TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 172/2012

Sucre: 26 de junio de 2012

Expediente: Pt -8 - 12 - S

Partes: Julio Cesar Canaviri Barrancos representante legal de la Empresa NANIX Constructora S.R.L. c/ La Empresa de Servicios Eléctricos Potosí Sociedad Anónima S.E.P.S.A.

Proceso: Cumplimiento de Obligación.

Distrito: Potosí


VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 431 a 435 vlta de obrados, interpuesto por Félix Gastón Moreno Taboada en representación de la Empresa de Servicios Eléctricos Potosí S.A. S.E.P.S.A. contra el Auto de Vista Nº 045/2012 de fecha 15 de febrero de 2.012, cursante de fs. 425 a 429, pronunciado por la Sala Civil, Familiar y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en el proceso ordinario de Cumplimiento de Obligación seguido por Julio Cesar Canaviri Barrancos representante legal de la Empresa NANIX Constructora S.R.L. contra La Empresa de Servicios Eléctricos Potosí Sociedad Anónima S.E.P.S.A, el auto de concesión de fs. 451 vlta, los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Juez de Partido Cuarto en lo Civil del Departamento de Potosí, el 23 de septiembre de 2011, pronunció Sentencia, cursante de fojas 374 a 381 vlta, de obrados, por la cual declaró probada la demanda principal y dispuso que la Empresa de Servicios Eléctricos Potosí cancele el monto de Bs. 424.830,77 dentro del tercer día de ejecutoriada la resolución, debiendo cancelarse además los intereses legales del 6% anual a partir del 4 de octubre de 2010. Se declara improbada la demanda reconvencional.

La parte demandante mediante memorial que cursa a fs. 401 y vlta., solicitó enmienda indicando que conforme a los antecedentes del proceso erróneamente se consigno el interés del 6% desde el mes de octubre y conforme a los datos del mismo correctamente es desde el mes de junio, y mediante auto se enmienda dicho error en la sentencia.

Contra esa sentencia de primera instancia, la Empresa de Servicios Eléctricos Potosí Sociedad Anónima S.E.P.S.A dentro del plazo legal interpuso recurso de

apelación.

Concedido el recurso de apelación la Sala Civil, Familiar y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, el 15 de febrero de 2012 pronunció el Auto de Vista, Nº 045/2012 donde se confirma totalmente la sentencia.

La Empresa de Servicios Eléctricos Potosí Sociedad Anónima S.E.P.S.A, interpuso contra esa resolución de segunda instancia recurso de casación en el fondo y en la forma.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

Recurso en la Forma:

Acusó que el Tribunal de alzada pronunció fuera del plazo legal su resolución de segunda instancia, incurriendo en pérdida de competencia, mencionó también que se violó el principio de congruencia que debe guardar el Auto de Vista; en virtud a dicha infracción solicitó que se anule el auto de vista y que pronuncie otro sin espera de turno.

Recurso en el Fondo:

Acusó que el Tribunal de alzada no valoró las apelaciones planteadas con referencia a las excepciones previas y la nulidad de obrados y que consideró que estas apelaciones no contaban con la exposición de agravios y lo que correspondía era anular la concesión de la apelación y disponer la ejecutoria de la sentencia y no confirmar la misma.

Mencionó que se violaron las leyes concernientes a la competencia, indicó que del primer contrato administrativo de obra surgió un segundo nexo obligacional, teniendo la competencia para resolver dicha divergencia el Juzgado Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario y correspondía aplicar la ley especial, o sea, la Ley 1178, el D.S. No. 27328 y sus Decretos Reglamentarios, recalcando que en el mismo contrato se estipula competencia para ser resueltos los mismos en caso de controversias.

Continuó acusando que existió interpretación errónea de la ley en cuanto a la personería de la empresa demandante por no haber adjuntado la Escritura Pública de Constitución de la Empresa "NANIX Constructora S.R.L.

Complementó su fundamentación en el fondo indicando que el Tribunal de alzada de manera general se refirió a las pruebas generadas en el proceso y no especificó cuales pruebas hubiesen patentizado un segundo vínculo obligacional para la ejecución de los 58 ítems.

Terminó indicando que ilegalmente se le condena en costas y en virtud de ser institución que cuenta con aporte y capital estatal se prohíbe la condena en costas conforme el art. 39 de la Ley 1178.

Peticionó que se Case el Auto de Vista y deliberando en el fondo, falle aplicando las leyes conculcadas.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

Habiendo la parte recurrente interpuesto recurso de casación en la forma y en el fondo, este Tribunal ingresa a resolver la impugnación en la forma, toda vez que de ser evidentes las infracciones acusadas daría lugar a la nulidad de obrados y resultando innecesaria la consideración en el fondo.

Establecido lo anterior, en función a los fundamentos expuestos, corresponde analizar la impugnación, al respecto se tiene:

Que, en obrados cursa sello de sorteo de la causa y en el mismo se evidencia que fue sorteado en fecha 20 de enero de 2012 y conforme a lo que determina el art. 204 parágrafo III del Código de Procedimiento Civil "Los autos de vista y los de casación se pronunciaran dentro del plazo de treinta días, computables desde la fecha en que se sorteare el expediente", en ese marco desde el 20 de enero comenzaba a correr los 30 días para su resolución, venciéndose el mismo el 19 de febrero de 2012.

El Auto de Vista No. 045/2012 fue resuelto el 15 de febrero de 2012, cuatro días antes de que se cumpla el plazo para que opere lo previsto por el art. 209 del Código de Procedimiento Civil (Perdida de Competencia de Vocales relatores).

Ahora bien, se hace también evidente que el Registro en el libro de tomas de razón 01/2012 se registró el 20 de marzo de 2012, fecha posterior a la emisión del Auto de Vista a consecuencia de la vacación judicial que se realizaron en ese distrito judicial de 22 de febrero al 17 de marzo de 2012.

Este aspecto, si bien contraviene a la lógica de una supuesta extemporaneidad del Auto de Vista, también se enmarca en la negligencia que pudo tener la auxiliar para registrar el auto de vista, no pudiendo proceder la anulación en virtud de dicha negligencia.

Por lo mencionado, este Tribunal Supremo en el recurso de casación en la forma, presentado por el recurrente, no encuentra evidente sus acusaciones y el mismo deviene en infundado.

Respecto al recurso de casación en el fondo, cuando impugna la competencia del juez indicando que debió sustanciarse el presente proceso en el Juzgado Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario y no en la vía civil, dicho aspecto observado por el recurrente, constituye una cuestión de forma y no de fondo, lo que motiva la improcedencia del recurso.

No obstante, solo con fines de aclaración este Tribunal considera necesario hacer la siguiente precisión, en ese sentido conforme al entendimiento asumido por este Tribunal Supremo, a través del A.S. 84/2012 de 25 de abril de 2012, se tiene: "...las partes están facultadas para acudir a la vía judicial, bajo la jurisdicción coactiva fiscal, empero esa cláusula debe ser interpretada en función del art. 31 de la ley 1178, en concordancia con el art. 3 de la ley de Procedimiento Administrativo Coactivo Fiscal, de cuya interpretación se colige que esa vía esta aperturada para que en base a los instrumentos con fuerza coactiva a que hace referencia el citado artículo 3, el Estado a través de sus entidades promueva demanda contra particulares, pues en efecto actualmente la jurisdicción coactiva fiscal no tiene competencia para conocer las pretensiones de los particulares respecto al cumplimiento de los contratos que suscribieron con entidades estatales, que si bien son de naturaleza administrativa su conocimiento y resolución sigue en el ámbito civil".

Que, en obrados los demandantes de conformidad al derecho que les asiste, interponen demanda ordinaria civil de Cumplimiento de Obligación, pidiendo se les cancelen por 58 ítems ejecutados y entregados.

Que, de la revisión de obrados se establece que de fs. 94 a 100 vlta, el demandado opuso excepción previa de incompetencia e impersonería indicando que los juzgadores en materia civil no son los competentes para conocer asuntos administrativos, en mérito a ello el Juez A quo pronunció la resolución de fecha 12 de julio de 2010 de fs. 122 a 124 vlta., declarando improbada la referida excepción.

Al respecto este Tribunal Supremo establece, que si bien en la cláusula vigésima segunda del referido contrato de obra, se estipuló que en casos de surgir controversias entre el contratante y el contratista, que no puedan ser solucionadas por vía de concertación, las partes estaban facultadas para acudir a la vía judicial, bajo la jurisdicción coactiva fiscal, empero esa cláusula debe ser interpretada, como se mencionó anteriormente, en función del art. 31 de la Ley 1178, en concordancia con el art. 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo Coactivo Fiscal, de cuya interpretación se colige que esa vía esta aperturada para que en base a los instrumentos con fuerza coactiva a que hace referencia el citado artículo 3, el Estado a través de sus entidades promueva demanda contra particulares y que actualmente la jurisdicción coactiva fiscal no tiene competencia para conocer las pretensiones de los particulares respecto al cumplimiento de los contratos que suscribieron con entidades estatales, que si bien son de naturaleza administrativa su conocimiento y resolución sigue en el ámbito civil.

En mérito a lo manifestado, en el caso de autos, la demanda de Cumplimiento de fecha 25 de mayo de 2010, cursante de fs. 4 a 37, incoada por el actor, versa precisamente sobre el cumplimiento de obligación con referencia a 58 ítems concluidos, entregados y no cancelados, el cual es de competencia del Juez en materia civil y resulta ajena a la jurisdicción coactivo fiscal.

Si bien el contrato de obra para Refacción y Rehabilitación del Edificio de Servicios Eléctricos Potosí S.A., suscrito entre S.E.P.S.A. y la Empresa "NANIX" Constructora S.R.L., es de naturaleza administrativa establecida por el art. 47 de la Ley Nº 1178, éste tiene que cumplir con ciertos requisitos que la misma norma establece para que pueda ser exigido por vía de la jurisdicción Coactiva Fiscal y entre ellos esta lo referido en el art. 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo Coactivo Fiscal, que enumera como instrumentos con fuerza coactiva suficiente para promover la acción coactiva fiscal: 1.- Los informes de auditoría emitidos por la Contraloría General de la República aprobados por el Contralor General, emergentes del control financiero administrativo que establezcan cargos de sumas líquidas y exigibles. 2.- Los informes de Auditoria Interna, procesos o sumarios administrativos organizados de acuerdo al régimen interno, igualmente aprobados y que establezcan sumas líquidas y exigibles. Solo en base a estos instrumentos se puede iniciar o plantear una demanda Coactiva Fiscal y ésta sólo esta reservada para entes públicos y no así para particulares.

Como se puede evidenciar el procedimiento Coactivo Fiscal es la vía para que el Estado recupere, por cuestión de responsabilidad civil, es un proceso que la norma establece a favor del Estado, no a favor de los particulares, solo el Estado puede acudir a los Juzgados Administrativos, Coactivo Fiscal y Tributario y que además solo puede iniciar este tipo de procesos en base a la Nota de Cargo, acompañado del informe de Auditoría Interna y de los contratos que justifiquen la

acción y esto concuerda con lo dispuesto por el art. 3 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal.

Por lo dicho el Juzgado de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario, no tiene competencia para conocer la presente causa de acuerdo a lo establecido en el art. 316 del Código de Procedimiento Civil y se abre la competencia de los Juzgados de Partido en materia civil.

En cuanto a la personería de la empresa demandante, este hecho no reviste mayor importancia, en virtud que de los anexos con los que cuenta el presente proceso en el "cuerpo 1", se evidencia documentación respecto a su personería, donde cursa poder general de administración y representación legal que confieren los socios de la Empresa NANIX Constructora S.R.L. Marylene Emiliana Jerez Vera y Julio Cesar Canaviri Barrancos a favor del socio Julio Cesar Canaviri Barrancos, Testimonio No. 0436/2006, de la misma forma cursa testimonio de escritura pública sobre modificación y aumento de capital social de la Empresa NANIX Constructora S.R.L. al igual que el Certificado de Actualización de Matrícula de Comercio, donde consta el registro de la empresa en el Registro de Comercio de Bolivia, documentos que respaldan la personería de la empresa demandante.

Por todo lo expuesto, corresponde a este Supremo Tribunal fallar en la forma prevista por los artículos 271-1) y 2); 272 - 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los artículos 271-1) y 2); 272 - 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO en la forma e IMPROCEDENTE en el fondo el recurso de casación de fs. 431 a 435 vlta de obrados, interpuesto por Félix Gastón Moreno Taboada en representación de la Empresa de Servicios Eléctricos Potosí S.A. S.E.P.S.A. contra el Auto de Vista Nº 045/2012 de fecha 15 de febrero 2.012. Sin costas en ninguna de las instancias.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani