TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

 
Auto Supremo: 77/2012

Sucre: 12 de abril de 2012

Expediente: CB -10 - 12 - S

Partes: Aida Fuentes Zelada c/ Eduardo Claure Villazón

Proceso: Divorcio

Distrito: Cochabamba


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fojas 186 a 187 vlta., interpuesto por Aida Fuentes Zelada contra el Auto de Vista de fojas 182 a 182 vlta., emitido el 28 de diciembre de 2011, por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba (ahora Tribunal Departamental de Justicia) en el proceso de divorcio seguido por la recurrente contra Eduardo Claure Villazón, el auto de concesión de recurso de fojas 192 vlta., los antecedentes del proceso, y

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, la Juez de Partido Séptimo de Familia de la ciudad de Cochabamba, el 31 de agosto de 2010 pronunció sentencia cursante de fojas 147 a 150 de obrados, por la cual declaró IMPROBADA la demanda principal de fojas 5 a 6 vlta., por la causal contenida en el art. 131 del Código de Familia, en consecuencia subsistente el vínculo matrimonial de los esposos y PROBADAS las excepciones planteadas, con costas al no haber probado su demanda la demandante. Contra esa resolución de primera instancia la actora principal interpuso recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, el 28 de diciembre de 2011 emitió el Auto de Vista de fojas 182 a 182 vlta., confirmando la resolución impugnada.

Contra el referido fallo de segunda instancia la demandante Aida Fuentes Zelada interpone recurso de casación en el fondo.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

La recurrente manifiesta que la Juez de primera instancia al pronunciar la sentencia de fojas 147 a 150, no se ha ajustado al presupuesto procesal del art. 190 del Código de Procedimiento Civil, infringiendo y violando las disposiciones de los arts. 397 y 476 del mismo compilado adjetivo, omitiendo la valoración y apreciación de la prueba testifical de descargo de fojas 73 a 75, que son suficientes y uniformes, que demuestra y acredita la causal contemplada por el art. 131 del Código de Familia.

Señaló que el Tribunal de segunda instancia al pronunciar el Auto de Vista de fojas 182 y vlta. sin tomar en cuenta los fundamentos expuestos sin compulsar los datos del expediente, menos ejercer acción fiscalizadora como Tribunal de apelación conforme al mandato del art. 15 de la L.O.J. y los principios de responsabilidad y de probidad consagrados en el art. 1º numerales 9. 14 de la misma Ley, y art. 115 de C.P.E., confirma la sentencia apelada de 31 de agosto de 2010, conculcando las previsiones de las normas adjetivas, sustantivas especiales y constitucionales citadas.

Por las razones expuestas solicitó pronunciar Auto Supremo, casando el Auto de Vista recurrido y se declare probada la demanda principal por estar demostrada con la prueba testifical de cargo de fs. 73, 74 y 75, literales de fojas 80 a 82, e improbadas las excepciones perentorias formuladas por el demandado.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

Que, por disposición del art. 4º del Código de Familia, el matrimonio y la familia gozan de la protección del Estado, en el entendido de que estas dos instituciones por su naturaleza, constituyen la célula social por excelencia de la Sociedad, razón por la que el Estado, otorga el carácter de orden público a las normas que regulan el ejercicio de los derechos derivados de las relaciones de familia, así dispone el art. 5° del igual cuerpo legal. En esa lógica, el matrimonio únicamente puede disolverse por las causas previstas por el art. 129 del Código de Familia, entre éstas, por Sentencia ejecutoriada de divorcio que se hallan expresamente enumeradas en los arts. 130 y 131 del mismo Código y deben ser debidamente probadas por las partes, conforme disponen los arts. 1283 del Código Civil y 375 de su procedimiento. En este orden, si bien nuestra normativa legal ha instituido el divorcio como un mecanismo legal para disolver el vínculo conyugal, estando el matrimonio bajo la protección del Estado, quien lo intenta, debe cumplir con la demostración de las causales que viabilicen dicha acción.

Se debe tener presente que la prueba testifical, será apreciada por los jueces y tribunales conforme a las reglas de la sana crítica según se prevé en los arts. 397 y 476 del Código de Procedimiento Civil y 1330 del Código Civil, siendo incensurable esa valoración en casación, a menos que se demuestre que los juzgadores incurrieron en errores de derecho o de hecho, este último acreditado mediante actos auténticos o documentos que pongan de manifiesto la equivocación del juzgador, conforme lo previene el art. 253 -3) del Código de Procedimiento Civil, aspecto que debe ser cumplido por el recurrente para hacer posible la aplicación del art. 274 del mismo código.

La recurrente en el fondo acusa, la violación de las disposiciones de los arts. 397 y 476 del Código de Procedimiento Civil, porque se habría omitido la valoración y apreciación de las pruebas testificales de descargo de fojas 73 a 75, y literales de fojas 80 a 82, y el Tribunal de alzada al no haber ejercido acción fiscalizadora como tribunal de apelación.

Sin embargo, las declaraciones testificales a las que hace referencia la recurrente, mencionan que saben solo por referencia y no les consta que tanto la demandante como demandado viven en el mismo domicilio, sin que esas atestaciones constituyan suficientes evidencias como para generar en los juzgadores convicción de la separación de las partes por más de dos años como la demandante habría sostenido. Por otra parte conforme se desprende de las literales de fs. 80 a 82, que supuestamente no hubieran sido tomadas en cuenta en la sentencia, cabe señalar que la parte demandante al presentarlas pretendió demostrar la separación por más de dos años con dicha documental referida a antecedentes del inicio de una primera demanda de divorcio en la que figuran actos procesales como ser a fs. 81 el decreto de admisión de la demanda y finalmente a fs. 82 copia del memorial de contestación a la demanda y a fs. 82 vlta., el auto de relación procesal, correspondiendo dichas actuaciones al mes de abril a mayo del año 2001; demostrando mas bien con dicha prueba que no hubo separación por más de dos años y que la misma si fue valorada por el a quo, instancia que con dicha prueba declaró improbada la demanda por no existir evidencia alguna por la que se cumpla la exigencia del art. 131 del Código de Familia.

De las pruebas de cargo, se colige, que no se han demostrado en absoluto la separación de hecho, libre, consentida y continuada durante más de dos años entre los esposos Claure - Fuentes, no existen elementos de prueba que permita concluir con la desvinculación del matrimonio, teniendo en cuenta la naturaleza de la causal de divorcio en que se funda la demanda principal, sobre cuya base llegaron a la convicción de que no se encuentra debidamente probada la causal demandada; en consecuencia, el juez de primera instancia como el Tribunal de Alzada han ponderado con acertado criterio en base a las reglas de la sana crítica obrando en estricta sujeción a la Ley, por lo que no se han conculcado las disposiciones contenidas en los arts., 190, 497, y 476 del Código de Procedimiento Civil, art. 13l del Código de Familia, art. lº numeral 9) y l4) de la L. O. J. y art. ll5 de la C. P. E. como la recurrente señala en su memorial de fs. 186 a 187 de obrados, máxime cuando las declaraciones de los testigos de descargo cursantes de fs. 77 a 79, manifiestan que actualmente viven juntos los dos en ese domicilio; conforme señalan dichas declaraciones en esa fecha, hace 20 días tenían en un mismo ambiente sus camas y uno de los testigos indicó que se les habían nombrado padrinos a los dos esposos Claure - Fuentes.

Por lo que corresponde declarar subsistente el vínculo matrimonial, sin que esto de ninguna manera signifique forzar su existencia y obligar a los cónyuges a continuar en una unión que tal vez no la desean, sin atentar contra el principio de la autonomía de la voluntad y los derechos humanos, consideración que cede ante la garantía constitucional prevista en el art. 62 de la Constitución Política del Estado, por cuanto como se tiene expresado, la familia se considera el núcleo de la sociedad y goza de protección del Estado y para la desvinculación conyugal se deben observar y cumplir con las normas legales por quienes se creyeren con derecho a intentarla y por los órganos jurisdiccionales.

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo encuentra infundados los agravios expuestos por la recurrente, correspondiendo por ello fallar en la forma prevista por el art. 271-2) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación de los arts. 271 numeral 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fojas 186 a 187 vlta., interpuesto por Aida Fuentes Zelada. Con costas.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1000, que se hará efectivo a través del Tribunal de Alzada.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani