TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 94/2012

Sucre: 26 de abril de 2012

Expediente: SC-28-12-S

Partes: Fernando y Walter Alpire Ulloa c/ Oscar Yimy Alpire Ulloa

Proceso: Nulidad de contratos y otros

Distrito: Santa Cruz.


VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Oscar Yimy Alpire Ulloa de fs. 429 a 431 vlta., impugnado el Auto de Vista No. 244/2011 de fecha 03 de Noviembre de 2011, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Distrito Judicial de Santa Cruz, (ahora Tribunal Departamental de Justicia) dentro del proceso de nulidad de contratos y otros seguido por Fernando y Walter Alpire Ulloa contra Oscar Yimy Alpire Ulloa, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, tramitada la causa, el Juez de Partido Segundo en lo0 Civil y Comercial de la Capital, emitió la Sentencia de fecha 15 de Abril del 2011, cursante de fojas 388 a 394. falla declarando IMPROBADA la demanda de fs. 89 a 92 vlta. e improbada la excepción de cosa juzgada de fs. 138 a 139 de obrados.

Apelada la Sentencia por Fernando y Walter Alpire Ulloa, la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz (ahora Tribunal Departamental de Justicia) mediante Auto de Vista Nº 244/2011 de 3 de Noviembre de 2011, ANULA el Auto de fecha 7 de Julio de 2011 de fs. 413, disponiendo que el Juez de instancia corrija el procedimiento de la materia y en su merito pronuncie la resolución respectiva.

Esta resolución dio lugar al recurso de casación en el fondo y en la forma interpuesta por parte del demandado Oscar Yimy Alpire Ulloa, que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

En el fondo acusa:

El recurrente acusa la violación del art. 251 del Código de Procedimiento Civil, relacionando con el art. 25 de la Ley 1760, quien manifiesta que el Tribunal ad-quem al determinar la nulidad del Auto de fecha 7 de julio de 2011 ha vulnerado flagrantemente el art. 251 del Código de Procedimiento Civil, que a la letra dice "Ningún tramite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinado por Ley".

También acusa que se ha vulnerado el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial, señalando que independientemente de que la nulidad debe estar expresamente señalada por la norma y reclamada oportunamente.

La violación de los arts. 4 y 44 de la Ley 1836 de la Constitución Política del Estado, respecto a las nulidades, haciendo una referencia a la S.C. Nº 0731/2010-R de 26 de Julio respecto a los requisitos cuando se reclama la nulidad dentro de un proceso judicial, las cuales indican una serie de principios que operan la nulidad como ser : especificidad, oportunidad, finalidad del acto, trascendencia, convalidación. Al haber sido operada de manera distinta a lo resuelto en la jurisprudencia constitucional se hubieran violado los arts. 4, 44 de la Ley 1833 y 203 de la Constitución Política del Estado.

En la Forma acuso:

Que se hubiese violado el art. 254-4 del Código de Procedimiento Civil, ya que la nulidad de actuados constituye una concesión ultrapetita por que no se hubiese impetrado por el recurrente sobre la apelación en el efecto diferido, decisión del Ad quem que incurrió en lo previsto por el art. 254-4 del Código de Procedimiento Civil.

Concluyendo, que el Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación de lo previsto en el art. 271-4 y 274 del Código de Procedimiento Civil, se sirva CASAR el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo, declare IMPROBADA la demanda, PROBADA LA EXCEPCION DE COSA JUZGADA.

CONSIDERANDO III:

Habiendo la parte recurrente interpuesto recurso de casación en la forma y en elfondo, corresponde a este Tribunal Supremo pronunciarse primero respecto a las causales de nulidad acusadas, toda vez que de ser evidentes se resolvería por la nulidad de obrados, lo que determinaría la imposibilidad de emitir pronunciamiento sobre el fondo.

Establecido aquello corresponde precisar:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

Según la doctrina sostiene que siendo el derecho procesal un conjunto de formas dadas de antemano, mediante las cuales desarrolla el juicio, la nulidad consiste en el apartamento de ese conjunto de formas necesarias establecidas por la Ley.

Si las leyes procesales han establecido un conjunto de procedimientos, implica que los actos no deben apartarse de dicho camino, bajo alternativa de imponerse una sanción.

Dependiendo de la inobservancia de la Ley, Couture clasifica a los actos procesales nulos en absolutamente nulos y relativamente nulos. Respecto a los primeros, señala que la gravedad de la desviación resulta de tal magnitud que es imperativo enervar sus efectos, pues el error conlleva un deterioro en las garantías que integran el debido proceso, que insistir en su subsistencia hace peligrar tales garantías; v. gr., la falta de citación al demandado que ha impedido que haga valer sus derechos, habiéndose dictado sentencia condenatoria en su contra. En cuanto al segundo, también hay un apartamento de las formas procesales, pero de menor gravedad; de ahí que no necesariamente requiere ser declarado inválido, pues habrá que analizar si el acto ha ocasionado efectivamente un perjuicio a la parte interesada.

Al tratar sobre las nulidades procesales debemos tener en cuenta que no se trata de un tema de defensa de meras formalidades, pues, las formas previstas por Ley no deben ser entendidas como meros ritos, sino como verdaderas garantías de que el proceso se desarrollará en orden y en resguardo de los derechos de las partes.

En ese sentido es preciso distinguir las formas esenciales de las meras formalidades, a las que no en pocas ocasiones acuden juzgadores y abogados, unos para no conocer el fondo del asunto sometido a su autoridad, y otros para dilatar indefinidamente la tramitación de las causas que defienden.

Por ello, en materia de nulidades procesales existen ciertos principios que informan la materia y que deben ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de declarar una nulidad. A saber:

Principio de especificidad o legalidad.- Este principio se encuentra previsto por el artículo 251-I del Código de Procedimiento Civil, en virtud a el "no hay nulidad sin ley específica que la establezca" (pas de nullité sans texte ). Esto quiere decir que para declarar una nulidad procesal, el juez ha de estar autorizado expresamente por un texto legal, que contemple la causal de invalidez del acto. El principio de especificidad no ha de aplicarse, sin embargo, a rajatabla, pues, se sabe que es virtualmente imposible que el legislador pudiera prever todos los posibles casos o situaciones de nulidad en forma expresa, y siguiendo esa orientación la doctrina ha ampliado este principio con la introducción de una serie de complementos, a través de los cuales se deja al juez cierto margen de libertad para apreciar las normas que integran el debido proceso, tomando en cuenta los demás principios que rigen en materia de nulidades, así como los presupuestos procesales necesarios para integrar debidamente la relación jurídico-procesal.

Principio de Trascendencia.- Se ha dicho que la nulidad es la sanción que acarrea la invalidez del acto procesal, cuando en su producción existe un alejamiento de las formas procesales; pero la mera desviación de las formas no puede conducir a la declaración de nulidad, por ello habrá que tener presente que no hay nulidad sin daño o perjuicio "pas de nullite sans grieg". Este principio indica que no puede admitirse la nulidad por la nulidad, sino que a tiempo de determinarla habrá que tener presente el perjuicio real que ocasiona al justiciable el alejamiento de las formas prescritas, pues las formas no han sido establecidas para satisfacer "pruritos formales". Por regla general, un acto procesal que adolezca de nulidad puede generalmente convalidarse, en consecuencia, la nulidad será la sanción excepcional, que se declara únicamente cuando el acto viciado acarreó un perjuicio cierto e irreparable que sólo pueda subsanarse mediante la sanción de nulidad.

Principio de convalidación.- En principio, dice Couture, toda nulidad en derecho procesal civil se convalida por el consentimiento si la parte perjudicada ratifica el acto viciado expresa o tácitamente.

El principio de convalidación tiene íntima relación con el de preclusión, que tiene lugar cuando los justiciables no ejercen en forma oportuna o legal los recursos previstos por la ley adjetiva. Si los procesos deben sustanciarse en forma ordenada, así también las partes deben exponer sus reclamaciones dentro el tiempo y en la forma debida, esto por un elemental sentido de seguridad jurídica.

Principio de Protección.- En virtud de este principio, la nulidad solo puede invocarse cuando en virtud de ella, los intereses de una de las partes o de ciertos terceros a quienes afecte la sentencia, queden en indefensión. La declaratoria de nulidad únicamente debe darse cuando sea un medio para proteger los intereses jurídicos que han sido lesionados, a partir del alejamiento de las formas procesales.

La consecuencia más importante del principio de protección es que quien ha celebrado el acto nulo a sabiendas o debiendo saber del vicio que lo invalidaba, no puede invocarlo. Es una aplicación del principio nemo auditur non propiam turpitudinem allegans ("nadie puede invocar a su favor su propia torpeza"). En consecuencia la legitimación para reclamar la nulidad estará otorgada por el interés, que se traduce en el perjuicio efectivamente sufrido, por quien solicita la declaratoria de nulidad.

Establecidos los principios en los que se basa toda nulidad procesal y ajustados los mismos al caso concreto, abundamos en señalar que existe mérito para una nulidad de obrados, atendiendo lo fundamentado por el recurrente, en sentido de que el Auto de Vista Nº 244/11 se hubiese pronunciado en forma extra petita, al haber anulado el auto de concesión de alzada cursante a fs. 413, argumentando que el juez a quo al conceder el recurso de apelación deducido contra la sentencia, no incorporó también la concesión del recurso de apelación en el efecto diferido cursante de fs. 371 a 373 vlta.

De la revisión de obrados, se puede evidenciar que efectivamente de fs. 371 a 373 vlta. el demandante planteó recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el decreto de fecha 11 de noviembre de 2010, recurso que fue diferido por providencia de fs. 377, conforme lo previsto por el art. 24 de la Ley Nº 1760; una vez apelada la sentencia de primera instancia por los demandantes a fs. 396-398 vlta, esta fue concedida por Auto de fs. 413, en el cual si bien únicamente se concedió dicho recurso y no así el diferido de fs. 371 a 373 vlta., ello no constituye motivo de nulidad como erróneamente lo interpretó el Tribunal de alzada; toda vez que conforme dispone el citado art. 25 de la Ley Nº 1760, le correspondía al apelante fundamentar dicha apelación en forma conjunta con la apelación de la sentencia, aspecto que omitió la parte recurrente.

Por otro lado, corresponde señalar que, el auto que concedió la apelación de la sentencia en el efecto suspensivo, fue notificado a la parte recurrente según consta de la diligencia que cursa a fs. 414 sin que esta hubiese observado oportunamente aquella aparente falta de concesión del recurso diferido, aspecto que determinaría la imposibilidad del Tribunal del alzada de revisar de oficio un aparente vicio no reclamado por la parte a quien le ocasionaría perjuicio. En consecuencia, ese aspecto, por no haber sido observado por la parte interesada quedó convalidado, razón por la cual el Tribunal de alzada no podía revisar esa situación de oficio.

Los hechos expuestos precedentemente, no fueron considerados por el Tribunal ad quem, a quien le correspondía pronunciarse y resolver la apelación planteada contra la sentencia, sin considerar la apelación en el efecto diferido por lo expuesto líneas arriba.

De lo indicado, se desprende que el Tribunal ad quem, al anular obrados hasta que se dicte nuevo auto concesorio incorporando el recurso en el efecto diferido, ha excedido su facultad saneadora que le reservaba el art. 15 de la Ley de Organización Judicial (derogado), extrañando actuaciones que no corresponde por los datos del proceso.

Que, el actuar del Tribunal Superior se aparta de los principios que rigen en materia de nulidades, encontrando motivos de nulidad donde no los hay, en franca violación de lo previsto por el art. 251-I del adjetivo civil, y que obliga a este Tribunal a ejercitar la facultad que confiere el art. 252 con relación al art. 254-4) ambos del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente, solo con fines de aclaración debemos señalar que las hermanas Celia Andrea y Rosario Elsa de apellidos Alpire Ascarrunz que transfirieron el inmueble a Oscar Yimy Alpire Ulloa, se apersonaron voluntariamente al proceso por memorial de fs. 113 y vlta. de obrados, tomando conocimiento de la demanda que realizan Fernando y Walter Alpire Ulloa en contra de Oscar Yimy Alpire Ulloa, otorgando garantías al comprador Oscar Yimy Alpire Ulloa de los dos bienes inmuebles objeto del litigio, razón por la cual, no obstante no haber sido demandadas expresamente, ello no constituye motivo de nulidad por cuanto las mismas de forma voluntaria con dicho apersonamiento integraron la litis.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 y en aplicación a lo previsto en el art. 252, 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta fs. 426 inclusive, hasta el estado que previo sorteo y sin necesidad de turno se pronuncie nuevo Auto de Vista que resuelva la causa dentro del marco jurisdiccional que le fija el art. 236 del Procedimiento Civil. Sin responsabilidad por ser excusable.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

elator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.