TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 153/2012.

Sucre: 08 de junio de de 2012.

Expediente: O-11-12-S.

Partes: Jaime Edgar Balladares Orihuela c/ Mary Luz Duran Camargo.

Proceso: Divorcio.

Distrito: Oruro.


VISTOS: el recurso de casación en el fondo de fs. 647 a 648, interpuesto por Marco A. Ayllon Zambrana, en representación de Jaime Edgar Balladares Orihuela, contra el Auto de Vista Nº 033/2012, cursante de fs. 626 a 631, emitido el 5 de marzo de 2012 por la Sala Civil, Familiar y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en el proceso doble de divorcio seguido por el recurrente en contra de Mary Luz Durán Camargo; la respuesta de fs. 651 a 652 vlta.; la concesión a fs. 653; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juzgado de Partido Segundo de Familia de la ciudad de Oruro, en fecha 1 de agosto de 2011 pronunció sentencia Nº 74/2011, cursante de fs. 562 a 568, declarando improbada la demanda principal de divorcio por la causal prevista por el art. 131 del Código de Familia y probada la demanda reconvencional de divorcio por la causal establecida en el art. 130-1) del citado Código de Familia. Igualmente declaró la excepción de falta de acción opuesta por la demandada e improbada la excepción de falta de acción y derecho opuesta por el actor principal. Como consecuencia declaró disuelto el vínculo conyugal que unía a los esposos Jaime Edgar Balladares Orihuela y Mary Luz Durán Camargo, por culpa del esposo, consiguientemente con derecho a la asistencia familiar para la esposa. Dispuso que la hija menor Carolina Balladares Durán quede bajo la guarda de la madre, asignándoles a ambas una asistencia familiar de Bs. 800, que el obligado deberá cancelar en forma mensual; salvó los derechos del hijo mayor de edad Jaime Edwin Balladares Durán a vía llamada por Ley. Dispuso que los bienes gananciales, previa su comprobación en ejecución de sentencia, sean divididos en esa oportunidad. De igual forma ordenó que en ejecución de sentencia se proceda a la cancelación de la respectiva Partida matrimonial y que se averigüe la suma del resarcimiento del daño material y moral ocasionado a la esposa.

Contra esa sentencia de primera instancia el actor principal interpuso recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil, Familiar y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, el 5 de marzo de 2012 emitió Auto de Vista Nº 33, cursante de fs. 626 a 631, confirmando la sentencia con costas, y alternativamente dispuso la remisión de antecedentes al Ministerio Público para la investigación del probable delito de bigamia.

Contra ese Auto de Vista el demandante principal interpuso recurso de casación en el fondo.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

El recurrente acusó la errónea interpretación y aplicación de los arts. 41, 46 y 80 del Código de Familia, al respecto señaló que el Auto de Vista recurrido al referirse a los mencionados arts. Indicó que debería establecerse la acción correspondiente ante el órgano jurisdiccional competente, aspecto que se habría cumplido, toda vez que al presente se hubiera accionado la demanda de anulabilidad absoluta, adjuntando documental que acreditaría lo aseverado, en ese sentido asegura que no es evidente que jamás se hubiera intentado la referida acción tendiente a la disolución del matrimonio.

Por otro lado acusó la violación de los arts. 374 y 375 del Código de Procedimiento Civil y 1287 del Código Civil, toda vez que el Tribunal de alzada habría convalidado la sentencia, evadiendo ingresar al análisis de fondo sobre la violación del art. 374 del Código de Procedimiento Civil que determinó que se diera valor legal a simples fotocopias arrimadas en calidad de prueba de descargo cursantes de fs. 426 a 445, documental que conforme a lo previsto por el citado art. y por el art. 1287 del Código Civil no tendría ningún valor.

Acusó que el Tribunal de alzada no realizó ninguna valoración de la prueba en especial del acta de fs. 43 referida a la separación y garantías que suscribieron los cónyuges el 8 de marzo de 1996, misma que no habría sido valorada por los Tribunales de instancia; de igual manera no habrían valorado las declaraciones testificales de fs. 471 a 483, que refirieron uniformemente que los cónyuges se encontrarían separados por más de dos años; tampoco se habría tomado en cuenta las documentales de fs. 228 a 381 referidas a constancias de recepción de dineros por concepto de asistencia familiar.

Por los motivos expuestos solicitó se case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo se dicte nuevo fallo, sea con costas y demás condenaciones.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

Que, al ser el recurso de casación un medio de impugnación extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por ley y dirigido a lograr que el máximo Tribunal revise, reforme o anule las resoluciones expedidas en revisión por los Tribunales de alzada, que infringen las normas de derecho material, las normas que garantizan el derecho a un debido proceso o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales; su interposición debe expresar en términos claros y precisos las infracciones que el recurrente acusa y la pretensión que persigue.

En el caso de Autos la pretensión expuesta por el recurrente resulta ambigua y general al limitarse a solicitar que sobre la base de los motivos expuestos se case el Auto de Vista recurrido y se dicte nuevo fallo en lo principal del litigio, sin especificar en que sentido debiera emitirse el nuevo fallo y si éste debiera acoger favorablemente tanto la demanda principal como la reconvencional o únicamente la demanda principal. Empero, no obstante el deficiente planteamiento, éste Tribunal considera necesario puntualizar que:

Si bien el art. 80 del Código de Familia determina que será anulable el matrimonio celebrado en contravención a lo dispuesto por los arts. 44 y 46 al 50 del citado código y, al respecto el art. 46 del referido Código señala que no puede contraerse nuevo matrimonio antes de la disolución del anterior. Empero, debe tenerse en cuenta que la anulabilidad del matrimonio debe ser declarada judicialmente para que surta efectos, toda vez que dicha sanción de invalidez no opera en ningún caso de hecho, en otras palabras la anulación del matrimonio opera mediante sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

Ahora bien, el art. 92 del Código de Familia, regula los efectos del matrimonio anulado, al respecto señala que: "El matrimonio anulado produce sin embargo sus efectos, como si hubiera sido válido, hasta que la sentencia de anulación pase en autoridad de cosa juzgada si se lo contrajo de buena fe por ambos cónyuges. Existiendo buena fe sólo por parte de uno de los esposos, el matrimonio produce sus efectos únicamente a favor de éste. Pero si ambos esposos estuvieron de mala fe, se considera que el matrimonio no existió nunca respecto a ellos. En cualquier caso, el matrimonio anulado surte efectos con relación a los hijos".

La norma transcrita señala que los efectos de la anulación del matrimonio operaran a partir de que la sentencia que así lo declare adquiera calidad de cosa juzgada. Por otro lado señala que los efectos que genere la anulación dispuesta son diversos en consideración a la buena fe con que obraron los cónyuges, en ese sentido si ambos obraron de buena fe, el matrimonio producirá válidamente sus efectos hasta el momento en que la sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada, la cual no operará retroactivamente; si únicamente uno de los cónyuges obró de buena fe el matrimonio producirá válidamente sus efectos solo respecto a el, es decir que respecto a ese cónyuge la sentencia de anulación tampoco operará con carácter retroactivo; empero si ambos esposos obraron de mala fe, la sentencia de anulación surte efecto con carácter retroactivo de tal forma que el matrimonio no producirá ningún efecto respecto a ninguno de los cónyuges.

Establecido lo anterior corresponde precisar que, en el caso de Autos, conforme la certificación cursante de fs. 531 se evidencia que el actor principal Jaime Edgar Balladares Orihuela registra dos partidas de matrimonio vigentes, la primera de fecha 11 de abril de 1987 que registra el matrimonio de Jaime Edgar Balladares Orihuela con Zulema Edel Francachs Gutierrez y la segunda de fecha 22 de febrero de 1992 que registra el matrimonio de Jaime Edgar Balladares Orihuela con Mary Luz Durán Camargo.

Si bien es evidente que el segundo matrimonio contraído por el actor, cuya disolución por divorcio es objeto del presente caso, se celebró en contravención del art. 46 del Código de Familia, debido a que el contrayente no tenía libertad de estado; empero no es menos evidente que la anulación que corresponda debe ser declarada judicialmente para que la misma surta efectos legales, siendo inadmisible, como pretendía el recurrente, que en la presente causa de divorcio el juez considere ese aspecto y declare por ello improbada tanto la demanda principal como la reconvencional, pues, como se señaló precedentemente, la anulación del matrimonio opera siempre a través de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, aspecto que no fue acreditado por el demandante, razón por la cual el matrimonio cuya disolución por divorcio se demanda, produce válidamente sus efectos en tanto no sea anulado judicialmente.

Por otro lado, conforme se señaló anteriormente, los efectos que genere la anulación del matrimonio deben tenerse en cuenta en consideración a la buena o mala fe con la que obraron los contrayentes, aspecto que sin embargo le corresponde establecer únicamente al juez que conozca la respectiva acción de anulación y no como lo hizo el Tribunal de alzada, quien en un exceso argumentó respecto a la aparente buena fe con la que habría obrado el ahora demandante principal a tiempo de contraer matrimonio con la demandada y reconventora, aspecto que sin embargo no tiene mayor incidencia, toda vez que corresponderá al juez que conoce la causa de anulación del matrimonio instaurada por Jaime Edgar Balladares Orihuela, establecer ese aspecto conforme corresponde a su competencia.

Respecto a la aparente violación de los arts. 374 del Código de Procedimiento Civil y 1287 del Sustantivo civil, corresponde señalar que éste Tribunal Supremo no encuentra razonable dicho agravio, toda vez que el citado art. 374 del adjetivo civil, contiene la enumeración de los medios legales de prueba y no contempla ningún criterio de valoración legal, razón por la cual resulta incomprensible el modo en que dicha disposición legal pudo ser infringida por los Tribunales de instancia a tiempo de valorar la prueba; de igual forma el art. 1287 del Código Civil contiene la simple definición de documento público y no prevé ningún criterio legal de valoración de la prueba; no obstante si en criterio del recurrente los de instancia no debieron asignarle valor probatorio a las documentales de fs, 426 a 445, por ser simples fotocopias, ese aspecto debió ser observado oportunamente a tiempo de absolver el traslado con la respectiva proposición probatoria, al no haber obrado de esa forma, determinó la correcta aplicación de lo previsto en la última parte del art. 1311-I del Código Civil, resultando en consecuencia infundado el reclamo expuesto.

En relación al acta de separación y garantías suscrita entre las partes el 8 de marzo de 1996, la cual en criterio del recurrente no habría sido valorada correctamente, corresponde precisar que la referida acta por si sola no evidencia que la separación acordada en ese momento entre los cónyuges hubiere sido continuada y por el tiempo previsto en el art. 131 del Código de Familia, al contrario del tenor de la indicada acta se lee que los cónyuges acordaron su separación "provisional", aspecto que no condice con lo argumentado por el recurrente. Al margen de ello de la lectura de la sentencia se advierte que el juez de la causa consideró el contenido de aquella acta en relación al conjunto de los medios probatorios producidos en el curso del proceso y en especial en relación a las declaraciones testificales, habiendo concluido de forma razonada y fundamentada que el actor no demostró la separación libremente consentida y continuada por el lapso de más de dos años.

Por las razones expuestas, no siendo evidentes los agravios formulados por la parte recurrente, correspondiendo por ello fallar en la forma prevista por los arts. 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los artículos 271 - 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 647 a 648 interpuesto por Jaime Edgar Balladares Orihuela, representado por Marco A. Ayllon Zambrana. Con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Magistrada Dra. Rita Susana Nava Duran.