TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

 Auto Supremo: 121/2012

Sucre 17/ 05/2012

Expediente: CB-20-12-S

Partes: Roberto Orellana Dávila, Florencia Guzmán Arispe c/María Cristina Quiroga Clavijo

Proceso: Rescisión de contratos

Distrito: Cochabamba


VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 960 970 y vlta de obrados, interpuesto por Roberto Orellana y Florencia Guzmán de Orellana contra el Auto de Vista Nº 18/2012 de 2 de febrero 2012, cursante de fs. 954 a 956, pronunciada por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia, dentro el proceso de rescisión de contratos que siguen los recurrentes en contra de María Cristina Quiroga Clavijo, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, en fecha 20 de junio del año 2006, Roberto Orellana Dávila y Florencia Guzmán Arispe suscriben tres contratos de transferencia de inmueble con la Sra. María Cristina Quiroga Clavijo, conforme el siguiente detalle: 1) transferencia de departamento ubicado en el 6º piso del Edificio "Imperio", de 166,37 m², por la suma de Bs.80.000.- efectuada el 22 de abril 2005; b) Transferencia de local comercial Nº 2 signado con el Nº 513 con extensión superficial de 62,42 m², ubicado en la planta baja del Edificio "Imperio", por la suma de Bs.40.000.-; y 3) Transferencia de local comercial Nº 1 signado con el Nº 509, con extensión superficial de 54, 74 m², por un valor de Bs.40.000.- todos estos inmuebles transferidos a favor de Maria Cristina Quiroga Clavijo, efectuados en un momento de desesperación conforme relatan los demandantes y por una suma irrisoria de Bs.160.000.- a los fines de poder de alguna manera evitar el remate que el Banco acreedor en su momento estaba procediendo a recuperar el capital por la mora en la que incurrieron los recurrentes. Contratos sobre los cuales se demanda la rescisión de los mismos por lesión, toda vez que existe desequilibrio entre los valores de la prestación y la contraprestación y porque a tiempo de suscribir los mismos se encontraban en estado de necesitad económica, la misma que al ser apremiante y encontrándose los recurrentes en estado de desesperación los demandados aprovechando de su situación realizaron dichas transferencias.

Sustanciado el proceso, conforme consta de fs. 913 a 924 y vlta, el Juez Octavo de Partido en lo Civil, dictó sentencia de fecha 20 de abril 2001, en la que declara improbada la demanda en todas sus partes, probadas las excepciones perentorias opuestas en la demanda y declara probada la acción reconvencional acción reivindicatoria, acción negatoria y resarcimiento de daños y perjuicios, declarando además inexistente el derecho propietario de Roberto Orellana y Florencia Guzmán; asimismo dispuso la reivindicación del departamento del 6º Piso y los almacenes de la planta baja todos del Edificio "Imperio", toda vez que María Cristina Quiroga Clavijo es la propietaria; finalmente dispuso el pago de daños y perjuicios que deberán pagar los demandantes a favor de la demanda, en ejecución de sentencia.

Deducida la apelación por Roberto Orellana Dávila y Florencia Guzmán de Orellana, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia, mediante Auto de Vista Nº 12/2012 de 2 de febrero 2012, cursante de fs 954 a 956, señala que la apelación carece de la fundamentación exigida por las normas legales citadas y obvia las características propias de una expresión de agravios, toda vez que no existe análisis crítico del fallo de primera instancia, con exposición de motivos y razones de hecho y de derecho que amerite consideración alguna de agravio sufrido y confirma la sentencia apelada.

Conocida la determinación adoptada por el ad quem, los demandantes interpusieron recurso de casación en la forma y en el fondo.

CONSIDERANDO II:

HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

En la forma:

Acusa que al tenor del art. 254 num. 4) del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal de Alzada, no hubiera dado cumplimiento a las previsiones contenidas en el art. 190, 192 inc. 2) y 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que a tiempo de presentar su apelación, esta contenía los agravios y fundamentos a los fines de que el de alzada resuelva los mismos; sin embargo el Auto de Vista recurrido no contiene respuesta a ninguno de los puntos que fueron motivo de apelación, lo que constituye una causal de nulidad o casación en la forma al no haber pronunciado sobre las pretensiones deducidas y reclamadas en su oportunidad ante tribunales inferiores.

En el fondo:

1.- Señala que el Auto de Vista contiene disposiciones contradictorias, toda vez que primero el de alzada afirma que el recurso no cumplió con la carga impuesta por los arts. 219 y 227 del Código de Procedimiento Civil, infiriendo que no existían agravios en el texto del memorial de apelación y refiriendo a una presunta falta de "análisis crítico del fallo"; posterior a ello y de manera contradictoria analiza en forma general el proceso y determina que el juez, en su calidad de director del proceso, conforme el art. 87 del Procedimiento Civil, valoró a cabalidad todas y cada una de las pruebas de cargo y de descargo, por una parte; y por otra, concluye la resolución de vista, resolviendo uno de los agravios fundamentados como es el referido al por qué dejar para ejecución de sentencia la calificación de daños y perjuicios, pese a que este aspecto formaba parte principal de la demanda reconvencional

2.- Afirman que el Auto de Vista Nº 18/2012 incurrió en violación de los arts. 90 inc. 1), 190, 192 inc. 2), 374, 397, 476 y 477 del Código de Procedimiento Civil, arts. 561, 563, 1285, 1286, 1330, 543 y siguientes del Código Civil; art. 30 inc. 7), 11) y 12), art. 3 inc. 3) y 4), art. 29 inc. 12) y 13) de la Ley del órgano Judicial; art. 178, 115 inc. 1) y 2); art. 119 inc. 1) y 2) de la Constitución Política vigente; toda vez que conforme consta en el memoria de apelación de 4 de mayo 2011, se fundamentó la infracción de todas estas normas por parte del a quo, a tiempo de emitirse la sentencia de 20 de abril 2011, no valoró adecuadamente todas las pruebas e hizo una interpretación sesgada de la misma; es más se otorgó más de lo pedido por las partes, cuando se reconocen derechos de terceras personas que no participaron y no fueron parte del proceso, como son unos acreedores anticresistas identificados por el juez, a quienes antes de haceros beneficiarios de una devolución del capital, debió habérseles convocado e integrado a la litis para no provocarles indefensión.

3.- Finalmente, señalan que se incurrió en error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba porque en forma general afirmó que: "...de la revisión de obrados y la lectura de la prueba y sentencia emitida, se extrae clara y contundentemente que el Sr. Juez, en su calidad de director del proceso, conforme el art. 87 del procedimiento Civil, valoró a cabalidad todas y cada una de las pruebas de cargo y de descargo, arrimadas al proceso en estricta aplicación de lo dispuesto por los arts. 1286 del Código Civil, 397 de su procedimiento, relativo a la valoración de la prueba que otorga la ley, sana crítica y prudente criterio...", no habiendo el de alzada atribuido un valor general y sin especificar qué aspectos demostraron cada una de las pruebas.

Por lo que solicita se case el Auto de Vista impugnado y deliberando en el fondo se declare probada la demanda principal y las excepciones opuestas contra la reconvención e improbada la demanda reconvencional así como las excepciones opuestas contra la demanda principal. O en su caso anule obrados hasta el vicio más antiguo al existir infracciones legales como se denunció.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

Planteado como está el recurso de casación tanto en la forma como en el fondo, corresponde en principio considerar el primero de ellos, toda vez que de ser evidentes las infracciones acusadas, éste tribunal no ingresaría a la consideración de las infracciones de fondo.

Que, conforme señala el art. 180 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, derecho que se efectiviza una vez que el tribunal al que se acude responde a los motivos de su impugnación, respuesta que además debe ser motivada y fundamentada, aspecto que se tiene desarrollado por el Tribunal Constitucional a través de la SC-0758/2010-R, que señala: "La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías". En ese orden, también es preciso destacar que este Tribunal Constitucional a través de la SC 0632/2010-R de 19 de julio, entre otras, aclaró que: "...la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas". En el caso de autos y de la revisión del recurso de apelación que cursa de fs. 928 a 938, el recurrente expuso los agravios que el Auto de Vista Nº 18/2012 extraña, no siendo evidente que dicho recurso carezca de la fundamentación exigida, evidenciándose además contradicción en la resolución que emite el tribunal de alzada, en dos situaciones concretas:

Primero, señala que la apelación de la sentencia carece de fundamentación exigida por las normas legales y obvia las características propias de una expresión de agravios; por una parte y por otra concluye en su parte resolutiva confirmando la sentencia y el auto apelado; en todo caso si el recurso de apelación no contenía la fundamentación legal exigida por el ad quem, éste debió anular obrados, dejando sin efecto la concesión del recurso de apelación y declarar ejecutoriada la resolución apelada, en ningún caso confirmar el fallo impugnado.

Segundo, afirma el ad quem que no existe exposición de motivos y razones de hecho y derecho que amerite consideración alguna de agravio sufrido y contradictoriamente, responde de manera muy general a dos de ellos; uno referido a que el juez a quo en su calidad de director del proceso valoró a cabalidad todas y cada una de las pruebas de cargo y descargo, y realiza una aclaración sobre el tema de daños y perjuicios demandados, de los que indica fueron analizados a cabalidad por el a quo y que no existe irregularidad alguna; de lo que se concluye que el ad quem si afirmó no existir motivos y razones que amerite la consideración de algún agravio sufrido, no debió dar respuesta a ningún punto de la apelación, mucho menos hacerlo de manera general y sin fundamentación respecto a la determinación del por qué confirmaba la posición del a quo, contraviniendo lo previsto en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que el Auto de Vista no se ha circunscrito a resolver lo puntos que fueron objeto de apelación de manera total.

Que, el tribunal de alzada, por una parte negó el derecho a la impugnación que tiene todo litigante, así como el derecho a recibir una respuesta al petitorio efectuado, sea ésta afirmativa o negativa, pero debidamente fundamentada, aspecto que es corroborado por la SC 0962/2010-R cuya línea jurisprudencial respecto al derecho de petición puntualiza: "...debe entenderse el mismo como la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona de formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o resoluciones irregulares de los funcionarios o autoridades públicas... el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa"; SC-1068/2010-R, refirió: "La Constitución Política del Estado actual ha ubicado a este derecho en el art. 24, dentro de la categoría de los derechos civiles, pues se entiende que parten de la dignidad de las personas entendiendo que cuando se aduzca el derecho de petición, la autoridad peticionada, ya sea dentro de cualquier trámite o proceso, éste tiene el deber respecto a otros individuos de responder en el menor tiempo y de forma clara. En resumen las autoridades vulneran el derecho de petición cuando: a) La respuesta no se pone en conocimiento del peticionario; b) Se presenta la negativa de recibirla o se obstaculiza su presentación; c) Habiéndose presentado la petición respetuosa, la autoridad no la responde dentro de un plazo razonable; y, d) La solicitud no es atendida de manera clara, precisa, completa y congruente con lo solicitado". (el subrayado es nuestro); y la SC 0195/2010-R que determina sobre el derecho a la petición, que: "...no necesariamente debe ser de carácter positivo o favorable, sino también de negativa o de rechazo, siempre y cuando sea fundamentada".

Por las razones expuestas, corresponde a este Tribunal fallar conforme dispone los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42 núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el Art. 271 núm. 4) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 18/2012 cursante de fs. 954 a 956 y dispone que el Tribunal de Alzada, sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie nueva resolución con arreglo a lo previsto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

Se exhorta al tribunal de alzada, observar el principio de pertinencia y el derecho a la tutela judicial efectiva, en virtud al cual las partes pretenden una respuesta o resolución fundamentada a la impugnación que deducen.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rita Susana Nava Duran