado correctamente sus preceptos, es decir, es el error en que incurre el juzgador sobre la existencia y aplicación de una norma jurídica en un caso concreto, la segunda, consiste en el error en que incurre el juzgador sobre una determinada norma jurídica, mientras que la última, consiste en la infracción de la ley sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquella, imponiéndose la obligación de especificar en qué consiste la violación, cuál debía ser la norma jurídica aplicable correctamente ó cual la interpretación debida; 2) cuando contuviere disposiciones contradictorias; y, 3) cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, errores también diferentes, en el primer caso se debe especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dio la tasa legal que la ley le otorga, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además éste último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos.

Mencionado lo anterior como reserva legal que hace procedente al recurso de casación en el fondo y en el caso presente, se evidencia que el recurrente incurre en omisión y contradicción al mismo tiempo. Con referencia a la omisión, el recurrente no señala qué ley hubiera sido violada o interpretada erróneamente, menos especifica de qué manera el ad quem efectuó una mala interpretación de la ley; por una parte. Por otra, si bien especifica que existió error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba presentada a tiempo de interponer el recurso de apelación, referida al certificado de nacimiento y al aval emitido por la Comunidad de San José de Pastopata (Sindicato Agrario San Francisco-Cantón Tajma Sud Yungas) de la que únicamente señala la falta de valoración de la misma, sin demostrar de manera objetiva el error en el que hubiera incurrido el de alzada a tiempo de valorar la prueba, tomando en cuenta que el hecho de manifestar únicamente que no se valoró su certificado de nacimiento y el aval emitido por la Comunidad de San José de Pastopata no es suficiente para abrir la competencia del Tribunal Supremo y considerar el recurso planteado; como se manifestó de manera precedente, es obligación de los recurrentes dar cumplimiento estricto a lo previsto en el art. 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.

Respecto a la contradicción que se señaló, indicar que el recurrente si bien presenta su memorial de impugnación en el fondo, acusando errónea interpretación de hecho y de derecho de las pruebas y mala interpretación de la ley; en su petitorio solicita se anule obrados hasta el vicio más antiguo, existiendo contradicción en lo que expone y pretende, con lo que solicita; en todo caso si se planteó recurso de casación en el fondo, no puede resolverse anulando obrados, en todo caso si esa es la pretensión del recurrente, debió acusar errores de forma esenciales en el proceso y no en el fondo.

Por lo anterior, al no haberse dado cumplimiento a los requisitos previstos en el art. 258 num. 2) del adjetivo civil, este Tribunal no puede abrir su competencia para resolver lo impugnado, correspondiendo sujetarse a lo estipulado en el art. 271 num. 1) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, conforme señala la atribución contenida en el art. 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 y en aplicación a lo previsto en el art. 271 num. 1) y 272 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo presentado por Miguel Valdez Machaca, contra el Auto de Vista Nº 74/2012 de 12 de marzo de 2012, cursante de fs. 102 a 103 de obrados.

Se regula honorarios profesionales en la suma de Bs. 800.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgda. Rita Susana Nava Duran