TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

 
Auto Supremo: 76/2012

Sucre: 12 de abril de 2012

Expediente: CB-11-12-S

Partes: Mijail Méndez Rojas c/ Gualberto Villarroel Bautista

Proceso: Ordinario de nulidad de documento de compra de transferencia de inmueble

Distrito: Cochabamba


VISTOS: El recurso de casación de fs. 301 a 304 de obrados, interpuesto por Mijail Méndez Rojas, contra el Auto de Vista Nº 427/2011 de 28 de diciembre 2011, cursante de fs. 296 a 298, pronunciada por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito de Cochabamba (Ahora Tribunal Departamental de Justicia), dentro del proceso ordinario de nulidad de documento de compra de transferencia de inmueble, seguido por el recurrente en contra de Gualberto Villarroel Bautista, los antecedentes procesales; y.

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, en fecha 10 de junio de 1997, Mijail Méndez Rojas, interpone demanda de nulidad de escritura de fecha 31 de octubre de 1994, a través del cual se suscribió contrato de compra venta de inmueble ubicado en Pacata Baja Km. 4 carretera a Sacaba, con extensión de 1.200 mts.2, entre Rufino Beltrán Terceros y Gualberto Villarroel Bautista; así como la nulidad de la demanda, sentencia y auto de vista del interdicto de adquirir posesión interpuesta por Gualberto Villarroel, resoluciones por las cuales se declaró probada la misma y ratificada en segunda instancia. Después de sustanciado el proceso y haberse dispuesto por Auto Supremo Nº 132 de 10 de abril 2003 se anule obrados hasta la Sentencia de fs. 136 de 23 de mayo 2000, toda vez que existió de por medio pérdida de competencia; la Juez Sexto de Partido en lo Civil de la Capital, mediante Sentencia de 1 de noviembre de 2010, declaró improbada la demanda de fs. 33 a 34 y probadas las excepciones perentorias opuestas de falta de acción y derecho, ilegalidad e improcedencia; con el argumento de que el demandante en su petitorio solicitó que la sentencia se declare probada su demanda, determinando nulo y/o anulado y sin valor la transferencia efectuada en la Notaria del Dr. Abraham Lazarte (documento de 31 de octubre 1994), por lo que al incurrir en dicotomía en mérito a que la anulabilidad como la nulidad si bien deben ser pronunciadas judicialmente conforme prevé el art. 546 del adjetivo civil, sin embargo son figuras jurídicas completamente independientes y contradictorias y no pueden ser demandadas al mismo tiempo y contra un mismo documento.

Deducida la apelación, el Tribunal de Alzada, mediante Auto de Vista Nº 427/2011 de 28 de diciembre 2011, cursante de fs. 296 a 298, confirmó la sentencia bajo el mismo argumento de la determinación del a quo; es decir que al no haber precisado el demandante la petición de nulidad o anulabilidad del contrato, no podía resolverse el mismo.

Contra esta resolución superior, Mijail Méndez Rojas, interpone recurso de casación en el fondo y en la forma.

CONSIDERANDO II:

DE LOS MOTIVOS DE LA IMPUGNACION:

Con relación a la forma:

1.- Señala que el Auto de Vista Nº 427/2011 ha violado lo dispuesto en el art. 227 y 236 del Código de Procedimiento Civil, ya que una vez interpuesto el recurso de apelación debió resolver punto por punto los aspectos apelados y fundamentados en memorial de fs. 278 a 280 vlta., que contenía varios puntos, lo cual no ocurrió, toda vez que solamente se circunscribió y redujo a analizar un solo punto, como es el referido a la "nulidad y/o anulabilidad", eludiendo pronunciarse sobre la prescripción de la demanda, si bien fue presentada un poco desordenada; sin embargo debió ser interpretada con la sana crítica el contenido de la "causa petendi", ya que se invocó el art. 1507 del Código Civil y en todo caso el Tribunal de alzada debió considerar y resolver, aceptándola o rechazándola, pero no eludiendo y soslayando; es más en el memorial de apelación se hizo notar como agravio que la prescripción para poder oponerse a un derecho real, prescribe a los 5 años, tanto para el comprador como para el vendedor.

2.- No existe pronunciamiento acerca del punto referido al término en el que se presentaron las excepciones perentorias y al ser éstas presentadas fuera del plazo previsto no pudieron ser consideradas y menos resueltas declarándolas probadas, por lo que al haberlas resuelto ambos tribunales han actuado ultra petita.

3.- Afirma que tampoco se consideró ni analizó las pruebas testificales de cargo ni la inspección ocular, violando lo previsto en el art. 397 del Código de Procedimiento Civil, prueba que al no ser considerada por el a quo y el tribunal de alzada no se evidenció que ésta no fue enervada por el demandado. Lo propio sucedió al vulnerar lo previsto en los arts. 1329 y 1330 del Código Civil, ya que debieron pronunciarse sobre la misma para su valoración, ya sea aceptando y/o rechazando y no se tomó en cuenta que se demandó la falsedad del documento de venta, por ilicitud del contrato al haberse vendido cosa ajena, sin existir objeto cierto y determinado.

4.- Señala que no hubo pronunciamiento alguno sobre el debido proceso ni la ilicitud del documento demandado, mucho menos sobre el punto alzado de estar fuera de término el responde y excepciones planteadas por el demandado, tampoco se considero ni analizo las pruebas testificales de cargo así como la inspección ocular, vulnerado lo previsto en el art. 397 del Código de Procedimiento Civil.

Con relación al fondo:

Indica que el Auto de Vista recurrido, lejos de analizar y resolver los puntos alzados, se concretó a transcribir dos casos jurisprudenciales en su totalidad, olvidando fundar sus propias conclusiones y resolviendo un solo punto que se encuentra en la parte in fine del segundo considerando y repetir lo señalado en la sentencia que sobre la nulidad y la anulabilidad no pueden demandarse al mismo tiempo porque son excluyentes; sin tomar en cuenta que la demanda tiene por causa petendi la nulidad y no así la anulabilidad como extrañamente se entiende en la Sentencia y Auto de Vista.

Asimismo, afirma que la prueba documental ofrecida en el otrosi de la demanda de fs. 33 a 34 fue desestimada y ni siquiera comentada en el Auto de Vista.

Por lo anterior, solicita se case y/o anule el auto de vista recurrido, disponiendo haber lugar a declararse la nulidad demandada de la venta del terreno señalado, con la consiguiente nulidad de la escritura demandada.

CONSIDERANDO III:

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

Que, con relación al recurso en la forma, señalaremos que el art. 252 del adjetivo civil, faculta al Tribunal de Casación anular de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público; norma que tiene relación directa con la previsión contenida en el Art. 236 de Código de Procedimiento Civil, referida a la pertinencia de la resolución; en este caso, a que el Auto de Vista deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación. Al respecto el Dr. Carlos Morales Guillen, comenta que: "... la apelación no es más que un doble examen, porque el tribunal ad-quem sólo puede fallar sobre los puntos resueltos, fundamentados y apelados...".

Asimismo, indicar que en el tema de nulidades se tienen que evidenciar que los actos procesales se han alejado de las formalidades previstas por ley, teniendo en cuenta que a tiempo de anular, no sólo se trata de precautelar las meras formalidades; al contrario sino de garantizar que el proceso se desarrolle en resguardo del derecho de ambas partes; por lo que para dicho efecto, habrá que tomar como base los principios que rige la materia de nulidades procesales sobre los cuales, la ex Corte Suprema de Justicia se refirió desarrollándolos en varios autos supremos, entre ellos:

Principio de especificidad o legalidad.- Este principio se encuentra previsto por el artículo 251-I del Código de Procedimiento Civil, en virtud a el "no hay nulidad sin ley específica que la establezca" (pas de nullité sans texte ). Esto quiere decir que para declarar una nulidad procesal, el juez ha de estar autorizado expresamente por un texto legal, que contemple la causal de invalidez del acto. El principio de la especificidad no ha de aplicarse, sin embargo, a rajatabla; pues, se sabe que es virtualmente imposible que el legislador pudiera prever todos los posibles casos o situaciones de nulidad en forma expresa, y siguiendo esa orientación la doctrina ha ampliado este principio con la introducción de una serie de complementos, a través de los cuales se deja al juez cierto margen de libertad para apreciar las normas que integran el debido proceso, tomando en cuenta los demás principios que rigen en materia de nulidades, así como los presupuestos procesales necesarios para integrar debidamente la relación jurídico-procesal. Este precepto se encuentra íntimamente relacionado con el principio de finalidad; en virtud al cual habrá lugar a la declaratoria de nulidad si el acto procesal no ha podido cumplir con su finalidad específica, y en sentido contrario no procederá la sanción de nulidad si el acto procesal aunque defectuosamente realizado cumplió su finalidad.

Principio de Trascendencia.- Se ha dicho que la nulidad es la sanción que acarrea la invalidez del acto procesal, cuando en su producción existe un alejamiento de las formas procesales; pero la mera desviación de las formas no puede conducir a la declaración de nulidad, por ello habrá que tener presente que no hay nulidad sin daño o perjuicio "pas de nullite sans grieg". Este principio indica que no puede admitirse la nulidad por la nulidad, sino que a tiempo de determinarla habrá que tener presente el perjuicio real que ocasiona al justiciable el alejamiento de las formas prescritas, pues las formas no han sido establecidas para satisfacer "pruritos formales". Por regla general, un acto procesal que adolezca de nulidad puede generalmente convalidarse, en consecuencia, la nulidad será la sanción excepcional, que se declara únicamente cuando el acto viciado acarreó un perjuicio cierto e irreparable que sólo pueda subsanarse mediante la sanción de nulidad.

Principio de convalidación.- En principio, dice "Couture", toda nulidad en derecho procesal civil se convalida por el consentimiento si la parte perjudicada ratifica el acto viciado expresa o tácitamente. El principio de convalidación tiene íntima relación con el de preclusión, que tiene lugar cuando los justiciables no ejercen en forma oportuna o legal los recursos previstos por la ley adjetiva. Si los procesos deben sustanciarse en forma ordenada, así también las partes deben exponer sus reclamaciones dentro el tiempo y en la forma debida, esto por un elemental sentido de seguridad jurídica.

En el caso que nos ocupa y de la revisión del expediente, se establece en principio que el auto de vista no responde al principio de congruencia previsto por el art. 236 del CPC, por cuanto dicha determinación de alzada, se circunscribió única y exclusivamente a considerar y resolver aquel aspecto referido a la pretensión de nulidad y/o anulabilidad que hubiese sido planteada por el demandante en forma conjunta, aspecto que no correspondería por tratarse de pretensiones excluyentes. Sin embargo el Tribunal de alzada, omitió pronunciarse por los otros agravios que se fundamentan en el recurso de apelación y que se refieren a los expuestos en el memorial de fs. 278 a 280 y vlta, referidos a que la sentencia omitió pronunciarse sobre la prescripción contenida en la demanda, sobre la ilicitud del documento cuya nulidad se demando, la falta de consideración de las pruebas de cargo presentadas según detalla en el memorial, sobre la presentación de las excepciones perentorias presentadas por el Sr. Gualberto Villarroel Bautista y que se encontraban fuera del término previsto por ley; agravios que no merecieron respuesta por el ad quem.

De otro lado, este Tribunal Supremo, ha evidenciado también que la referida resolución de alzada no contempla únicamente un vicio trascendental en el proceso, sino que de la revisión de la sentencia, se establece que ésta es infra petita, toda vez que estableció que la demanda interpuesta no es procedente por habérsela planteado solicitando la nulidad y anulabilidad de un documento, demanda, sentencia y auto de vista del interdicto de adquirir posesión; sin embargo de la lectura de la demanda se evidencia que la pretensión del actor no es contradictoria, por cuanto ésta de manera inequívoca pretende y persigue la nulidad, así lo indica en su demanda cuando señala de fs. 33 a 34, "pidiendo la nulidad del documento de compra de Gualberto Villarroel Bautista de 31 de octubre de 1994...", asimismo indica: "demando la nulidad de la demanda, sentencia y auto de vista del interdicto de adquirir posesión planteado por Gualberto Villarroel Bautista"; ahora que por una cuestión de reiteración en la última parte de su demanda de colocar que solicita la nulidad y/o anulabilidad, de ninguna manera puede ser entendida como una ambigüedad en la pretensión, mucho menos cuando el actor de manera inequívoca señala que pretende la nulidad amparando la pretensión en el art. 549 num. 3) del Código Civil (Causal de nulidad), en consecuencia el juez a quo debió establecer en sentencia, si lo demandado por el actor correspondía o no tomando en cuanta la causal en la que invoca la nulidad pretendida.

Por otra parte, señalar conforme se evidencia de fs. 278 a 280 y vlta. el recurrente apeló expresando los agravios de manera específica explícita, entre ellos por ejemplo el referido a la omisión de pronunciarse sobre la prescripción contenida en la demanda, la observación sobre el plazo en el que se presentaron las excepciones y otros, puntos sobre los cuales el ad quem no realiza un nuevo examen, mucho menos exhaustivo sobre los puntos apelados, de los que tampoco se mereció respuesta alguna; al contrario, en la sentencia directamente se resuelve indicando que no puede demandarse de nulidad y/o anulabilidad, aspecto ratificado por el ad quem sin responder al resto de los agravios mencionados. De lo que se concluye que tanto el a quo como el de alzada han soslayado la responsabilidad que tenía como tribunal de primera y segunda instancia, de revisar todos los antecedentes y responder a cada uno de las pretensiones y agravios, conforme prevé los arts. 190 y 236 del adjetivo civil; es decir, ninguno de ellos se han referido de manera específica sobre la pretensión del actor, vulnerando el debido proceso y el derecho a recibir una respuesta, ya sea positiva o negativa y debidamente fundamentada y motivada. Debe tenerse en cuenta que los inferiores son tribunales que están obligados a analizar y evaluar los hechos expuestos con relación a las pruebas aportadas, pero por sobre todo entendiendo la pretensión de la parte en su demanda, decidiendo en derecho lo reclamado, así el Tribunal Supremo tendrá oportunidad de verificar si se han aplicado de manera correcta las leyes sustantivas como adjetivas y si éstas han sido interpretadas correctamente o si no se ha incurrido en error de hecho o de derecho.

Por lo antes mencionado y evidenciando la omisión en la que han incurrido tanto el a quo como el Tribunal de alzada, corresponde a este Tribunal fallar conforme prevé el art. 271 num. 3) del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad prevista en el art. 42 num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, y en aplicación a lo estipulado en el art. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA hasta la Sentencia de fs. 272 a 275 y dispone que el a quo dicte nueva sentencia conforme el art. 190 del Código de Procedimiento Civil.

Por no ser excusable el error se impone una multa de un día de haber tanto al a quo como al ad quem, debiendo al efecto notificarse con la presente resolución a la Dirección General Administrativa y Financiera.

Regístrese, comuníquese y devuélvase

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Duran