TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 84/2012

Sucre: 25 de abril de 2012

Expediente: T - 9 -12 - A

Partes: Sociedad de Ingeniería Boliviana de Responsabilidad Limitada "SOIMBOL S.R.L.", representada por Juan Ramiro Zenteno Duran c/ La Honorable Alcaldía Municipal de la ciudad de Tarija

Proceso: Demanda de Solución de Controversias de Contrato Administrativo de Obra.

Distrito: Tarija


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fojas 354 a 356 vlta, interpuesto por Oscar Gerardo Montes Barzón Honorable Alcalde Municipal de la ciudad de Tarija y la Provincia Cercado, contra el Auto de Vista No. 05/2012 de fojas 342 a 344 vlta., emitido el 14 de febrero 2012 por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, en el proceso de Solución de Controversias de Contrato Administrativo de Obra, seguido por la Sociedad de Ingeniería Boliviana de Responsabilidad Limitada "SOIMBOL S.R.L.", representada por Juan Ramiro Zenteno Duran contra La Honorable Alcaldía Municipal de la ciudad de Tarija; la concesión del recurso de casación de fojas 361 y vlta; los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

La Sociedad de Ingeniería Boliviana de Responsabilidad Limitada "SOIMBOL S.R.L.", representada por Juan Ramiro Zenteno Duran, interpone demanda civil solicitando la Solución de Controversias de Contrato Administrativo de Obra, indicando que suscribió un contrato con la Honorable Alcaldía Municipal de Tarija para la construcción del Centro de Capacitación en el Barrio Virgen de Fátima Segunda Fase, por un monto de dos millones seiscientos cuarenta y cinco mil setecientos noventa y seis 58/100 bolivianos (Bs. 2,645,796.58.-) en un plazo de 180 días calendario.

Indicó que los volúmenes de obra licitados fueron diferentes a los volúmenes de obra ejecutados, y que su propuesta técnica se baso en la información que dio la Alcaldía en el Documento Base de Contratación, este aumento en los volúmenes y otras actividades encomendadas por el Fiscal de Obra y Supervisor, y conforme al calculo que realiza la Sociedad indicó que se debería ampliar el plazo en 90 días calendario.

Acuso a la Honorable Alcaldía Municipal de Tarija, que existió demora injustificada en la entrega de los planos arquitectónicos, planos de instalaciones de luz, agua, gas, puntos de teléfono y de Internet, al igual que en la entrega de los planos de cubierta, existió retrasos imputables a la Honorable Alcaldía por la falta de entrega oportuna del diseño final y modificaciones, no hubo una aprobación oportuna de la Orden de Cambio No. 1 y del contrato modificatorio No. 1.

Indicó que realizados los reclamos correspondientes los mismos no han sido considerados obligándose a iniciar el presente proceso Ordinario Civil.

Solicitó que el juez de la causa declare judicialmente el reconocimiento de 120 días calendario de ampliación del plazo y que se condene en Costas.

El Juez de Partido Quinto en lo Civil una vez subsanado las observaciones por parte del actor, admite la demanda en contra del Honorable Alcalde Municipal de Tarija, quien en el plazo de ley interpone excepción previa de incompetencia.

La excepción planteada por la entidad demandada, fue resuelta por el Juez de la causa declarando Probada la Excepción de Incompetencia.

Ante dicha resolución el actor interpuso recurso de apelación, el mismo fue elevado al Tribunal de alzada para su respectiva resolución.

El Tribunal de alzada realizó una interpretación de lo que dispone el art. 3 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal al igual que los arts. 31 y 47 de la Ley No. 1178 é indicó que el actor al pretender la Solución de Controversias de Contrato Administrativo de Obra, no es competencia del proceso Coactivo Fiscal, máxime si en dicho proceso no existe los requisitos que exige el art. 3 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal.

El Auto de Vista indicó que el Juez Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario conoce las demandas interpuestas por la Entidad Estatal y no así por las personas particulares o entes privados que tengan contratos con el Estado y que solo se puede iniciar estas demandas acompañando informe de Auditoria Interna concordante con el art. 3 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal y estos no pueden conocer controversias surgidas en la ejecución del contrato administrativo de obra, indicó que en el caso de autos no existe notas de cargo ni informe de Auditoria Interna y que no es el Estado quien inicia la demanda.

Concluyo Revocando totalmente el Auto de fs. 243 y vlta y dispuso que continúe con el conocimiento y tramitación del proceso el juez civil.

Contra dicha resolución de segunda instancia, Oscar Gerardo Montes Barzón Honorable Alcalde Municipal de la ciudad de Tarija interpuso recurso de casación.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

El recurrente señalo que en los contratos administrativos necesariamente interviene el Estado y un particular, que estos contratos son de utilidad pública y tienen un interés colectivo, siendo la administración pública la que debe fijar unilateralmente el objeto, modo, condiciones de la prestación y de la contraprestación, indico que existe diferencia entre los contratos regidos por el derecho privado y los contratos administrativos.

Indicó que el contrato claramente establece la legislación aplicable en caso de controversia.

Acusó, que la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales en su art. 47 crea la jurisdicción Coactiva Fiscal y que esta es la encargada de conocer todas las demandas de los actos de los servidores públicos y de los privados que hayan suscrito contratos administrativos con el Estado.

Termino peticionando que el Tribunal Supremo de Justicia Case el Auto de Vista.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

Que, el recurso de casación en el fondo debe fundarse en errores en el juzgamiento en que hubieran incurrido los tribunales de instancia al emitir sus resoluciones, debiendo estar debidamente identificadas y justificadas las causales señaladas en el art. 253 del Código de Procedimiento Civil; mientras que el recurso de casación en la forma o nulidad, se funda en errores en el procedimiento, referidos a la infracción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas en la tramitación del proceso, enumeradas igualmente para cada caso en concreto, por el artículo 254 de la citada norma.

En mérito a las características que hacen a uno y otro recurso, la resolución de cada uno también adopta una forma específica y diferenciada, así, cuando se plantea recurso de casación en el fondo, lo que se pretende es que el Tribunal case el Auto de Vista impugnado y resuelva el fondo del conflicto; en cambio, cuando se plantea el recurso de nulidad o casación en la forma, lo que se pretende es la nulidad de obrados, siendo comunes para ambos recursos las formas de resolución por improcedente o infundado. Por ello al margen de exponer los motivos en que se funda tanto el recurso de casación en la forma como en el fondo, es deber del recurrente concretar su pretensión recursiva en forma congruente con el recurso que deduce.

Que, en obrados los demandantes de conformidad al derecho que les asiste, interponen demanda ordinaria civil de Solución de Controversias de Contrato Administrativo de Obra, pidiendo se le reconozca 120 días calendario de ampliación de plazo.

Que, de la revisión de obrados se establece que de fs. 234 a 235, el demandado opuso excepción previa de incompetencia indicando que los juzgadores en materia civil no son los competentes para conocer asuntos administrativos, en mérito a ello la Juez A quo pronunció la resolución de fecha 21 de mayo de 2011 de fs. 243 y vlta., declarando probada la referida excepción, determinación que en apelación fue revocada totalmente, estableciendo la competencia al Juez en materia civil.

Al respecto este Tribunal Supremo establece que la decisión del Tribunal Ad quem ha sido la correcta y el Auto de Vista se encuentra debidamente fundamentado respecto a que si bien en la cláusula vigésima segunda del referido contrato de obra, se establece que en casos de surgir controversias entre el contratante y el contratista, que no puedan ser solucionadas por vía de concertación, las partes están facultadas para acudir a la vía judicial, bajo la jurisdicción coactiva fiscal, empero esa cláusula debe ser interpretada en función del art. 31 de la ley 1178, en concordancia con el art. 3 de la ley de Procedimiento Administrativo Coactivo Fiscal, de cuya interpretación se colige que esa vía esta aperturada para que en base a los instrumentos con fuerza coactiva a que hace referencia el citado artículo 3, el Estado a través de sus entidades promueva demanda contra particulares, pues en efecto actualmente la jurisdicción coactiva fiscal no tiene competencia para conocer las pretensiones de los particulares respecto al cumplimiento de los contratos que suscribieron con entidades estatales, que si bien son de naturaleza administrativa su conocimiento y resolución sigue en el ámbito civil.

En mérito a lo manifestado, en el caso de autos, la demanda de Solución de Controversias en el Contrato Administrativo de fecha 20 de enero de 2010, cursante de fs. 14 a 21 vlta., incoada por el actor, versa precisamente sobre la solicitud de ampliación del plazo de entrega de la obra en 120 días más, el cual es de competencia del Juez en materia civil y resulta ajena a la jurisdicción coactivo fiscal.

Si bien el contrato de obra "Construcción Centro de Capacitación en el Barrio Virgen de Fátima de la ciudad de Tarija segunda Fase", suscrito entre la Honorable Alcaldía Municipal de Tarija (ahora Gobierno Autónomo Municipal de Tarija) y la Constructora SOINBOL S.R.L., es de naturaleza administrativa establecido por el art. 47 de la Ley Nº 1178, éste tiene que cumplir con ciertos requisitos que la misma norma establece para que pueda ser exigido por vía de la jurisdicción Coactiva Fiscal y entre ellos esta lo referido en el art. 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo Coactivo Fiscal, que enumera como instrumentos con fuerza coactiva suficiente para promover la acción coactiva fiscal: 1.- Los informes de auditoría emitidos por la Contraloría General de la República aprobados por el Contralor General, emergentes del control financiero administrativo que establezcan cargos de sumas líquidas y exigibles. 2.- Los informes de Auditoria Interna, procesos o sumarios administrativos organizados de acuerdo al régimen interno, igualmente aprobados y que establezcan sumas líquidas y exigibles. Solo en base a estos instrumentos se puede iniciar o plantear una demanda Coactiva Fiscal y esta sólo esta reservada para entes públicos y no así para particulares.

Como se puede evidenciar el Coactivo Fiscal es para que el Estado recupere por cuestiones de responsabilidades civiles, es un proceso que la norma establece a favor del Estado, no ha favor de los particulares, solo el Estado puede acudir a los Juzgados Administrativos, Coactivo Fiscal y Tributario y que además solo puede iniciar este tipo de procesos en base a la Nota de Cargo, acompañado del informe de Auditoría Interna y de los contratos que justifiquen la acción y esto esta concordante con lo dispuesto por el art. 3 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal.

En la sub lite no existen Notas de cargo ni informes de Auditoría Interna emitidos por la Contraloría General de la República donde se haya determinado suma liquida exigible y tampoco es el Estado quien inicia la demanda, sino una persona particular como lo es la Constructora SOINBOL S.R.L., por lo que de conformidad a lo establecido en el art. 316 del Código de Procedimiento Civil que establece "(Proceso Ordinario) Todo asunto contencioso que no esté sometido a trámite especial se sustanciará y resolverá en proceso ordinario"

Por lo dicho el Juzgado de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario, no tiene competencia para conocer la presente causa de acuerdo a lo establecido en el art. 316 del Código de Procedimiento Civil y se abre la competencia de los Juzgados de Partido en materia civil para conocer estas causas.

Por todo lo expuesto, corresponde a este Supremo Tribunal fallar en la forma prevista por los artículos 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil de Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 -I) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación del art. 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fojas 354 - 356 vlta, presentado por Oscar Gerardo Montes Barzón Honorable Alcalde Municipal de la ciudad de Tarija y la provincia cercado. Sin costas por ser entidad Estatal.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.