TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 66/2012

Sucre: 28 de marzo de 2012

Expediente: PT - 6 -12 - S

Partes: Nemesio Ramírez Limachi c/ Victoria Acchura Carbajal

Proceso: Divorcio

Distrito: Potosí


VISTOS: El recurso de casación de fs. 118 a 121 de obrados, interpuesto por Victoria Acchura Carvajal, contra el Auto de Vista Nº 002/2012 de 4 de enero 2012, cursante de fs. 113 a 114 pronunciada por la Sala Civil, Comercial y Familiar del Tribunal Departamental de Justicia del Distrito de Potosí, dentro del proceso ordinario de divorcio seguido por Nemesio Ramírez Limachi en contra de la recurrente, los antecedentes procesales; y,

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Juez Segundo de Partido de Familia, en fecha 7 de noviembre 2011 dictó sentencia Nº 092/2011declarando probada la demanda de divorcio interpuesta por Nemesio Ramírez Limachi, por la causal prevista en el art. 131 del Código de familia, declarando disuelto el vínculo matrimonial y la correspondiente cancelación de la partida de matrimonio registrada en el Registro Civil; asimismo dispuso la cesación de la asistencia familiar fijada a favor de la demandada Victoria Acchura Carvajal y con relación bien inmueble ubicado en calle Marcelo Quiroga Santa Cruz Nº 51 de la Zona Las Delicias, se declaró como bien ganancial a ser dividido en ejecución de sentencia en 50% a cada esposo, una vez que se establezca con precisión las mejoras que se hubiesen realizado en dicho inmueble a partir de la separación de los contendientes. Finalmente, respecto al inmueble ubicado en zona Las Delicias - pata pampa de esa ciudad, no fue declarado ganancial.

Deducida la apelación por la demandada la Sala Civil, Comercial y Familiar del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante de Auto de Vista Nº 002/2012 de 4 de enero 2012, cursante de fs. 113 a 114, confirmó en su plenitud la sentencia recurrida Nº 092/2011.

Contra esta resolución de alzada, Victoria Acchura Carvajal, interpone recurso de casación, en los términos expuestos en su memorial de fs. 128 a130.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA RESOLUCION:

La recurrente, señala que hubo violación al principio de formalismo en el Auto de Vista Nº 227/2011 por la falta de fundamentación, toda vez que dicha resolución carece de motivación, análisis interpretativo, fundamentación jurídica, sustento legal, tacha el mismo de pobre de interpretación de la ley y la doctrina, elementos esenciales que hacen al debido proceso y que todo tribunal está en la obligación de aplicar lo dispuesto en el art. 116 de la Constitución Política del Estado, lo significando lo contrario ir en contra de los fines del derecho procesal que tiene como objetivo una justicia equitativa.

Asimismo, indica que el Auto de Vista vulnera el principio congruente, en tanto que el tribunal de alzada no se pronunció sobre las pretensiones deducidas en el proceso y reclamadas oportunamente ante el tribunal inferior, actuando Sitra Pettitum, primero porque no resuelve respecto a que el demandante mantuvo relaciones adulterinas, existiendo prueba de ello como ser los certificados de nacimiento de sus hijos en un momento en el que se encontraba casado con la recurrente. Por otra parte, señala que la resolución de alzada es ambigua con relación al bien inmueble ubicado en la zona de pata pampa, refiriendo que se hubiera adquirido el año 1991 por parte de Nemesio Ramírez y Andrea Leandro, fecha de compra del inmueble cuando aún existía el vínculo matrimonial entre el demandante y la recurrente; no habiendo valorado el ad quem dicho extremo.

Por lo anteriormente descrito, la recurrente señala en su petitorio se dicte auto supremo anulando el auto de vista por vulneración de derechos y garantías constitucionales y de los principios procesales, asimismo se declare la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

Que, siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que tiene por objeto anular una sentencia judicial que contiene una incorrecta interpretación o aplicación de la ley o dicho de otro modo, propicia el juzgamiento de las resoluciones emitidas por las Salas Civiles de los Tribunales Departamentales de Justicia, a los fines de verificar si en ellos se aplicó correctamente o no las normas positivas civiles y en su caso realizar las correcciones pertinentes; lleva consigo un elemento importante cual es el formal; es decir que a tiempo de plantearse el mismo, conforme prevé el art. 250 y 258 del adjetivo civil establecen con detalle los requisitos de admisibilidad y procedencia que deben invocarse por el recurrente, de modo que de lo analizado se determine la existencia de error in iudicando o bien in procedendo respectivamente.

Por otra parte, señalar que a tiempo de interponer el recurso de casación, éste puede presentarse como de casación en el fondo y casación en la forma; cuyas realidades procesales tienen diferente naturaleza jurídica; toda vez que el primero

se interpone para proteger la defensa del derecho objetivo, es decir pretende lograr la correcta aplicación de la ley en los fallos judiciales; y, la segunda, denominado también recurso de nulidad, tiene por objeto subsanar los defectos procesales, como señala el profesor Enrique Vesconi, citado por Gonzalo Castellanos Trigo, "el recurso de nulidad tiene por objeto impugnar una resolución judicial que contenga un vicio formal o que derive de un procedimiento violatorio de las reglas establecidas, a fin de rescindir (anular) dicha providencia. Se debe tratar de la imputación de un vicio formal, lo que se llaman errores in procedendo, u no iudicando, por lo que cual la decisión aparece imputada de una irregularidad que normalmente deriva de un acto del procedimiento, aún cuando, también puede emanar de la propia sentencia". De lo que se concluye que el recurso de casación al ser un acto procesal complejo, aparte de contener los requisitos de formas esenciales en su planteamiento y expresar la voluntad de impugnar, debe necesaria y principalmente fundamentar dicha impugnación conforme prevé el art. 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, señalando de manera clara, concreta y precisa las leyes que han sido violadas o aplicadas de manera falsa o errónea, especificando además en qué consiste esa violación, falsedad o error.

Que, en el caso que nos ocupa, la recurrente no cumple con lo ut supra mencionado. Inicia con la mención de que se ha vulnerado el principio de formalismo en el Auto de Vista Nº 227/2011 por la falta de fundamentación, acto procesal que no consta en obrados, toda vez que el Auto de Vista por que el se recurre es el que cursa a fs. 113 a 114 con Nº 002/2012 de 4 de enero 2012; por otra parte no especifica qué norma legal ha sido violada o interpretada erróneamente. Lo propio sucede cuando señala que se ha vulnerado el principio congruente a tiempo de que el tribunal de alzada hubiera resuelto Sitra Petititum, respecto a que no se consideró los puntos esgrimidos en el recurso de apelación en el que se hizo referencia y demostró con documentales que el demandante mantuvo relaciones adulterinas y que el inmueble ubicado en Pata Pampa fue adquirido cuando aún estaba subsistente el vínculo matrimonial; es decir debió declararse también como bien ganancial.

Al respecto, corresponde señalar que el recurso planteado carece de correcta técnica recursiva, porque como se dijo anteriormente no especifica de qué manera el ad quem ha incurrido en alguna de las tres formas de procedencia previstas por el art. 253 del adjetivo civil o en su caso a los numerales previstos en el art. 254 de la misma norma legal; es más en su petitorio solicita se declare la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, sin haber mencionado los defectos procesales o vicios que merezcan nulidad de obrados, contraviniendo lo previsto en el art. 251 del Procedimiento Civil, en cuyo parágrafo I señala que ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por ley.

Finalmente, cabe observar que la recurrente a tiempo de interponer su impugnación, de manera confusa argumentó aparentes agravios en el fondo y en la forma sin discernir cuáles correspondían a uno u otro motivo.

Que, a tiempo de la revisión de antecedentes, lo que si ha podido advertir este Tribunal y aspecto que extraña, es el hecho de que el A quo y el Ad quem, contando con la documental correspondiente y advertidos de la posible comisión de los delitos tipificados en el art. 240 del Código Penal, no han remitido antecedentes a la instancia competente, omitiendo dicha obligación que corresponde a todo administrador de justicia.

Que, por lo expuesto al no poderse suplir de oficio la omisiones, imprecisiones e impericias en las que ha incurrido la recurrente a tiempo de presentar su recurso de casación, este tribunal se encuentra impedido de abrir su competencia, correspondiendo resolver conforme prevé el art. 271 num. 1) y 272 num. 2) del adjetivo civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud a la previsión contenida en el art. 42 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo dispuesto por el art. 271 num. 1) y art. 272 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación cursante de fs. 218 a 221 de obrados, interpuesto por Victoria Acchura Carvajal. Con costas.

Se regula el honorario profesional del abogado en la suma de Bs. 700, que mandará hacer efectivo el Tribunal del Alzada.

Devuelto como sean los antecedentes al Tribunal de Alzada, remítase por esta instancia los antecedentes que correspondan al Ministerio Público, a los efectos de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase

Relator: Mgda. Rita Susana Nava Duran