TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 69/2012

Sucre: 28 de marzo de 2012

Expediente: Cb - 7 -12 - S

Partes: Víctor Choque Vásquez c/ Leonardo Gonzáles Luizaga y Víctor García Layme y presuntos interesados

Proceso: Usucapión

Distrito: Cochabamba


VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fojas 298 a 301 vlta., interpuesto por Eliodoro Choque Almanza contra el Auto de Vista de fojas 292 y vlta., emitido el 25 de noviembre 2011 por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba (ahora Tribunal Departamental de Justicia), en el proceso de Usucapión decenal, seguido por Víctor Choque Vásquez contra Leonardo Gonzáles Luizaga y Víctor García Layme y presuntos interesados; la concesión del recurso de casación de fojas 317; los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, la Juez de Partido Cuarto en lo Civil del Departamento de Cochabamba, el 22 de septiembre 2006 pronunció sentencia, cursante de fojas 256 a 258 vlta. de obrados, por la cual declaró probada la demanda principal de fojas 27 a 28 e improbada la excepciones planteadas por la defensora de oficio y improbada la oposición efectuada por Eliodoro Choque Almanza, por dicho efecto se declaró la usucapión del inmueble objeto de la litis a favor de Víctor Choque Vásquez y Anastacia Choque Almanza, derecho propietario recaído sobre el inmueble ubicado en Valle Hermoso, calle Urkupiña entre Av. Siglo XX del Distrito No. 8, Subdistrito 20, manzano 063, signado con el No. 3, con un superficie total de 142 metros cuadrados, disponiendo el juez a quo su inscripción de la sentencia en las Oficinas de Derechos Reales, "con el fin de que sirva de suficiente titulo de derecho propietario".

Contra esa sentencia de primera instancia el opositor Eliodoro Choque Almanza interpuso recurso de apelación que cursa de fs. 264 a fs 267 vlta., en cuyo merito la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Justicia de Cochabamba, el 25 de noviembre 2011 pronunció el Auto de Vista, confirmando la sentencia impugnada.

El opositor recurrente interpuso contra esa resolución de segunda instancia recurso de casación en el fondo y en la forma.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

El opositor recurrente acusa que los actores nunca tuvieron posesión pacífica, que en obrados se habría demostrado la existencia de un proceso de Interdicto Posesorio interpuesto por el verdadero propietario de los terrenos (Juan Carlos Fernández Sandoval), interpuesto el 19 de mayo de 1997, señala también que no transcurrieron los 10 años necesarios para usucapir, acuso igualmente que los ahora demandados Leonardo Gonzáles y Víctor García Layme no son los propietarios del inmueble objeto de litigio, que son ajenos y que los verdaderos propietarios serían Juan Carlos Fernández Sandoval y Willy Ahern Miranda, aspecto que estaría probado por las documentales y declaraciones testifícales presentadas por el actor y por el recurrente. Indicó que el documento privado de compra venta de 15 de diciembre de 1988, reconocido por Juez de Mínima Cuantía Dr. Fernando Villarroel resultase falso, en virtud a que es de conocimiento general que este Juez de Mínima Cuantía expidió varios documentos falsificados y que en la fecha del reconocimiento el mencionado juez no fungía como tal. Adujo que no se tomó en cuenta el Auto Supremo de 27 de abril de 1989 el mismo que anuló la Resolución Supremo No. 201621 de 21 de octubre de 1986.

Por otro lado acusó que el actor pretende usucapir parte de su terreno (42 metros cuadrados) los mismos que se encontrarían legalmente registrados a su nombre, que él recurrente en virtud a toda la documentación que cuenta edificó un muro que estaría afectado con la sentencia y con el Auto de Vista emitido por el Tribunal de alzada, indica que los actores jamás realizaron mejoras o construcciones en la parte que le corresponde y lo único que está defendiendo en obrados es su derecho y no lo ajeno, acusó a los tribunales de instancia de no valorar su derecho propietario sobre los 42 metros cuadrados que se encontrarían afectados.

Recalca que, el verdadero dueño de los terrenos es Juan Carlos Fernández Sandoval y que éste con sus actuaciones judiciales (referidas al proceso de interdicto) en fecha 19 de mayo de 1997 y 12 de diciembre del mismo año, interrumpió el termino de la supuesta posesión del actor, indicando que por esos actos judiciales de parte del propietario y legitimo dueño y resoluciones a su favor, tuvo que cancelar nuevamente para consolidar su legitimo derecho propietario en virtud de que el también fue engañado por los supuestos apoderados ahora demandados.

Concluyo pidiendo que se anulen ambas resoluciones judiciales.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

El recurso de casación considerado como un medio de impugnación extraordinario destinado a lograr que el máximo tribunal de justicia pueda revisar o anular las resoluciones expedidas por los tribunales de instancia, puede platearse en el fondo o en la forma o en ambos, conforme dispone el articulo 250 del código de procedimiento civil, dos medios de impugnación que son diferentes; el primero, se relaciona con el error que se comete en la resolución del fondo de la causa, no afecta a las formas de cómo se desarrollo el proceso - esto es- error de forma la que se sanciona con la nulidad.

Que, siguiendo la línea jurisprudencia establecida por la entonces Corte Suprema de Justicia, con la cual se comparte criterio, a través del Auto Supremo Nº 262 de 25 de Agosto 2011 que señaló que: "...La usucapión declarada judicialmente produce un doble efecto, adquisitivo para el usucapiente y extintivo para el usucapido, razón por la cual para que ese efecto se produzca de forma válida y eficaz, es indispensable que el actor dirija la demanda contra quien figure, en el Registro de Derechos Reales, como titular del derecho propietario del bien inmueble que se pretende usucapir, sólo así la Sentencia que declare la usucapión producirá validamente ese doble efecto.

El sujeto pasivo de la usucapión es siempre la persona que figura, en el Registro de Derechos Reales, como titular del bien a usucapir, por ello el actor debe acompañar con la demanda la certificación o documentación que acredite ese aspecto, toda vez que es contra él -el actual propietario-, que se pretende opere el efecto extintivo de la usucapión.

Por lo expuesto, se concluye que es deber ineludible del actor acreditar, a tiempo de interponer la demanda de usucapión, que la persona contra quien se la dirige es quién figura como titular en el momento de promover la acción.

No es posible que el actor dirija su pretensión en contra de una persona distinta de quien figura como actual titular en los Registros de Derechos Reales, tampoco es posible que el actor dirija su demanda contra personas desconocidas, pues, la usucapión, opera como un modo de adquirir la propiedad respecto de bienes que se encuentran en la esfera del dominio privado, es decir, respecto de aquellos bienes sobre los que ya recae un anterior derecho de propiedad. Atendiendo el doble efecto que genera la usucapión, en ningun caso opera como un modo de adquirir bienes que no pertenecen a nadie, siendo otros los medios por los cuales se adquiere la propiedad de esos bienes; pues, la usucapión como modo de adquirir la propiedad, presupone siempre la existencia de un anterior derecho propietario sobre el bien a usucapir, derecho que se pretende extinguir a favor del usucapiente.

En ese contexto, ... que quien pretenda adquirir derecho de propiedad por la usucapión, debe realizar investigación respecto a la tradición registral y así determinar con precisión quienes figuran en los registros como actuales propietarios".

En obrados la parte actora no cumplió con el requisito señalado, quien dirigió su demanda contra "apoderados de ex colonos" Leonardo Gonzáles Luizaga y Víctor García Laime y Presuntos Interesados, aspecto que no fue observado oportunamente por el juez a quo, antes de la admisión de la demanda lo que conllevaría un vicio de nulidad.

Que, de los documentos adjuntados como prueba de cargo por el demandante cursa a fs. 4, certificación del Dr. Alfredo Rioja Sejas Registrador de Derechos Reales del Departamento de Cochabamba, donde indica que dentro el proceso de usucapión seguido por Víctor Choque Vásquez y Anastasia Choque Almaza, contra Leonardo Gonzáles Luizaga y Víctor García Laime y presuntos interesados, al no haberse proporcionado datos de registro del inmueble no se puedo extender dicha certificación referida al derecho propietario de inmueble objeto del litigio, en virtud de que su sistema no cuenta con datos de direcciones de los predios ni planos; a fs. 7 vlta. cursa, plano de Regularización y Subdivisión de lote, donde figura como propietario del inmueble motivo de la litis Juan Carlos Fernández Sandoval, el mismo que está aprobado por la Honorable Municipalidad de Cochabamba, firmado por el Ing. Ramiro Fuente Valencia Administrador de la Casa Municipal No. 8; a fs.22 cursa informe expedido por el Arq. Daniel Iriarte Rojas Arquitecto de Urbanismo, donde certifica que de acuerdo al Plano de la ciudad de Cochabamba aprobado según Ordenanza Municipal No. 2376/99 de fecha 23/09/99, el predio se halla en el Área de uso habitacional, y que revisado el archivo de planos existentes en el Departamento de Catastro se pudo constatar que el inmueble pertenece a la urbanización "Mineros Huanuni" de propiedad de Willy Ahern, aprobado por el municipio en fecha 05/09/80.

Por otro lado, del acta de declaración testifical del señor Cristóbal Vásquez Choque, testigo de cargo, en el contrainterrogatorio en su respuesta séptima, octava y novena hace mención a que los ahora demandados Leonardo Gonzáles y Víctor García han sido quienes engañaron a todos los habitantes de Mula Mayu y San Miguel (ubicación del inmueble de la litis), indicando el testigo que también compró de los mismos señores y al pedir su registro en Derechos Reales se enteró que estaba registrado a nombre de los mineros, al saber dicho engaño junto con Víctor Choque (demandante) se movilizaron para buscar a los verdaderos dueños;

a fs. 207 cursa la declaración testifical de Serafina Soliz de Caero, de igual manera indica que los señores ahora demandados Leonardo Gonzáles y Víctor García Laime eran falsos loteadores; a fs. 209 cursa, declaración testifical de Martha Luizaga Ledesma quien respaldó que todos los que vivían en el lugar han sido engañados por Leonardo Gonzáles y Víctor García.

Que, de todas estas pruebas documentales y testifícales, éste máximo tribunal concluye que los actores tenían conocimiento de todos estos hechos ocurridos y toda vez que es deber principal de quienes demandan la usucapión el investigar la tradición registral, y así poder determinar con precisión a quienes figuran en los registros como actuales propietarios, requisito sin el cual se incurre en nulidad.

Por las razones expuestas, se concluye que los tribunales de instancia, no observaron que la legitimación pasiva en un proceso de usucapión corresponde siempre al titular del bien inmueble que se pretende usucapir, por el contrario permitieron que la presente litis se desarrolle sin la participación de quien o quienes resultarían legitimados pasivamente, vulnerando de esa forma el derecho a la defensa de éstos, lo que daría lugar al pronunciamiento de fallos que lejos de resolver la controversia y otorgar seguridad jurídica proliferarían los conflictos y generarían inseguridad jurídica, correspondiendo por ello fallar en estricta aplicación del art. 252 del Código de Procedimiento Civil.

Por otra parte llama la atención a este Tribunal que en la sustanciación de la causa no se hubiera dado intervención a la entonces Honorable
Alcaldía Municipal de Cochabamba, lo que constituye causal de nulidad por expreso mandato del art. 131 de Ley de Municipalidades Ley Nº 2028 de 28 de octubre de 1999

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el Art. 42 num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación delart. 252 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta fojas 38 vuelta, y dispone que con carácter previo a admitirse la demanda el juez disponga que el actor modifique su demanda principal y la dirija en contra de los verdaderos propietarios o sus legítimos herederos. No siendo excusable la infracción del juez a quo y del tribunal de alzada se les impone multa de un día de su haber mensual, para tal efecto notifíquese con la presente resolución a la dirección Administrativa Financiera.

Igualmente, en virtud a la nulidad dispuesta, notifíquese al Consejo de la

Magistratura para fines de Ley.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani