TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 186/2012

Sucre: 27 de junio de 2012

Expediente: CH-18-12-S

Partes: Paola Morales Cutipa de Mita

Oscar Pinto Yucra

Virginia Romero de Saigua

Pedro Mita Daza

Celso Mita Daza

Martha Gumiel Andrade de Mita

Genara Huallpa Paco Vda. de Cueto y

Alejandra Ramírez Zarate de Pinto

c/

María Luisa Rejas vda. de Cors

(Claudia Betina, María Estela, Melvy Adriana, Lilian Carolina y Franz

Julián, todos de apellidos Cors Rejas).

Proceso: Usucapión.

Distrito: Chuquisaca.


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 436 a 438 vlta., interpuesto por Alejandra Ramírez Zárate, por sí y en representación unificada de Paola Morales Cutipa de Mita, Oscar Pinto Yucra, Virginia Romero de Saigua, Pedro Mita Daza, Celso Mita Daza, Martha Gumiel Andrade de Mita y de Genara Huallpa Paco Vda. de Cueto, contra el Auto de Vista Nº 74, cursante de fs. 424 a 426 vlta., emitido el 5 de marzo de 2012 por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en el proceso ordinario sobre usucapión seguido por los recurrentes en contra de María Luisa Rejas Vda. de Cors, a cuyo fallecimiento se integraron sus herederos Claudia Betina, María Estela, Melvy Adriana, Lilian Carolina y Franz Julián, todos de apellidos Cors Rejas; la respuesta de fojas 443 a 446; la concesión de fojas 447; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Sucre, el 26 de octubre de 2011 pronunció la sentencia Nº 54, declarando probada la demanda de fs. 2 e improbadas las excepciones perentorias sobre falta de acción y derecho en los demandantes, improcedencia de la usucapión decenal, inaplicabilidad del art. 138 del Código Civil e interrupción de la prescripción, opuesta a fs. 141, sin costas; en mérito a ello reconoció el derecho propietario por usucapión decenal respecto de los terrenos que ascienden a 27.002,46 m.² de superficie, ubicados en la zona "Alto Florida" "Puca Pampa" de esa ciudad, cantón San Sebastián, provincia Oropeza, del Departamento de Chuquisaca, desglosados en la forma indicada en la referida sentencia y aclarada por auto de 7 de noviembre de 2011, cursante a fs. 356 vlta.

Contra esa sentencia de primera instancia, Claudia Betina Corsa Rejas, por sí y en representación de sus hermanos herederos de María Luisa Rejas Vda. de Cors, interpuso recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, el 5 de marzo de 2012 emitió el Auto de Vista Nº 74, cursante de fs. 424 a 426 vlta., revocando parcialmente la sentencia impugnada, declarando en consecuencia probada la excepción de interrupción de la prescripción e improbada la demanda de usucapión, por otro lado confirmó la sentencia respecto a la improcedencia de las excepciones de improcedencia de la usucapión y de falta de acción y derecho. Sin costas.

Contra esa determinación de segunda instancia, la parte demandante, interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

En La Forma:

La recurrente acusó la violación de los arts. 90 y 192-2) del Código de Procedimiento Civil, al respecto señaló que la previsión contenida en el art. 192-2) sería aplicable a la sentencia de segunda instancia, razón por la cual la parte considerativa del fallo debió contener el análisis y evaluación fundamentada de la prueba y la cita de la leyes en que se funda, empero, la resolución recurrida no contendría la mención de la norma que le daria fuerza probatoria a la prueba analizada, ni la cita de la disposición legal referida a la interrupción de la prescripción, por lo que evidenciando el incumplimiento de esos requisitos, correspondería a éste Tribunal Supremo anular obrados y disponer que la revocatoria dispuesta por el Tribunal de alzada se fundamente con la pertinente cita de las disposiciones legales.

Por otro lado cuestionó la decisión del Tribunal de alzada respecto al pago de los impuestos sucesorios, multas de rebeldía y a la insuficiencia del poder en base al cual Claudia Betina Cors Rejas asumió defensa en representación de sus

hermanos, el cual habría sido otorgado para su apersonamiento ante el Juzgado de Instrucción de Turno y no para su presentación ante el Juzgado que conoció la causa, aspectos que la recurrente solicitó sean considerados para la nulidad de obrados.

En el fondo:

Señaló que en aplicación de los preceptos constitucionales contenidos en el art. 16-IV de la abrogada Constitución Política del Estado y, 117 de la actual norma Constitucional, la sentencia dictada dentro del proceso de reivindicación que siguió la demandada María Luisa Rejas vda. de Cors únicamente alcanzó a las personas que fueron expresamente demandadas así como a las que comparecieron y asumieron defensa, no así respecto a quienes no comparecieron en el referido proceso, tal cual lo estableció la propia sentencia dictada en esa causa que limitó sus efectos a las personas enumeradas en las letras A) y B), sin que ninguno de los ahora demandantes y recurrentes estuviera contemplado en la misma, consiguientemente el Tribunal de alzada al haber interpretado que los efectos de esa sentencia alcanzarían también a personas desconocidas, habría incurrido en violación de los arts. 16-IV de la abrogada Constitución Política del Estado y 117 de la actual Constitución, e igualmente habría incurrido en error de hecho y de derecho en la apreciación del aprueba.

Acusó la violación de los arts 1503-I y 130-2) del Código de Procedimiento Civil, al respecto señaló que la prescripción se interrumpiría por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aspecto que no se habría demostrado en relación a ellos, quienes no hubieran sido citados con la demanda de reivindicación, actuado que consideran era imprescindible de conformidad a lo previsto por el art. 130-2) del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual acusaron la violación de las referidas disposiciones legales y el error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba de fs. 26 a 29.

Finalmente acusó la violación de los arts. 514 del Código de Procedimiento Civil y 138 del Código Civil, en ese sentido manifestó que las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada se ejecutan sin alterar ni modificar su contenido, aspecto que no habría sido considerado de esa forma por el Tribunal de alzada quien con su interpretación estaría dando un contenido distinto a la documental de fs. 26 a 29.

En base a los argumentos expuestos solicitó se anule obrados hasta el vicio más antiguo, en su defecto se case el Auto de Vista recurrido y, deliberando en el fondo se confirme la sentencia de primera instancia.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

En la forma:

Habiendo la parte recurrente interpuesto recurso de casación tanto en la forma como en el fondo, corresponde a éste Tribunal Supremo de Justicia considerar en principio los agravios deducidos en la forma, toda vez que de encontrarse evidentes las infraccione acusadas, correspondería la nulidad de obrados aspecto que imposibilitaría el análisis de fondo.

Establecido lo anterior, en el marco de los agravios expuestos por la parte recurrente corresponde precisar que, el art. 192-2) del Código de Procedimiento Civil dispone que la sentencia contendrá la parte considerativa con exposición sumaria del hecho o del derecho que se litiga, el análisis y la evaluación fundamentada de la prueba y la cita de las leyes en que se funda; ahora bien, aparentemente tal disposición legal solo se aplicaría al fallo de primera instancia, porque se refiere en forma expresa al contenido de la sentencia, empero, ello no es evidente, toda vez que el espíritu o razón de ser de esa norma en lo concerniente a la necesaria motivación y fundamentación que debe contener toda resolución jurisdiccional se aplica como es lógico también a la resolución de segunda instancia.

Sin embargo, el deber de fundamentación no se reduce a la cita de la o las disposiciones legales en que se funda una determinada resolución, sino más bien hace referencia a que el contenido de los fallos dictados por las autoridades jurisdiccionales, contengan la debida exposición del camino deductivo que les condujo a asumir una determinada decisión, sustentada en los principios de la lógica, la experiencia común y el recto juicio, en otras palabras, el deber de fudamentación exige que el pronunciamiento emitido exprese las razones que justifiquen razonablemente la decisión asumida, en cuyo caso las normas del debido proceso referidas al deber de motivación y fundamentación se tendrán por fielmente observadas.

Al respecto el Tribunal Constitucional, a través de la S.C. Nº 2026/2010-R de 9 de noviembre, estableció que: "... La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió".

En el caso que se analiza, de la revisión del Auto de Vista recurrido se advierte que el Tribunal de alzada fundamentó su decisión en torno al análisis y consideración efectuada respecto a la interrupción de la prescripción que habría producido la demanda de reivindicación que la demandada María Luisa Rejas Vda. de Cors interpuso el 3 de enero de 1991; en tal sentido aun siendo evidentemente que el Tribunal Ad quem no citó en forma expresa la norma que regula la interrupción de la prescripción (art. 1503 del Código Civil), empero, de la lectura de la fundamentación contenida en el Auto de Vista recurrido, sin lugar a dudas, se comprende que el sustento legal en que se basa la decisión de alzada está referido a la aplicación del citado art. 1503 del Código Civil; aspecto que así también lo entendió la parte recurrente quien a tiempo de fundamentar su recurso de casación en el fondo, lo hizo precisamente acusando la aparente violación de la referida norma legal.

Consiguientemente, se advierte que el Auto de Vista recurrido se pronunció respecto a todos los aspectos apelados, conteniendo dicho pronunciamiento las razones y los motivos que justifican razonablemente su decisión, no existiendo en consecuencia afectación al debido proceso.

Respecto a que el Tribunal de alzada habría establecido que para reclamar derecho propietario no fuese necesaria la declaración de herederos ni la cancelación de los respectivos impuestos sucesorios, este Tribunal no encuentra que tal afirmación sea evidente, toda vez que el Auto de Vista recurrido no contiene esa consideración, en los términos expuestos por la parte recurrente. En efecto el Auto de Vista únicamente señaló que el incumplimiento de obligaciones impositivas y administrativas constituyen situaciones que no tienen que ver con el fondo del proceso; determinación que resulta correcta en consideración a que el pago de los impuestos sucesorios no es el factor que legitima a los herederos a asumir defensa en un determinado proceso en el que intervenía su causante, por el contrario el acto que legitima dicha intervención es la respectiva declaración de herederos, la cual, en el caso de autos, se encuentra acreditada mediante el testimonio cursante de fs. 251 a 253 vlta.

En relación al incumplimiento del pago de la multa por la rebeldía declarada, ese aspecto no se encuentra sancionado con nulidad, y al respecto deberemos tener en cuenta que en materia de nulidades rigen principios como el de especificad, trascendencia, y convalidación, en virtud a los cuales no hay nulidad si la ley no la reconoce expresamente, tampoco si el error acusado no ocasionó una real y efectiva afectación al debido proceso o al derecho a la defensa de las partes, en virtud a que la nulidad se aplica no para satisfacer pruritos formales, sino para resguardar el debido proceso y el derecho a la defensa, y finalmente tampoco habrá nulidad si las partes no reclamaron oportunamente el vicio acusado. En mérito a tales principios la falta de pago de la multa de la rebeldía, no constituye causal de nulidad de obrados, en razón que dicha omisión no se encuentra sancionada por ley expresa, tampoco supone la afectación al debido proceso y finalmente porque ese aspecto debió ser reclamado oportunamente ante el juez de la causa agotando los medios de impugnación respecto a dicho pronunciamiento.

Finalmente en relación a la insuficiencia del poder en base al cual Claudia Betina Cors Rejas asumió defensa en representación de sus hermanos María Estela, Melvy Adriana, Lilian Carolina y Franz Julián, todos de apellidos Cors Rejas, corresponde señalar que ese aspecto ya fue resuelto por el Juez A quo, mediante auto de fs. 318, determinación que quedó expresamente ejecutoriada por auto de fs. 333 vlta., en virtud a que la impugnación deducida por la parte demandante fue extemporánea; consiguientemente ese aspecto no puede ser revisado por este tribunal como erradamente pretende la parte recurrente.

En el fondo:

La parte recurrente centra su impugnación en la aparente violación de los arts. 16- IV y 117 de la Constitución Política del Estado abrogada y actual, respectivamente, y en la infracción de los arts. 1503 del Código Civil y 130 de su procedimiento, por considerar indebida la interpretación realizada por el Tribunal de alzada respecto a la interrupción de la prescripción que hubiese generado la demanda de reivindicación presentada el año 1990 por la demandada María Luisa Rejas Vda. de Cors contra personas identificadas y contra personas desconocidas.

Siendo ese el argumento en que se sustenta la impugnación, corresponde a éste Tribunal establecer si es o no correcta la interpretación realizada por el Tribunal Ad quem, en ese sentido corresponde precisar que:

1.- Por memorial de fs. 2 y vlta., aclarada a fs. 5 y vlta., Paola Morales Cutipa de Mita, Oscar Pinto Yucra, Virginia Romero de Saigua, Pedro Mita Daza, Celso Mita Daza, Martha Gumiel Andrade de Mita, Genara Huallpa Paco Vda. de Cueto y Alejandra Ramirez Zarate de Pinto, interpusieron demanda de usucapión de una extensión superficial de 27.002,46 m.² ubicada en "Alto Florida" detrás del cerro Churuquella que formaba parte de los terrenos de Puca Pampa, argumentando estar en posesión de dicho terreno desde hace más de catorce años.

2.- La demandada María Luisa Rejas Vda. de Cors, por memorial de fs. 41 y vlta., contestó negativamente la demanda e interpuso excepciones perentorias de improcedencia de la usucapión decenal, falta de acción y derecho, inaplicabilidad del art. 138 del Código Civil e interrupción de la prescripción. Fundamentando ésta última en la demanda de reivindicación que interpuso el año 1990 contra varias personas individualizadas, así como contra toda persona desconocida que detentaba las parcelas de su propiedad denominadas "Jatun Mocko", "Toldo Ckasa" y "Puca Pampa", lo que habría dado lugar a que opere la interrupción de la prescripción.

3.- Respecto a la aludida interrupción de la prescripción, el Juez A quo mediante sentencia de fs. 340 a 341, consideró que ese aspecto no estaba probado en virtud a que ninguno de los ahora actores intervino en el referido proceso de reivindicación, razón por la cual los efectos y consecuencias de lo resuelto en ese proceso no les alcanzaría ni afectaría.

4.- El Tribunal de alzada revocó esa determinación, fundamentando, en lo principal, que la interrupción de la prescripción operó con la demanda de reivindicación dirigida también contra personas desconocidas, entre las que se encontrarían comprendidas los ahora demandantes.

Establecidos los antecedentes, corresponde precisar que, es posible dirigir una demanda contra personas desconocidas, cuando ello no sea contrario a la naturaleza de la pretensión demandadas, en cuyo casó el art. 124-II del Código de Procedimiento Civil dispone que la citación de la personas desconocidas se hará mediante edicto, en la forma prescrita por el citado artículo.

Ahora bien, conforma señala el art. 130 -2) del Adjetivo Civil, la citación con la demanda interrumpirá la prescripción y causará los efectos previstos por el Código Civil. En ese sentido el art. 1503 - I del citado Código sustantivo determina que la prescripción se interrumpe por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el juez sea incompetente.

La interrupción de la prescripción es un efecto que genera la citación de la demanda, y dicho efecto no puede ser de ninguna manera ajeno a aquellos casos en los que la demanda se cita mediante edicto a personas desconocidas, toda vez que, es la propia norma la que autoriza la posibilidad de demandar y citar a personas desconocidas, y ninguna disposición legal prevé que en caso de demandarse a personas desconocidas su citación no generará el efecto previsto en el citado art. 130-2) del Código de Procedimiento Civil.

Señalado lo anterior corresponde analizar que en el caso de autos cursa de fs. 22 a 25, fotocopias legalizadas que dan cuenta que en diciembre de 1990 María Luisa Rejas Vda. de Cors interpuso demanda de reivindicación de parcelas de terrenos denominadas "Jatun Mocko", "Toldo Ckasa" y "Puca Pampa", con una superficie total de 12.700,00 Has., dirigiendo esa demanda en contra de personas individualizadas pero además contra personas desconocidas que le despojaron de sus terrenos y que detentaban las referidas parcelas.

A fs. 40 de obrados cursa certificación extendida por la Secretaria del Juzgado de Partido Tercero en lo Civil de la ciudad de Sucre, donde se sustanció el referido proceso de reivindicación, que expresa que las personas desconocidas contra quienes además se dirigió la acción reinvidicatoria, fueron citadas legalmente mediante edictos y que como emergencia de haberse anulado obrados, las publicaciones respectivas se realizaron el 13, 20 y 27 de septiembre de 1997.

Siendo así corresponde analizar que, conforme los fundamentos contenidos en la demanda de usucapión, los actores refieren encontrarse en posesión de los terrenos que correspondían a "Puca Pampa", desde 14 años anteriores a su demanda, vale decir aproximadamente desde 1995, consiguientemente, no cabe duda que la citación a personas desconocidas con la demanda de reivindicación instaurada por María Luisa Rejas Vda. de Cors, cuyas publicaciones edictales se practicaron en septiembre de 1997, les alcanzó, a los ahora recurrentes, en cuanto a sus efectos, razón por la cual se establece que el Tribunal de alzada analizó con mejor criterio que el A quo, el efecto que dicha citación generó respecto a la interrupción de la citación que se practicó mediante edicto a personas desconocidas.

Ahora bien, cabe aclarar que la interpretación realizada por el Tribunal de alzada, respecto a la interrupción de la prescripción que generó la citación con la demanda de reivindicación aludida, de ninguna manera conlleva afectación o alteración a la cosa juzgada, toda vez que dicha interpretación no modifica ni altera el contenido de la sentencia que se emitió en el citado proceso de reivindicación, pues, dicho pronunciamiento se limita a establecer los efectos que respecto al presente proceso generó dicha citación.

Por las razones expuestas se concluye que la interpretación realizada por el Tribunal de alzada de ninguna manera violó lo previsto por los arts. 1503 y 130 del Código Civil y de Procedimiento Civil, respectivamente, tampoco conlleva la afectación del derecho a la defensa, toda vez que no altera ni modifica lo dispuesto en el proceso de reivindicación, ni les impone sanción o afecta a los derechos de los recurrentes sin que estos hubiesen sido oídos en un debido proceso.

En el que caso que se analiza la resolución de alzada se limitó a establecer que la citación mediante edictos practicada en septiembre de 1997 a personas desconocidas con la demanda de reivindicación instaurada por María Luisa Rejas Vda. de Cors, surtió efectos de interrupción de la prescripción, también respecto a los ahora demandados, quienes sostienen haber ingresado el año 1995 en posesión de los terrenos cuya usucapión pretenden y que fueron objeto de la reivindicación demandada, sin que ello suponga la modificación o alteración del contenido de la sentencia dictada en el proceso de reivindicación, ni la afectación del derecho a la defensa de los ahora recurrentes.

Por las razones expuestas este tribunal no encuentra fundados los agravios expuestos por la parte recurrente, correspondiendo por ello fallar en la forma prevista por los arts. 271 -2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el articulo 42 -1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, en aplicación de los artículos 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 436 a 438 vlta. Con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 1000.-

En virtud al 57 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal Supremo llama la atención a la parte recurrente y exhorta a observar la obligación contenida en la citada norma a tiempo de presentar sus memoriales.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgda. Rita Susana Nava Durán.