TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 191/2012

Sucre: 27 de junio de 2012

Expediente: CB -35 - 12 - A

Partes: Rosa Beatriz Canelas Leyton y Maria Renee Ximena Canelas Leyton de De la Reza c/

Alfonso Daniel Canelas Scott y Martha Lilian Scott Moreno.

Proceso: Colación a la masa hereditaria y consiguiente División y Partición de Bienes.

Distrito: Cochabamba.


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 220 a 225 vlta de obrados, interpuesto por Martha Lilian de Loreto Scott Vda. de Canelas por si y en representación de su hijo Alfonso Daniel Canelas Scott, contra el Auto de Vista de fecha 16 de marzo de 2.012, cursante de fs. 215 a 216 vlta, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso de Colación a la masa hereditaria y consiguiente División y Partición de Bienes, seguido por Rosa Beatriz Canelas Leyton y Maria Renee Ximena Canelas Leyton de De la Reza contra Alfonso Daniel Canelas Scott y Martha Lilian Scott Moreno, el auto de concesión de fs. 230, los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, por auto de fecha 29 de diciembre de 2010 que cursa en fs. 179 vlta, rechaza la ampliación de la acción reconvencional contra Carlos, Eduardo, Gonzalo, Fernando y Enrique Canelas Tardío, por ser extraños a la acción principal.

En contra de dicho auto de rechazo la parte demandada interpone recurso de reposición bajo alternativa de apelación que cursa de fs. 184 a 185 vlta; que es resuelto por medio del Auto Interlocutorio de fecha 17 de enero de 2011, donde se resuelve la reposición planteada y en su parte resolutiva Rechaza la solicitud de reposición del proveído de 29 de diciembre de 2010 y dispone que el recurso de apelación planteado alternativamente se eleve en efecto devolutivo.

Concedido el recurso de apelación en efecto devolutivo la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, Confirma el auto apelado.

Contra esa resolución judicial de segunda instancia, la parte demandada interpone recurso de casación en la forma y en el fondo.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

Casación en la forma:

Indicó, que en obrados se evidencia ante la negativa de la reposición planteada se concede la apelación en efecto devolutivo, debiendo concederse en efecto suspensivo en virtud de que el auto de fecha 17 de enero de 2011 es definitivo y cortó todo procedimiento ulterior, habida cuenta que lo rechazado no podrá ser sustanciado dentro del proceso, tampoco podrá ser resuelto en sentencia, acusó que en el fondo es ilegal y violó las leyes que son de orden público.

Luego del análisis que realiza a los efectos, con lo que se conceden las apelaciones, concepto, clases y clasificación de los autos interlocutorios, termino indicando que la apelación en el efecto devolutivo concedido por el A quo debió ser en efecto suspensivo como se reclamó oportunamente, violándose el art. 224 inciso 3 del Código de procedimiento Civil incurriendo en la nulidad sancionada por el art. 90 - II del mismo Código y que el Tribunal de Alzada no dispuso la nulidad incurriendo el Auto de vista en nulo.

Casación en el Fondo:

Indicó que el objeto del proceso de división de herencia, es universal, es la partición de todo acervo sucesorio del causante; en cambio la colación es sólo una de las pretensiones, no el objeto mismo, indicó que existen otras pretensiones como la reducción de legitima, la acción de reintegro y la acción revocatoria, además arguyó que su acción reconvencional no tiene por objeto la colación sino la división de los bienes sucesorios de donde el causante es co-propietario con sus hermanos y de los testimonios adjuntados se evidencia no solo la propiedad sino también la indivisión.

Acusó que el Auto de Vista omitió toda la consideración sobre el auto de 17 de enero de 2011 que fue parte de la apelación, indicó que el Tribunal de alzada al no reparar las violaciones del A quo, no se pronunció clara, expresa y positivamente, además que la resolución de segunda instancia es contradictoria e incongruente.

Indicó que en la demanda reconvencional que se plantea los demandados son co-propietarios de los bienes sucesorios indivisos del de cujus y que la división de esos bienes obliga a los co-propietarios ha ser llamados al proceso para no causar perjuicios a sus derechos, y que en sentencia se les excluya y se prive a los herederos de obtener la división de los bienes sucesorios indivisos.

Terminó peticionando que en la forma se anule el Auto de Vista de 16 de marzo de 2012, así como los autos de 29 de diciembre de 2010 y 17 de enero de 2011, hasta el vicio mas antiguo, hasta que el A quo emita un nuevo auto de concesión en el efecto suspensivo.

En el fondo solicitó que se Case el Auto de Vista determinando que la ampliación de la demanda reconvencional sea admitida, tramitada de acuerdo a ley y se ordene la citación y emplazamiento legal a los co-propietarios de los bienes sucesorios indivisos Carlos, Eduardo, Gonzalo, Fernando y Enrique Canelas Tardío.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

Qué, analizados los antecedentes corresponde puntualizar aspectos que hacen a la obligación del juez a tiempo de administrar justicia y que los Tribunales de instancia están obligados a verificar y revisar de oficio.

Al respecto citaremos jurisprudencia emitida por la extinta Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través del Auto Supremo N° 428 de 6 de diciembre 2010, que señala: "... corresponde puntualizar que, el artículo 334 del Código de Procedimiento Civil, dispone que presentada la demanda en la forma prescrita, el Juez la correrá en traslado al demandado para que comparezca y conteste en el término de ley.

Por el contrario, el artículo 333 del citado Código establece que, cuando la demanda no se ajuste a las reglas establecidas podrá el Juez ordenar de oficio se subsanen los defectos dentro del plazo prudencial que fije y bajo apercibimiento de que si no se subsanaren se la tendrá por no presentada.

De las normas citadas se establece que frente a la interposición de la demanda el Juez tiene el deber de efectuar un primer examen de admisibilidad, el cual, según las citadas normas, parecería limitarse a la verificación del cumplimiento de las reglas referidas a la forma de la demanda como acto de postulación, establecidas en el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil.

No obstante lo que se desprende de las normas transcritas, literalmente consideradas, la doctrina y la jurisprudencia han reconocido de manera concordante que la facultad del Juez puede ir más allá de ese análisis de cumplimiento de presupuestos de admisibilidad extrínsecos o formales y, extenderse a los requisitos de admisibilidad intrínsecos, e incluso a los de fundabilidad o procedencia de la pretensión.

Para lograr desentrañar adecuadamente el poder que ejerce el Juez frente a la interposición de una demanda, resulta relevante distinguir, entre el control formal de la demanda y, el control material o de fondo; o lo que el autor Carlo Carli denomina condiciones de procedibilidad y de fundabilidad.

En el primer caso, una vez deducida una determinada pretensión el Juez no queda automáticamente conminado a admitirla y promover en consecuencia el proceso, debe en principio analizar la concurrencia de los presupuestos procesales y el cumplimiento de las formas necesarias de las que debe estar revestido al acto de demanda. Constituye pues un juicio netamente formal que se realiza ex ante a cualquier análisis sobre el fondo de la pretensión, y está relacionado con el poder reconocido al Juez de sanear el proceso lo más pronto posible, para librarlo de impedimentos y óbices formales y facilitar el rápido y ordenado pasaje a las etapas vinculadas al mérito. En consecuencia, en éste examen de admisibilidad el Juez deberá tener en cuenta, por ejemplo, si el conocimiento de la demanda que se le presenta es de su competencia o no; si la demanda se ajusta a las reglas previstas por el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, una vez comprobada por el Juez la concurrencia de los presupuestos procesales y el cumplimiento de los requisitos formales, le corresponde efectuar un control de la proponibilidad o fundamento intrínseco de la acción tal como ha sido propuesta. A diferencia del control formal, el juicio de fundabilidad opera con elementos que corresponden al derecho material, con los preceptos sustanciales llamados a zanjar la litis en la Sentencia definitiva.

Respecto de las condiciones de fundabilidad, el autor argentino Peyrano señala que "Presentada la demanda ante el Juez, éste deberá analizar (entre otras cosas) la proponibilidad objetiva de la pretensión y para ello deberá consultar el ordenamiento y comprobar "en abstracto" si la ley le concede la facultad de juzgar el caso. El mencionado autor refiere el rechazo in límine por "improponibilidad objetiva de la demanda", es decir, no ya por carencia de condiciones de procedibilidad, sino por evidente infundabilidad.

El concepto de "improponibilidad", fue postulado por Morello y Berizonce, en un trabajo llamado "improponibilidad objetiva de la demanda", en el que se estableció que le está permitido al Juez, fuera de los supuestos de inhabilidad formal de la demanda, disponer su repulsa in limine juzgando sin sustanciación acerca de su fundabilidad o mérito, cuando el objeto perseguido (por la pretensión) está excluido de plano por la ley, en cuanto esta impida explícitamente cualquier decisión al respecto, o la improcedencia derive de la no idoneidad, juzgada en abstracto, de los propios hechos en que se funda la demanda (causa petendi), los que no son aptos para una Sentencia favorable.

El rechazo in limine o ab initio de la demanda por falta de fundabilidad o por carecer de un interés tutelado por el ordenamiento, tiene como fundamento evitar un inútil dispendio de la función jurisdiccional, puesto que de admitirse el trámite de una demanda improponible y que así será sancionada al culminar el proceso, no sólo se atenta contra los principios de economía procesal y celeridad, sino que se activa y recarga inútilmente la labor de los órganos jurisdiccionales.

Ahora bien, corresponde precisar en qué situaciones resulta legítimo rechazar in limine una pretensión; es decir en qué casos el Juez debe ejercer la facultad de repulsar una demanda por infundabilidad o improponibilidad objetiva.

Al respecto, son varios los criterios de clasificación que adopta la doctrina, empero, diremos que en principio esa facultad comprende aquellas pretensiones en las que falta un interés susceptible de ser protegido, o demanda imposible; de la multiplicidad de relaciones subjetivas que se suceden en el tráfico jurídico no todas encuentran un amparo por el derecho, existen relaciones jurídicas que se crean al margen de la legalidad y que el ordenamiento las priva de tutela jurídica por estar en pugna con el orden público o ser contrarias a la ley.

En esta hipótesis cabe encuadrar los casos donde el objeto o la causa que conforma una determinada pretensión son ilícitos, o pugnan con la ley o las buenas costumbres o bien una pretensión que se dirige a algo material o jurídicamente imposible. Ejemplo, la pretensión de cobro de una deuda que resulte de un juego prohibido, supuesto exprésamente previsto por el artículo 910-I del Código Civil; el pago que se demanda en cumplimiento de una obligación cuya prestación resulta ilegal o inmoral, ese sería el caso de un sicario que demanda el pago por un asesinato llevado a cabo, o de aquel que demanda el pago por la venta de sustancias prohibidas; la demanda de reivindicación de un bien que se encuentra fuera del comercio humano -jurídicamente imposible-. En estos supuestos, no hay un interés legítimo jurídicamente protegido, por ello no se justifica la tramitación completa de un proceso que se sabe infecundo, en cuanto necesariamente terminará con una Sentencia desfavorable para el demandante.

Ingresa, igualmente en esta primera clasificación aquellos supuestos en los que la pretensión recae sobre relaciones subjetivas que no poseen relevancia jurídica en la medida en que no se encuentran reguladas por el derecho, por tratarse, precisamente de cuestiones que carecen de contenido jurídico. Ejemplo, la pretensión dirigida a exigir el cumplimiento de una obligación de trato social.

El segundo supuesto en que el Juez puede ejercer la facultad de rechazar in limine una demanda, lo constituyen aquellos casos en los que la ley excluye la posibilidad de tutela jurídica, o demanda objetivamente improponible; Quedan incluidos, dentro de esta posibilidad todos los casos de obligaciones naturales; además aquellos en los que la ley sustantiva excluye determinadas pretensiones jurídicas, es deci,r cuando nos encontramos frente a una pretensión inviable de inicio. Por ejemplo, la imposibilidad de demandar la lesión o vicios ocultos, respecto de una venta judicial, supuesto expresamente prohibido por el artículo 1481 del Código Civil; la inadmisibilidad de la acción de desconocimiento de paternidad intentada por el padre en el supuesto de concepción por fecundación artificial con autorización escrita del marido, previsto por el artículo 187 del Código de Familia..."

"...Que, el reconocer al Juez la facultad -deber- de rechazar ad initio la demanda no pugna con el derecho a la tutela judicial efectiva, o derecho de acción; en efecto, si aceptamos que el derecho de acción o de tutela judicial efectiva, tiene como contenido esencial que la pretensión del justiciable sea atendida por un Tribunal y, que amerite un pronunciamiento debidamente motivado respecto a la pretensión deducida; el derecho a la tutela judicial se agotaría, en el acceso a la jurisdicción y en la dictación de una resolución motivada en derecho, es decir que, el poder del Juez de rechazar ab initio una demanda, no entra en pugna con el contenido del derecho de acción o de tutela judicial efectiva, puesto que el Juez atenderá y se pronunciará efectivamente y en forma motivada respecto a la pretensión del actor; en otras palabras, el actor promueve su pretensión, activando la función jurisdiccional del Estado, la que desemboca en una determinada, precisa y fundada decisión judicial, en consecuencia, se satisface íntegramente su derecho a la acción o tutela judicial".

Que, en el marco de lo expuesto precedentemente y de la revisión de obrados, se tiene evidencia que la demanda principal que cursa de fs. 61 a 65 vlta presentada por Rosa Beatriz Canelas Leyton y Maria Renee Canelas Leyton de De la Reza cuenta con elementos fácticos la colación a la masa hereditaria de las acciones de la Empresa Editorial Canelas S.A., al igual de las cuotas de capital de la Empresa Editorial Canelas Del Sur S.R.L. (Correo del Sur).

En virtud a dicha pretensión principal es necesario determinar qué se entiende por colación, en ese entendido se tiene lo siguiente:

El autor Eduardo A. Zannoni en su libro Manual de Derecho de las Sucesiones, conceptúa a la colación como "...imputación de las donaciones realizadas en vida por el causante a cualquiera de los herederos forzosos que concurren a la sucesión, respecto de la parte o porción que al que al beneficiario de la donación (donatario) corresponde en la herencia...", de la misma forma el autor Jorge Inochea Rojas en su texto Manual Practico de Derecho Sucesorio indica "Es la obligación que tiene el heredero forzoso que ha recibido una donación del causante en vida de traer a la masa hereditaria la división el valor de dicha donación", por su lado el consagrado Dr. Armando Villafuerte, ex ministro de la ex Corte Suprema de Justicia en su libro Derecho de Sucesiones indica que la colación es "En el derecho sucesorio significa juntar o reunir todas las donaciones que el de cujus ha hecho en vida a sus herederos forzosos, a fin de formar la masa hereditaria que luego se ha de dividir".

Nótese que de estas tres conceptualizaciones de colación existe en común la donación, al igual que en nuestro Código Civil que en su art. 1254 indica "Toda donación hecha a heredero forzoso que concurra a la sucesión del donante importa anticipo de su porción hereditaria...", en virtud de lo mencionado una característica particular de la colación es que está destinada y dirigida única y exclusivamente a las donaciones que en vida pudo realizar el causante, que en el caso de la litis es Luís Adolfo Canelas Tardío y por los antecedentes vertidos en la demanda principal se hace evidente que las partes confunden y mal interpretan los alcances de la colación, al igual que los Tribunales de instancia que conforme a lo mencionado líneas arriba tienen el deber de admitir la demanda velando que los elementos fácticos que hacen mención las partes pueda subsumirse a lo determinado por nuestro ordenamiento legal.

Al respecto el Código Civil en su art. 655 indica "La donación es el contrato por el cual una persona, por espíritu de liberalidad, procura a otra un enriquecimiento disponiendo a favor de ella un derecho propio o asumiendo frente a ella una obligación", de la misma forma el art. 667 menciona "I. La donación debe hacerse mediante documento público, bajo sanción de nulidad.", del análisis de estos dos artículos se interpreta que tiene que cumplirse con ciertos requisitos para que sea válida la donación, debiendo cumplirse previamente con las formalidades interpuestas para la donación.

Por lo dicho, en la litis las partes no han adjuntado documentos que respalden su pretensión, solo se evidencia con relación a la colación pretendida a la masa hereditaria las acciones de la Empresa Editorial Canelas S.A. que correspondieron a Luís Alfonso Canelas Tardío, que en criterio de las demandantes se transfiere en demasía a Alfonso Daniel Canelas Scott y que dicha demasía es concretamente el 2.7917% y que llega a afectar la consolidación de las partes que fueron trasferidas a las demandantes en dicha sociedad producto a la disolución del vinculo matrimonial de Luís Alfonso Canelas Tardío y la madre de las ahora demandantes Rosa Maria Betty Leyton Mendoza.

Con relación a la pretendida Colación a la masa hereditaria de las cuotas de capital de la Empresa Editorial Canelas del Sur S.R.L. (Correo del Sur), mencionan que el 33.33% de las acciones fueron anticipadas a favor de Alfonso Daniel Canelas Scott, indicando que incluyen los dividendos y el acrecimiento emergente conforme lo dispone el art. 108 del Código de Familia.

Con relación a lo mencionado de fs. 56 a 58 cursa el Testimonio No. 1275/99 de fecha 14 de julio 1999 correspondiente a la Escritura Pública de Anticipo de legítima con reserva de derecho de usufructo de cuotas de capital que suscriben Alfonso Canelas Tardío y Lilian Scott Moreno de Canelas, quienes conforme a la minuta que se encuentra transcrita en el protocolo otorgan a su hijo Alfonso Daniel Canelas Scott en calidad de anticipo de legítima el 33.33% de participación en la sociedad de responsabilidad limitada denominada Editorial Canelas del Sur (Correo del Sur).

Este documento público hace evidente que la pretendida Colación con respecto al anticipó de legitima que operó conforme se evidencia en el mencionado testimonio, no puede demandarse mediante colación, debiendo la parte interesada subsumir su pretensión a los institutos que regulan el amplio campo del Derecho Sucesorio.

En ese sentido el art. 1067 del Código Civil dispone "Cuando se abre en todo o en parte la sucesión ab-intestato, concurriendo herederos forzosos con otros llamados a suceder, las porciones que corresponderían a estos últimos se reducen proporcionalmente en los límites necesarios para integrar la legítima de aquellos, los cuales, sin embargo deben imputar a ésta todo lo que han recibido del de cujus en virtud de donaciones o legados", entendiéndose que los anticipos de legítima efectuados por el de cujus Luís Alfonso Canelas Tardío tendrán que ser sometidos a la acción de reducción y reintegro conforme norma el mencionado artículo.

Por lo dicho, la demanda principal interpuesta en obrados no cuenta con presupuestos legales para ser tramitada, sustanciada y resuelta por los tTibunales de instancia, debiendo el juez A quo reencausar lo pretendido por ambas partes.

Por último, no se ingresa a considerar el recurso de casación en la forma y en el fondo presentado por la recurrente Martha Lilian de Loreto Scott Vda. De Canelas por si y en representación de Alfonso Daniel Canelas Scott en virtud de no ser necesaria su valoración por lo mencionado en la presente resolución.

Por todo lo expuesto al amparo del art. 252 del Código de Procedimiento Civil y toda vez que la correcta aplicación de las normas sustantivas y adjetivas son de orden público y en virtud a los principios en los que se funda la jurisdicción ordinaria, entre ellos el de legalidad y debido proceso, previstos en el art. 180 de la Constitución Política del Estado, corresponde a este Tribunal fallar en la forma prevista por los artículos 271- 3) y 275, todos del Adjetivo Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerciendo la facultad conferida por el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta fojas 67 (admisión de la demanda) y dispone que el Juez A quo, emita nueva resolución, en estricta observancia de lo previsto por los artículos 3-1), 87 del Código de Procedimiento Civil y a los fundamentos expuestos en el presente Auto Supremo.

Sin responsabilidad por ser excusable el error.

En atención a lo previsto en el art. 17 parágrafo IV de la Ley 025 del Órgano Judicial, se comunica con la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani