TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 214/2012

Sucre: 19 de julio de 2012

Expediente: Pt-11-12-S

Partes: Fernando Martín Gamboa Lanza en representación de Mirtha A. Rojas Peralta, Presidenta Ejecutiva a.i. de la Empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE c/Rosa Pérez Murguía.

Proceso: Ordinario de nulidad de escritura pública

Distrito: Potosí.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 153 a 157 de obrados, interpuesto por Rosa Pérez Murguía de Vargas, contra el Auto de Vista Nº 077/2012 de 2 de abril de 2012, cursante de fs. 148 a 149, pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Familiar del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso ordinario de nulidad de Escritura Pública Nº 58/2002 de transferencia de inmueble, seguido por ENFE en contra de Rosa Pérez Murguía, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, adjuntando documental, el Presidente Ejecutivo a.i. de la Empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE interpuso demanda de nulidad de escritura pública y cancelación de registro y matrícula computarizada en el Registro de Derechos Reales, respecto de la escritura de compra y venta de lote de terreno Nº 58/2002 suscrito entre la Empresa Nacional de Ferrocarriles y Rosa Pérez de Vargas. Sustanciado el proceso, el Juez de Partido Mixto Liquidador de Sentencia del asiento judicial de Uyuni, en fecha 23 de abril de 2011 pronunció la Sentencia Nº 050/2011 cursante de fs. 97 a 104 vlta., declarando probada la demanda de nulidad de Escritura Pública de contrato de compra-venta, cancelación de registro en Derechos Reales incluyendo la matrícula computarizada y pago de daños y perjuicios a ser averiguables en ejecución de sentencia; asimismo rechazó la excepción perentoria de prescripción de acción y derecho por ser manifiestamente improcedente, toda vez que la acción de nulidad es imprescriptible.

Deducida la apelación por la demandada, la Sala Civil Comercial y Familiar del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí emite el Auto de Vista Nº 77/2012 de 2 de abril de 2012, que confirmó la Sentencia recurrida Nº 50/2011 de fecha 23 de abril de 2011 cursante de fs. 97 a 104 vlta. de obrados. En conocimiento del Auto de Vista, Rosa Pérez Murguía, interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo, conforme consta en su memorial de fs. 153 a 157.

CONSIDERANDO II

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

Casación en la forma:

Indica que el artículo 204-1) del Código de Procedimiento Civil ordena que las sentencias en procesos ordinarios deben ser pronunciadas en el término de cuarenta días, tomando en cuenta el respectivo decreto de "autos" y que en el caso presente aquello no se hubiera cumplido, toda vez que la sentencia fue dictada el 23 de abril de 2011 y la notificación con la misma a su persona se produjo el 1 de octubre de 2011, es decir a los cinco meses y seis días de su pronunciamiento, en consecuencia el a quo habría perdido competencia y esa sentencia sería nula de pleno derecho por tanto debió ser invalidada por el Ad Quem.

Casación en el Fondo:

Indica que se han utilizado errónea e indebidamente preceptos legales de los siguientes artículos: 549 inc. 1), 452-4, 492, 493 del Código Civil y el art. 190 del Código de Procedimiento Civil, en el entendido de que las causales de nulidad del contrato de venta serían inexistentes, porque esas causales no ameritan nulidad sino anulabilidad del mismo de acuerdo al artículo 554 del Código Civil.

Señala error de derecho o de hecho en la apreciación de las pruebas ignorando el valor que atribuye la ley al contrato de venta de fs. 53, observando además que en la interpretación del mismo se hubiera violado las siguientes normas legales: artículos 1286, 1289, 467, 483, 519, 520 del Código Civil y los artículos 297 y 400 del Código de Procedimiento Civil.

Hace hincapié en el hecho de que si el comprador es de buena fe, es decir sin conocimiento de los vicios que ameriten la anulabilidad de ese contrato está eximido de pagar daños y perjuicios. Contrariamente sería el vendedor el que estaría obligado a restituir el precio y cancelar daños y perjuicios ocasionados al comprador.

Terminó peticionando que en el fondo se case el Auto de Vista Nº 77/2012, disponiendo la revocatoria total de la sentencia de primera instancia, en aplicación del artículo 271-4) del Código de Procedimiento Civil porque concedió al actor un derecho que no fue correcta y verdaderamente demandado. Con costas. Al mismo tiempo solicitó que en caso de no prosperar la casación en el fondo, se Anule el Auto de Vista señalado porque a su vez no anuló la sentencia de fs. 97 que fue pronunciada fuera del término señalado por el artículo 204-1) del Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION

En forma reiterada este Tribunal ha señalado que el recurso de casación es considerado como un medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por ley y dirigido a lograr que el máximo Tribunal revise y reforme o anule las resoluciones expedidas en apelación que infringen las normas de derecho material, las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales.

La Casación tiene por fin privilegiar la recta aplicación de la ley y de esta manera alcanzar la justicia en la resolución de los conflictos procesales. Por ello, estamos ante una institución necesaria y de enorme importancia en la administración de justicia, pues gracias a ella, se cuenta con una vía que asegura la correcta aplicación o interpretación de las normas jurídicas y la uniformización de la jurisprudencia nacional.

Habiendo la parte recurrente interpuesto recurso de casación en la forma y en el fondo, corresponde a este Tribunal Supremo pronunciarse primero respecto a las causales de nulidad acusadas, toda vez que de ser evidentes se resolvería por la nulidad de obrados, lo que determinaría la imposibilidad de emitir pronunciamiento sobre el fondo.

Establecido aquello corresponde precisar:

En la forma:

De la revisión de obrados se hace evidente que cualquier nulidad que hubiera podido existir no tiene fundamento en virtud del principio de convalidación que indica "... toda nulidad en derecho procesal civil se convalida por el consentimiento si la parte perjudicada ratifica el acto viciado expresa o tácitamente. El principio de convalidación tiene íntima relación con el de preclusión, que tiene lugar cuando los justiciables no ejercen en forma oportuna o legal los recursos previstos por la ley adjetiva. Si los procesos deben sustanciarse en forma ordenada, así también las partes deben exponer sus reclamaciones dentro del tiempo y en la forma debida, esto por un elemental sentido de seguridad jurídica...", por otro lado la Ley del Órgano Judicial en su art. 17 parágrafo III dispone "La nulidad solo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos"; en el caso de autos, señalar que no es cierta esa afirmación, ya que al realizar una revisión de obrados se puede constatar que la indicada sentencia fue emitida en fecha 23 de abril de 2011 dentro del plazo señalado por Ley y la notificación con la sentencia a la demandada, es de fecha primero de octubre de 2011. Cabe hacer notar que la notificación es responsabilidad del oficial de diligencias y no del Juez, por ello es que el a quo a fs. 108 y fs. 114 establece que hubo negligencia en el cumplimiento de sus deberes por parte de la oficial de diligencias en suplencia legal por lo que se le sancionó con una severa llamada de atención. Por otra parte, conforme se evidencia a fs. 107 consta el recurso de apelación en el que no se evidencia reclamo alguno al respecto, tampoco en posteriores actuaciones hizo notar de la supuesta irregularidad, por lo que en su oportunidad consintió que dicha diligencia de notificación estuvo correctamente practicada y que se continuara con la tramitación del proceso. Pretender en el presente recurso de casación observar un supuesto defecto procesal para anular obrados, no corresponde en esta instancia, mucho menos cuando en el tema de nulidades, los administradores de justicia antes de determinar la nulidad, deben asegurarse que ésta debe sujetarse a los principios que rigen las nulidades y en el presente caso se advierte que lo acusado en la forma no corresponde, al haber precluido su derecho, convalidado dicha situación y porque en su momento no se afectó ni vulneró su derecho a la defensa y al debido proceso de la actora; por lo que su recurso de casación en la forma deviene en infundado.

En el Fondo:

La recurrente hace alusión a aspectos que no fueron motivo de apelación y por ende no considerados por el Ad quem; sin embargo a los fines de aclaración, diremos que con relación a que se dio una indebida y errónea interpretación de la ley porque la causal de nulidad por la que demanda no ameritan nulidad de documento, sino anulabilidad conforme lo previsto en el art. 554 del Código Civil; al respecto, corresponde precisar lo manifestado por el Dr. Carlos Morales Guillen: "En la nulidad, la causa es la violación de un precepto legal, es decir, un acto ilícito. En la anulabilidad, la causa es un vicio interno como la incapacidad, los vicios del consentimiento como el error, la violencia y el dolo, la lesión"; de lo que se infiere que un contrato será nulo si se ha violado un precepto legal, existiendo un acto ilícito. En el presente caso, conforme se tiene de obrados a fs. 12, se tiene que a través de la Ley Nº 2100 de 19 de junio de 2000, se transfirieron a título oneroso viviendas y terrenos de propiedad de la Empresa Nacional de Ferrocarriles, a favor de los ex trabajadores que cuenten con antigüedad de cinco años de trabajo en dicha entidad; es decir por ley se determinó quienes eran los beneficiarios de dichas transferencias de inmuebles, además de ser parte de la lista que se adjuntaba a la citada ley, en la que no se encuentra el nombre de la ahora recurrente y quien en conocimiento de las condiciones establecidas en la Ley Nº 2100 adquirió de un anterior Presidente de la Empresa Nacional de Ferrocarriles el inmueble motivo de la litis, vulnerando ambas partes a tiempo de suscribir la compra venta un precepto legal como es la Ley Nº 2100, por una parte y por otra se habría omitido en dicho contrato la falta del objeto del mismo, aclarando en este caso que el objeto del contrato cuya nulidad se demanda, es la transferencia de un inmueble de propiedad de ENFE a determinados beneficiarios y este objeto solo era posible jurídicamente si se cumplían las condiciones de la Ley Nº 2100; en el caso presente conforme consta de fs. 3 a 4 se evidencia que estos requisitos no fueron cumplidos, es decir que al tenor del art. 549 num. 2) del Código Civil se afectó de nulidad dicho contrato suscrito por faltar en el mismo el objeto del contrato. A mayor abundamiento, al respecto diremos también que, el objeto en un contrato es en esencia una fuente creadora de obligaciones, de dar, hacer o no hacer, en el caso presente como se tiene referido, de acuerdo al tenor de la Ley Nº 2100 se tenía establecido el dar (transferir) a título oneroso viviendas y terrenos ubicados en el recinto de propiedad de la Empresa Nacional de Ferrocarriles de la ciudad de Uyuni a ex trabajadores de dicha institución, por lo que dicho objeto en la transferencia efectuada a la ahora recurrente no fue cumplido. Por lo anterior, se evidencia que tanto el juez A quo como el Ad quem han realizado una correcta valoración de la norma vigente, no existiendo error de hecho ni de derecho a tiempo de valorar la prueba aportada por el demandante ni existir interpretación errónea o indebida a las normas que señala en su recurso.

Por las razones expuestas este Tribunal concluye que no son fundados los agravios expuestos por la parte recurrente, correspondiendo por ello fallar en la forma prevista por el art. 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los artículos 271 - 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 153 a 157 de obrados, interpuesto por Rosa Pérez Murguía de Vargas. Con costas.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

elatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán