TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 118/2012

Sucre: 17 mayo de 2.012

Expediente: LP-19-12-S

Partes: Jesús Roberto Machaca Quispe e Isabel Chura de Machaca c/ FONDESIF y Jeannette Gloria de Calancha

Proceso: Nulidad de escritura publica.

Distrito: La Paz


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo fojas 321-323, interpuesto por Jesús Roberto Machaca Quispe e Isabel Chura de Machaca, contra el Auto de Vista Nº 205/2011 emitido en fecha 17 de Junio de 2011, de fs. 317 a 318, por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito de L a Paz, ( ahora Tribunal Departamental de Justicia) en el proceso ordinario sobre nulidad de escritura publica seguido por Jesús Roberto Machaca Quispe e Isabel Chura de Machaca contra FONDESIF y Jeannette Gloria de Calancha; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Juez Quinto de Partido en materia Civil de la Capital del Distrito Judicial de La Paz, el 27 de noviembre de 2009 pronunció la sentencia Nº 422/09, cursante de fojas 279-283, por la cual declaró IMPROBADA la demanda de fs. 34 a 36 vlta., la aclaración de fs. 72 a 74 vlta. y 77 a 78 vlta., interpuesta por Jesús Roberto Machaca Quispe e Isabel Chura de Machaca.

Contra esa resolución de primera instancia los demandantes Jesús Roberto Machaca Quispe e Isabel Chura de Machaca interpusieron recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental del Distrito Judicial de La Paz, el 17 de Junio de 2011 pronunció el Auto de Vista Nº 205/11, cursante de fojas 317-318, por el que CONFIRMA la sentencia.

Esta resolución de alzada dió lugar a que los demandantes Jesús Roberto Machaca Quispe e Isabel Chura de Machaca recurran en casación en la forma y en el fondo, la cual se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

En la forma:

Los recurrentes acusan la violación de los arts. 110 y 115 de la Constitución Política del Estado y el art. 3 del Código de Procedimiento Civil dando a entender que se trata del inciso 1) cuando refiere los deberes el cuidado que deben observar los señores Jueces y Magistrados para que los procesos se desarrollen sin vicios de nulidad, y que considera que en el presente caso el recurso de casación en la forma se plantea para invalidar los actos impugnados a través de la anulación de obradospor los vicios de nulidad que afecten al orden publico que afecten al debido proceso, como en el presente Auto de Vista.

De manera confusa reclama que la declaración de la prueba presentada fuera ofrecida en fotocopia legalizada, por la secretaria del juzgado tercero de partido en lo civil correspondiente al informe grafotécnico dactiloscópico, referidos al papel valorado de fecha 9 de marzo de 1989, Poder Nº 167/89 en la que se concluiría y demostraría que la firma de Jesús Roberto Machaca Quispe fuera falsa y las impresiones de la recurrente suplantadas, se la hubieran emitido conforme al art. 1311 del Código Civil y que también se ofreció como testigo al perito que practicó la pericia, reconociendo su firma en el informe y que este aspecto no fuera objeto de observación de parte de los demandados.

Que la jurisprudencia autorizaría al ad quem la consideración de la prueba documental presentada en primera instancia, aun no fuera tomada en cuenta por el a quo, máxime si dicha prueba no fuera observada ni impugnada por el recurrente en primera instancia, adquiriendo el valor que reconoce el art. 1311 del Código Civil y 399-4 de su procedimiento. Y no se haría mención de alguna observación en los considerandos dentro de los fallos y menos en el Auto de Vista.

En el fondo:

Que al conocer la existencia de proceso ejecutivo por ante otro juzgado con instrumentos falsos, siendo personas de escasos conocimientos interpusieron el juicio por el que se les negaría justicia dañando su economía y sus escasos recursos y que nunca hubieran extendido poder a favor de alguna para adquirir con garantía de su patrimonio en la suma de $us. 40.000.

Acusando que la tarjeta prontuaria con la que se practicó el peritaje, no fueran valoradas de forma justa y que ahora la desconocen y que estas establecerían en su criterio plena fe al tenor de lo mandado por los arts. 1287, 1289 y 1296 y siguientes del Código Civil y los arts. 398, 399 y 400 del Código de Procedimiento Civil, que dichas pruebas no fueron valoradas conforme los arts. 1286 del Código Civil y 397 del Código de Procedimiento Civil.

Y finalmente acusan que también se vulneró el art. 622 del Código Civil por que de los documentos de fs. 2-17 de obrados, que demuestran con claridad conforme al informe pericial la falsedad de las firmas.

Concluyendo que por todo lo expuesto y amparados en los arts. 250, 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil interponen recurso de casación en la forma y en el fondo conforme el art. 257 del mismo cuerpo legal, pidiendo a la autoridad que previos los tramites pertinentes se les conceda ante el Tribunal Supremo de Justicia de la Nación y sea este Tribunal que anule hasta el vicio mas antiguo.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En el orden expuesto, concierne a este Tribunal Supremo de manera inicial pronunciarse acerca del recurso de casación en la forma, es decir, respecto a las causales de nulidad acusadas, toda vez que de ser evidentes se resolvería por la nulidad de obrados, lo que determinaría la imposibilidad de emitir pronunciamiento sobre el fondo.

Concretado aquello corresponde precisar:

En la forma:

Según ha establecido este Tribunal Supremo conforme a la doctrina, el derecho procesal es un conjunto de formas dadas de antemano por el orden jurídico, mediante las cuales se hace o desarrolla el juicio, la nulidad consiste en el apartamiento de ese conjunto de formas necesarias establecidas por la ley.

Si las leyes procesales han establecido un conjunto de procedimientos, implica que los actos no deben apartarse de dicho camino, bajo alternativa, en caso de hacerlo, de imponerse una sanción.

En el caso en cuestión, acusan como infringidas normas procedí mentales -sin especificar cuales- y en especial las garantías establecidas por disposiciones constitucionales citadas como son los arts. 110 y 115 de la Constitución Política del Estado; verificando que si bien estas normas están destinadas a la protección de garantías en tanto haya vulneración de derechos constitucionales y que el Estado otorga derecho al debido proceso, a la defensa y otros, no pueden alegarse como infracciones que le hacen a la tramitación del proceso civil, para lo que existe la normativa legal apropiada, de manera que no resulta evidente la infracción reclamada, menos pertinente su invocación, aun en el supuesto que se iría en la corriente de vulneración al debido proceso, no existe concreción alguna sobre el respecto, con que acto procesal se hubiera vulnerado a esa garantía.

Refieren como "fundamentalmente" infringido el art. 3ro del C.P.C. sin especificar en cual de los presupuestos, aparentemente en la obligación del cuidado que deben observar los jueces y magistrados para que el proceso se desarrolle sin vicios, mas no se esclarece cómo o con que actuado procesal se hubiera viciado de nulidad la tramitación de la causa que en su criterio fuera facultad del a quo o del ad quem enmendar de oficio para que el proceso se desarrolle sin vicios, y que este vicio hubiera causado indefensión ó perjuicio irreparable a los hoy recurrentes, no bastando su sola mención como en el caso.

El cuestionamiento dirigido a la presunta no valoración de la prueba cursante de fs. 2 a 17, no es pertinente, pues confunde el argumento que presuntamente estaba dirigido a demostrar la procedencia del recurso de casación en la forma con el de fondo, entendiendo que la presunta no valoración de la prueba, no puede ser de ninguna manera considerada como causal de casación en la forma, existiendo caos en la idea de determinar si hubo error in procedendo u error in iudicando.

Resultando de lo anterior que no existe agravio alguno que pudiera ser considerado por este Tribunal, mas aun cuando no se ha cumplido con la exigencia del art. 258-2) de la normativa procesal civil, correspondiendo entonces desestimar el recurso declarándolo improcedente en sujeción a lo previsto por los artículos 271-1) y 272 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.

En el fondo:

Respecto a los argumentos expresados en el recurso de casación en el fondo, no se ha cumplido con lo establecido por el Art. 258-2) del C.P.C., tanto es así que concurre confusión una vez más en establecer si la reclamación va destinada a casación en el fondo o en la forma, pues de acusar vagamente una aparente no valoración correcta de las pruebas, concluyen solicitando se les conceda el recurso para ante el Tribunal Supremo y se anule hasta el vicio mas antiguo. Cabe precisar entonces que de estar en la idea de reclamar un pronunciamiento en el fondo por una presunta no valoración correcta de las pruebas, concluyen solicitando la anulación del proceso, que ciertamente va destinado a la reclamación en la forma.

En cuanto a la acusación de la presunta vulneración del art. 622 del Código Civil, entendemos que es un lapsus que se cometió por parte de los recurrentes, pues no tiene ninguna relación con los antecedentes del proceso, por lo que simplemente corresponde no considerarlo.

En esos antecedentes es pertinente señalar que los recurrentes no precisaron ni demostraron en que consistiría el error de hecho o de derecho en que hubiesen incurrido los tribunales de instancia al valorar la prueba documental cursante de fojas 2 a 17 de obrados, que contravendrían los artículos 1286 del Código Civil y 397 del Código de Procedimiento Civil, que faculta al juez apreciar las pruebas aportadas en el proceso de acuerdo a la valoración que les otorgue la ley; o en su defecto, si esta no determinare otra cosa, la posibilidad de apreciarlas conforme a su prudente criterio y sana crítica.

Corresponde asimismo aclarar que este Tribunal Supremo estableció que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, utilizada para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por Ley, pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo, recurso de casación en la forma o en ambos efectos, de acuerdo a lo estatuido por el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil en coherencia con lo establecido en los artículos 253 y 254 del mismo cuerpo legal; que en ambos casos es de inexcusable cumplimiento los requisitos establecidos en la norma del artículo 258 del procedimiento civil, es decir, que se debe citar en términos claros, concretos y precisos las leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error.

Que cuando se plantea el recurso de casación en el fondo se deben circunscribir los hechos denunciados a las causales de procedencia establecidas por el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, destacando que si se pretende una nueva valoración y apreciación de la prueba, el recurrente tiene la obligación de acreditar la existencia de error de hecho o de derecho en su apreciación, puesto que ésta es una atribución privativa de los juzgadores de instancia incensurable en casación. En tanto que si se plantea en la forma, debe adecuarse la acción intentada a las previsiones del artículo 254 del adjetivo civil citado señalando con precisión el vicio procesal a cuya consecuencia se deba disponer la anulación del proceso.

Así manifestada la acción extraordinaria, la resolución que se pronuncie también adopta una forma específica y diferenciada, que, cuando se plantea en el fondo, lo que se pretende es que el Auto de Vista se case, conforme establecen los artículos 271.4) y 274 del Código de Procedimiento Civil, en tanto que si se la plantea en la forma, la intención es la nulidad de obrados, con o sin reposición, conforme establecen los artículos 271.3) y 275 del mismo cuerpo legal, siendo comunes a ambos recursos las formas de resolución por improcedente o infundado.

Como se ha referido supra, el recurso analizado carece de estos fundamentales requisitos de diferenciación, tanto que de estar con exposición de argumentos tendientes a buscar nulidad, concluye su petitorio por una presunta valoración de la prueba; que lo mismo sucede cuando su orientación tendía a su reclamo en cuanto a presuntas infracciones de fondo concluye solicitando nulidad hasta el vicio mas antiguo. No existiendo en definitiva coherencia alguna en su planteamiento.

Por las razones expuestas siendo deficiente el recurso interpuesto, este tribunal no apertura la posibilidad de analizar el fondo del mismo, correspondiendo fallar en la forma prevista por los artículos 271-1) y 272 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial, en aplicación de lo previsto por los artículos; 271-1) y 272 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en la forma como en el fondo de fojas 321 a 323, interpuesto por Jesús Roberto Machaca Quispe e Isabel Chura de Machaca. Con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 700.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani