TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 166/2012

Sucre: 22 de junio de 2012

Expediente: SC -47 - 12 - S

Partes: Blanca Lucia Saucedo Núñez c/ Robert Vaca Zelaya y Elda Romero Vda. De Cortez.

Proceso: Reivindicación, Desocupación y Entrega de Inmueble.

Distrito: Santa Cruz


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 368 a 369 de obrados, interpuesto por Elda Romero Vda. De Cortez, contra el Auto de Vista de fs. 362 y vlta de fecha 12 de noviembre de 2.011, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Distrito Judicial de Santa Cruz, en el proceso ordinario de Reivindicación, Desocupación y Entrega de Inmueble, seguido por Blanca Lucía Saucedo Núñez contra Robert Vaca Zelaya y Elda Romero Vda. De Cortez, el auto de concesión de fs. 377, los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Juez Cuarto de Partido Civil y Comercial, el 6 de diciembre de 2010, pronunció Sentencia, cursante de fojas 311 a 314, de obrados, por la cual declaró Probada la demanda cursante de fs. 78 a 79 vlta, sobre Reivindicación, desocupación y Entrega de Inmueble; Improbada la demanda reconvencional sobre Usucapión Decenal o Extraordinaria interpuesta por el codemandado Robert Vaca Zelaya, donde se dispuso un plazo de 30 días para que los demandados entreguen el bien inmueble objeto de la litis a su propietaria Blanca Lucia Saucedo Núñez, disposición que se deberá hacer efectiva previo reconocimiento por la parte demandante de las mejoras introducidas por los demandados.

Contra esa sentencia de primera instancia, la parte demandante mediante su apoderada legal interpone recurso de apelación a la sentencia en virtud a la parte dispositiva que ordena el reconocimiento de las mejoras introducidas por los demandados; en virtud a dicha disposición presenta apelación la parte demandante y también lo hacen en contra de la sentencia ambos demandados de manera separada, tramitados los recursos de apelación planteados en obrados la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Distrito Judicial de Santa Cruz, mediante Auto de Vista de fecha 12 de noviembre de 2011 Anula obrados hasta el auto de fecha 7 de julio de 2011 de fs. 347 inclusive, disponiendo que el Juez A quo observe las normas procesales respecto a la tramitación del recurso diferido.

Contra esa resolución de segunda instancia solo la codemandada Elda Romero Vda. De Cortez presenta recurso de casación.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

Presentó su recurso de casación en el fondo de conformidad al art. 253 num. 1) del Código de Procedimiento Civil.

Donde evidenció que el codemandado Robert Vaca impugnó una resolución y que la misma fue concedida en el efecto diferido por el juez A quo; también evidenció que la apoderada de la demandante por su lado impugnó resolución en obrados y la misma fue otorgada en efecto diferido.

Indicó que ambas partes al haber aceptado la concesión de sus recursos de apelación en el efecto diferido, consintieron y convalidaron el otorgamiento de dichos recursos.

Acusó también que éstos tenían el deber y la obligación de fundamentar los recursos diferidos al momento de apelar la sentencia, conforme manda el art. 25 de la Ley 1760 y al no haberlo hecho, se tienen por desistidas y el juez A quo no podía conceder los mismos al Tribunal de alzada.

Mencionó que el Tribunal de Alzada al anular la concesión de los recurso de apelación é indicar que se habría causado indefensión a los recurrentes en virtud de que el juez A quo se olvidó de los recursos diferidos, realiza una errónea interpretación y aplicación de la ley.

Terminó solicitando que en virtud de dicha infracción se anule el Auto de Vista para que el Tribunal de alzada se pronuncie sobre los extremos recurridos por la parte demandante y codemandados.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION

Que, conforme la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de Justicia y que este nuevo Tribunal Supremo de Justicia comparte con referencia, al recurso de casación que es una nueva demanda de puro derecho, pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo o en la forma, o en ambos, debiendo contener los requisitos enumerados en el artículo 258 del Código de Procedimiento Civil; además debe fundamentarse por separado de manera precisa y concreta las causas que motivan la casación, ya sea en la forma o en el fondo, no siendo suficiente la simple cita de disposiciones legales, sino demostrar en qué consiste la infracción que se acusa.

Que, el recurso de casación en el fondo debe fundarse en errores "in judicando" en que hubieran incurrido los tribunales de instancia al emitir sus resoluciones, debiendo estar debidamente identificadas y justificadas las causales señaladas en el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil; mientras que el recurso de casación en la forma o nulidad, se funda en errores "in procedendo", referidos a la infracción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas en la tramitación del proceso, enumeradas igualmente para cada caso en concreto, por el artículo 254 de la citada norma.

En mérito a las características que hacen a uno y otro recurso, la resolución de cada uno también adopta una forma específica y diferenciada, así, cuando se plantea recurso de casación en el fondo, lo que se pretende es que el Tribunal case el Auto de Vista impugnado y resuelva el fondo del conflicto; en cambio, cuando se plantea el recurso de nulidad o casación en la forma, lo que se pretende es la nulidad de obrados, siendo comunes para ambos recursos las formas de resolución por improcedente o infundado. Por ello al margen de exponer los motivos en que se funda el recurso de casación en el fondo, es deber del recurrente concretar su pretensión recursiva en forma congruente con el recurso que deduce.

En el caso de autos, no obstante la deficiente interposición del recurso, salvando la pretensión del recurrente en sentido de cuestionar la nulidad dispuesta por el Tribunal de Alzada, porque en su criterio esta no correspondía en virtud a que los recursos de apelación diferidos cuya concesión extrañó el ad quem, no fueron formalizados por la parte interesada a tiempo de apelar la sentencia; al respecto de la revisión de obrados, este Tribunal Supremo encuentra que el Tribunal Ad quem a tiempo de pronunciar la resolución de vista, no realizó exhaustiva revisión y análisis de los recursos de apelación planteados de fs 322 a 323 vlta y de fs. 328 a 331 de obrados, pues de haberlo hecho se hubiera percatado que los apelantes a tiempo de plantear su apelación no expresaron mucho menos fundamentaron sus recursos diferidos, no habiéndolo hecho se los tuvo como desistidos; en ese sentido Gonzalo Castellanos Trigo indica "Si la parte que formuló la apelación en el efecto diferido, no fundamentare los agravios sufridos al momento de recurrir la sentencia, se tendrá por desistida la apelación..."

En ese marco, el Tribunal Ad quem, estaba en la obligación de entrar a considerar el fondo de los recursos y no desconocer su competencia, como evidentemente lo hizo al anular el Auto de Concesión de Alzada, fundando dicha determinación en una supuesta indefensión que se habría causado a las partes, lo que resulta contrario al debido proceso y ajeno a los principios que rigen las nulidades procesales.

La administración de justicia o actividad jurisdiccional tiene por finalidad prevenir, solucionar o dirimir conflictos, de ahí que se hayan creado instrumentos de aplicación y de ejecución que permitan materializar los derechos que tiene todo ser humano. Actividad tan importante como ésta incuestionablemente recae sobre el Órgano Judicial, sin embargo tal actividad no se encuentra expedita de fallas, por el contrario se caracteriza por su factibilidad, en tal sentido se busca una forma de rectificar, enmendar los posibles errores que pudieran generarse en la administración de justicia.

En consecuencia, el Tribunal Supremo concluye que no correspondía de manera alguna anular el Auto de Concesión de Alzada y disponer que el juez inferior observe las normas procesales respecto a la tramitación del recurso diferido, por lo que la resolución de alzada dictada contradice a los antecedentes de las apelaciones y a lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley 1760 de 28 de febrero de 1997 (Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar).

Por lo mencionado, de conformidad a lo dispuesto por el art. 252 del Código de Procedimiento Civil corresponde dar aplicación a las previsiones de los artículos 271-3 y 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los artículos 271 num. 3), del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados, hasta fojas 362 inclusive, es decir, hasta el estado que previo sorteo y sin necesidad de turno, se pronuncie un nuevo Auto de Vista que resuelva la causa dentro del marco jurisdiccional que le fija el artículo 236 del Procedimiento Civil.

No siendo excusable el error, se impone multa de un día de haber al Tribunal Ad quem, por no realizar una revisión cabal de las apelaciones cursantes en obrados, en atención a lo previsto en el art. 17 parágrafo IV de la Ley del Órgano Judicial, debiendo al efecto comunicar con la presente resolución al Consejo de la Magistratura.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.