TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 202/2012

Sucre: 16 de julio de 2012

Expediente: LP-46-12-S.

Partes: Gobierno Municipal de La Paz c/ Diego Jorge Amado Vargas Farjat.

Proceso: Determinación de daño económico y pago.

Distrito: La Paz.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 202 a 204, interpuesto por el Gobierno Municipal de La Paz, representado por Luís Antonio Revilla Herrero, a su vez representado por Fidel Cruz Aduviri, contra el Auto de Vista Nº 112, cursante de fs. 199 a 200 vlta., emitido el 26 de marzo de 2012 por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en el proceso ordinario sobre determinación de daño económico y consiguiente pago, seguido por la entidad recurrente contra Diego Jorge Amado Vargas Farjat; la respuesta de fs.206 a 208; la concesión de fs. 209; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Décimo Tercero de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, el 1 de marzo de 2011 pronunció la sentencia Nº 84, cursante de fs. 164 a 166, declarando probada la demanda, en consecuencia dispuso que el demandado por concepto de daño económico ocasionado al Estado por el extravío del vehículo clase jeep, marca Toyota, Tipo Land Cruiser, modelo 1985, con placa de control 305-STI y demás características y datos técnicos detallados en el fallo, pague a favor del Gobierno Municipal de La Paz la suma de Bs. 74.480.- en el tercer día de ejecutoriada la sentencia; finalmente dispuso que ese fallo sea elevado en consulta ante el Tribunal Superior.

Contra esa sentencia el demandado Diego Jorge Amado Vargas, interpuso recurso de apelación en cuyo mérito la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 26 de marzo de 2012 pronunció el Auto de Vista Nº 112, cursante de fs. 199 a 200 vlta., anulando obrados hasta fs. 163 vlta., y dispuso que el Juez A quo pronuncie nueva sentencia observando lo previsto por el art. 192 del Código de Procedimiento Civil.

Resolución de alzada recurrida en casación en el fondo por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz acusó la violación de los arts. 28, 31 de la Ley 1178 y de los arts. 984, 994 del Código Civil, al respecto señaló que en el curso del proceso se habría demostrado ampliamente la existencia de la responsabilidad civil que recae sobre el demandado, quien debe resarcir el daño económico causado al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Señaló que el Tribunal de alzada señaló que la sentencia contenía deficiencia valorativa, razón por la cual anuló el fallo y dispuso la emisión de uno nuevo, determinación que en criterio del recurrente no tomó en cuenta la prueba aportada y en definitiva violó los arts. mencionados.

Por otra parte; acusó error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, en ese sentido señaló que según el informe pericial de fs. 151 a 157 se asignó un valor al activo fijo extraviado de Bs. 56.480 y en aplicación del art. 39 de la Ley 1178 el Juez correctamente actualizó dicho monto estableciendo el valor del daño ocasionado en la suma de Bs. 70.480.-, aspecto que no fue interpretado correctamente por el Tribunal de alzada quien consideró que dicha determinación no se ajustaba a los parámetros pretendidos en la demanda, sin considerar que la actualización dispuesta por el Juez respondió al mandato contenido en el art. 39 de la Ley 1178.

Finalmente acusó que el Tribunal de alzada ignoró el valor probatorio de los informes de Auditoria Interna, de la Contraloría General de la República y del peritaje practicado en el proceso.

Por las razones expuestas solicitó que el Tribunal Supremo case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo declare probada la demanda, con costas en ambas instancias.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

Se considera al recurso de casación como aquel medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por ley y dirigido a lograr que el máximo Tribunal revise y reforme o anule las resoluciones expedidas en apelación por los Tribunales Departamentales que infringen las normas de derecho material, las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales.

La Casación tiene por fin privilegiar la recta aplicación de la ley y de esta manera alcanzar la justicia en la resolución de los conflictos procesales. Por ello, estamos ante una institución necesaria y de enorme importancia en la administración de justicia, pues gracias a ella, se cuenta con una vía que asegura la correcta aplicación o interpretación de las normas jurídicas y la uniformización de la jurisprudencia nacional.

Como característica esencial de este recurso podemos establecer que no se trata de una tercera instancia, pues el Tribunal de casación es un Tribunal de derecho y no de hecho, por ello el recurso solo procede por las causales taxativamente indicadas por la ley, debiendo el Tribunal de Casación circunscribirse a considerar las causales invocadas por el recurrente y siempre que se formulen con observancia de los requisitos exigidos por la misma ley.

Al respecto la uniforme jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia señaló que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, que puede ser en el fondo o en la forma o en ambos a la vez, conforme está establecido en el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil.

Cuando el recurso de casación se interpone en el fondo, esto por errores en la resolución de fondo o errores in iudicando, los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el artículo 253 del adjetivo civil, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva resolución unificando la jurisprudencia e interpretación de las normas jurídicas o creando nueva jurisprudencia; en tanto que si se plantea en la forma, es decir por errores de procedimiento, la fundamentación debe adecuarse a las causales y previsiones contenidas en el artículo 254 del mismo cuerpo legal, siendo su finalidad la anulación de la resolución recurrida o del proceso mismo cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso sancionadas con nulidad por la ley. En ambos casos, es de inexcusable cumplimiento el mandato del artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.

De lo manifestado precedentemente se concluye que el recurso de casación en el fondo y el de forma, son dos medios de impugnación distintos, que persiguen igualmente finalidades diferentes, el uno, nos referimos al de fondo, esta orientado a que el Tribunal Supremo revise el fondo de la resolución del litigio, y en este caso lo que el recurrente pretende es que el Auto Supremo case la resolución recurrida y resuelva el fondo de la controversia en base a la correcta aplicación o interpretación de la ley y en su caso sobre la base de una correcta valoración de la prueba. En cambio el recurso de casación en la forma está orientado a que el Tribunal Supremo constate la existencia de errores formales en la resolución impugnada o de procedimiento en la sustanciación de la causa que conlleven la afectación del debido proceso, en ese caso la pretensión recursiva del recurrente está orientada a la nulidad de la resolución impugnada o a la nulidad de obrados.

En el caso que se analiza el Tribunal de Alzada, en base a los fundamentos expuestos en el Auto de Vista recurrido, anuló obrados y dispuso que el juez de la causa pronuncie nueva sentencia, es decir que la resolución de alzada no se pronunció sobre el fondo del litigio, sino que se limitó a la constatación de errores formales que, en su criterio, contendría el fallo de primera instancia, razón por la cual anuló ese fallo, en consecuencia contra esa resolución anulatoria no es procedente la interposición de un recurso de casación en el fondo como erradamente lo hizo la parte recurrente, en todo caso si en criterio de la parte recurrente los fundamentos en que se sustenta la nulidad de obrados no corresponden y por ello considera indebida la nulidad de la sentencia, debió impugnar esos aspectos a través del recurso de casación en la forma a fin de que éste Tribunal Supremo de Justicia constate si los motivos que dieron lugar a la nulidad son o no correctos, empero en ningún caso puede pretender que éste Tribunal Supremo, sobre la base de una resolución anulatoria de obrados, delibere en el fondo y declare probada la demanda.

La uniforme jurisprudencia sentada por la entonces Corte Suprema de Justicia, criterio que es compartido por éste Tribunal, orienta que contra una resolución de segunda instancia anulatoria de obrados, no corresponde el recurso de casación en el fondo, consiguientemente el recurso intentado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz resulta improcedente.

Sin embargo conforme dispone el art. 252 del Código de Procedimiento Civil, es deber del Tribunal de Casación anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesen al orden público, en ese sentido corresponde establecer lo siguiente:

1.- Por memorial de fs. 54 a 55, aclarado a fs. 58 y vlta. el Gobierno Municipal de La Paz, interpuso demanda de determinación de importe de daño económico y su consiguiente recuperación, argumentando que los informes de Auditoría Interna AIE-051/2002 de 29 de noviembre de 2002 y su complementario AEI-0189/2003, evaluados y aprobados por la contraloría General de la República mediante informe IL/R021/L03 de 5 de mayo de 2004, establecieron indicios de responsabilidad civil en contra del servidor público Diego Jorge Amado Vargas Farjat, como consecuencia de la sustracción del vehículo clase Jeep, marca Toyota, tipo Land Cruiser, modelo 1985, con placa de control 305-STI, que se encontraba a su cargo. Igualmente argumentó que los informes de referencia recomendaron que en la vía ordinaria civil se proceda a determinar el valor del vehículo extraviado y su posterior devolución, ya que el daño económico no pudo ser establecido en su "quantum" ni por la Unidad de Auditoria Interna del Gobierno Municipal de La Paz ni por la Contraloría General de la República, motivo por el cual no se habría determinado la cuantía.

2.- Por memorial de fs. 95 a 96, el demandado Diego Jorge Amado Vargas Farjat, contestó negativamente a la demanda, argumentando que desde el robo del vehículo en cuestión asumió en todo momento su responsabilidad, y como muestra de ello refirió que hizo entrega de un vehículo de su propiedad a la Alcaldía Municipal de La Paz, como pago, entidad que incluso utilizó el mismo por un lapso de 10 meses sin que durante ese tiempo se hubiese resuelto favorablemente el problema habiendo la entidad demandante procedido a la devolución de su vehículo; en base a esos argumentos solicitó se designe un perito avaluador para establecer el valor del vehículo que fue extraviado.

Siendo esos los antecedentes que orientan la sustanciación de la presente causa, corresponde establecer que:

La Ley de Administración y Control Gubernamental, Ley Nº 1178, establece que todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignadas a su cargo, a ese efecto califica la responsabilidad por la función pública en: administrativa, ejecutiva, civil y penal. Al respecto el art. 31 de la mencionada Ley señala que: "La responsabilidad es civil cuando la acción u omisión del servidor público o de las personas naturales o jurídicas privadas cause daño al Estado valuable en dinero...".

El art. 47 de la citada Ley Nº 1178, dispone: "Créase la jurisdicción coactiva fiscal para el conocimiento de todas las demandas que se interpongan con ocasión de los actos de los servidores públicos, de los distintos entes de derecho público o de las personas naturales o jurídicas privadas que hayan suscrito contratos administrativos con el Estado, por los cuales se determine responsabilidades civiles definidas en el artículo 31 de la presente Ley. Son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza".(Las negrillas no corresponde al texto original).

El art. 48 de la citada norma determina: "No corresponden a la jurisdicción coactiva fiscal las cuestiones de índole civil no contempladas en el artículo 47 ni las de carácter penal, comercial o tributario atribuidas a la jurisdicción ordinaria y tributaria y aquellas otras que, aunque relacionadas con actos de la administración pública, se atribuyen por ley a otras jurisdicciones.

El art. 51 del Decreto supremo Nº 23318-A, Reglamento de la Responsabilidad Por la función Pública, determina: "(Características del dictamen de responsabilidad civil).- El dictamen de responsabilidad civil es una opinión técnica jurídica emitida por el Contralor General de la República. Tiene valor de prueba preconstituida y contendrá la relación de los hechos, actos u omisiones que supuestamente causaron daño económico al Estado, fundamentación legal, cuantificación del posible daño e indemnización del presunto o presuntos responsables".

De las normas relacionadas precedentemente se desprende que la jurisdicción coactiva fiscal fue creada para el conocimiento de todas las demandas que se interpongan con ocasión de perseguir la responsabilidad civil a que se refiere el art. 31 de la Ley Nº 1178, en consecuencia no corresponde a otra jurisdicción, como a la ordinaria, el conocimiento de las causas referidas a la determinación y eventual reparación de los daños civiles ocasionados al Estado por funcionarios públicos, como se pretende en el caso de autos, en el que el Gobierno Municipal de La Paz persigue la calificación (determinación ) del daño económico y su posterior pago, aspecto que, sin lugar a duda, se encuentra comprendido dentro de la previsión del art. 47 de la Ley Nº 1178 que reconoce a la jurisdicción coactiva fiscal, como la vía competente para el conocimiento de todas las demandas que se interpongan persiguiendo la determinación de la responsabilidad civil de los funcionarios públicos y su posterior resarcimiento.

El juez de la causa ni el Tribunal de alzada advirtieron ese aspecto, el primero admitió la demanda sobre la base del memorial de aclaración de fs. 58 y vlta., en el que la entidad demandante argumentó que los informes de auditoria no pudieron determinar el "quantum" del daño económico, razón por la cual recomendaron que esa cuantificación se realice en la vía civil ordinaria, en cuyo mérito iniciaron un proceso ordinario en la vía civil y no uno coactivo fiscal, como correspondía.

Al respecto corresponde señalar que la jurisdicción y la competencia son aspectos de orden público, cuya determinación es fijada por Ley y no está librada al criterio o elección de las partes, ni a las recomendaciones que pueda contener un informe de auditoría, el cual debe sujetarse a las características que según el art. 51 del Decreto Supremo Nº 23318-A debería reunir y, en ese sentido, ese instrumento técnico jurídico debería contener la cuantificación del posible daño, aspecto que no puede ser librado a la vía ordinaria civil, lo contrario supondría que, bajo el argumento de la imposibilidad de cuantificar el daño económico, se aperture una competencia no prevista por ley para el conocimiento de causas que están expresamente reservadas para la jurisdicción coactiva fiscal, lo que contraviene las previsiones inmersas en los arts. 11 y 12 de la actual Ley del Órgano Judicial, que se encontraban también expresadas en los arts. 25 y 26 de la abrogada Ley de Organización Judicial.

Por otro lado, la cuantificación del posible daño a que hace referencia el citado art. 51 del Decreto Supremo Nº 23318-A, debe realizarse a través de procedimientos técnicos y sobre la base de normas básicas y secundarias previstas para tal efecto, no siendo razonable que dicha cuantificación se libre a la vía ordinaria, toda vez que, en principio, corresponde a la entidad estatal determinar el daño que presumiblemente le originó la conducta del funcionario público a quien se considera civilmente responsable, aspecto que será sometido a conocimiento y decisión del juez competente, que no es otro que el juez coactivo fiscal.

Por las razones expuestas, corresponde a éste Tribunal fallar en aplicación del art. 252 del Código de Procedimiento Civil y en la forma prevista por los arts. 271-3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el articulo 42 -1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, en aplicación de los artículos 252, 271-3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta el auto de admisión de la demanda de fs. 59, y dispone que el juez de la causa emita nueva resolución observando los fundamentos del presente Auto Supremo.

Sin responsabilidad por ser excusable.

En cumplimiento a lo previsto en la última parte del art. 17 de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente resolución al consejo de la Magistratura, a los fines de Ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgda. Rita Susana Nava Durán.