TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 109/2012.

Sucre: 14 de mayo de 2012.

Expediente: SC-35-12-S.

Partes: Daniel Flores Acuña c/ José Eduardo Cisneros Ortiz.

Proceso: Cumplimiento de contrato más daños y perjuicios.

Distrito: Santa Cruz.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 568 a 571, interpuesto por José Eduardo Cisneros Ortiz, contra el Auto de Vista Nº 29, cursante de fs. 562 y v1ta., pronunciado el 26 de enero de 2012 por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso ordinario doble sobre cumplimiento de contrato y pago de daños y perjuicios y reconvención por nulidad de contrato y resarcimiento de daños y perjuicios, seguido por Daniel Flores Acuña contra el recurrente; la respuesta de fs. 573 a 576; la concesión de fs. 577; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Juez de Partido Quinto en lo Civil de la ciudad de Santa Cruz el 22 de septiembre de 2011 pronunció la Sentencia Nº 74, cursante de fs. 518 a 522 vlta., declarando improbada tanto la demanda principal como la demanda reconvencional, disponiendo la comunicación de la ABT a fin de que tome conocimiento del caso y se pronuncie en consecuencia, sin costas por ser juicio doble.

Contra esa sentencia de primera instancia tanto el actor principal como el reconvencionista interpusieron recurso de apelación, habiéndose concedido solo el primero de ellos y rechazado el segundo por haber sido interpuesto extemporáneamente. En mérito a ello la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, el 26 de enero de 2012 emitió el Auto de Vista Nº 29, cursante a fs. 562 y vlta., revocando parcialmente la sentencia impugnada y declarando probada la demanda principal, consiguientemente dispuso que José Eduardo Cisneros Ortiz pague a favor del actor la suma de $us. 50.885.- dentro el término de quince días computables desde la ejecutoria del fallo, más daños y perjuicios que serán calificados en ejecución de sentencia.

Contra el referido Auto de Vista el demandado y reconventor José Eduardo

Cisneros Ortiz interpuso recurso de casación en el fondo.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

El recurrente luego de exponer lo que en su criterio constituyen los fundamentos de la resolución que recurre, fundamentó su recurso de casación en base a las siguientes consideraciones:

Acusó la incorrecta y errónea interpretación y aplicación de la normativa legal, referente a la nulidad de los contratos, señaló que el Tribunal de alzada se limitó a observar los alcances de la prescripción, sin considerar que el proceso se demostró que el producto forestal se encontraría extraído y almacenado en un rodeo a la espera de que el vendedor hubiese entregado los correspondientes Certificados Forestales de Origen, de lo que se colige que el contrato no fue cumplido por debido a la existencia de impedimentos legales que nacen en el origen mismo, debido a que la ASL Monte Verde no habría calificado ante el Ministerio del ramo para acceder a la concesión forestal de 40 años, así lo habría establecido la autoridad de Fiscalización de Bosques y Tierra a través de la Certificación cursante de fs. 372 a 373 del expediente, resultando por ello evidente que el auto de vista habría validado los errores del juez A quo por no haber analizado exhaustivamente las causales de nulidad insertas en el contrato de 2 de julio de 2008, el cual no se adecuó a las previsiones del art. 519 1), 2), 3), y 4) del Código Civil.

Por otro lado cuestionó la interpretación realizada por el Tribunal de alzada respecto a la prescripción de la nulidad, por no haber considerado lo previsto por los arts. 552 y 547 del Código Civil.

Finalmente manifestó que el Auto de Vista recurrido le condenó al pago de una cuantiosa suma de dinero, sin haber considerado los vicios y defectos del contrato de venta de madera de todas las especies dentro del plan general de manejo forestal de la ASL Monteverde de 2 de julio de 2008, que en ninguna de sus cláusulas establece ni menciona el monto total de la deuda asumida por su persona, solo indica en su cláusula séptima sobre el anticipote $us. 40.000 que serían deducibles primeramente del volumen aprovechable del área nombrada y que el saldo a cancelar se pagaría cada treinta días según avance del aprovechamiento, el mismo que fue inexistente por falta de certificados forestales para la extracción, transporte y posterior comercialización del saldo del producto forestal.

En mérito a los fundamentos expuestos solicitó se revoque el Auto de Vista recurrido y en el fondo se declare probada su demanda de nulidad de contrato y resarcimiento de daños y perjuicios e improbada la demanda principal.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

Que, de acuerdo a los antecedentes del proceso se establece que el actor Daniel Flores Acuña demandó el cumplimiento del contrato de venta de todas las especies de madera comprendidas dentro del Plan General de Manejo Forestal de la ASL Monte Verde, y como consecuencia de ello pretende el pago del saldo restante de $us. 50.885 y el pago de daños y perjuicios que le generó el incumplimiento del demandado.

Por su parte el demandado José Eduardo Cisneros Ortiz a tiempo de contestar la demanda reconvino por la nulidad del contrato de venta de 2 de julio de 2008, más el resarcimiento de daños y perjuicios.

Establecida la relación procesal y luego de la sustanciación del proceso el juez emitió la sentencia cursante de fs. 518 a 522 vlta., declarando improbadas tanto la demanda principal como la reconvencional, en virtud a ello ambas partes interpusieron recurso de apelación, empero únicamente el deducido por la parte actora fue concedido en virtud a que el recurso intentado por la parte reconventora fue presentado fuera del plazo previsto por el art. 220 del Código de Procedimiento Civil, consiguientemente se establece que solo el demandante principal interpuso válidamente recurso de apelación, lo que en principio y conforme a lo previsto por los arts. 272-1) con relación al 262-2) del Código de Procedimiento Civil determinaría la imposibilidad del reconventor de deducir recurso de casación, precisamente por no haber interpuesto válidamente recurso de apelación, sin embargo, corresponde precisar que al haber pronunciado el Tribunal de alzada resolución revocando parcialmente la sentencia, consiguientemente modificado las determinaciones adoptadas por el Juez de primera instancia, al reconventor le asiste el derecho de recurrir de casación, empero, únicamente respecto a la determinación de alzada referida a la revocatoria de la sentencia, en otras palabras, solo le corresponde impugnar los motivos por los cuales el Tribunal de alzada determinó revocar la sentencia y acoger la pretensión del actor, más no le asiste derecho para impugnar los motivos referidos al rechazo de la demanda reconvencional, precisamente por no haber deducido válidamente recurso de apelación.

Establecido lo anterior, y delimitado el marco de competencia de este Tribunal,

corresponde señalar que, de la revisión de los antecedentes que cursan en obrados se establece:

1.- Por Resolución RU-SIV-POAF-605-2007, de 31 de agosto de 2007, cursante de fs. 7 a 8 de obrados, el Responsable de la Unidad Operativa de Bosques de San Ignacio, en uso de sus atribuciones, entre otros aspectos resolvió aprobar en todos sus términos el Plan Operativo Anual Forestal POAF 2007 para la AAA-2006-1 en una superficie de 942.52 hectáreas de la ASL Monte Verde representada legalmente por Pablo Peña Justiniano, misma que se encuentra ubicada en el municipio de San Rafael, Provincia Velasco, del Departamento de Santa Cruz. Asimismo aprobó la Ficha Técnica FT-03. Igualmente determinó que todo instrumento de extracción conexo a la referida aprobación de aprovechamiento forestal, debería referirse al código RU-SIV-POAF-605-2007.

2.- Daniel Flores Acuña, el 8 de junio de 2007 suscribió conjuntamente catorce miembros del grupo de trabajo de la ASL Monte Verde, contrato de compraventa de las acciones del área forestal AAA-2007, con todas sus especies maderables, por el precio de $us. 7.000.- (fs. 3 a 4). En virtud al cual los vendedores asumieron toda responsabilidad en caso de que se procediera a la reversión del área o en caso de sobrevenir algún problema por la personería jurídica de la ASL, igualmente garantizó la debida agilidad en la firma de los Certificados Forestales de Origen y cualquier otro documento requerido por la entonces Superintendencia Forestal.

3.- El 2 de Julio de 2008, Daniel Flores Acuña, en su condición de propietario de la Comercializadora Agro Forestal "TEO" Import & Export, mediante contrato de fs. 38 y vlta., suscrito con José Eduardo Cisneros Ortiz, reconoció haber adquirido por transferencia las especies y volúmenes totales de la FT de la ASL Monte Verde, y vendió con exclusividad todas la especies y volúmenes totales reflejados en la Ficha Técnica de la ASL Monte Verde del Plan Operativo Anual Forestal AAA-2007-1 del área forestal de 942.52 Has, a favor de José Eduardo Cisneros Ortiz, habiendo recibido como anticipo la suma de $us. 40.000.- En la cláusula quinta de ese contrato de venta se estableció el precio por metro cúbico de madera en troza de las distintas especies y en la cláusula sexta se estipuló que la madera sería aprovechada por el comprador a partir de la firma del contrato hasta completar la totalidad del Plan de Manejo aprobado por la Superintendencia Forestal y respaldado con sus respectivos Certificados Forestales de Origen, cortadas y rodeadas por el comprador, las mismas que serían medidas por ambas partes en el lugar de aprovechamiento. En la cláusula séptima las partes acordaron que el comprador recibía como anticipo por la compra adelantada de madera, la suma de $us. 40.000.- que serían deducidos primeramente del volumen aprovechable del área nombrada y que el saldo a cancelar se pagaría cada 30 días según el avance del aprovechamiento. En la cláusula décima del indicado contrato se acordó que en caso de existir irregularidades en el acta y poder de la ASL Monte Verde, así como en la transferencia realizada por Pablo Peña Justiniano, presidente de la ASL Monte Verde, a Daniel Flores Acuña, éste sería responsable por todas las acciones legales.

De los antecedentes expuestos se establece que la Agrupación Social del Lugar ASL Monte Verde, mediante RU-SIV-POAF-605-2007 obtuvo la aprobación de su POAF 2007 para la AAA-2006-1, y la aprobación de aprovechamiento forestal.

Conforme lo dispuesto por el art. 454 del Código Civil, miembros de dicha ASL transfirieron a favor de Daniel Flores Acuña todas las especies maderables del área de aprovechamiento, y éste posteriormente transfirió a favor de José Eduardo Cisneros Ortiz, todas las especies y volúmenes totales consignados en la ficha Técnica y el POAF AAA 2007-1, perteneciente a la ASL Monte Verde. De ello se concluye que la ASL no transfirió concesión alguna, sino conforme la libertad contractual, transfirió las especies de maderas contempladas dentro de su respectiva ficha técnica y su POAF AAA-2007-1; consiguientemente la titularidad respecto al aprovechamiento forestal RU-SIV-POAF-605-2007, continuo siendo de la referida ASL Monte Verde, tal es así, que el representante de ésta continuó suscribiendo los Certificados Forestales de Origen para madera en troza. Corresponde dejar establecido que a éste Tribunal no le corresponde establecer la legalidad o no de la referida autorización de aprovechamiento forestal, toda vez que ese aspecto corresponde a la jurisdicción agroambiental y no así a la ordinaria.

Ahora bien, si como señala el recurrente el contrato de venta no se cumplió porque, como sostiene, no habría sido posible la obtención de los Certificados Forestales de Origen, toda vez que la ASL Monte Verde no habría calificado para la concesión respectiva, dados lo problemas de su personería, cabe señalar que ese aspecto debió ser observado oportunamente al vendedor a fin de que éste realice todas las gestiones necesarias para subsanar las observaciones que impedían la emisión de dichos Certificados Forestales, aspecto que no fue acreditado por el demandado en el curso del proceso, quien se limitó a sostener que en varias oportunidades en forma verbal habría realizado dichos reclamos, pero ese aspecto no puede fundar la invalidez del documento de transferencia cuyo cumplimiento demandó el actor principal, más aún si tenemos en cuenta que de las pruebas de cargo aportadas al proceso y de confesión provocada se establece que el comprador aprovechó parcialmente las especies de maderas, contempladas en la RU-SIV-POAF-605-2007.

Por otro lado corresponde señalar que es evidente la impugnación formulada por el recurrente respecto a que a tiempo de suscribir el contrato de transferencia de fs. 37 y vuelta, las partes en litigio no acordaron un precio fijo por concepto de la venta de las especies de madera que se transfirieron, resultando en consecuencia evidente la infracción acusada al respecto, toda vez que de la revisión del referido contrato se establece que las partes contrates únicamente establecieron el monto de $us. 40.000 que el vendedor Daniel Flores Acuña recibía en calidad de anticipo por concepto de todas las especies y volúmenes totales reflejados en la ficha técnica de la ASL Monte Verde del Plan Anual Forestal POAF AAA 2007-1, y no fijaron un monto global fijo, predeterminado y total de la transferencia. En la cláusula quinta del referido contrato, establecieron el precio por metro cúbico de madera en troza por cada especie. En la cláusula séptima, las partes pactaron que los $us. 40.000 serían deducidos del volumen aprovechable del área y que el saldo (sin cuantificar el mismo) sería cancelado cada 30 días según avance del aprovechamiento.

Ahora bien respecto a ese saldo, el actor sostiene que equivaldría a $us. 50.885, monto que el Tribunal de alzada lo asimiló sin mayor fundamentación, sin tomar en cuenta que conforme la interpretación conjunta de las cláusulas contenidas en el referido contrato, se estable que las partes no establecieron un valor definitivo de ese saldo, por el contrario del sentido de la cláusula sexta se establece que la madera sería aprovechada por el comprador a partir de la firma del contrato hasta completar la totalidad del Plan de Manejo aprobado y respaldado por sus respectivos CFO, cortadas y rodadas por el comprador, las mismas que serían medidas por ambas partes en el lugar de aprovechamiento. De ello se entiende que el saldo a pagar estaba en relación a la cantidad de madera que sería aprovechada por el comprador, es decir a la cantidad de madera que fuera cortada y rodada, la misma que sería medida por ambas partes en el lugar de aprovechamiento; de lo contrario ningún sentido tendría el texto de la referida cláusula como tampoco tendría sentido que las partes hubiesen pactado en la cláusula quinta el detalle del precio por metro cúbico de cada especie de madera, como tampoco tendría sentido que en la parte final de la cláusula séptima se hubiese acordado el pago cada 30 días según el avance del aprovechamiento.

De las consideraciones expuestas se establece que el Tribunal de alzada al haber

fijado el monto que debe ser pagado por el demandado como consecuencia del incumplimiento del contrato, incurrió en error de hecho respecto a la valoración del contrato de fs. 38 y vlta., por no haber tomado en cuenta que conforme dispone el art. 514 del Código Civil, las cláusulas del contrato se interpretan las unas por medio de las otras, atribuyendo a cada una el sentido que resulta del conjunto del acto.

Consiguientemente, corresponde a este Tribunal fallar en la forma prevista por el art.274 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 274 del Código Civil CASA PARCIALMENTE el Auto de Vista recurrido, únicamente respecto al monto que el demandado José Eduardo Cisneros Ortiz debe cancelar a favor del demandante Daniel Flores Acuña, y al respecto dispone que en ejecución de sentencia se proceda a su determinación tomando en cuenta solamente la especie, y la cantidad de madera cortada y rodada que contaba con los respectivos Certificados Forestales de Origen, debiendo considerarse a tal efecto los precios convenidos y consignados en la cláusula quinta del contrato, más el pago de daños y perjuicios que igualmente será cuantificado en ejecución de sentencia.

Sin responsabilidad por ser excusable el error.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Duran.