TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 126/2012

Sucre: 28 de mayo de 2012

Expediente: P -1 - 12 - S

Partes: Rocio Marcela Salvatierra de Shimokawa representante legal de José Ricardo Shimokawa Ramos c/ Victoria Vega Vda. de Coelho

Proceso: Fraude Procesal.

Distrito: Pando


VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 135 a 138 de obrados, interpuesto por Rocio Marcela Salvatierra de Shimokawa contra el Auto de Vista de fecha 24 de febrero de 2.012, cursante de fs. 130 a 131, pronunciado por la Sala Civil, Social, de Familia Niño, Niña y Adolescente del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, en el proceso ordinario de Fraude Procesal seguido por Rocio Marcela Salvatierra de Shimokawa representante legal de José Ricardo Shimokawa Ramos contra Victoria Vega Vda., de Coelho, el Auto de concesión de fs. 143 vlta, los antecedentes del proceso; y,

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Juez de Partido Primero en lo Civil del Departamento de Pando, el 15 de noviembre de 2011, pronunció Sentencia, cursante de fs. 107 a 108 vlta, de obrados, por el cual declaró Improbada la demanda de Fraude Procesal.

Contra esa sentencia de primera instancia, la demandante Rocio Marcela Salvatierra de Shimokawa dentro del plazo legal interpone recurso de apelación.

Concedido el recurso de apelación la Sala Civil, Social, de Familia Niño, Niña y Adolescente del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, el 24 de febrero de 2012 pronunció el Auto de Vista, donde se Confirma totalmente la sentencia.

La demandante Rocio Marcela Salvatierra de Shimokawa representante legal de José Ricardo Shimokawa Ramos, interpuso contra esa resolución de segunda instancia recurso de casación en el fondo y en la forma.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

Que, la recurrente en su memorial de casación señala que dentro del proceso primigenio de usucapión iniciado por la ahora demandada la señora Victoria Vega Vda. de Coelho, existió fraude procesal en virtud que dentro de dicho proceso no se hubiera cumplido con la formalidad legal de la elaboración del acta de desconocimiento de domicilio de la demandada, y que dicha omisión es causal de fraude procesal.

Acusa al Tribunal Ad quem de tener una apreciación subjetiva de la existencia del acta de desconocimiento de domicilio, indicando que objetivamente no existe el acta de desconocimiento de domicilio en el proceso de usucapión seguido por la ahora demandada por fraude procesal.

En la forma acusó también la subjetividad del Auto de Vista, indico que tanto el Juez de instancia y el Tribunal de alzada deberían apreciar objetivamente el fraude procesal en virtud de no existir el acta en el expediente de usucapión.

Termino solicitando que se case el Auto de Vista y se declare probada su demanda de fraude procesal.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

Antes de ingresar a resolver lo planteado en el recurso, es necesario puntualizar que la acción de declaración de "fraude procesal" prevista en el art. 297-3) del Código de Procedimiento Civil, consiste en poner, mediante proceso ordinario, en evidencia una "conducta fraudulenta", "un engaño o mala fe" con que se ha actuado en un determinado proceso para conseguir una sentencia favorable, con la finalidad de lograr se revise ésta mediante un expreso recurso extraordinario a cargo de tribunal competente, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, con la que se comparte criterio señala que: "Hay lugar al recurso de revisión extraordinaria de sentencia en proceso ordinario, "si se hubiere ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia o fraude procesal declarado en sentencia ejecutoriada", art. 297.3) Código Procedimiento Civil. En este sentido, para que prospere la acción de declaratoria de "fraude procesal", el demandante debe cumplir con la carga procesal que le impone el art. 1283 del Código Civil, concordante con el art. 375 de su procedimiento y demostrar en proceso ordinario una "conducta fraudulenta" o "un engaño o mala fe" o que "la sentencia es producto de maquinaciones fraudulentas", señalando cuál el fraude procesal en el que hubieran incurrido los tribunales de instancia en el conocimiento del proceso ordinario precitado". (A.S. Nº 14 de 13.01.03).

En el caso que nos ocupa, la recurrente demanda en la vía ordinaria fraude procesal a los efectos de revisar en forma extraordinaria la sentencia y los fallos emitidos en alzada, cuestionando los mismos y pretendiendo se declare probada la demanda de fraude procesal.

Al respecto y de la revisión de los antecedentes, no se ha demostrado el fraude procesal de las resoluciones pronunciadas dentro del proceso de Usucapión iniciado por Fernando Coelho Vega en representación de su madre Victoria Vega Vda. de Coelho, porque no ha presentado prueba idónea que permita hacer ver al juzgador que la demandada Victoria Vega Vda., de Coelho hubiese actuado de manera fraudulenta, con engaño o mala fe haciendo incurrir en error al juzgador para beneficiarse.

La recurrente en el recurso presentado, hace referencia a que el Auto de Vista incurre en valoración subjetiva y no objetiva de la inexistencia del acta de declaración de desconocimiento de domicilio indicando que por dicho motivo incurrieron los juzgadores en fraude procesal, aspecto sobre el cual se debe dejar claramente establecido que dentro de un proceso de fraude procesal, no es el juzgador quien comete la acción, sino las partes quienes en virtud de cohecho, violencia o engaño ganan injustamente, es el juzgador quien es víctima de tal acción y por ese hecho no existe prueba que demuestre que la demandada Victoria Vega Vda., de Coelho a través de influencias o engaños habría conseguido ser favorecida por el juez que conoció y resolvió el proceso primigenio de usucapión, máxime si la parte ahora demandante fue parte de dicho proceso de usucapión donde tuvo todo el derecho de pedir la nulidad del mismo por la supuesta falta del acta de desconocimiento de domicilio y no esperar iniciar otro proceso por dicha omisión y querer que se declare fraude procesal por dicha falta cometida por el juez que conoció el proceso de usucapión, que en todo caso no deviene en fraude procesal.

Por otra parte, para que la falta del juramento de desconocimiento de domicilio constituya fraude procesal, debió probarse que fue por dolo o engaño al juez; pero no existe prueba alguna que demuestre que el representante de la ahora demandada haya omitido el juramento con la intención de engañar al juez y que con dicho engaño hubiese obtenido una sentencia favorable.

Los errores procesales cometidos en la sustanciación del proceso, de ninguna manera determinan o conllevan la existencia de fraude procesal, toda vez que las infracciones de procedimiento deben ser consideradas y resueltas al interior del mismo proceso que se presentare. En el caso que se analiza, aún siendo evidente la inexistencia del actuado procesal referido al acta de desconocimiento de domicilio, ese aspecto que constituye un error de procedimiento, debió ser reclamado y considerado en el proceso de usucapión y no fundar sobre esa omisión la pretendida revisión extraordinaria de sentencia, que como se ha señalado en reiteradas oportunidades, conlleva necesariamente la existencia de fraude.

Que, al presente no existe evidencia que a través del Auto de Vista se hubiera vulnerado normas legales en contra de la recurrente, lo resuelto por el Tribunal de Alzada se ha circunscrito a resolver sobre la existencia o no del fraude procesal demandado.

Por lo antes descrito corresponde resolver el recurso conforme las previsiones contenidas en el Art. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42 núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y de conformidad a lo previsto en el Art. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo y en la forma, interpuesto por Rocio Marcela Salvatierra de Shimokawa contra el Auto de Vista de fecha 24 de febrero de 2.012, con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1000 que mandará hacer efectivo el Tribunal de Alzada.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.