TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 204/2012

Sucre: 16 de julio de 2012

Expediente: PT-15-12-S.

Partes: Carmen Rosa Uzeda Aviles

c/

Luís Armando Moreira Romay y Jaime Acuña Martínez.

Proceso: Nulidad de juicio ejecutivo y sus emergencias

Distrito: Potosí.


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 165 a 167, interpuesto por Carmen Rosa Uzeda Aviles, contra el Auto de Vista Nº 076/2012, cursante de fs. 157 a 162 vlta., emitido el 5 de abril de 2012 por la Sala Civil, Comercial y Familiar del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí en el proceso ordinario sobre nulidad de proceso ejecutivo y de sus emergencias, seguido por la recurrente contra Luís Armando Moreira Romay y Jaime Acuña Martínez; la respuesta de fs. 169 a 170; la concesión de fs. 170 vlta; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Segundo en lo Civil de la ciudad de Potosí, el 25 de noviembre de 2011 pronunció la sentencia Nº 81/2011, cursante de fs. 134 a 136 vlta., declarando probada la demanda, como consecuencia de ello dió lugar a la nulidad del proceso ejecutivo llevado a cabo entre Luís A. Moreira Romay y Jaime Acuña Martínez, de igual manera dispuso la cancelación del registro en el Gobierno Municipal de Potosí y en la Oficina de Derechos Reales como de las emergencia del referido proceso ejecutivo.

Contra esa sentencia el demandado Luís Armando Moreira Romay interpuso recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil, Comercial y Familiar del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, el 5 de abril de 2012 emitió el Auto de Vista Nº 076/2012, cursante de fs. 157 a 162 vlta., revocando totalmente la sentencia impugnada, declarando en consecuencia improbada la demanda de nulidad de proceso ejecutivo. Sin costas.

Resolución de alzada recurrida en casación en la forma y en el fondo por la actora Carmen Rosa Uzeda Aviles.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

La recurrente manifestó que el Auto de Vista recurrido se apartó de la jurisprudencia constitucional invocada, y que dicha resolución de alzada contendría suposiciones y afirmaciones contradictorias y alejadas de la objetividad que debería orientar todo fallo jurisdiccional, en base a esa consideración acusó:

En la forma, que el auto de Vista no guardó la pertinencia prevista por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, y que el adquen habría usurpado atribuciones que no le competen al valorar la prueba producida en primera instancia, aspecto que según lo dispuesto por el art. 397 del Adjetivo Civil, únicamente le correspondería al Juez A quo; por otro lado señaló que el recurso de apelación interpuesto por el codemandado Luís Armando Moreira Romay, no contenía la fundamentación ni identificación de agravios que le ocasionaría la sentencia, tampoco contenía un petitorio claro, toda vez que se limitó a solicitar la concesión del recurso, sin concretar su pretensión, razón por la cual considera que la resolución de alzada resultaría ultra petita, encontrándose por ello comprendida dentro de la sanción prevista por el art. 254-4) del Código de Procedimiento Civil.

En el fondo, señaló que el debido proceso consagrado por la Constitución Política del Estado tiene el fin de evitar la imposición de una sanción o la afectación de un derecho, sin el cumplimiento de un proceso previo, en el que se observen los derechos fundamentales y las garantías de naturaleza procesal; al respecto remarcó que la Sentencia Constitucional Nº 1422/2002-R, precisó que: toda persona tiene el derecho inviolable a intervenir en todos los procesos y decisiones en los que se puedan afectar o afecten sus derechos e intereses legítimos; que en los casos que un tercero garantiza la obligación del deudor con un bien inmueble de su propiedad la acción debe dirigirse contra éste y el deudor; que en los supuestos en los que el acreedor, dada su libertad de actuar, dirija la acción solo contra el deudor, el pago de la obligación solo podrá hacerse efectivo con los bienes de éste, sin afectar los bienes del garante hipotecario, pues, para que pueda afectarse su derecho de propiedad debe ser oído y vencido en juicio legal en el que se observe las garantías del debido proceso; finalmente que la acción por una garantía hipotecaria debe dirigirse siempre contra el propietario actual y el deudor. Aspectos que no habrían sido tomados en cuenta por el Tribunal de alzada quien, consideró que la demandante y ahora recurrente no podía ser incluida como demandada en el proceso ejecutivo, por no ser parte toda vez que no se la consideró como garante solidaria, razonamiento en base al cual se habrían afectado sus derechos al debido proceso, igualdad, propiedad privada, y seguridad jurídica.

Por las razones expuesta solicitó se anule el Auto de Vista recurrido o en su defecto se case dicha resolución y deliberando en el fondo se declare probada su demanda, consiguientemente se disponga la nulidad del proceso ejecutivo.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

El artículo 252 del Código de Procedimiento Civil dispone que el Juez o Tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público.

Que en ese marco, de la revisión de obrados se tiene que:

1.- La actora Carmen Rosa Uzeda Aviles, mediante memorial cursante de fs. 41 a 49, demandó la nulidad del contrato de ampliación de préstamo suscrito entre Luís Armando Moreira Romay como acreedor y Jaime Acuña Martínez como deudor, igualmente demandó la nulidad de la demanda ejecutiva, auto intimatorio , sentencia, auto de vista y de todos los actuados producidos dentro el proceso ejecutivo seguido por Luís Armando Moreira Romay en contra de Jaime Acuña Martínez, así como de los trámites de ejecución de sentencia.

En lo sustancial fundamentó que otorgó poder amplio y suficiente a favor de Jaime Acuña Martínez para que éste obtenga un préstamo de dinero por la suma que viere conveniente con la garantía hipotecaria del bien inmueble de su propiedad, en mérito a ese poder Jaime Acuña Martínez obtuvo un préstamo de dinero de Luís Armando Moreira Romay, por la suma de $us. 4.000, otorgando en garantía hipotecaria el bien inmueble de propiedad de la recurrente, registrado en la Oficina de Derechos Reales bajo la Partida Nº 652, Folio Nº 345, del Libro Nº 1 de Propiedades "Ciudad y Frías", del Departamento de Potosí, de 26 de agosto de 1982, posteriormente Jaime Acuña Martínez y Luís Armando Moreira Romay suscribieron otro contrato de ampliación de préstamo por la suma de $us. 2.000, con la garantía hipotecaria del referido inmueble.

Igualmente argumentó que ante el incumplimiento en la devolución de la suma adeudada Luís Armando Moreira Romay inició acción ejecutiva en contra de Jaime Acuña Martínez, proceso en el que se emitió el respectivo auto intimatorio de pago en contra del ejecutado y posteriormente se dictó la sentencia que declaró probada la demanda ejecutiva y dispuso la continuación de los trámites de subasta del bien inmueble otorgado en garantía hipotecaria de propiedad de Carmen Rosa Uzeda Avilez, hasta la suma de $us. 6.000 más intereses convencionales. Posteriormente en ejecución de sentencia el indicado bien inmueble fue rematado y adjudicado a favor de Ibling Julia Taboada Lopez y de Gonzalo Barrera Tejerina.

Señaló que el proceso ejecutivo en el que se remató y adjudicó el bien inmueble de su propiedad, se sustanció sin su intervención, aspecto que considera lesionó su derecho al debido proceso y a la defensa, toda vez que en su condición de garante hipotecaria debió ser demandada, por otro lado manifestó que el poder que otorgó a favor de Jaime Acuña Martínez, se habría extinguido por cumplimiento con la suscripción del primer contrato de préstamo de dinero y que el segundo habría sido celebrado al margen del poder que ella confirió.

Por las razones expuestas demandó: la nulidad del contrato ampliatorio de préstamo de dinero, del proceso ejecutivo y de todas sus emergencias; la cancelación de inscripciones y sub inscripciones efectuadas sobre el inmueble de su propiedad; la restitución de la Partida que registra su derecho propietario; la restitución y entrega vía reivindicación del inmueble de su propiedad.

2.- El Juez de Partido Segundo en lo Civil de la ciudad de Potosí, mediante auto de 20 de abril de 2010, de fs. 49 vlta, con carácter previo a la admisión de la demanda, advirtió que la nulidad de un proceso ejecutivo debiera comprender no solo al ejecutante sino también al ejecutado, razón por la cual ordenó a la actora complete la legitimación pasiva.

3.- En cumplimiento a esa determinación, la demandante mediante memorial de fs. 54 dirigió la demanda también en contra de Jaime Acuña Martínez.

4.- Por auto de fs. 54 vlta., de 10 de mayo de 2010, el juez de la causa admitió la demanda en contra de Luís Armando Moreira Romay y Jaime Acuña Martínez.

5.- Trabada la relación procesal por auto de fs. 113 vlta., y luego de producidas las pruebas, el juez dictó sentencia de fs. 134 a 136 vlta, declarando probada la demanda y anulando todo el proceso ejecutivo de referencia y dispuso la cancelación de los registros en el Gobierno Municipal y en la Oficina de Derechos Reales.

6.- El Tribunal de alzada por Auto de Vista de fs. 157 a 162 vlta., revocó totalmente la sentencia.

Que en base a los antecedentes expuestos se concluye que la presente causa se sustanció sin la debida integración a la litis de todas aquellas personas que pudieren verse afectadas con la decisión que se adopte, en efecto de atenderse favorablemente las pretensiones de la actora referidas a: 1) la nulidad de todo el proceso ejecutivo seguido por Luís Armando Moreira Romay contra Jaime Acuña Martínez; 2) la cancelación de inscripciones y sub inscripciones efectuadas sobre el inmueble de su propiedad; 3) la restitución de la Partida que registraba su derecho propietario y; 4) la restitución y entrega vía reivindicación del inmueble de su propiedad; indudablemente se afectaría el derecho de propiedad adquirido vía adjudicación por Ibling Julia Taboada López y Gonzalo Barrera Tejerina, quienes resultarían afectados sin haber tenido la debida intervención en el presente proceso, aspecto que vulneraría su derecho a la defensa y al debido proceso, mismo que ha sido interpretado por el Tribunal constitucional como "...el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; comprende la potestad de ser escuchado presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo (derecho a la defensa) y la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos..."

Por otro lado, si Ibling Julia Taboada López y Gonzalo Barrera Tejerina no son integrados a la causa, la decisión que se adopte en la misma no surtiría ningún efecto respecto a ellos, pues, según lo previsto por el art. 194 del Código de Procedimiento Civil, las disposiciones de la sentencia solo comprenderán a las partes que intervinieren en el proceso y a las que trajeren o derivaren sus derechos de aquellas, en ese sentido,

Al respecto la uniforme jurisprudencia sentada por la entonces Corte Suprema de Justicia, criterio con el que comparte éste Tribunal, señaló que "el litisconsorcio sea activo o pasivo, importa el interés de dos o más personas respecto a una pretensión común que obliga su participación en el proceso. Cuando existe una pluralidad de sujetos que consideran tener igual derecho para peticionar, nos encontramos frente a un litisconsorcio activo, si por el contrario son varios los concernidos con la acción que se intenta, se trata de litisconsorcio pasivo y si estamos frente a una pluralidad de demandantes y demandados hablamos de un litisconsorcio mixto; que al respecto los Jueces y Tribunales de alzada deben tener presente que la integración a la litis de todos quienes sean demandantes o demandados deban ser sometidos al proceso, debe ser tarea no sólo de las partes, sino del A quo, quien en su calidad de director del proceso, debe cuidar que el mismo se desarrolle sin vicios de nulidad, pues solo así, las decisiones que adopte, serían útiles en derecho a las partes y los efectos de la cosa juzgada alcanzarían a todos quienes deriven sus derechos de aquéllas, tal como lo impone el artículo 194 del Código de Procedimiento Civil.

Por las razones expuestas, el juez a quo a tiempo de admitir la demanda debió observar no solo la necesaria integración a la causa de quien intervino en condición de ejecutado en el proceso ejecutivo cuya nulidad se demanda, sino también la necesaria integración de las personas que en ejecución de sentencia se adjudicaron el bien inmueble rematado, toda vez que la pretensión de la demanda está orientada a invalidar precisamente dicho remate y posterior adjudicación, aspecto que debió ser observado por el Tribunal de alzada oportunamente a fin de evitar que la causa se sustancie arrastrando vicios de nulidad, omisión que afecta a los principios de oportunidad y celeridad.

En mérito a las consideración desarrolladas, corresponde a éste Tribunal Supremo de Justicia aplicar lo dispuesto por el art. 252 del Código de Procedimiento Civil y en consecuencia fallar en la forma prevista por los arts. 271-3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el articulo 42 -1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, en aplicación de los artículos 252, 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta fs. 113 vlta, es decir hasta el auto de relación procesal, y dispone que con carácter previo el juez A quo ordene la integración a la causa de Ibling Julia Taboada Lopez y Gonzalo Barrera Tejerina.

No siendo excusable la omisión, se impone multa tanto al juez a quo como a los vocales del tribunal Ad quem, que se gradúa en un día de su haber mensual para cada uno de ellos.

En cumplimiento a lo previsto en la última parte del art. 17 parágrafo IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente resolución al Consejo de la Magistratura, a los fines de Ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgda. Rita Susana Nava Durán.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 204/2012

Sucre: 16 de julio de 2012

Expediente: PT-15-12-S.

Partes: Carmen Rosa Uzeda Aviles

c/

Luís Armando Moreira Romay y Jaime Acuña Martínez.

Proceso: Nulidad de juicio ejecutivo y sus emergencias

Distrito: Potosí.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 165 a 167, interpuesto por Carmen Rosa Uzeda Aviles, contra el Auto de Vista Nº 076/2012, cursante de fs. 157 a 162 vlta., emitido el 5 de abril de 2012 por la Sala Civil, Comercial y Familiar del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí en el proceso ordinario sobre nulidad de proceso ejecutivo y de sus emergencias, seguido por la recurrente contra Luís Armando Moreira Romay y Jaime Acuña Martínez; la respuesta de fs. 169 a 170; la concesión de fs. 170 vlta; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Segundo en lo Civil de la ciudad de Potosí, el 25 de noviembre de 2011 pronunció la sentencia Nº 81/2011, cursante de fs. 134 a 136 vlta., declarando probada la demanda, como consecuencia de ello dió lugar a la nulidad del proceso ejecutivo llevado a cabo entre Luís A. Moreira Romay y Jaime Acuña Martínez, de igual manera dispuso la cancelación del registro en el Gobierno Municipal de Potosí y en la Oficina de Derechos Reales como de las emergencia del referido proceso ejecutivo.

Contra esa sentencia el demandado Luís Armando Moreira Romay interpuso recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil, Comercial y Familiar del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, el 5 de abril de 2012 emitió el Auto de Vista Nº 076/2012, cursante de fs. 157 a 162 vlta., revocando totalmente la sentencia impugnada, declarando en consecuencia improbada la demanda de nulidad de proceso ejecutivo. Sin costas.

Resolución de alzada recurrida en casación en la forma y en el fondo por la actora Carmen Rosa Uzeda Aviles.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

La recurrente manifestó que el Auto de Vista recurrido se apartó de la jurisprudencia constitucional invocada, y que dicha resolución de alzada contendría suposiciones y afirmaciones contradictorias y alejadas de la objetividad que debería orientar todo fallo jurisdiccional, en base a esa consideración acusó:

En la forma, que el auto de Vista no guardó la pertinencia prevista por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, y que el adquen habría usurpado atribuciones que no le competen al valorar la prueba producida en primera instancia, aspecto que según lo dispuesto por el art. 397 del Adjetivo Civil, únicamente le correspondería al Juez A quo; por otro lado señaló que el recurso de apelación interpuesto por el codemandado Luís Armando Moreira Romay, no contenía la fundamentación ni identificación de agravios que le ocasionaría la sentencia, tampoco contenía un petitorio claro, toda vez que se limitó a solicitar la concesión del recurso, sin concretar su pretensión, razón por la cual considera que la resolución de alzada resultaría ultra petita, encontrándose por ello comprendida dentro de la sanción prevista por el art. 254-4) del Código de Procedimiento Civil.

En el fondo, señaló que el debido proceso consagrado por la Constitución Política del Estado tiene el fin de evitar la imposición de una sanción o la afectación de un derecho, sin el cumplimiento de un proceso previo, en el que se observen los derechos fundamentales y las garantías de naturaleza procesal; al respecto remarcó que la Sentencia Constitucional Nº 1422/2002-R, precisó que: toda persona tiene el derecho inviolable a intervenir en todos los procesos y decisiones en los que se puedan afectar o afecten sus derechos e intereses legítimos; que en los casos que un tercero garantiza la obligación del deudor con un bien inmueble de su propiedad la acción debe dirigirse contra éste y el deudor; que en los supuestos en los que el acreedor, dada su libertad de actuar, dirija la acción solo contra el deudor, el pago de la obligación solo podrá hacerse efectivo con los bienes de éste, sin afectar los bienes del garante hipotecario, pues, para que pueda afectarse su derecho de propiedad debe ser oído y vencido en juicio legal en el que se observe las garantías del debido proceso; finalmente que la acción por una garantía hipotecaria debe dirigirse siempre contra el propietario actual y el deudor. Aspectos que no habrían sido tomados en cuenta por el Tribunal de alzada quien, consideró que la demandante y ahora recurrente no podía ser incluida como demandada en el proceso ejecutivo, por no ser parte toda vez que no se la consideró como garante solidaria, razonamiento en base al cual se habrían afectado sus derechos al debido proceso, igualdad, propiedad privada, y seguridad jurídica.

Por las razones expuesta solicitó se anule el Auto de Vista recurrido o en su defecto se case dicha resolución y deliberando en el fondo se declare probada su demanda, consiguientemente se disponga la nulidad del proceso ejecutivo.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

El artículo 252 del Código de Procedimiento Civil dispone que el Juez o Tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público.

Que en ese marco, de la revisión de obrados se tiene que:

1.- La actora Carmen Rosa Uzeda Aviles, mediante memorial cursante de fs. 41 a 49, demandó la nulidad del contrato de ampliación de préstamo suscrito entre Luís Armando Moreira Romay como acreedor y Jaime Acuña Martínez como deudor, igualmente demandó la nulidad de la demanda ejecutiva, auto intimatorio , sentencia, auto de vista y de todos los actuados producidos dentro el proceso ejecutivo seguido por Luís Armando Moreira Romay en contra de Jaime Acuña Martínez, así como de los trámites de ejecución de sentencia.

En lo sustancial fundamentó que otorgó poder amplio y suficiente a favor de Jaime Acuña Martínez para que éste obtenga un préstamo de dinero por la suma que viere conveniente con la garantía hipotecaria del bien inmueble de su propiedad, en mérito a ese poder Jaime Acuña Martínez obtuvo un préstamo de dinero de Luís Armando Moreira Romay, por la suma de $us. 4.000, otorgando en garantía hipotecaria el bien inmueble de propiedad de la recurrente, registrado en la Oficina de Derechos Reales bajo la Partida Nº 652, Folio Nº 345, del Libro Nº 1 de Propiedades "Ciudad y Frías", del Departamento de Potosí, de 26 de agosto de 1982, posteriormente Jaime Acuña Martínez y Luís Armando Moreira Romay suscribieron otro contrato de ampliación de préstamo por la suma de $us. 2.000, con la garantía hipotecaria del referido inmueble.

Igualmente argumentó que ante el incumplimiento en la devolución de la suma adeudada Luís Armando Moreira Romay inició acción ejecutiva en contra de Jaime Acuña Martínez, proceso en el que se emitió el respectivo auto intimatorio de pago en contra del ejecutado y posteriormente se dictó la sentencia que declaró probada la demanda ejecutiva y dispuso la continuación de los trámites de subasta del bien inmueble otorgado en garantía hipotecaria de propiedad de Carmen Rosa Uzeda Avilez, hasta la suma de $us. 6.000 más intereses convencionales. Posteriormente en ejecución de sentencia el indicado bien inmueble fue rematado y adjudicado a favor de Ibling Julia Taboada Lopez y de Gonzalo Barrera Tejerina.

Señaló que el proceso ejecutivo en el que se remató y adjudicó el bien inmueble de su propiedad, se sustanció sin su intervención, aspecto que considera lesionó su derecho al debido proceso y a la defensa, toda vez que en su condición de garante hipotecaria debió ser demandada, por otro lado manifestó que el poder que otorgó a favor de Jaime Acuña Martínez, se habría extinguido por cumplimiento con la suscripción del primer contrato de préstamo de dinero y que el segundo habría sido celebrado al margen del poder que ella confirió.

Por las razones expuestas demandó: la nulidad del contrato ampliatorio de préstamo de dinero, del proceso ejecutivo y de todas sus emergencias; la cancelación de inscripciones y sub inscripciones efectuadas sobre el inmueble de su propiedad; la restitución de la Partida que registra su derecho propietario; la restitución y entrega vía reivindicación del inmueble de su propiedad.

2.- El Juez de Partido Segundo en lo Civil de la ciudad de Potosí, mediante auto de 20 de abril de 2010, de fs. 49 vlta, con carácter previo a la admisión de la demanda, advirtió que la nulidad de un proceso ejecutivo debiera comprender no solo al ejecutante sino también al ejecutado, razón por la cual ordenó a la actora complete la legitimación pasiva.

3.- En cumplimiento a esa determinación, la demandante mediante memorial de fs. 54 dirigió la demanda también en contra de Jaime Acuña Martínez.

4.- Por auto de fs. 54 vlta., de 10 de mayo de 2010, el juez de la causa admitió la demanda en contra de Luís Armando Moreira Romay y Jaime Acuña Martínez.

5.- Trabada la relación procesal por auto de fs. 113 vlta., y luego de producidas las pruebas, el juez dictó sentencia de fs. 134 a 136 vlta, declarando probada la demanda y anulando todo el proceso ejecutivo de referencia y dispuso la cancelación de los registros en el Gobierno Municipal y en la Oficina de Derechos Reales.

6.- El Tribunal de alzada por Auto de Vista de fs. 157 a 162 vlta., revocó totalmente la sentencia.

Que en base a los antecedentes expuestos se concluye que la presente causa se sustanció sin la debida integración a la litis de todas aquellas personas que pudieren verse afectadas con la decisión que se adopte, en efecto de atenderse favorablemente las pretensiones de la actora referidas a: 1) la nulidad de todo el proceso ejecutivo seguido por Luís Armando Moreira Romay contra Jaime Acuña Martínez; 2) la cancelación de inscripciones y sub inscripciones efectuadas sobre el inmueble de su propiedad; 3) la restitución de la Partida que registraba su derecho propietario y; 4) la restitución y entrega vía reivindicación del inmueble de su propiedad; indudablemente se afectaría el derecho de propiedad adquirido vía adjudicación por Ibling Julia Taboada Lopez y Gonzalo Barrera Tejerina, quienes resultarían afectados sin haber tenido la debida intervención en el presente proceso, aspecto que vulneraría su derecho a la defensa y al debido proceso, mismo que ha sido interpretado por el Tribunal constitucional como "...el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; comprende la potestad de ser escuchado presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo (derecho a la defensa) y la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos..."

Por otro lado, si Ibling Julia Taboada López y Gonzalo Barrera Tejerina no son integrados a la causa, la decisión que se adopte en la misma no surtiría ningún efecto respecto a ellos, pues, según lo previsto por el art. 194 del Código de Procedimiento Civil, las disposiciones de la sentencia solo comprenderán a las partes que intervinieren en el proceso y a las que trajeren o derivaren sus derechos de aquellas, en ese sentido,

Al respecto la uniforme jurisprudencia sentada por la entonces Corte Suprema de Justicia, criterio con el que comparte éste Tribunal, señaló que "el litisconsorcio sea activo o pasivo, importa el interés de dos o más personas respecto a una pretensión común que obliga su participación en el proceso. Cuando existe una pluralidad de sujetos que consideran tener igual derecho para peticionar, nos encontramos frente a un litisconsorcio activo, si por el contrario son varios los concernidos con la acción que se intenta, se trata de litisconsorcio pasivo y si estamos frente a una pluralidad de demandantes y demandados hablamos de un litisconsorcio mixto; que al respecto los Jueces y Tribunales de alzada deben tener presente que la integración a la litis de todos quienes sean demandantes o demandados deban ser sometidos al proceso, debe ser tarea no sólo de las partes, sino del A quo, quien en su calidad de director del proceso, debe cuidar que el mismo se desarrolle sin vicios de nulidad, pues solo así, las decisiones que adopte, serían útiles en derecho a las partes y los efectos de la cosa juzgada alcanzarían a todos quienes deriven sus derechos de aquéllas, tal como lo impone el artículo 194 del Código de Procedimiento Civil.

Por las razones expuestas, el juez a quo a tiempo de admitir la demanda debió observar no solo la necesaria integración a la causa de quien intervino en condición de ejecutado en el proceso ejecutivo cuya nulidad se demanda, sino también la necesaria integración de las personas que en ejecución de sentencia se adjudicaron el bien inmueble rematado, toda vez que la pretensión de la demanda está orientada a invalidar precisamente dicho remate y posterior adjudicación, aspecto que debió ser observado por el Tribunal de alzada oportunamente a fin de evitar que la causa se sustancie arrastrando vicios de nulidad, omisión que afecta a los principios de oportunidad y celeridad.

En mérito a las consideración desarrolladas, corresponde a éste Tribunal Supremo de Justicia aplicar lo dispuesto por el art. 252 del Código de Procedimiento Civil y en consecuencia fallar en la forma prevista por los arts. 271-3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el articulo 42 -1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, en aplicación de los artículos 252, 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta fs. 113 vlta, es decir hasta el auto de relación procesal, y dispone que con carácter previo el juez A quo ordene la integración a la causa de Ibling Julia Taboada Lopez y Gonzalo Barrera Tejerina.

No siendo excusable la omisión, se impone multa tanto al juez a quo como a los vocales del tribunal Ad quem, que se gradúa en un día de su haber mensual para cada uno de ellos.

En cumplimiento a lo previsto en la última parte del art. 17 parágrafo IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente resolución al Consejo de la Magistratura, a los fines de Ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgda. Rita Susana Nava Durán.