TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 154/2012.

Sucre: 08 de junio de 2012.

Expediente: CB-26-12-S.

Partes: Martín García Pezo c/ Sergio Antonio Durán Mérida, Esther Ayllón Oropeza de Durán, Yecid Alberto Viscarra Aliaga, Mirtha Vacaflores de Viscarra, ASARTI, representada por Carlos Rivera Rodríguez y contra presuntos herederos de Francisco García y Savina Pezo.

Proceso: Nulidad de documentos y de registros.

Distrito: Cochabamba.


VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 501 a 505, interpuesto por Juan Carlos y Mario García Flores, en representación de Martin García Pezo, contra el Auto de Vista Nº 25, cursante de fs. 495 a 498, emitido el 10 de febrero de 2012 por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso ordinario sobre nulidad de documentos y de registros seguido por el recurrente contra Sergio Antonio Durán Mérida, Esther Ayllon Oropeza de Duran, Yecid Alberto Viscarra Aliaga, Mirtha Vacaflores de Viscarra, ASARTI, representada por Carlos Rivera Rodríguez y contra presuntos herederos de Francisco García y Savina Pezo; las respuestas de fs. 507 a 510, 512 a 515; la concesión de fs. 520 vlta.; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Segundo de Partido en lo Civil de la ciudad de Quillacollo, el 31 de mayo de 2011 pronunció la sentencia cursante de fs. 401 a 406, declarando probada la demanda principal, e improbadas las excepciones perentorias opuestas contra la demanda. En consecuencia declaró nulos y sin valor legal: 1) el documento de venta de 16 de diciembre de 1975, registrado a fs. y ptda. 1066, del libro 1º de Propiedad de la Provincia Quillacollo, el 26 de marzo de 1990; 2) el documento registrado a fs. , y ptda. 1621 del libro 1º de Propiedad de la Provincia Quillacollo, de 17 de mayo de 1990; 3) el documento de 14 de mayo de 1997, registrado a fs. , y ptda. 5145, del libro 1º de Propiedad de la Provincia Quillacollo, el 29 de octubre de 1998. finalmente dispuso que en ejecución de sentencia se proceda a la cancelación de los registros señalados.

Contra esa sentencia los demandados Yecid Alberto Viscarra Aliaga, Mirtha

Vacaflores de Viscarra y Carlos Rivera Rodríguez, este último en representación de la empresa ASARTI, interpusieron recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba el 10 de febrero de 2012 emitió el Auto de Vista Nº 25, cursante de fs. 495 a 498, confirmando el auto de 31 de agosto de 2010 y anulando la sentencia apelada, disponiendo que el A quo emita nueva sentencia sujetando su resolución a los fundamentos de esa resolución de segunda instancia, sin responsabilidad por ser excusable el error.

Contra esa resolución de segunda instancia, Martín García Pezo, representado por Juan Carlos y Mario García Flores, interpuso recurso de casación en el fondo.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

La parte recurrente acusó que el Auto de Vista recurrido se limitó a considerar los alcances del art. 1567 del actual Código Civil, en base a ello erradamente habría concluido que la norma aplicable para demandar la nulidad del contrato primigenio redactado, suscrito y reconocido el 16 de diciembre de 1975, sería el Código Civil de 1831, en cuyo mérito dispuso que el juez a quo defina su posición respecto a la aplicabilidad del Código Civil de 1831, en virtud a lo cual anuló la sentencia y dispuso se emita una nueva, sin considerar que el juez de la causa a tiempo de emitir la sentencia definió su posición en forma expresa respecto a la inaplicabilidad del Código Civil de 1831, razón por la cual considera que la resolución de alzada violó la ley en su componente de la imparcialidad.

Por otro lado señaló que la resolución anulatoria solo se aplica en virtud a la existencia de vicios procesales y en mérito al principio de especificidad el auto de vista anulatorio solo se aplica en virtud de la existencia de vicios procesales que rigen la materia, entre ellos el dispositivo, resaltando que en la causa no existiría ningún vicio que amerite la nulidad.

Refirió que el Tribunal de alzada bien puede o no estar de acuerdo con el criterio adoptado por el a quo y en caso de desacuerdo le corresponde revocar total o parcialmente, empero lo que no podría hacer el Tribunal de alzada es compeler al inferior a apartarse de su convicción para dictar una nueva sentencia que se acomode al criterio jurídico del Ad quem.

Acusó igualmente la interpretación errónea y la aplicación indebida del art. 1567 del Código Civil, al respecto señaló que en la demanda argumentó como hecho fáctico la falsedad del documento privado de 16 de diciembre de 1975, solicitando por ello la nulidad de ese documento y su registro en Derechos Reales, así como de los documentos y registros posteriores, invocando para tal efecto las causales 1), 2), 3) y 4) del art. 549 del Código Civil, en relación a lo dispuesto por los arts. 542-1) y 2), 551 y 1449 del citado Código sustantivo, que en el curso del proceso habría demostrado plenamente las causales de nulidad argüidas en su demanda y que en sentencia el juez de la causa de forma expresa señaló que la norma aplicable al caso es la contenida en el Código Civil vigente y no las disposiciones del código abrogado.

Manifestó que cuando se demanda la nulidad de un documento basado en su ilicitud y falsedad, tanto su contenido como la fecha de su supuesta elaboración carecerían de validez y eficacia, es decir que no podría tomarse como cierto ninguno de esos aspectos para efectuar una valoración legal, aspecto que tendría importancia en cuanto a la aplicación del art. 1567 del Código Civil. Enfatizó que el contrato cuya nulidad demandó no se celebró, contrato que en su criterio fue fraguado, en cuyo mérito correspondería tomar en cuenta la fecha en que se pretendió utilizarlo para la generación de consecuencias jurídicas que de ella deriven, que en el caso de autos dicha utilización se hizo el año 1990 con su registro en Derechos Reales, resultando por ello aplicable las normas del actual Código Civil.

Por las razones expuestas solicitó se case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo se confirme la sentencia y por ende se declare probada la demanda, con costas.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

Doctrinalmente se considera al recurso de casación como "aquel medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por ley y dirigido a lograr que el máximo tribunal revise y reforme o anule las resoluciones expedidas en revisión por las Cortes Superiores o las sentencias de primera instancias, en la casación por salto, que infringen las normas de derecho material, la doctrina jurisprudencial, las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales" ( Hinostroza Minguez Alberto Jose).

La Casación tiene por fin privilegiar la recta aplicación de la ley y de esta manera alcanzar la justicia en la resolución de los conflictos procesales. Por ello, estamos ante una institución necesaria y de enorme importancia en la administración de justicia, pues gracias a ella, se cuenta con una vía que asegura la correcta aplicación o interpretación de las normas jurídicas y la uniformización de la jurisprudencia nacional.

Como característica esencial de este recurso podemos establecer que no se trata de una tercera instancia, pues el Tribunal de casación es un Tribunal de derecho y no de hecho, por ello el recurso solo procede por las causales taxativamente indicadas por la ley, debiendo el Tribunal de Casación circunscribirse a considerar las causales invocadas por el recurrente y siempre que se formulen con observancia de los requisitos exigidos por la misma ley.

Al respecto la uniforme jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia , con la que se comparte criterio, señaló que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, que puede ser en el fondo o en la forma o en ambos a la vez, conforme está establecido en el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil.

Cuando el recurso de casación se interpone en el fondo, esto por errores en la resolución de fondo o errores in iudicando, los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el artículo 253 del adjetivo civil, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva resolución, unificando la jurisprudencia e interpretación de las normas jurídicas o creando nueva jurisprudencia; en tanto que si se plantea en la forma, es decir por errores de procedimiento, la fundamentación debe adecuarse a las causales y previsiones contenidas en el artículo 254 del mismo cuerpo legal, siendo su finalidad la anulación de la resolución recurrida o del proceso mismo cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso sancionadas con nulidad por la ley. En ambos casos, es de inexcusable cumplimiento el mandato del artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.

De lo manifestado precedentemente se concluye que el recurso de casación en el fondo y el de forma son dos medios de impugnación distintos, que persiguen igualmente finalidades diferentes, el uno, nos referimos al de fondo, esta orientado a que el Tribunal Supremo revise el fondo de la resolución del litigio, y en este caso lo que el recurrente pretende es que el Auto Supremo case la resolución recurrida y resuelva el fondo de la controversia en base a la correcta aplicación o interpretación de la ley. En cambio el recurso de casación en la forma esta orientado a que el Tribunal Supremo constate la existencia de errores formales en la resolución impugnada o de procedimiento en la sustanciación de la causa que conlleven la afectación del debido proceso, en ese caso la pretensión recursiva del recurrente esta orientada a la nulidad de la resolución impugnada o a la nulidad de obrados.

En el caso que se analiza el Tribunal de alzada pronunció el Auto de Vista recurrido anulando la sentencia apelada y disponiendo que el Juez A quo pronuncie nueva sentencia, es decir que el Tribunal de alzada no emitió pronunciamiento de fondo ni resolvió el mérito del litigio, por lo que resulta inapropiado que los recurrentes recurran contra ese fallo a través del recurso de casación en el fondo pretendiendo que este Tribunal Supremo se pronuncie en el fondo del litigo cuando el Tribunal de apelación no lo hizo. En todo caso, si en criterio de los recurrentes la nulidad dispuesta por el Tribunal de alzada resulta indebida e impertinente, les correspondía impugnar dicho pronunciamiento a través del recurso de casación en la forma, a fin de que este Tribunal aperture su competencia a efectos de revisar y constatar si el motivo que dio lugar a la nulidad dispuesta por el Ad quem es o no correcto, y en caso de encontrar indebida la nulidad dispuesta anular la resolución de alzada y disponer la emisión una nueva resolución que se acomode a derecho; sin embargo, los recurrentes no recurrieron en la forma antes señalada y por el contrario interpusieron equivocadamente recurso de casación en el fondo, lo que supondría la improcedencia del recurso, empero, no obstante el deficiente planteamiento, éste Tribunal Supremo en aplicación del art. 252 del Código de Procedimiento Civil, considera necesario puntualizar que:

Si el Tribunal de alzada concluyó que el contrato primigenio de transferencia de un bien inmueble que dio lugar al resto de los contratos cuya nulidad también se demandan, fue redactado, suscrito y reconocido el 16 de diciembre de 1975, consiguientemente las normas aplicables para la nulidad demandada, conforme a lo previsto por el art. 1567 del Código Civil, fuera el Código de 1831; resulta incorrecto que se hubiese pronunciado, como lo hizo, por la nulidad de la sentencia y disponer que el Juez a quo defina su posición respecto a la aplicabilidad del Código Civil de 1831, en relación a la nulidad del contrato de 16 de diciembre de 1975, toda vez que como Tribunal de alzada le correspondía asumir dicha definición y no derivar esa determinación al juez a quo, soslayando de esa manera asumir de manera clara y precisa la determinación correspondiente, eludiendo de esa manera cumplir con la obligación de resolver las controversias jurídicas en aplicación de las leyes.

Por las razones expuestas resulta injustificado el accionar del Tribunal Ad quem,

quien evadió su responsabilidad de adoptar una determinación clara y precisa respecto a la aplicación o no, al caso concreto, de las normas contenidas en el actual Código Civil, pues, si en su criterio las normas que deben ser aplicadas son las contenidas en el Código de 1831, debió anular todo lo obrado hasta la admisión de la demanda, aspecto que no lo hizo desconociendo el alcance y contenido de los Autos Supremos que el propio Tribunal de alzada transcribió como sustento de su fundamentación.

Establecido lo anterior, corresponde señalar que por disposición del art. 1-1) del Código de Procedimiento Civil, los jueces y tribunales a tiempo de conocer un determinado asunto, deben sustanciarlo y resolverlo conforme a las leyes de la República.

En virtud del principio de irretroactividad de la ley, ésta solo dispone para lo venidero y no tiene efecto en el pasado, conforme prevenía el art. 33 de la Constitución Política del Estado abrogada, y lo hace el art. 123 de la actual Constitución Política del Estado, salvo que la propia norma disponga su aplicación retroactiva.

El Código Civil que entró en vigencia a partir del 2 de abril de 1976, en su art. 1567, honrando el citado principio constitucional de irretroactividad de la ley, dispone que "los contratos y actos jurídicos en general celebrados de acuerdo a las disposiciones del Código Civil y demás leyes anteriores a la vigencia de este Código, se regirán por ellas".

En el marco de la citada disposición legal, de la revisión de obrados, se evidencia que en la presente causa la parte actora demandó la nulidad del contrato de transferencia de 16 de diciembre de 1975 y su respectivo registro en Derechos Reales, como consecuencia de esa nulidad demandó igualmente la nulidad de los posteriores actos de disposición y sus respectivos registros, consiguientemente a la nulidad del referido contrato no le es aplicable las disposiciones legales previstas en el Código Civil vigente, toda vez que la nulidad de ese contrato debe ser demandada y resuelta en aplicación de la normativa derogada, no teniendo mayor incidencia la fecha en que el referido contrato hubiese sido registrado en Derecho Reales, toda vez que el objeto del litigio recae en la invalidez del acto y no en la determinación de los efectos que su registro pudo generar en relación a terceros.

Tampoco tiene incidencia en la determinación de la normativa aplicable el hecho de que en criterio del actor el contrato demandado de nulidad hubiese sido fraguado o falsificado, en cuyo mérito tendría que determinarse la norma aplicable en consideración a la fecha en que el referido contrato pretendió o fue utilizado, toda vez que al tratarse de un contrato reconocido surte sus efectos en tanto no sea invalidado judicialmente, y precisamente dicha invalidez debe ser demandada y resuelta en base a la norma legal que se encontraba vigente en el momento de su celebración o aparente celebración.

Por las razones expuestas, se advierte que el juez de la causa al admitir la demanda de nulidad del contrato celebrado el 16 de diciembre de 1975, al amparo de las causales previstas en el Código Civil que entró en vigencia recién el 2 de abril de 1976, obró indebidamente, toda vez que sustanció y lo que es peor resolvió la nulidad demandada en base a normas legales que resultan inaplicables por contravenir al principio de irretroactividad de la ley.

Consiguientemente, corresponde a éste Tribunal Supremo aplicar lo dispuesto por el art. 252 del Código de Procedimiento Civil, y fallar en consecuencia en la forma prevista por los arts. 271-3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los artículos 271 - 3) y 275) del Código de Procedimiento Civil ANULA obrados, hasta fojas 40, es decir hasta el estado en que el Juez a quo antes de admitir la demanda disponga que el demandante ajuste su demanda a los términos del artículo 1567 del Código Civil.

No siendo excusable el error en el que han incurrido tanto el juez A quo, como los señores Vocales signatarios del Auto de Vista recurrido, que contraviene los principios de celeridad y economía procesal, se les impone multa equivalente a un día de su haber mensual para cada uno, a ser descontado por habilitación a favor del tesoro judicial. A tal efecto notifíquese a la Dirección Administrativa y Financiera.

Cumpliendo lo previsto por el artículo 17 - IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Magistrada Dra. Rita Susana Nava Duran.