TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 190/2012.

Sucre: 27 de junio de 2012.

Expediente: LP-26-12-S.

Partes: Asociación de Jubilados Civiles de la Policía Nacional y la Asociación de Adjudicatarios de Villa Litoral Achocalla, representadas por Jacinto Vicente Saavedra Cortéz c/ Miguel Choque Pocoaca, representante de la Urbanización Arco Iris, Néstor Choque Mamani, representante de la Urbanización San Martín y Eulogio Marca, representante de la Urbanización Illimani.

Proceso: Mejor derecho de propiedad.

Distrito: La Paz.


VISTOS: Los recursos de casación de fs. 618 a 620 vlta., 626 a 627 vlta., 632 a 635 vlta., interpuestos por Jacinto Vicente Saavedra Cortez, en representación de la Asociación de Jubilados Civiles de la Policía Nacional, Miguel Choque Pocoaca y por Guillermo Rodríguez Luna, respectivamente, contra el Auto de Vista Nº 209/2011 cursante de fs. 573 a 575 vlta., emitido el 13 de junio de 2011 por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, en el proceso ordinario sobre reconocimiento de mejor derecho propietario seguido por la Asociación de Jubilados Civiles de la Policía Nacional y la Asociación de Adjudicatarios de Villa Litoral Achocalla, representadas por Jacinto Saavedra Cortez, contra las Urbanizaciones Arco Iris, San Martín e Illimani; las respuestas de fs. 640 y vlta., 646 a 648, 651 a 655; la concesión de fs. 661; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, el 6 de mayo de 2010 pronunció la Sentencia Nº 101, cursante de fs. 506 a 510 de obrados, declarando probada la demanda, en consecuencia reconoció el mejor derecho propietario del actor Policía Nacional hoy Villa Litoral, representada por el Cnl. (SP) Jacinto Vicente Saavedra Cortez, en su condición de Presidente de la Asociación de Jubilados civiles de la Policía Nacional, respecto a las acciones y derechos de la Ex hacienda Cututu, ubicada en el cantón Achocalla de la Provincia Murillo del Departamento de La Paz, constituido a través de la E.P. Nº 172 de 29 de octubre de 1963 y actualmente registrado bajo la Matrícula Nº 2.01.3.01.0001295; más daños y perjuicios que se calificarán en ejecución de sentencia, con costas.

Contra esa sentencia Néstor Choque Mamani, Guillermo Rodríguez Luna, Miguel Choque Pocoaca interpusieron recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del distrito Judicial de La Paz, el 13 de junio de 2011 pronunció el Auto de Vista Nº 209/2011 cursante de fs. 573 a 575 vlta., anulando obrados hasta fs. 407, y dispuso que el Juez regularice el proceso de acuerdo a los datos del mismo, con responsabilidad en la suma de Bs. 100.

Contra esa resolución de segunda instancia Jacinto Vicente Saavedra Cortez, en representación de la Asociación de Jubilados Civiles de la Policía Nacional, Miguel Choque Pocoaca y Guillermo Rodríguez Luna, recurrieron en casación.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

Jacinto Vicente Saavedra Cortez, en representación de la Asociación de Jubilados Civiles de la Policía Nacional, interpuso recurso de casación en el fondo, acusando la equivocación manifiesta del Tribunal Ad quem respecto a la aplicación de las normas referidas a la nulidad de obrados, al respecto señaló que la citación extrañada por el Tribunal de alzada cursa a fs. 417 de obrados, razón por la cual no se dejó en indefensión al codemandado Guillermo Rodríguez, como presidente de la Urbanización "Illimani", quien habiendo sido legalmente citado no contestó a la demanda y fue declarado rebelde y no incidentó nunca la nulidad de la citación extrañada ni reclamó ese aspecto a tiempo de apelar la sentencia, razón por la cual considera que a nulidad dispuesta por el Tribunal de alzada es contraria a los principios de especificidad, trascendencia, y convalidación, y viola lo previsto por los arts. 128 del código de Procedimiento Civil y 247 de la Ley Nº 1455. Por otro lado cuestionó el fundamento expuesto por el Tribunal Ad quem respecto a la aparente contradicción de la sentencia, aspecto que en su criterio no fuese evidente, toda vez que de manera clara y enfática la sentencia declaró el mejor derecho de propiedad de la Policía Boliviana y en ningún momento el mejor derecho de propiedad de la Asociación de Jubilados Civiles de la Policía Nacional y mucho menos de Jacinto Vicente Saavedra Cortez, por lo que la referencia efectuada al respecto por el Tribunal de alzada sería imprecisa e incorrecta.

Por las razones expuestas solicitó se case el Auto de Vista recurrido y se mantenga subsistente la sentencia.

Miguel Choque Pocoaca, interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo.

En la forma acusó que el Tribunal de alzada fundamentó que el juez a quo declaró probada la demanda sin la fundamentación ni la motivación pertinente, ni la debida congruencia, ya que no diferenció la personalidad de la Policía Nacional y de la Asociación de Jubilados Civiles de la Policía Nacional y reconoció el mejor derecho propietario a favor del actor Policía Nacional hoy Villa Litoral, representada por Jacinto Vicente Saavedra Cortéz; siendo esos los fundamentos del Tribunal de alzada, en criterio del recurrente, si Jacinto Vicente Saavedra Cortéz, como representante de la Asociación de Jubilados Civiles de la Policía Nacional, no acreditó fehacientemente representación respecto a la Policía Nacional, institución que según el folio real de fs. 259 resultaría la exclusiva titular del lote de terreno objeto del litigio, lo que correspondía al Tribunal de alzada era anular obrados hasta la admisión de la demanda inclusive.

En el fondo señaló que la parte actora no demostró que el inmueble que reclama sea el mismo que corresponde a las urbanizaciones "Arco Iris", "San Martin" e "Illimani", ya que conforme el folio cursante a fs. 259 y los informes de fs. 31 y 260, la Policía Nacional, sin individualización, tendría derecho de propiedad únicamente sobre acciones y derechos , sin que la superficie de su propiedad estuviese registrada ni demostrada, lo que no sucedería con las indicadas urbanizaciones que sí contarían con la respectiva aprobación y registro en Derechos Reales.

Por otro lado, señaló que la parte actora tampoco demostró que por actos distintos un mismo propietario hubiese transferido los inmuebles en litigio.

Finalmente reiteró que la parte actora no demostró la titularidad de su derecho propietario ni la personería para actuar, reiterando en lo sustancial los fundamentos antes expuestos.

Por las razones expuestas solicitó se anule obrados hasta la admisión de la demanda o en su defecto se case el auto de vista y se declare improbada la demanda.

Guillermo Rodríguez Luna, interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo.

En la forma acusó que el proceso se sustanció en su absoluta indefensión, argumentando que nunca fué citado con la ampliación de la demanda que lo incluya como parte demandada. Cuestionó la indebida diligencia de notificación practicada a su persona.

Manifestó que la nulidad dispuesta por el Tribunal de alzada debió alcanzar hasta la admisión misma de la demanda en virtud a que Jacinto Vicente Saavedra Cortéz no acreditó representación de la Policía Nacional, a quien en sentencia se reconoce el mejor derecho de propiedad.

En el fondo reiteró los fundamentos expuesto por el recurrente Miguel Choque Pocoaca.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

El recurso de casación es considerado como un medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por ley y dirigido a lograr que el máximo Tribunal revise y reforme o anule las resoluciones expedidas en apelación que infringen las normas de derecho material, las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales.

La Casación tiene por fin privilegiar la recta aplicación de la ley y de esta manera alcanzar la justicia en la resolución de los conflictos procesales. Por ello, estamos ante una institución necesaria y de enorme importancia en la administración de justicia, pues gracias a ella, se cuenta con una vía que asegura la correcta aplicación o interpretación de las normas jurídicas y la uniformización de la jurisprudencia nacional.

Como característica esencial de este recurso podemos establecer que no se trata de una tercera instancia, pues el Tribunal de casación es un Tribunal de derecho y no de hecho, por ello el recurso solo procede por las causales taxativamente indicadas por la ley, debiendo el Tribunal de Casación circunscribirse a considerar las causales invocadas por el recurrente y siempre que se formulen con observancia de los requisitos exigidos por la misma ley.

Al respecto la uniforme jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia, con la que se comparte criterio, señaló que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, que puede ser planteada en el fondo o en la forma o en ambos a la vez, conforme está establecido en el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil.

Cuando el recurso de casación se interpone en el fondo, esto por errores en la resolución de fondo o errores en la resolución de fondo del litigio, los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el artículo 253 del adjetivo civil, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva resolución que resuelva el litigio, unificando la jurisprudencia e interpretación de las normas jurídicas o creando nueva jurisprudencia; en tanto que si se plantea en la forma, es decir por errores de procedimiento, la fundamentación debe adecuarse a las causales y previsiones contenidas en el artículo 254 del mismo cuerpo legal, siendo su finalidad la anulación de la resolución recurrida o del proceso mismo cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso sancionadas con nulidad por la ley. En ambos casos, es de inexcusable cumplimiento el mandato del artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.

De lo manifestado precedentemente se concluye que el recurso de casación en el fondo y el de forma son dos medios de impugnación distintos, que persiguen igualmente finalidades diferentes, el uno, nos referimos al de fondo, está orientado a que el Tribunal Supremo revise el fondo de la resolución del litigio, y en este caso lo que el recurrente pretende es que el Auto Supremo Case la resolución recurrida y resuelva el fondo de la controversia en base a la correcta aplicación o interpretación de la ley o la debida valoración de la prueba. En cambio el recurso de casación en la forma esta orientado a que el Tribunal Supremo constate la existencia de errores formales en la resolución impugnada o de procedimiento en la sustanciación de la causa que conlleven la afectación del debido proceso, en ese caso la pretensión recursiva del recurrente esta orientada a la nulidad de la resolución impugnada o a la nulidad de obrados.

En el caso que se analiza, los recurrentes al interponer recurso de casación en el fondo contra una resolución de alzada anulatoria, no comprendieron la naturaleza del fallo y equivocaron el medio de impugnación deducido, toda vez que contra una resolución que anula obrados no es posible interponer recurso de casación en el fondo, correspondiendo contra esa resolución únicamente recurso de casación en la forma, destinado a que este Tribunal Supremo de Justicia revise si los motivos que dieron lugar a la nulidad dispuesta son o no correctos. En el caso de autos la interposición del recurso de casación en el fondo deducidos por los recurrentes pretendiendo que éste Tribunal emita pronunciamiento de fondo sobre el litigio, resultan manifiestamente improcedentes, toda vez que con la nulidad dispuesta el Tribunal de alzada no se pronunció sobre el fondo de la controversia resultando por ello imposible que éste Tribunal de Casación se pronuncie en ese sentido.

Sin perjuicio de lo manifestado corresponde aclarar que si bien el recurso interpuesto por Jacinto Vicente Saavedra Cortéz, en representación de la Asociación de Jubilados Civiles de la Policía Nacional, cuestionó los motivos por los cuales el Tribunal de alzada dispuso la nulidad de obrados, empero ese cuestionamiento lo hizo a través del recurso de casación en el fondo y no en la forma como correspondía, y por otro lado su pretensión recursiva no está orientada a la nulidad de la resolución de alzada sino a la casación del referido Auto de Vista y que se declare firme y subsistente la sentencia de primera instancia, aspecto que, como se señaló precedentemente, resulta improcedente.

Empero, corresponde precisar que la nulidad dispuesta por el tribunal de alzada se basó esencialmente en la falta de notificación de Guillermo Rodríguez Luna, representante de la Urbanización "Illimani", y si bien es evidente que dicho actuado cursa a fs. 417, empero dicha notificación fue cuestionada por el referido al representante a tiempo de apelar la sentencia, argumentando que la diligencia se practicó en un domicilio que no le corresponde, adjuntando prueba en ese sentido, señalando que por ese motivo no asumió defensa y la causa en primera instancia se sustanció en su absoluta indefensión, no siendo en consecuencia evidente lo que señala el recurrente, en sentido de que Guillermo Rodríguez Luna no hubiese cuestionado su notificación, aspecto que lo hizo precisamente en su primer actuado.

Por las razones expuestas el recurso de casación en el fondo deducido por Jacinto Vicente Saavedra Cortez, en representación de la Asociación de Jubilados Civiles de la Policía Nacional, resulta improcedente, igualmente los recursos de casación en el fondo interpuestos por Miguel Choque Pocoaca y por Guillermo Rodríguez Luna.

Establecido lo anterior, corresponde considerar únicamente los recursos de casación en la forma planteados por Miguel Choque Pocoaca y por Guillermo Rodríguez Luna. En ese sentido se tiene que, si bien es evidente que el Tribunal de alzada encontró contradictoria la sentencia, fundamentalmente porque el juez a quo declaró probada la demanda sin diferenciar la personalidad de la Policía Nacional y la Asociación de Jubilados Civiles de la Policía Nacional reconociendo el mejor derecho de propiedad a favor de la Policía Nacional hoy Villa Litoral, representada por Jacinto Vicente Saavedra Cortéz; en cuyo mérito en criterio de los recurrentes el Ad quem debió anular obrados hasta la admisión misma de la demanda; cabe puntualizar que eso no es evidente, toda vez que lo manifestado por el Tribunal de alzada no constituye una cuestión de forma sino más bien un aspecto de fondo, toda vez que es a tiempo de resolver el fondo del litigio en que los Tribunales de instancias deberán considerar que si al actor le asiste o no el derecho de reclamar o si es éste le corresponde a un tercero distinto y fallar en consecuencia; razón por la cual si bien este Tribunal encuentra indebido el pronunciamiento del Ad quem en sentido de fundamentar la nulidad de la sentencia en mérito a esa aparente contradicción, aspecto que debió ser considerado en el fondo y no en la forma, empero, tomando en cuenta que la nulidad dispuesta por el Tribunal de alzada abarca hasta fs. 407 inclusive, resulta innecesario pronunciarse al respecto, toda vez que la nulidad dispuesta abarca todo lo obrado desde la indebida citación al personero legal de la Urbanización "Illimani", quedando comprendida también la sentencia dentro de los actuados anulados.

Por las razones expuestas corresponde a éste Tribunal fallar en la forma prevista por el arts. 271-1) y 2); 272-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271-1) y 2), 272-2) y 273) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTES los recursos de casación en el fondo interpuestos por Jacinto Vicente Saavedra Cortez, en representación de la Asociación de Jubilados Civiles de la Policía Nacional, por Miguel Choque Pocoaca y por Guillermo Rodríguez Luna; e INFUNDADOS, los recursos de casación en la forma deducidos por Miguel Choque Pocoaca y por Guillermo Rodríguez Luna. Sin costas, por ser ambas partes recurrentes.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Magistrada Dra. Rita Susana Nava Duran.