TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 150 /2012

Sucre: 6 de junio de 2012

Expediente: LP-16-12-S

Partes: Cecilia Mendoza Guanca c/ Luis Revilla Herrero representante del Gobierno Municipal de La Paz

Proceso: Acción negatoria, reivindicación, nulidad de minutas, cancelación de partidas de derechos reales y pago de daños y perjuicios

Distrito: La Paz


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Cecilia Mendoza Guanca a fs. 1147-1150, impugnando el Auto de Vista No. S-24/12, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso de acción negatoria, reivindicación, nulidad de minutas, cancelación de partidas en Derechos reales y resarcimiento de daños y perjuicios seguido por Cecilia Mendoza Guanca contra el Gobierno Municipal de La Paz representado por Luis Revilla Herrero, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, tramitada la causa, el Juez 5to. de Partido en lo Civil y Comercial de La Paz, emitió la Sentencia No. 56/2010 de fecha 25 de febrero de 2010 cursante de fojas 1055 a 1066, declarando probada la demanda de fs. 78 a 81, 83 y las modificaciones de fs. 699 a 706 y 709 e improbada la demanda reconvencional de fs. 719 a 724, las aclaraciones de fs. 728 a 730 de obrados, sin costas por ser juicio doble, disponiendo la averiguación de los daños y perjuicios demandados por la parte demandante en ejecución de sentencia,

Recurrida la Sentencia mediante apelación por el Gobierno Municipal de La Paz representado legalmente por Carlos Andrés Suarez Ibáñez, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental del Distrito Judicial de La Paz, mediante Auto de Vista S-24/12 de fecha 30 de enero de 2012, cursante a fs. 1142-1143 vlta., anula obrados hasta el decreto de Autos de fecha 16 de enero de 2010 cursante a fs. 1054 vlta., inclusive, hasta el estado en que el Juez A quo regularice el proceso y disponga se remitan obrados a Vista Fiscal, con cuyo dictamen emita nueva sentencia.

Resolución que dio lugar al recurso de casación en el Fondo interpuesto por parte de la demandante Cecilia Mendoza Guanca por intermedio de su apoderado Alberto Navarro Ticona, que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

Que el Auto de Vista incurriría en las causales de casación previstas en el art. 253 num. 1) del Código de Procedimiento Civil al estar mal consideradas por parte del Tribunal de apelación que la sentencia de primera instancia no estuviera correctamente planteada, siendo por el contrario en estricta sujeción a lo previsto por los arts. 190 y 192 del Código de Procedimiento Civil. al haber esa resolución analizado todos y cada uno de los fundamentos de la demanda y sus modificaciones; valorado y considerado la demanda reconvencional.

Que con relación a la falta del dictamen del Ministerio Público, que las partes esenciales del proceso fueran el demandante, el demandado y el juez y que accesoriamente intervienen los Fiscales cuando no representan al Estado, que al presente al no darse esta situación al ser además el Gobierno Municipal una entidad estatal con autonomía de gestión administrativa, técnica y financiera, no correspondería la obligatoria intervención del Ministerio Público como parte demandada del proceso, pero que se habrían cumplido con las notificaciones. Eso lo habrían entendido los del Tribunal Ad quem al no haber remitido el expediente a conocimiento del Ministerio Público para que se pronuncie sobre los recursos, que por estas razones se habría interpretado erróneamente y aplicado indebidamente los arts. 127 (parágrafo I), 190, 192 num. 2 y 3 y 237 p. I num. 4 del C.P.C. y los arts. 31 y 35 de la Ley del Ministerio Público No. 1469 de 13 de febrero de 1993.

Refiriendo que con relación a los arts. 31 y 35 de la Ley del Ministerio Público y el art. 127 p. I del C.P.C. se la habría aplicado indebidamente ante la suposición por el fallo de segunda instancia que confundiría al Ministerio Público como parte principal no accesoria, y ante la autonomía de las Alcaldías Municipales no sería necesario que sea parte principal el Ministerio Público en consideración que la norma procesal civil señalaría cuales son las partes del proceso, pero que se han cumplido con las notificaciones citaciones y emplazamiento con todas y cada una de las actuaciones procesales, lo que implicaría que no se podría alegar falta de intervención motivo de nulidad, que así lo habrían entendido a tiempo de dictar Auto de Vista al no remitirlo ante el Ministerio Público sobre los recursos interpuestos. Que si se hubiera interpretado adecuadamente no se la hubiera aplicado inadecuadamente y no habría dado lugar a que sea un supuesto fundamento para anular obrados y que por eso incurriría en la causal de casación inmersa en el art. 253 num. 1) del Código de Procedimiento Civil.

Que la resolución recurrida interpretaría erróneamente los arts. 190 192 num. 2, 3 y 237 p. I num. 4 del C.P.C. al aplicar indebidamente al caso de autos, en el entendido que se habrían cumplido con analizar todos y cada uno de los fundamentos de la demanda así como de la reconvención, que la afirmación de que no se hubiera pronunciado sobre las demandas en forma individualizada no fuera evidente al haberse pronunciado expresamente en el considerando que describe y detalla los puntos en los que hubiera cumplido con esa labor, de manera que la resolución de primera instancia cumpliría con el rigor que exige la normativa que se acusa de errónea interpretación, que aplicado correctamente no se estaría frente a la nulidad de obrados.

Concluye pidiendo se le conceda el recurso de casación a fin de que en estricta justicia el Tribunal Supremo de Justicia case en forma total el Auto de Vista impugnado y confirme en todas sus partes la sentencia de fs. 1055 a 1066 de obrados, en aplicación del art. 274 del C.P.C.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

Que, en función a los fundamentos expuestos, corresponde analizar la impugnación, teniéndose al respecto:

Que, el recurso de casación es una nueva demanda de puro derecho, concedido para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por Ley, conforme esta establecido por el art. 250 del Código de Procedimiento Civil, debiendo contener los requisitos enumerados en el art. 258 del Código de Procedimiento Civil; siendo inexcusable la fundamentación por separado de manera precisa y concreta las causas que motivan la casación, ya sea en la forma o en el fondo, siendo insuficiente la simple cita de disposiciones legales, sino la demostración de la infracción que se acusa. Debiendo fundarse el recurso de casación en el fondo en errores "in judicando" en que hubieran incurrido los tribunales de instancia al emitir sus resoluciones, estar debidamente identificadas y justificadas las causales señaladas en el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil. En tanto que el recurso de casación en la forma en errores "in procedendo", referidos a la infracción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas en la tramitación del proceso, enumeradas para cada caso en concreto por el art. 254 del Código de Procedimiento Civil.

En virtud a lo anterior y sus características singulares, la resolución de cada una también adopta una forma especifica y diferenciada, que, cuando se plantea recurso de casación en la forma, el objetivo es la nulidad de obrados; y cuando se plantea recurso de casación en el fondo, lo que se procura es que el Tribunal case el auto de vista impugnado y resuelva el fondo del conflicto, siendo comunes para ambos recursos las formas de resolución por improcedente o infundado. Consecuentemente al margen de la exposición de motivos en que se fundare el recurso de casación en la forma como en el fondo, es deber del recurrente concretar su pretensión recursiva en forma congruente con el recurso que deduce.

Que en el caso de autos al estar planteado recurso de casación en el fondo, corresponde a este Tribunal Supremo pronunciarse con relación a la reclamación de la presunta interpretación errónea y aplicación indebida de arts. 31 y 35 de la Ley del Ministerio Público y el art. 127 p. I del C.P.C., teniendo como antecedentes que de fs. 78 a 81 cursa la demanda de fecha 23 de octubre del año 2.000 complementada a fs. 82 y 83 memoriales de fechas 27 y 30 de noviembre respectivamente presentado por la hoy recurrente cuya admisión se produce a fs. 84 con fecha 02 de diciembre de 2000, además que a fs. 667 cursa memorial de la misma demandante solicitando se de intervención al Ministerio Público invocando precisamente el art. 127 p. I del C.P.C. con el razonamiento de que "...pero como a la fecha de inicio del presente proceso y de la respuesta de la comuna paceña a la demanda interpuesta por mi poderdante el art. 127 (parágrafo i) del Código de Pdto. Civil se encontraba vigente, es necesario proceder con esas notificaciones al Ministerio Público...", es importante resaltar este actuado porque a consecuencia de la misma se suscita un incidente de nulidad de obrados a fs. 669-670 Otrosí 2do., por parte del Gobierno Municipal de La Paz que concluye con la nulidad de obrados hasta fs. 84, es decir, hasta la admisión de proceso, con la advertencia de que la parte actora antes de proseguir con el desarrollo del proceso debe aclarar su demanda conforme al art. 127 del Código de Procedimiento Civil. Consecuentemente de fs. 699 a 706 se adecua la nueva demanda aclarada a fs. 709, con la expresa petición de citación a la Fiscalía de Distrito de La Paz, disponiéndose en mérito de lo expuesto la citación al Ministerio Público, entonces representado por la Dra. Teresa Vera Loza, efectivizándose esta orden a fs. 726 en la que corre diligencia de citación al Ministerio Público, dándose plena y correcta participación a esa entidad con los ulteriores actuados procesales.

Expuestos los fundamentos del recurso y los antecedentes del proceso, corresponde establecer que,el artículo 127 del Código de Procedimiento Civil, aprobado por Decreto Ley 12760 de 6 de agosto de 1975, elevado a rango de Ley por determinación del art. 1 de la Ley Nº 1760 de 28 de febrero de 1997, establecía que cuando el Estado fuere el demandado, sería citado en la persona del Fiscal y el jefe de la repartición correspondiente; dicha norma fue modificada por la disposición final quinta de la Ley Nº 2175, de 13 de febrero de 2001 (Ley Orgánica del Ministerio Público), en cuyo mérito el aludido artículo quedó redactado en los siguientes términos: "Cuando el estado fuere el demandado, será citado en la persona de la autoridad jerárquicamente superior".

En coherencia con esa disposición y aclarando los alcances de la misma, la disposición transitoria quinta de la citada Ley Orgánica del Ministerio Público, determinó que los Fiscales continuarán interviniendo en aquellos asuntos no penales en los que a la fecha de vigencia de esta Ley estuvieren actuando en representación del Ministerio Público.

En ese marco, se establece que únicamente en aquellos procesos iniciados bajo la vigencia de la Ley Nº 1469 (Ley del Ministerio Público) de 19 de febrero de 1993, es necesaria la citación y participación del Ministerio Público. Por el contrario, en aquellos procesos iniciados en la vigencia de la Ley Nº 2175 de 13 de febrero de 2001 Ley Orgánica del Ministerio Público, dicha intervención resulta innecesaria.

En la especie, de la revisión de obrados, de fs. 78 a 81 cursa la demanda de fecha 23 de octubre del año 2.000 complementada a fs. 82 y 83 memoriales de fechas 27 y 30 de noviembre del mismo año respectivamente presentados por la hoy recurrente cuya admisión se produce a fs. 84, con fecha 02 de diciembre de 2.000 como ya se describió; resultando en consecuencia necesaria la intervención del Ministerio Público, toda vez que, como se tiene expuesto, la presente causa se inició en el marco de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Ley Nº 1469 (Ley del Ministerio Público) de 19 de febrero de 1993, consecuentemente de correcta aplicación los arts. 34 y 35 de la mencionada ley -y no como en forma errada señala la recurrente el 31 cuyo espíritu es diferente al debatido-. De lo anterior se infiere que si bien se fue notificando con los actuados procesales al Ministerio Público, no tuvo una efectiva participación precisamente porque el expediente del proceso no le fue remitido a su conocimiento a fin de que emita el dictamen correspondiente, vulnerando el art. 90 del Código de Procedimiento Civil.

Estaremos de acuerdo entonces que han sido correctamente interpretadas y aplicadas las disposiciones legales acusadas como efectuadas de manera errónea en el recurso de casación.

Respecto a la presunta aplicación indebida de los arts. 190, 192 num. 2 y 3, y 237 p. I num. 4 del Código de Procedimiento Civil, corresponderá verificar que si bien es cierto que la sentencia dictada en primera instancia contiene la descripción de hechos y sus probanzas, su parte resolutiva no guarda coherencia con lo anterior, siendo genérico el pronunciamiento al simplemente señalar "Probada la demanda" careciendo de claridad, en contravención de los arts. 190, y 192 del Código de Procedimiento Civil, en consideración a que el principio de congruencia, impone al juez la obligación que la sentencia a pronunciar contenga decisiones precisas, concretas y positivas; recaiga sobre las cosas litigadas en la medida en que hubieran sido demandadas y probadas por las partes, bajo el advertido de que si el juzgador se aparta de este marco jurídico, se estaría frente a sentencia ultra, extra o citra petita, debiendo entonces contener el fallo guardar congruencia entre lo pedido, probado y resuelto, lo que no ocurrió en la sentencia dictada en primera instancia y esto fue advertido por el Tribunal Ad quem, consecuentemente no encontramos sustento fundamentado tampoco con relación a este punto expuesto en el recurso de casación, que pretende además una casación de fondo de una resolución anulatoria.

Por los razonamientos expuestos corresponde fallar en aplicación de los art. 271- 1) y 272 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial No. 025 de 24 de junio 2010, en aplicación de lo previsto por los art. 271-1); y 272 del Código de Procedimiento Civil, (en acuerdo con el dictamen Fiscal de fs. 1162 a 1166) declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo, contenido en el memorial de fs. 1147 a 1150 presentado por Cecilia Mendoza Guanca mediante su apoderado Alberto Navarro Ticona. Con costas.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani