TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 83/2012

Sucre: 25 de abril de 2012

Expediente: T-8-12-S

Partes: Paola Karina Herrera Terán y otros c/Beatriz Peralta Vda. de Herrera y otros.

Proceso: División y partición de herencia.

Distrito: Tarija.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 511 a 513 y vlta. de obrados, interpuesto por Paola Karina Herrera Terán, Helen Fátima Herrera Terán por sí y en representación de Manuel Franz Herrera Terán, contra el Auto de Vista Nº 114/2011 cursante de fs. 505 a 508 de obrados, emitida por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, (ahora Tribunal Departamental de Justicia) dentro el proceso ordinario de División y partición de herencia, seguido por los recurrentes en contra de Jacqueline Herrera Batallanos, Beatriz Ana Peralta Vda. de Herrera y Ramón Walter Herrera Peralta, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, Paola Karina, Helen Fátima, Manuel Franz todos de apellido Herrera Terán, demandan división y partición de herencia en contra de Jacqueline Herrera Batallanos y Beatriz Ana Peralta Vda. de Herrera y Ramón Walter Herrera Peralta; señalando que en el Juzgado Tercero de Instrucción en lo Civil se procesó la formación enumerativa y valorativa de los bienes, derechos y obligaciones relictos a la defunción de su señor padre Manuel Herrera Flores, consistentes en dinero en efectivo, bienes inmuebles, muebles sujetos a registro y obligaciones por pagar, concluyendo el mismo con el pronunciamiento el auto final y definitivo aprobatorio conforme prevé el art. 666 - I del Código de Procedimiento Civil y en virtud de dicho inventario concluido con la facultad conferida por el art. 671 de la norma antes citada, en la vía voluntaria solicitan división y partición de los bienes, derechos y obligaciones en seis partes iguales entre todos los herederos.

En conocimiento de la demanda, tanto Jacqueline Herrera Batallanos como Beatriz Ana Peralta Vda. de Herrera por sí y en representación de su hijo menor de edad Ramón Walter Herrera Peralta, contestan a lo demandado y ésta última, conforme se evidencia de fs. 208 a 212 y vlta. formula oposición impetrando ordinarización de la causa. A tal efecto, mediante Auto de 29 de abril 2009, la Juez Segundo de Instrucción en lo Civil, en atención a lo previsto en el art. 640 del Código de Procedimiento Civil declara contencioso el proceso y dispone que la causa sea remitida al Juzgado de Partido de turno en lo Civil en el plazo de tres días, previa notificación de las partes.

Que, en conocimiento de la causa por parte del Juez Primero de Partido en lo Civil de la capital, se sustancia el proceso, concluyendo el mismo con la emisión de la Sentencia Nº 29/2011 de 14 de mayo 2011, conforme consta de fs. 462 a 468, declarando probada parcialmente la demanda de fs. 22, con el siguiente detalle, probada parcialmente la demanda reconvencional interpuesta por Ana Peralta Vda. de Herrera y Ramón Walter Herrera Peralta y probada la excepción de cosa juzgada interpuesta por Paola Karina, Helen Fátima y Manuel Fran Herrera Terán.

- Los bienes parafernales se dividirán entre seis herederos en porciones iguales.

- El único bien ganancial será dividido en la fracción del 50% que le corresponde al causante entre los seis herederos, respetando el otro 50% que le corresponde a la cónyuge.

- A lugar la colación de los $us.15.156,42 los que serán imputados a la alícuota parte del coheredero Ramón Walter Herrera Peralta.

- Las deudas e impuestos deberán cancelarse en partes iguales por los seis herederos.

- La indivisión del inmueble ocupado como vivienda en la calle Alejandro del Carpio Nº 143 y su mobiliario previa compensación a determinarse en ejecución de sentencia.

- La restitución en favor de Beatriz Ana Peralta Vda. de Herrera del monto por concepto de impuestos anuales.

- Reconocimiento de la existencia de la deuda en favor de la Sra. Nancy Terán de la Vega, a ser liquidada y cancelada por todos los herederos en sus respectivas cuotas.

Que, contra dicha determinación del a quo, Beatriz Ana Peralta Vda. de Herrera interpuso recurso de apelación, habiéndose emitido el Auto de Vista Nº 114/2011 sin fecha que cursa de fs. 505 a 508 de obrados, por la Sala Civil Segunda de la ex corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, por el que se revoca en parte la Sentencia Nº 29/2011 y resolviendo en el fondo dispone.

- Declarar probada en parte la excepción de cosa juzgada, teniéndose como bienes gananciales los depósitos de dinero enumerados a fs. 209 vlta. del memorial de oposición, debiendo asignarse el 50% de los mismos, más la sexta parte por derecho sucesorio en favor de Beatriz Ana Peralta Vda. de Herrera (Depósito de $us.47.355 de la inmobiliaria El Progreso, depósito de 15.866,92 de la Cooperativa El Churqui, depósito de $us.33.310,61 de la cooperativa El Churqui y depósito de 16.655,33 de la Cooperativa El Churqui)

- Se revoca la orden de colación mandada a descontar de la alícuota de Ramón Walter Herrera Peralta, teniéndose lo $us.15.156,42 efectuados en depósito en vida por Manuel Herrera Flores a nombre de Ramón Walter Herrera Peralta, como una liberalidad de libre disposición del de cujus en favor de su hijo menor de edad.

Que, contra la determinación del Tribunal de Alzada, Paola Karina, Helen Fátima y Manuel Fran Herrera Terán interponen recurso de casación en el fondo.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Los hermanos Terán Herrera, a través de memorial de fs. 511 a 513 vlta., señalan que existió error de derecho y de hecho en la valoración de la prueba y violación de la cosa juzgada regulada por el art. 1319 del Código Civil, a tiempo de que este tribunal declaró probada la excepción de cosa juzgada planteada de fs. 238 a 239 vlta., de obrados con referencia a la sentencia ejecutoriada pronunciada en el proceso de comprobación de unión conyugal libre o de hecho y existencia del patrimonio ganancial constituido, tramitado en el Juzgado Primero de Instrucción de Familia; oportunidad en la que se trató y resolvió la situación de los bienes adquiridos en vigencia de la unión conyugal libre y el matrimonio que existía entre su fallecido padre y la ahora demandada Beatriz Ana Peralta Vda. de Herrera, los mismos que no fueron declarados bienes comunes.

Afirman, que también se ha incurrido en error de derecho y de hecho a tiempo de pronunciar el Auto de Vista, porque en momento alguno la co-demanda Beatriz Peralta Vda. de Herrera, no demostró con medio idóneo la prueba respecto a que el crédito otorgado por Manuel Herrera Flores a Bernardo Muñoz Vargas y otros, así como los depósitos a plazo fijo se los hubiese hecho en vigencia del matrimonio civil vigente desde el 21 de diciembre 2002 al 17 de marzo 2003, fecha en la que falleció Manuel Herrera Flores.

Asimismo, acusan la violación a lo previsto en el art. 1319 del Código Civil, porque el Tribunal Ad quem desconoció e ignoró que los bienes mobiliarios especificados en el Auto de Vista de fs. 505 a 508 fueron objeto de las decisiones pronunciadas en el sumario contencioso tramitado en el Juzgado Primero de Instrucción de Familia; es decir que en ese proceso se tuvo como objeto la misma cosa, la misma causa y las partes, cumpliéndose con la trilogía que exige el art. 1319 del citado cuerpo legal.


Finalmente, señalan que ha habido indebida aplicación del art. 1059 del Código Civil y violación flagrante de los arts. 660, 665, 1181, 1244 y 1255 del Código Civil, toda vez que el ad quem no tomó en cuenta que de manera clara, precisa y concreta disponen que el contrato de donación, como legación es una liberalidad que se hace de los bienes de libre disposición y que todo heredero puede ser legatario y que los coherederos están obligados a colacionar todos los bienes que hubieran recibido en donación para conformar la masa hereditaria y en el caso presente Ramón Walter Herrera Peralta, heredero de Manuel Herrera Flores, recibió en donación manual la suma de $us.15.156,42, quien está obligado a colacionar a la masa hereditaria, porque ese dinero lo habría recibido en calidad de anticipo de legítima.

Por lo antes manifestado, solicitan casar el Auto de Vista y confirmar la Sentencia en todas sus partes.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

Que, analizados los antecedentes corresponde puntualizar aspectos que hacen a la obligación del juez a tiempo de administrar justicia y que los tribunales de instancia están obligados a verificar y revisar de oficio, a tal efecto diremos:

1.- De la revisión de obrados se desprende que en un primer momento Beatriz Ana Peralta Vda. de Herrera demando la declaratoria de unión conyugal de hecho, habiéndose determinado la existencia de la misma junto al fallecido Manuel Herrera Flores, a partir del año 1999 a diciembre 2002, fecha en la cual contrae matrimonio; oportunidad en la que los tribunales de instancia determinaron declarar improbada la existencia de bienes comunes adquiridos durante la vigencia del concubinato y que los bienes detallados no eran comunes.

2.- En oportunidad de responder a la demanda de división y partición de herencia, Beatriz Ana Peralta Vda. de Herrera formuló oposición e impetró ordinarización de la causa, reclamando el derecho ganancial sobre el patrimonio existente en dos períodos, el primero durante la unión conyugal libre o de hecho que se tiene probada a partir del 1º de enero 1999 al 20 diciembre 2002 y durante la vigencia del matrimonio civil del 21 de diciembre 2002 al 17 de marzo 2003, fecha en la que fallece Manuel Herrera Flores; ya que como se mencionó en la resolución pronunciada por la Sala Civil Segunda de la ex Corte Superior de Justicia, respecto a los efectos de la ulterior división de herencia, se dijo: "Expuestas las dos razones de la decisión sobre la inexistencia de bienes comunes: ausencia de prueba respecto a algunos bienes y otra prueba que demuestre la ganancialidad de otros bienes, los jueces de grado no han infringido las normas contenidas en los arts. ya citados, el recurso de casación por lo tanto resulta infundado. Esta resolución, no obstante no impedirá reabrir el debate sobre esta cuestión controvertida, en otro proceso más amplio, pues este proceso sumario especial (no de conocimiento) cuya sentencia no es definitiva, tiene por finalidad principal: comprobar la unión conyugal libre o de hecho". Por lo que en atención a lo previsto en el art. 641 del Código de Procedimiento Civil, solicitó al juez declarar la contención u ordinarización de la causa y remitir la misma al juez llamado por ley. A tal efecto, la Juez Segundo de Instrucción en lo Civil, mediante Auto de 29 de abril 2009, cursante a fs. 213 vlta, declaró contencioso el proceso y de conformidad a lo estipulado en el art. 640 del Código de Procedimiento Civil, dispuso que la causa se remita al Juzgado de turno de Partido en lo Civil, en el plazo de tres días; radicándose la causa posteriormente en el Juzgado Primero de Partido en lo Civil de la Capital, conforme consta a fs. 218 vlta., sin que esa autoridad hubiese observado oportunamente su incompetencia, como le correspondía.

Que, según señala el art. 159 del Código de Familia, las uniones conyugales libres o de hecho tienen efectos similares al matrimonio, tanto en las relaciones personales como patrimoniales de los convivientes, terminando la comunidad de gananciales conforme prevé el art. 123 de la misma norma legal; aspecto que tiene que dilucidarse en el proceso, es decir la declaración de ganancialidad de los bienes reclamados por la co-demandada Beatriz Ana Peralta Vda. de Herrera previo a la división y partición de herencia, aspectos que deben ser de conocimiento del juez de partido de familia.

Que, dentro de las garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución Política del Estado, se encuentra la prevista en el art. 122 cuando refiere que son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la Ley. Asimismo, conforme prevé el art. 380 del Código de Familia, señala que: "La competencia de los jueces de partido o instrucción familiar se determina por la naturaleza del asunto o por razón del territorio, conforme a las disposiciones del presente Código. En caso de plantearse una cuestión civil que dependa de otra familiar, será competente para conocer de ella el juez de familia".

En el caso de autos, conforme se desprende de fs. 75 a 76, los hermanos Herrera Terán interpusieron demanda de división y partición de herencia ante Juez Instructor en lo Civil, ante quien la co-demandada Beatriz Ana Peralta Vda. de Herrera a tiempo de responder a la demanda, expresó su oposición, reconvino y solicitó se determine contencioso el proceso y se pase obrados ante juez competente; respondiendo a tal petición el Juez Instructor en lo Civil, una vez determinado contencioso el proceso, equivocó la decisión de remitir el mismo ante Juez de Partido en materia civil, sustanciándose el mismo por juez incompetente, hecho del que tampoco el Tribunal de alzada previa revisión de obrados, advirtió, toda vez que los bienes en litigio que se dicen por una parte ser comunes y no gananciales y por otra se dice que éstos deben ser declarados como gananciales porque surgieron en oportunidad de la unión conyugal libre o de hecho declarada judicialmente y en la vigencia del matrimonio civil, consecuentemente conforme a la atribución conferida por el inc. h) del art. 373 del Código de Familia, corresponde el conocimiento de la causa al Juez de Partido de Familia, a quien se le atribuye la administración de justicia de todo lo regulado por el derecho familiar.

Al presente, se deja establecido que la división y partición de herencia, se encuentra subordinada a la declaración de ganancialidad de ciertos bienes hereditarios a ser divididos, siendo el Juez de Partido de Familia el único investido de competencia para determinar si los bienes a dividir son comunes o gananciales, por lo que al sustanciarse la causa ante un juez civil sin competencia, se ha desconocido lo preceptuado en los arts. 164 y 380 del Código de Familia, actuación procesal que causa nulidad. Y encontrándose en apelación la determinación del a quo, el Tribunal de Alzada, no advirtió esta actuación incompetente, pasando por alto observar aún a pesar de que la Sra. Beatriz Ana Peralta Vda. de Herrera así lo hizo notar en su memorial de apelación cursante a fs. 476 a 478 y vlta, cuando menciona que: "...el presente proceso, que en rigor de verdad, por cuestión de competencia en razón de la materia, de naturaleza indelegable, debió haberse remitido ante Juez de Partido de Familia y no al de material Civil, por tratarse de una cuestión de orden público...". Por lo que siendo que la competencia de los jueces interesa al orden público y en atención a las previsiones citadas anteriormente, tanto de la Constitución Política del Estado como del Código de Familia, se concluye que el a quo ha obrado sin competencia alguna y el ad quem ha dado por bien hecho dicha actuación jurisdiccional.

Por lo anteriormente expuesto, este Tribunal Supremo, aún compartiera criterio con el Tribunal de Alzada, se ve en la imposibilidad de fallar en el fondo y en la necesidad de reorientar la adecuada sustanciación de la causa, disponiendo que la misma se tramite ante juez competente; toda vez que como se señaló anteriormente las normas de competencia son de orden público, por lo tanto su vulneración resulta inconformada. Por lo que al amparo del art. 252 del Código de Procedimiento Civil y en virtud a los principios en los que se funda la jurisdicción ordinaria, entre ellos el de legalidad y debido proceso, previstos en el art. 180 de la Constitución Política del Estado, corresponde a este Tribunal fallar en la forma prevista por los artículos 271- 3) y 275, del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida por el art. 42 num.1) de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 y en aplicación ejerciendo la facultad conferida por el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta fojas 218 vlta. y se dispone que el Juez de Partido Primero en lo Civil remita la causa ante juez competente, en estricta observancia a lo previsto por el art. 380 del Código de Familia y a los fundamentos expuestos en el presente Auto Supremo.

Sin responsabilidad por ser excusable el error.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgda. Rita Susana Nava Duran.