TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 169/2012

Sucre: 25 de junio de 2012

Expediente: LP-35-12-S

Partes: Carlos Ismael Meyer Bustamante por "Servicios y Operadores S.A." c/

Cristina Britt Aramayo Baeza por "Open Sistems Trading y Consulting S.A."

Proceso: Nulidad de Contrato de Licencia de Software

Distrito: La Paz.


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Open System Traiding & Consulting S.A. representado por Cristina Britt Aramayo Baeza a fs. 198-199 vlta, impugnando el Auto de Vista de No. S-14/2012, pronunciado por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso de Nulidad de Contrato de Licencia de Software seguido por Servicios y Operadores S.A. contra Open Sistems Trading & Consulting S.A., los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, tramitada la causa, el Juez Primero de Partido en lo Civil y Comercial de La Paz, emitió la Sentencia No. 97/2010 de fecha 27 de julio 2010, cursante de fojas 153 a 155 vlta., declarando no ha lugar a la demanda principal y la demanda reconvencional por no contar el documento privado con reconocimiento de firmas y rúbricas y fe probatoria.

Recurrida la Sentencia mediante apelación por Servicios y Operadores representado por Mario Viscarra por memorial de fs. 159 a 162; así como por Open Systems Trading & Consulting S.A. representado por Cristina Britt Aramayo Baeza por memorial de fs. 166 a 167 vlta., la Sala Civil Cuarta de la Corte Superior de Distrito Judicial de La Paz, mediante Auto de Vista S-14/2012 de fecha 17 de enero de 2012, cursante a fojas 192-193, anula obrados hasta fs. 152 vlta. Inclusive.

Resolución que dío lugar al recurso de casación en la forma interpuesto por parte

de la demandada Open System Traiding & Consulting S.A. representada por Cristina Britt Aramayo Baeza, que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

Que dictada la sentencia, ninguna de las partes habría utilizado oportunamente el recurso de aclaración, complementación o enmienda previsto por el art. 1962 del Código de Procedimiento Civil a efectos de corrección de alguna omisión a tiempo de dictarse la sentencia. Que a la concesión del recurso, el Tribunal de apelación con el argumento de que no se habría resuelto la excepción perentoria de incumplimiento opuesta por el demandante a la acción reconvencional anularía obrados hasta la sentencia inclusive.

Que las nulidades procesales en la previsión del art. 17.I de la Ley No. 25 no operarían por simple oficialidad, no respondiendo a la simple voluntad del juzgador sino a un mandato constitucional. Que estaría establecido que la revisión de oficio es viable solo cuando la Ley expresamente así lo establece, de tal suerte que la supuesta inobservancia a la falta de pronunciamiento de la excepción opuesta por su contrario no constituiría motivo expreso de nulidad en los términos del artículo mencionado, para retrotraer a una fase anterior a la sentencia de primera instancia. No estando este argumento previsto expresamente en la Ley para crear una nulidad inexistente y forzada; que no provocaría indefensión pues el mandatario de la empresa Servicios & Operadores S.A. habría tomado conocimiento al ser notificado y que no haya solicitado aclaración y demás sería un problema que le atinge exclusivamente.

Que tanto la previsión del art. 236 del Código de Procedimiento Civil como el art. 17. II de la Ley del Órgano Judicial establecerían la pertinencia que el auto de vista debe resolver única y exclusivamente las solicitudes de las partes que cuestionan los extremos resueltos sin incorporar ni omitir resolver lo solicitado por las partes, que en el caso no ocurre ello y esto habilitaría la casación conforme al art. 254.4 del Código de Procedimiento Civil Señalan asimismo que la Ley, la doctrina y jurisprudencia nacional y comparada establecen que ningún trámite judicial será declarado nulo sino estuviera expresamente determinado por la ley conforme establece el art. 251.I del adjetivo civil

Que esta orientación habría sido acogida por la doctrina y que partiría de la premisa de que los actos procesales son válidos en tanto no sean cuestionados por la parte interesada por los medios que la Ley establece en el contexto de la regla básica de la especificidad, atenuante del principio de legalidad por el cual no procedería la nulidad de un acto o trámite judicial sin ley específica que así lo establezca expresamente.

Por lo expuesto solicita se le conceda el recurso a fin de que se dicte Auto Supremo anulatorio del Auto de Vista Recurrido y se ordene dictar uno nuevo con la pertinencia y congruencia que impone el art. 236 del Código de Procedimiento Civil y su homólogo 17.II de la Ley del Órgano Judicial.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

Que, en función a los fundamentos expuestos, corresponde analizar la impugnación, teniéndose al respecto:

Que se considera al recurso de casación como "aquel medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por ley y dirigido a lograr que el máximo tribunal revise y reforme o anule las resoluciones expeditas en revisión por las Cortes Superiores o las sentencias de primera instancia, en la casación por salto, que infringen las normas de derecho material, la doctrina jurisprudencial, las normas que garantizan el derecho a un debido proceso o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales" (Hinojoza Minguez Alberto José)

Que el Auto de Vista dictado por la Sala Civil Cuarta ante la evidencia de no haberse pronunciado respecto de una interposición de excepción perentoria de incumplimiento de contrato a tiempo de dictar sentencia, anula obrados a fin de que se dicte nueva resolución en la que deba considerarse la referida excepción perentoria.

En función a lo anterior y los cuestionamientos contenidos en el recurso de casación analizado, veremos que si bien es cierto se verifica que efectivamente a fs. 72 vlta. se encuentra la interposición de la excepción perentoria mencionada, la misma con la que se corrió en traslado a la demandada reconvencionista y contestada a fs. 77 por aquella en la que solicita se la declare improbada, que así tramitada la excepción conjuntamente la demanda principal y reconvencional, en sentencia cursante a fs. 153-155 vlta. no se la consideró ni resolvió; y que toda sentencia debe contener decisiones expresas, positivas, precisas y concluyentes sobre lo demandado, reconvenido, excepcionado y debatido, conforme al planteamiento de las partes en base a las pruebas y valoración de estas, no pudiendo darse nada por sobreentendido en consideración a que como acto del tribunal debe estar revestido de congruencia tanto externa como interna, motivado y fundamentado con base a las pruebas practicadas en el proceso porque esa es su carga, es decir, el deber de examinar todos los actuados y pruebas a fin de establecer y determinar como resultado si se probaron o no y la medida en la que se hicieron, de ser así los hechos que fundan el derecho exigido o de las excepciones o defensas opuestas y resolver todos los puntos litigiosos y que fueron objeto de debate, esto en sujeción a lo determinado por los arts. 190 y 192-3); no es menos cierto que es deber de las partes el poder ejercitar sus derechos de manera oportuna al evidenciar que la resolución emitida fuera infra petita y en sujeción a la facultad conferida por el art. 196 -2) del C.P.C., solicitar se aclare, complemente, explique o enmiende la resolución que resultare gravosa a sus intereses, pues, conforme al principio dispositivo que rige la materia entendiéndose éste como aquel en virtud del cual las partes poseen dominio tanto sobre su derecho subjetivo sustancial como sobre sus derechos a la iniciación, desenvolvimiento y culminación del proceso, que por esa razón les recae como litigantes la carga procesal de realizar las actuaciones y diligencias necesarias para dar curso progresivo a los actuados, tendiendo a sancionar la inactividad de las partes en caso contrario, operándose el principio de convalidación; esta situación no puede aperturar la competencia del tribunal de segunda instancia para retrotraer la causa a una fase anterior a la sentencia, cuando la propia parte cuya pretensión aparentemente resultaba afectaba no la cuestionó, manifestando su conformidad con la exclusión de su reclamación en la resolución, no pudiéndose alegar una presunta indefensión.

En el caso de autos si bien es cierto que se hubo planteado excepción perentoria por parte de Operadores y Servicios mediante su representación legal, cual se verificó, ante el pronunciamiento de la sentencia a fs. 153-155 vlta. notificado como fue a fs. 156 en fecha 16 de agosto de 2010, en el plazo otorgado por el art. 192-2) del Código de Procedimiento Civil, no cuestionó de ninguna manera esa "omisión", y se abocó a formular recurso de apelación que corre a fs. 159-162 presentándoselo al noveno día de su notificación, en manifestación de su conformidad imposibilitándose a fundar impugnaciones a futuro, habiéndose operado asimismo el principio de preclusión.

Esto ha sido correctamente recogido por el recurrente por eso su reclamación fundamentalmente versa sobre la no posibilidad de retrotraer una etapa concluida con la excepción del caso referido cuando exista irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole el derecho a la defensa, evidenciándose que efectivamente se han transgredido las previsiones contenidas en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, así como el art. 17-II de la Ley de Organización Judicial, enmarcándose en la previsión legal contenida en el art. 254-4) del Código de Procedimiento Civil,

Por las razones expuestas corresponde fallar en aplicación de los artículos 254-4) y 271-3) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial No. 025 de 24 de junio 2010, en aplicación de lo previsto por los artículos 254-4) y 271-3) del Código de Procedimiento Civil,ANULA el Auto de Vista N° S-14/20l1 de fs. 192 a 193 y dispone que previo sorteo y sin necesidad de turno, se pronuncie un nuevo auto de vista que resuelva la causa dentro del marco jurisdiccional que le fija el artículo 236 del Procedimiento Civil.

Siendo excusable el error, no se impone multa alguna.

En virtud a lo previsto en el art. 17 parágrafo IV de la Ley Nº 025, hágase conocer la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani