TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 89/2012

Sucre: 25 de abril de 2012

Expediente: SC-27-12-S

Partes: José Alberto Claros Zambrana c/ Pedro Vacaflor Hernández

Proceso: Mejor derecho propietario y otro

Distrito: Santa Cruz


VISTOS: El recurso de casación interpuestos por Pedro Vacaflor Hernández de fs. 365 a 367 impugnando el Auto de Vista Nº 271/2011 de fecha 23 de Noviembre de 2011, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Justicia de Santa Cruz (ahora Tribunal Departamental de Justicia) dentro del proceso de Mejor derecho propietario y otro seguido por José Alberto Claros Zambrana contra Pedro Vacaflor Hernández, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, tramitada la causa, el Juez 10º de Partido en lo Civil de la Capital, emitió la Sentencia Nº 32/11 de fecha 20 de Junio de 2011, cursante de fs. 327 a 328 vlta. declarando Improbada en todas sus partes la demanda principal de fs. 6 vlta. y declara Probada en parte la reconvencional planteada por el demandado de fs. 46 a 48 de obrados en lo que corresponde al mejor derecho propietario, reivindicación, desocupación y entrega de inmueble, acción negatoria y cancelación en las oficinas de DD.RR. e Improbada en lo que corresponde al retiro de las mejoras introducidas al inmueble.

Apelada la Sentencia por José Alberto Claros Zambrana, la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz, (ahora Tribunal Departamental de Justicia) mediante Auto de Vista de fecha 23 de Noviembre de 2011, cursante de fs. 358 a 361, revoca en parte la Sentencia de fs. 327 a 328 vlta. declarando probada en parte la demanda de fs. 6 y vlta. En lo que corresponde al mejor derecho propietario y declara improbada en lo referente a la cancelación de la Matricula N° 7011060083942 registrada ante DD.RR, así mismo declara probada en parte la sentencia en cuanto al retiro de las mejoras introducidas en el inmueble e improbada la demanda reconvencional de fs. 46 a 49 opuestas por Pedro Vacaflor Hernández, en cuanto a la reivindicación, acción negatoria, mejor derecho de propiedad, desocupación y entrega de inmueble, cancelación de inscripción en DD.RR. de la Matricula N° 7011050016813.

Esta resolución dio lugar al recurso de casación en el fondo, interpuesta por parte del demandado y reconvensionista Pedro Vacaflor Hernández, que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

En el fondo acusa:

1.- La violación del art. 1538 en sus parágrafos I y II del Código Civil, indicando que su derecho propietario data desde 1937 demostrándolo en su documento de tradición de fs. 201 a 203 y la inscripción del demandante es de fecha 24 de junio de 1985, habiendo un diferencia de casi medio siglo, siendo que el demandante indica que se violo el art. 1545 del Código Civil, que nada tendría que ver con la demanda, ya que el recurrente habría adquirido ese inmueble del ex propietario que nunca le vendió al demandante y que mas bien el habría adquirido de una dotación agraria que fue anulada como lo demostró en sus pruebas, violando con esta interpretación los arts. 105, 106, 1279 y 1538 todos del Código Civil y el art. 56 de la Constitución Política del Estado, pese que cumplió con las pruebas necesarias para demostrar su derecho propietario, que el demandante no lo hizo.

2.- Indicó también que el Tribunal Ad quem interpretó de forma errónea al indicar que el demandante habría inscrito el Titulo de Propiedad en DD.RR. el 15 de Octubre de 1998 y que el recurrente lo hizo el 21 de Enero de 2009, dando valor probatorio a la inscripción antigua, como si se tratare de una misma fuente de derecho propietario como establece el art. 1545 del Código Civil, fundando en esa interpretación la revocatoria de la sentencia, la cual no debería ser aplicada en el presente caso por no adecuarse al mismo.

3.- Por otro lado también se indicara que no se hubiera individualizado el inmueble del recurrente, ya que no se demostró los linderos y la superficie también seria distinta a la del demandante y que se debería haber realizado un peritaje especializado para determinar las colindancias, estando plenamente demostrado estos aspectos en las pruebas presentadas por el demandado y que el Ad quem no habría dado una correcta interpretación ni valoración, violando con esto los arts. 397 y 476 del Código de Procedimiento Civil y el art. 1286 del Código Civil.

Por las razones expuestas, solicitóque el Tribunal de casación pronuncie resolución casando el auto recurrido cursante a fs. 371 (siendo lo correcto en obrados fs. 358 a 361) que revoca en parte la sentencia de primera instancia.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

Debemos señalar que el art. 90 del Código de Procedimiento Civil, en su numeral I, en cuanto al cumplimiento de las normas procesales, expresamente establece que "Las normas procesales son de orden público y, por tanto de cumplimiento obligatorio, salvo autorización expresa de la ley", en ese mismo contexto el art. 252 del mismo Código Procedimental previene que el juez o tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público, por lo cual debemos indicar:

Que, de la revisión integra del Auto de Vista Nº 271/2011 de fecha 23 de Noviembre de 2011, se puede evidenciar que el Tribunal Ad quem reconoció mejor derecho de propiedad respecto al demandante José Alberto Claros Zambrana; sin embargo la resolución de alzada precisó: "que es evidente que en la venta realizada al demandado y reconvensionista Pedro Vacaflor y en el certificado de tradición de fs. 201 a 203, solo se consignan las medidas del terreno, pero no consignan las colindancias exactas para determinar con claridad la ubicación exacta del terreno del demandado, o la sobre posición de los mismos, impidiendo al juzgador determinar si se trata del mismo lote de terreno de la parte actora; tampoco se realizó un peritaje e informe por autoridad competente para demostrar la ubicación exacta del terreno de Pedro Vacaflor". También mencionó que: "debió realizarse un trabajo de peritaje por una institución correspondiente para determinar si corresponde o coinciden los terrenos indicados y si los terrenos del actor se encuentran dentro la propiedad del demandado", y por ultimo el Auto de Vista señalo que: "en lo que corresponde a la cancelación de la Matricula Nº 7011060083942, correspondiente al demandado no corresponde anularse dicha matricula en virtud a que el terreno adquirido por el demandado es de 8236,88 mts2. y no así solo los 720 mts2., que compro el actor".

Por los fundamentos expuestos por el Tribunal de alzada, se advierte que al tiempo de resolver la causa, revocando la Sentencia de primera instancia, de forma contradictoria, resolvió reconocer el mejor derecho propietario a favor del demandante, empero fundamentó en sentido de que no se hubiese producido prueba suficiente para acreditar que el bien inmueble, tanto del actor como del demandado, sea el mismo; es decir, el Ad quem advirtió que en el proceso no se demostró que el bien inmueble objeto del litigo se trate del mismo, respecto del cual tanto el actor como el demandante alegan derecho propietario. Ese aspecto, llama la atención de este Tribunal, por cuanto en una acción de reconocimiento de mejor derecho propietario, el presupuesto esencial, radica en la identidad de la cosa, respecto a la cual dos o más personas reclaman derecho de propiedad; en otras palabras, la acción de reconocimiento de mejor derecho de propiedad, supone necesariamente la existencia de una misma cosa, cuya titularidad es discutida por dos o mas personas.

Como se señaló anteriormente, resulta contradictorio e ilógico que el Tribunal de alzada hubiese reconocido el mejor derecho propietario a favor de una de las partes en litigio y seguidamente hubiese advertido que no se demostró que el bien inmueble objeto del litigio no es el mismo; toda vez que el presupuesto base para un mejor derecho propietario es la identidad de la cosa; es decir que sobre un mismo bien dos personas se disputen el mejor derecho propietario.

Otro aspecto que llama la atención, es el hecho de que si el Tribunal de alzada reconoció el mejor derecho propietario del demandante, en consecuencia no hubiese asumido ninguna determinación respecto al registro del derecho propietario del demandado.

El pronunciamiento del alzada, que como se señaló resulta ser contradictorio, no garantiza a las partes la tutela judicial efectiva; toda vez que ese pronunciamiento no contiene decisiones claras y precisas conforme lo dispuesto por el art. 190 del Código de Procedimiento Civil, generando duda e incertidumbre en lugar de resolver de forma definitiva la controversia de las partes.

Que, conforme dispone el art. 233-II del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal de apelación está facultado, antes del decreto de autos, disponer se produzca prueba que estime conveniente. En ese mismo sentido el art. 4 num. 4) del citado adjetivo civil, faculta a los jueces y tribunales a exigir las pruebas que considerare necesarias, como exhibiciones, peritajes, juramentos, ... En ese marco, si el Tribunal de alzada consideró que no existía prueba suficiente e idónea para determinar la ubicación exacta del inmueble en litigio y así establecer que se tratare del mismo inmueble respecto al cual el actor y el demandado reclaman el derecho propietario, debió en aplicación de las normas citadas disponer de oficio la producción de la prueba que consideraba pertinente, a fin de establecer el inmueble que el actor y demandado reclaman, se trata de uno mismo y una vez establecido aquello, recién determinar a quien le asiste el mejor derecho propietario.

Que, al no haber obrado el Tribunal Ad quem en la forma antes señalada, emitió una resolución contraria a lo dispuesto en el art. 190 del Código de Procedimiento Civil y que contiene fundamentos contradictorios como los señalados en el presente Auto Supremo, lo que obliga a este Tribunal a ejercitar la facultad que confiere el art. 252 del Código de Procedimiento Civil y resolver conforme el art. 271 num. 3) del mismo cuerpo legal.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 y en aplicación a lo previsto en los arts. 252, 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta el decreto de autos de fs. 356 inclusive y dispone que con la facultad conferida por el art. 233-II del Código Procedimiento Civil, el Tribunal de alzada solicite la prueba idónea a fin de determinar si el inmueble motivo de la litis se trata del mismo y con el resultado, previo sorteo y sin necesidad de turno se pronuncie nuevo auto de vista. Sin responsabilidad por ser excusable.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.