TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 159/2012.

Sucre: 22 de junio de 2012.

Expediente: Cb-36-12-S.

Partes: Hugo Cabero Rollano c/ Francisca Arminda Velarde Pereira.

Proceso: Fraude procesal.

Distrito: Cochabamba.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 409 a 412, interpuesto por Hugo Cabero Rollano, contra el Auto de Vista cursante de fs. 405 a 406, emitido el 6 de marzo de 2012 por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso ordinario sobre fraude procesal seguido por el recurrente contra Francisca Arminda Velarde Pereira; la respuesta de fs. 416 a 421; la concesión de fs. 422; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Segundo de Familia de la ciudad de Cochabamba, el 22 de julio de 2008 pronunció la sentencia cursante de fs. 306 a 311 vlta., declarando probada la demanda de fraude procesal e improbadas las excepciones perentorias opuestas por la parte demandada, sin costas y respecto a la determinación de daños y perjuicios libró su averiguación para ejecución de sentencia.

Contra esa sentencia, la parte demandada interpuso recurso de apelación en cuyo mérito la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia Cochabamba, el 6 de marzo de 2012 emitió el Auto de Vista cursante de fs. 405 a 406, anulando obrados hasta fs. 34 y dispuso que el juez a quo provea a la demanda observando los lineamientos legales y doctrinales expuestos en esa resolución. Sin responsabilidad por ser excusable el error.

Contra esa resolución de segunda instancia la parte demandante interpuso recurso de casación en el fondo.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

El recurrente señaló que conforme el entendimiento dado por la S.C. 689/2006-R de 17 de junio de 2006, aún la sentencia dictada dentro de un proceso sumario puede ser revisada a través del procedimiento establecido por el art. 297 del Código de Procedimiento Civil, previa sentencia de declaración de cohecho, violencia o fraude procesal, como ocurriría en el caso de autos en el que se observó ese procedimiento , habiendo denunciado actos dolosos y fraudulentos que indujeron al juez que conoció el proceso de reconocimiento de unión conyugal libre o de hecho, a dictar sentencia favorable para la demandante sin que a él como demandado se le hubiese dado la posibilidad de asumir defensa, aspecto que motivó su absoluta indefensión; razón por la cual al amparo de lo previsto por los arts. 297-3) y 316 demandó el fraude procesal, cuya competencia correspondería al juez de Partido de Familia, quien habría constatado la certeza de las denuncias formuladas, llegando a establecer que en el referido proceso sumario de reconocimiento de unión conyugal libre o de hecho, la actora Francisca Arminda Velarde Pereira señaló dos domicilios diferentes del demandado Hugo Cabero Rollano, habiendo optado por practicar su citación en el domicilio en el cual el demandado no se encontraba presente.

En base a esos argumentos y otros referidos a la forma de sustanciación de los procesos sumarios y en especial del reconocimiento de unión libre o de hecho, interpuso recurso de casación en el fondo, al amparo de las causales prevista por el art. 253- 1) y 3) del Código de Procedimiento Civil, solicitando que el Tribunal Supremo se pronuncie anulando y/o casando el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo declare probada o procedente la demanda ordinaria de fraude procesal.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

En forma reiterada este Tribunal ha señalado que el recurso de casación en el fondo y el de forma son dos medios de impugnación distintos, que persiguen igualmente finalidades diferentes, el uno, nos referimos al de fondo, esta orientado a que el Tribunal Supremo revise el fondo de la resolución del litigio, y en este caso lo que el recurrente pretende es que el Auto Supremo case la resolución recurrida y resuelva el fondo de la controversia en base a la correcta aplicación o interpretación de la ley o la debida valoración de la prueba. En cambio el recurso de casación en la forma esta orientado a que el Tribunal Supremo constate la existencia de errores formales en la resolución impugnada o de procedimiento en la sustanciación de la causa que conlleven la afectación del debido proceso, en ese caso la pretensión recursiva del recurrente esta orientada a la nulidad de la resolución impugnada o a la nulidad de obrados.

En el caso que se analiza, la parte recurrente no tomó en cuenta que el Auto de Vista recurrido anuló obrados, es decir no emitió pronunciamiento de fondo sobre la controversia, en cuyo mérito contra esa determinación únicamente correspondía la interposición del recurso de casación en la forma, a fin de que la parte recurrente cuestioné los motivos que dieron lugar a la nulidad dispuesta, posibilitando de esa forma que éste Tribunal Supremo aperture su competencia para analizar si el motivó en que se fundó la nulidad es correcto o no y, en caso de advertir la indebida nulidad de obrados falle anulando la resolución de alzada, disponiendo la emisión de un nuevo fallo; en el caso de autos la pretensión recursiva de la recurrente persigue que éste Supremo Tribunal de Justicia anule y/o case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo declare probada o procedente la demanda ordinaria de fraude procesal, aspecto que resulta inadmisible tomando en cuenta el carácter anulatorio de la resolución de alzada, contra la cual, como se señaló anteriormente, únicamente procede el recurso de casación en la forma destinado a la revisión de la nulidad dispuesta por el Ad quem; consiguientemente el recurso de casación en el fondo resulta impertinente, lo que motiva, como es lógico, su improcedencia, más aún si el propio recurrente confunde las formas de resolución de casar y anular como si tratase de dos alternativas indistintas.

No obstante la manifiesta improcedencia del recurso, solo con fines de aclaración, éste Tribunal considera oportuno realizar las siguientes precisiones:

El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia por lo que la desviación de tal postulado a través de la concurrencia de maquinaciones o artificios es lo que se conoce como fraude procesal.

El fraude procesal puede ser definido como las maquinaciones y artificios realizados en el curso del proceso, o por medio de éste, destinados, mediante el engaño o la sorpresa en la buena fe de uno de los sujetos procesales, bien sean las partes propiamente dichas o el órgano jurisdiccional, a impedir la eficaz administración de justicia, en beneficio propio o de un tercero y en perjuicio de una de las partes o de tercero.

El fraude procesal, como causal de procedencia de la revisión extraordinaria de sentencia, por mandato del art. 297 - 3) del Código de Procedimiento Civil, debe necesariamente ser demostrado en proceso ordinario, en el que no se discuten los derechos en controversia ni las decisiones de las instancias jurisdiccionales, sino los hechos que dieron origen al fraude procesal que se acusa. En ningún caso este proceso ordinario constituye una instancia de revisión, es un nuevo proceso de conocimiento en el que deben probarse los hechos constitutivos del fraude procesal entendido -según el Diccionario de Edgar Oblitas Fernández- como toda maniobra de las partes, del Juez, de terceros o de auxiliares que tienda a obtener o dictar una sentencia- sin valor de cosa juzgada o la homologación de un acuerdo procesal u otra resolución judicial, con fines ilícitos o impedir su pronunciamiento o ejecución.

El fraude procesal necesariamente debe establecerse en proceso ordinario por mandato del art. 297 - 3) del Código de Procedimiento Civil relacionado con el art. 316 del mismo cuerpo legal, sólo para efectos de viabilizar la procedencia de la revisión extraordinaria de sentencia a la que se refiere precisamente el citado art. 297 - 3).

De manera que pretender que un juez de partido, a través de un proceso de fraude procesal, en definitiva declare la nulidad de las actuaciones producidas en un proceso de conocimiento, resulta inadmisible conforme lo previsto por el art. 297 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que tal determinación corresponde al Tribunal Supremo de Justicia por ser el único órgano competente para conocer la revisión extraordinaria de sentencia ejecutoriada; aclarando que ésta procede entre otras causales por fraude procesal.

En el caso de autos, el actor Hugo Cabero Rollano, interpuso demanda de fraude procesal, argumentando, en lo sustancial, que la ahora demandada Francisca Arminda Velarde Pereira, a través de su apoderado Gumercindo Jhonny Velarde Pereira, sustanció, en su contra, un proceso sumario de reconocimiento conyugal de unión libre o de hecho, y que en la demanda que dio inicio al referido proceso la demandante habría señalado como domicilio del demandado la calle Jordán Nº 0389 esquina Ayacucho de la ciudad de Cochabamba, empero la citación mediante cédula y las posteriores notificaciones con todos los actuados del proceso, se habrían practicado en otro domicilio ubicado en la calle Alcides Arguedas s/n, aspecto que motivó que el referido proceso se sustancie en su total indefensión, en cuyo mérito solicitó se declare probada su demanda de fraude procesal y en consecuencia nulo y sin valor el proceso de reconocimiento conyugal libre o de hecho.

De lo expuesto se establece que la pretensión del actor, esta orientada a que a través del presente proceso de fraude procesal se declare nulo y sin valor el proceso de reconocimiento conyugal libre o de hecho, pretensión que, como lo estableció el Tribunal de alzada, ciertamente resulta improponible, toda vez que el fin que persigue el proceso de fraude procesal es el de establecer únicamente los hechos constitutivos del fraude a efectos de posibilitar el posterior recurso de revisión extraordinaria de sentencia, en cuyo conocimiento el Tribunal Supremo, si acaso correspondiera, podría dejar sin efecto el proceso de conocimiento sustanciado con fraude procesal.

Cabe aclarar también que al ser el Tribunal Supremo el único órgano competente para conocer y resolver sobre la revisión extraordinaria de sentencia, es también el único que puede establecer si dicho recurso procede para la revisión de sentencias dictadas en procesos de conocimiento ordinarios y sumarios o únicamente respecto a procesos de conocimiento ordinarios. Sin embargo, resulta pertinente puntualizar que el Tribunal de alzada no basó su determinación en la improcedencia del recurso de revisión extraordinaria respecto de las sentencias ejecutoriadas dictadas en proceso sumario, por el contrario fundó su determinación en la improponibilidad de la pretensión deducida por el demandante, en sentido de que se declare nulo y sin valor el proceso de reconocimiento de unión conyugal libre o de hecho.

Finalmente, resulta necesario acotar que en criterio de éste Tribunal los fallos judiciales que declaren la nulidad de un proceso o rechacen una pretensión por considerar que la vía activada por el peticionante no es la correcta, deben orientar respecto a cual debería ser el camino correcto; en ese sentido, cabe señalar que conforme el entendimiento asumido por el Tribunal Constitucional a través de la S.C. 1875/2010-R de 25 de octubre de 2010, entre otras, " en etapa de ejecución de sentencia, excepcionalmente y bajo determinadas circunstancias, puede darse lugar a la nulidad de obrados en los casos en que de manera efectiva se evidencie la indefensión en la parte demandada o en terceros, a objeto que se repare el proceso en la instancia donde hubo lesión a sus derechos fundamentales".

En ese sentido si el actor Hugo Cabero Rollano, considera que en el proceso de reconocimiento de unión conyugal libre o de hecho seguido por Francisca Arminda Velarde Pereira, fue indebidamente citado en un domicilio que no correspondía, razón por la cual no tuvo conocimiento del proceso, el cual se sustanció en su absoluta indefensión; le corresponde plantear ese aspecto en el mismo proceso, aún éste se encuentre en ejecución de sentencia, con aparente calidad de cosa juzgada, pues el propio Tribunal Constitucional en reiteradas oportunidades señaló que "es perfectamente posible el planteamiento del incidente de nulidad en ejecución de sentencia buscando la reparación de un proceso ilegal por vulneración de derechos y garantías, y de ningún modo ello puede ser considerado como una situación en la que el juez esté revisando su propia actuación, pues como lo reconoce la doctrina, los actos procesales desarrollados en vulneración de derechos y garantías se reputan como inexistentes ...". (S.C. Nº 1875/2010-R de 25 de octubre de 2010). Consiguientemente será el juez que conoció el referido proceso de reconocimiento de unión conyugal libre quien valore los antecedentes y decida sobre la procedencia o no de la pretendida nulidad.

En ese mismo sentido el Tribunal Constitucional a través de la S.C. Nº 1632/2011-R, de 21 de octubre de 2011, precisó que: "... la sentencia que no cumpla con uno de los requisitos de formación referentes al respeto de derechos fundamentales, hace procedente el control de constitucionalidad, ya que en este caso, esta decisión solo reviste una calidad de cosa juzgada aparente. Por lo afirmado se colige que la sentencia que no cumple con los requisitos de formación descritos, es nula, nulidad que encuentra sustento en los principios constitucionales de seguridad, supremacía constitucional y jerarquía normativa, ya que todo acto infra-constitucional contrario a esta norma suprema, es nulo e inexistente. Entonces, en un Estado Constitucional, la nulidad de un acto jurisdiccional debe ser declarada expresamente y no opera de pleno derecho, por tanto, si a través de los mecanismos internos de cuestionamiento a decisiones judiciales no se ha restituido el derecho al debido proceso, los afectados tienen la facultad de activar el control de constitucionalidad a través del amparo constitucional para lograr la nulidad de la decisión judicial contraria a la Constitución por vulnerar derechos fundamentales reconocidos y garantizados por ella". (el subrayado no corresponde al texto original).

Por las razones expuestas, habiendo el recurrente interpuesto recurso de casación en el fondo contra una resolución de alzada anulatoria de obrados, corresponde a éste Tribunal fallar en la forma prevista por los arts. 271-1) y 272-2 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los artículos 271 - 1) y 272-2) declara IMPROCEDENTE el recurso de casación de fs. 409 a 412. Con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 1000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Magistrada Dra. Rita Susana Nava Duran.