TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 175/2012

Sucre, 26 de junio de 2012.

Expediente: SC-46-12-S

Partes: Mauricio Edgar Monroy Tabernero c/ Ana Raquel Rivera Zambrana

Proceso: Divorcio

Distrito: Santa Cruz


VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 495 a 500 de obrados, interpuesto por Ana Raquel Rivera Zambrana, contra el Auto de Vista Nº 84/12 de 9 de marzo 2012, cursante de fs. 488 a 489, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia, dentro el proceso de divorcio seguido por Mauricio Edgar Monroy Tabernero contra la recurrente, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, en fecha 28 de septiembre 2010, Mauricio Edgar Monroy Tabernero inicia demanda de divorcio en contra de su esposa Ana Raquel Ribera Zambrana, por la causal establecida en el art. 130 num. 4) del Código de Familia; argumentando que hace cuatro meses atrás su cónyuge le propicia malos tratos de palabra y de hechos, injurias y sevicias en su contra, haciendo insoportable la vida matrimonial y ante el reclamo racional de su comportamiento, su esposa hizo abandono del hogar en fecha 18 de septiembre 2010.

Una vez citada la demandada, citación que cursa de fs. 58 a 60 y vlta, la contestación a la demanda y reconvención por la causal prevista en el art. 130 num. 4) del Código de Familia, señalando que su vida conyugal se tornó difícil e insostenible por los malos tratos de hechos y de palabra de su esposo y por parte de la madre y hermana de éste.

Sustanciado el proceso, la Juez Séptimo de Partido de Familia de la capital, mediante Sentencia de 15 de agosto de 2011, declaró:

Improbada la demanda principal por no tener pruebas legales procesalmente válidas.

Improbada la contestación y reconvención por no tener pruebas legales ni procesalmente válidas.

Se fijo asistencia familiar en la suma de Bs.1.500 a favor de la menor Ángela Raquel Monroy Rivera y una adicional de Bs.1.500.- a favor del menor Mauricio Santiago Monroy Rivera desde el 18 de abril 2011, fecha de su nacimiento.

Finalmente, se dispuso que el demandante pague la suma de Bs.3.000 por los gastos médicos del parto en el que nació su hijo Mauricio Santiago Monroy Rivera.

En conocimiento de la Sentencia ambas partes apelaron de la misma, habiendo radicado la causa en la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia, instancia que mediante Auto de Vista Nº 84/12 de 9 de marzo de 2012, cursante de fs. 488 a 489, revocó parcialmente la sentencia y habiendo demostrado el demandante la causal de malos tratos por parte de su cónyuge, declaró probada la demanda principal y disuelto el vínculo matrimonial. Asimismo, dispuso que el demandante pase una asistencia familiar de Bs.1.500.- para cada uno de los menores, monto que respecto al menor Mauricio Santiago debe computarse desde la fecha de su nacimiento; asimismo dispuso el pago de Bs.3.000.- por concepto de gastos médicos generados por el parto del menor. Finalmente, ordenó que la demandante entregue a la menor Ángela Raquel a su padre los días domingos a horas 8:30, debiendo retornarla el mismo día a horas 20:30 mas un día dentro la semana a determinarse por acuerdo de los padres o en su defecto por la juez de la causa en el horario señalado. Y respecto a los bienes gananciales, éstos se verían en ejecución de sentencia previa su acreditación y consiguiente división.

Conforme consta de fs. 495 a 500 Ana Raquel Rivera Zambrana, interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

Recurso de casación en la forma:

Afirma que de conformidad a lo previsto en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal de apelación debe pronunciarse sobre los puntos resueltos por el inferior que hubiesen sido objeto de fundamentación en el recurso de alzada; sin embargo en el Auto de Vista recurrido, el tribunal de segundo grado en ningún momento menciona los agravios expuestos por parte de la recurrente, limitándose a confirmar la sentencia de primer grado en forma parcial omitiendo pronunciarse sobre su recurso de apelación, aspecto que constituye vicio insubsanable conforme prevé el art. 254 num. 4) del Código de Procedimiento Civil.

Recurso de casación en el fondo:

Señala que existió valoración de pruebas de descargo de forma incorrecta, toda vez que el de alzada afirma que las mismas resultan irrelevantes por ser referenciales y no se refieren a la causal de malos tratos; y, por otra parte refieren que los testigos presentados por el demandante declararon de manera uniforme y

 

contando las mismas con valor probatorio para demostrar la causal de divorcio invocada por éste.

Al respecto, expone que a tiempo de prestar su declaración de cargo la Sra. Maria Rosario Lazo de la Vega, en la quinta pregunta del cuestionario referida a que si Ana Raquel Rivera propiciaba malos tratos de palabra y de hecho, la misma contestó que nunca presenció malos tratos, ellos vivían en armonía y posteriormente cuando se le pregunta si evidenció alguna discusión entre esposos, ella afirma que para el cumpleaños de la abuela del Sr. Mauricio vió un impulso verbal y un empujón a su esposo por parte de la Sra. Raquel; encontrando la recurrente en dicha declaración falta de uniformidad y contradicción, aspecto que no fue tomado en cuenta por el Tribunal de Alzada.

Con relación a la declaración de cargo prestada por Blanca Elena Tuero, quien afirma que pocas veces los vio, pero que en el cumpleaños de la abuela de Mauricio presenció una fuerte discusión entre Ana Raquel Rivera y su esposo, al extremo de ver que lo manoteaba y llegó a empujarlo; la recurrente también señala contradicción toda vez que la testigo pocas veces los vio por lo que mal puede detallar sobre la vida íntima de la pareja, aspecto que además de fantasioso no pudo llegar a ocurrir, toda vez que su esposo es de buen porte y no se puede comparar la fuerza física de una mujer con la de un hombre.

Refiere que durante la tramitación de su proceso no fue considerada toda la prueba aportada por la recurrente, al contrario el ad quem afirma que las declaraciones testificales presentadas por su parte son irrelevantes, no habiendo el de alzada realizado una correcta valoración de las mismas. Concluye su recurso, solicitando se anule el Auto de Vista y se dicte uno nuevo ajustándose a las normas del art. 236 del Código de Procedimiento Civil o en su caso alternativamente se dicte resolución casando el auto recurrido y deliberando en el fondo se declara improbada la demanda principal y probada la demanda reconvencional, fijando una asistencia familiar para los menores Ángela Raquel y Santiago Mauricio Monroy Rivera en la suma de Bs.3.500.- para cada menor y se cancele Bs.15.000.- por devolución de gastos médicos de gestación y alumbramiento del último hijo.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

Planteado como está el recurso, en primer término corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre el recurso de casación en la forma; toda vez que al advertir o ser evidente la causal de nulidad acusada; ya no se encontraría frente a la posibilidad de considerar pronunciamiento alguno sobre el fondo.

Mencionado lo anterior y respecto a que el Tribunal de Alzada no consideró, a tiempo de resolver la apelación de la recurrente y que hubiera incurrido dicha resolución en la causal prevista en el art. 254, entendiendo que no se hubiera pronunciado sobre la pretensión de la misma y que fuere reclamada oportunamente; no es evidente, toda vez que la apelación presentada por la ahora recurrente versa sobre dos puntos conforme consta a fs. 361 a 362, el primero referido a la supuesta presentación de pruebas fuera de plazo y la segunda respecto a la asistencia familiar y gastos médicos, mismos a los que dio respuesta el ad quem, a tiempo de mencionar que las testificales de Carlos Alberto Mansilla Ribera y Silvana Gentili Suárez resultan irrelevantes. Lo propio ocurre cuando refiere que la reconvencionista solicita Bs. 3.500 de asistencia familiar en tanto que el demandante ofrece Bs. 800.- y Bs. 200.- para sus hijos Ángela y Mauricio respectivamente, aspectos sobre los cuales previa valoración se pronunció a tiempo de resolver; por lo que no se evidencia causal alguna que amerite anular obrados.

Con relación al recurso de casación en el fondo, aunque este no cuenta con la exigencia del art. 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil; sin embargo rescatando la pretensión de la recurrente, sobre que no se habría realizado una valoración correcta de las pruebas de cargo, especialmente las referidas a las declaraciones testificales, mismas que se contradicen entre sí y que son tomadas en cuenta para declarar probada la demanda principal y que al contrario toda la prueba presentada por la recurrente no hubiera sido siquiera tomada en cuenta. Al respecto, señalar que las declaraciones testificales cursantes de fs. 258 a 260 son atestaciones que constan a los testigos sobre lo ocurrido; el hecho de que manifestaren que vivían en armonía o que no conocieron de conflicto alguno y posteriormente afirmar que en una ocasión evidenciaron mal trato de palabra y de obra, no es ingresar a contradicción alguna y menos cuando ellos constataron dicha situación, aspecto del que tanto el ad quem a tiempo de analizar los antecedentes, en virtud a lo previsto en el art. 1330 del Código Civil concordante con el art. 476 de su procedimiento apreció la misma conforme las reglas de la sana crítica, compulsando con las atestaciones presentadas por la recurrente, las mismas que señalan aspectos sólo por referencia de la demandada y sin que situación alguna que se les consultó les haya constado. Y respecto a la prueba aportada por la recurrente misma que no hubiese sido valorada, conforme a la revisión de antecedentes, el Tribunal de Alzada ha otorgado todo el valor probatorio a la misma, es por esta razón que a tiempo de revocar parcialmente la sentencia, si bien declaró probada la demanda principal y no así la reconvencional, dejó en las mismas condiciones resueltas el tema de la asistencia familiar para cada uno de los hijos y el de los gastos médicos efectuados por el nacimiento del menor Mauricio Santiago Monroy Rivera, justamente evidenciando la necesidad de asistencia de ambos menores, determinación adoptada conforme lo señalado en el art. 20 del Código de Familia, en proporción a la necesidad de los menores y los recursos del demandante.

Finalmente, señalar que quien demanda de sevicia, injurias, malos tratos de obra y palabra, causales previstas en el art. 130 num. 4) del Código de Familia, tiene la obligación de probar las mismas; en el caso de autos tanto el a quo como el Ad Quem no podían basar los malos tratos de palabra en el tenor de los memoriales presentados por el demandante, conforme señala la recurrente, toda vez que por el principio dispositivo que rige en la administración de justicia, correspondía a la recurrente mostrar ese mal trato de obra, palabra y que de conformidad a las atestaciones, de éste maltrato los testigos conocían solo de referencia. Con relación a que la madre del demandante hubiera puesto candados en la casa que supuestamente le pertenecería, señalar que resulta contradictorio que la Sra. Victoria Isabel Tabernero de Monroy denuncie en las instancias legales competentes la ilegal ocupación de la demandada en el inmueble de su propiedad y termine poniendo candados cuando Ana Raquel Rivera ocupaba dicho inmueble, si el propósito que tenía la primera nombrada era justamente que desocupe el inmueble que de manera confusa la demandada estaba ocupando para demostrar que era un bien ganancial. Este aspecto y otros, como se dijo de manera precedente, fueron correctamente valorados por el a quo cuando resolvió declarar improbada la reconvencional por la causal prevista en el art. 130 num. 4) del Código de Familia y por el ad quem a tiempo de revocar parcialmente la sentencia.

Por lo anterior, no se evidencia que el ad quem hubiera incurrido en errónea valoración de la prueba como afirma la recurrente, correspondiendo a este Tribunal resolver en sujeción a lo previsto en el art. 271 num. 2) del adjetivo Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42 núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y de conformidad a lo previsto en el Art. 271 núm. 2) y 271 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo y en la forma interpuesto por Ana Raquel Rivera Zambrana, cursante de fs. 495 a 500. Con costas.

Se regula honorarios profesionales en la suma de Bs.700.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgda. Rita Susana Nava Durán