TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 57/2012

Sucre: 20 de marzo de 2012

Expediente: SC-20-12-S

Partes: Empresa Petrolera BOLIFOR S.A. c/ Marcelino Díaz Murillo.

Proceso: Nulidad de cláusula arbitral.

Distrito: Santa Cruz.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto por Marcelino Díaz Murillo, contra el Auto de Vista Nº 235/2011, de fojas 199 a 201 vuelta, pronunciado el 29 de septiembre de 2011 por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz (ahora Tribunal Departamental de Justicia), cuya copia completa cursa de fojas 213 a 215 vuelta, en mérito a la enmienda dispuesta por Auto de fojas 209, en el proceso ordinario sobre nulidad de cláusula arbitral seguido por la Empresa Petrolera BOLIFOR S.A. contra el recurrente; la respuesta de fojas 231 a 234; la concesión de fojas 235; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Juez Décimo Tercero de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad Santa Cruz, el 3 de enero de 2011, pronunció la Sentencia Nº 1/2011, cursante de fojas 179 a 182, por la cual declaró probada la demanda, como consecuencia de ello dispuso la nulidad de la cláusula octava del contrato asociativo sobre opción de compra para desarrollo terrenos y de participación en venta de terrenos sin desarrollar celebrado el 25 de julio de 2000, entre la Empresa Petrolera BOLIFOR S.A., la Empresa AGROINDUSTRIAL GUAPILO Ltda.. y Marcelino Díaz Murillo. Con costas.

Contra esa sentencia el demandado Marcelino Díaz Murillo interpuso recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz el 29 de septiembre de 2011 pronunció el Auto de Vista Nº 235/2011, cursante de fojas 199 a 201 vuelta, cuya copia completa cursa de fojas 213 a 215 vuelta, en mérito a la enmienda dispuesta por Auto de fojas 209, a través del cual confirmó la sentencia impugnada, con costas.

Contra esa resolución de alzada Marcelino Díaz Murillo interpuso recurso de casación en el fondo, en base a los fundamentos expuestos en el memorial de fojas 224 a 229.

CONSIDERANDO II:

DE LAS NULIDADES PROCESALES Y DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 252 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMEINTO CIVIL.-

Conforme se precisó a través del Auto Supremo Nº 12/2012 de 6 de febrero, la nulidad procesal es considerada como la sanción por la cual el ordenamiento jurídico priva a un acto jurídico de sus efectos normales cuando en su ejecución no se han guardado las formas prescritas para ello. Couture, señala que, "siendo el derecho procesal un conjunto de formas dadas de antemano por el orden jurídico, mediante las cuales se hace o desarrolla el juicio, la nulidad consiste en el apartamiento de ese conjunto de formas necesarias establecidas por la ley".

Si las leyes procesales han establecido un conjunto de procedimientos, implica que los actos no deben apartarse de dicho camino, bajo alternativa, en caso de hacerlo, de imponerse una sanción.

Al tratar sobre las nulidades procesales debemos tener en cuenta que no se trata de un tema de defensa de meras formalidades, pues, las formas previstas por ley no deben ser entendidas como meros ritos, sino como verdaderas garantías de que el proceso se desarrollará en orden y en resguardo de los derechos de las partes.

En ese sentido es preciso distinguir las formas esenciales de las meras formalidades, a las que no en pocas ocasiones acuden juzgadores y abogados, unos para no conocer el fondo del asunto sometido a su autoridad, y otros para dilatar indefinidamente la tramitación de las causas que defienden.

Por ello, en materia de nulidades procesales existen ciertos principios que informan la materia y que deben ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de declarar una nulidad. A saber:

Principio de especificidad o legalidad.- Este principio se encuentra previsto por el artículo 251-I del Código de Procedimiento Civil, en virtud a el "no hay nulidad sin ley específica que la establezca" (pas de nullité sans texte ). Esto quiere decir que para declarar una nulidad procesal, el juez ha de estar autorizado expresamente por un texto legal, que contemple la causal de invalidez del acto. El principio de la especificidad no ha de aplicarse, sin embargo, a rajatabla; pues, se sabe que es virtualmente imposible que el legislador pudiera prever todos los posibles casos o situaciones de nulidad en forma expresa, y siguiendo esa orientación la doctrina ha ampliado este principio con la introducción de una serie de complementos, a través de los cuales se deja al juez cierto margen de libertad para apreciar las normas que integran el debido proceso, tomando en cuenta los demás principios que rigen en materia de nulidades, así como los presupuestos procesales necesarios para integrar debidamente la relación jurídico-procesal.

Este precepto se encuentra íntimamente relacionado con el principio de finalidad; en virtud al cual habrá lugar a la declaratoria de nulidad si el acto procesal no ha podido cumplir con su finalidad específica, y en sentido contrario no procederá la sanción de nulidad si el acto procesal aunque defectuosamente realizado cumplió su finalidad.

Principio de Trascendencia.- Se ha dicho que la nulidad es la sanción que acarrea la invalidez del acto procesal, cuando en su producción existe un alejamiento de las formas procesales; pero la mera desviación de las formas no puede conducir a la declaración de nulidad, por ello habrá que tener presente que no hay nulidad sin daño o perjuicio "pas de nullite sans grieg". Este principio indica que no puede admitirse la nulidad por la nulidad, sino que a tiempo de determinarla habrá que tener presente el perjuicio real que ocasiona al justiciable el alejamiento de las formas prescritas, pues las formas no han sido establecidas para satisfacer "pruritos formales". Por regla general, un acto procesal que adolezca de nulidad puede generalmente convalidarse, en consecuencia, la nulidad será la sanción excepcional, que se declara únicamente cuando el acto viciado acarreó un perjuicio cierto e irreparable que sólo pueda subsanarse mediante la sanción de nulidad.

Principio de convalidación.- En principio, dice Couture, toda nulidad en derecho procesal civil se convalida por el consentimiento si la parte perjudicada ratifica el acto viciado expresa o tácitamente.

El principio de convalidación tiene íntima relación con el de preclusión, que tiene lugar cuando los justiciables no ejercen en forma oportuna o legal los recursos previstos por la ley adjetiva. Si los procesos deben sustanciarse en forma ordenada, así también las partes deben exponer sus reclamaciones dentro el tiempo y en la forma debida, esto por un elemental sentido de seguridad jurídica.

Principio de Protección.- En virtud de este principio, la nulidad solo puede invocarse cuando en virtud de ella, los intereses de una de las partes o de ciertos terceros a quienes afecte la sentencia, queden en indefensión. La declaratoria de nulidad únicamente debe darse cuando sea un medio para proteger los intereses jurídicos que han sido lesionados, a partir del alejamiento de las formas procesales.

La consecuencia más importante del principio de protección es que quien ha celebrado el acto nulo a sabiendas o debiendo saber del vicio que lo invalidaba, no puede invocarlo. Es una aplicación del principio nemo auditur non propiam turpitudinem allegans ("nadie puede invocar a su favor su propia torpeza"). En consecuencia la legitimación para reclamar la nulidad estará otorgada por el interés, que se traduce en el perjuicio efectivamente sufrido, por quien solicita la declaratoria de nulidad.

Situación distinta es la que se presenta en la declaratoria de oficio de la nulidad procesal por parte del juzgador, quien, como director del proceso, debe velar porque se cumplan con todos presupuestos procesales y se observen las garantías del debido proceso para que el mismo se desenvuelva normal y válidamente a fin de que las resoluciones que se emitan sean eficaces en derecho.

Establecidos los principios que rigen las nulidades procesales, corresponde establecer que por regla general la nulidad no puede pronunciarse de oficio sino a instancia de parte, salvo los supuestos de excepción, en que proceda la declaración de oficio por parte del juez o Tribunal.

Como se señaló, únicamente la parte perjudicada con la infracción esta legitimada para impetrar la nulidad, sin embargo se debe tener presente que el fundamento para la declaración de oficio de las nulidades procesales radica en la lesión a la garantía del debido proceso que conllevaría la ineficacia de las resoluciones pronunciadas dentro un proceso que no guardo ni respeto esa garantía.

En ese sentido el tratadista Hugo Alsina sostiene que, son las nulidades esenciales las que se pueden declarar de oficio porque ellas se fundan en la violación de una garantía constitucional.

En nuestro ordenamiento procesal civil, la nulidad de oficio encuentra su consagración en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que el juez o tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público.

Ahora bien, en ese contexto, de la revisión de antecedentes del caso que se analiza se establece que:

1.- Como se evidencia de las copias cursantes de fojas 25 a 36, La Sociedad BOLIFOR S.A. representada por Luis Felipe Vázquez Zambrano, la Empresa AGROINDUSTRIAL GUAPILO S.R.L. representada por Luis Felipe Vázquez Zambrano y José Enrique Vázquez Zambrano, y Marcelino Díaz Murillo, suscribieron un contrato asociativo sobre opción de compra venta para desarrollo de terrenos y de participación en venta de terrenos sin desarrollar.

2.- De fojas 38 a 42 vuelta cursa demanda, que fue aclarada a fojas 57, a través de la cual la Empresa Petrolera BOLIFOR S.A., representada por Luis Felipe

Vázquez Zambrano, demandó la nulidad de la cláusula arbitral (octava) del referido contrato, dirigiendo la misma en contra de Marcelino Díaz Murillo.

3.- A fojas 57 de obrados, cursa el decreto de admisión de la demanda, mediante el cual el juez de la causa corrió en traslado la misma al demandado Marcelino Díaz Murillo.

4.- De fojas 83 a 87 vuelta cursa la contestación a la demanda realizada por Marcelino Díaz Murillo.

5.- A fojas 99 vuelta, el juez de la causa trabó la relación procesal entre la Empresa demandante BOLIFOR S.A., y el demandado Marcelino Díaz Murillo.

De los antecedentes descritos se evidencia que la demanda de nulidad de cláusula arbitral del contrato asociativo suscrito entre La Empresa BOLIFOR S.A., la Empresa AGROINDUSTRIAL GUAPILO S.R.L, y Marcelino Díaz Murillo, se sustanció únicamente con la participación de dos de las tres partes que intervinieron en su celebración, sin tomar en cuenta que los efectos de la sentencia a ser emitida en el proceso, afectaría indudablemente también a la parte que no intervino en la sustanciación de la causa, a quien sin embargo por disposición del artículo 194 del Código de Procedimiento Civil no le sería oponible los efectos de la sentencia, aspecto que generaría inseguridad jurídica y desnaturalizaría el fin teleológico del proceso que es el de resolver las controversias jurídicas y no proliferarlas.

Corresponde recordar que de acuerdo a lo establecido por el artículo 194 del Código de Procedimiento Civil, las disposiciones de la sentencia sólo comprenderán a las partes que intervinieren en el proceso y a las que trajeren o derivaren sus derechos de aquellas, disposición que marca el límite subjetivo de la cosa juzgada. En ese mismo sentido el artículo 1451 del Código Civil prevé que lo dispuesto por la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada causa estado a todos los efectos entra las partes, sus herederos y causahabientes.

En ciertos procesos es indispensable que concurran determinadas personas (como litisconsortes necesarios), bien sea como demandantes o como demandados, para que la decisión sobre las pretensiones demandadas sea válida y eficaz.

Puede suceder que el demandante y el demandado estén legitimados para obrar en la causa y que su presencia en esas condiciones sea correcta, pero que por mandato legal expreso o tácito no tengan ellos solos el derecho a formular tales pretensiones o a controvertir la demanda. En este caso la legitimación estaría incompleta.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en criterio que comparte este Tribunal Supremo, de manera uniforme y reiterada señaló que: "el litisconsorcio necesario sea activo o pasivo, importa el interés de dos o más personas respecto a una pretensión común que obliga su participación en el proceso. Cuando existe una pluralidad de sujetos que consideran tener igual derecho para peticionar, nos encontramos frente a un litisconsorcio activo, si por el contrario son varios los concernidos con la acción que se intenta, se trata de litisconsorcio pasivo y si estamos frente a una pluralidad de demandantes y demandados hablamos de un litisconsorcio mixto". Igualmente sostuvo que: "la integración a la litis de todos quienes sean demandantes o demandados, debe ser tarea no sólo de las partes, sino del A quo, quien en su calidad de director del proceso, debe cuidar que el mismo se desarrolle sin vicios de nulidad. Sólo así, las decisiones que adopten, serán útiles en derecho a las partes y los efectos de la cosa juzgada alcanzarán a todos quienes deriven sus derechos de aquélla, tal como lo imponen el artículo 194 del Código Civil". En ese sentido se pronunciaron los A.S Nº 105, de 24 de Marzo de 2011; 118, de 5 de Abril de 2011;293, de 14 de junio de 2007; 111, de 18 de mayo de 2004; 8, de 8 de enero de 2007, entre otros.

Establecido lo anterior, corresponde precisar que en el caso de autos en el que se sustancia la nulidad parcial de un contrato celebrado entre tres partes, la concurrencia de todas ellas resulta necesaria e indispensable, aspecto que debió tener en cuenta el actor a tiempo de interponer la demanda, pero sobre todo el juez a quien le asiste la obligación de velar porque el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad y en resguardo del debido proceso, pues, en su rol de director del proceso, tiene la obligación de integrar a la causa a todas aquellas personas que tengan interés directo respecto a las pretensiones planteadas y que por ello pudieran verse afectadas con el pronunciamiento de la sentencia.

En ese sentido, correspondía al juez de la causa en conocimiento de la demanda de nulidad de la cláusula arbitral del contrato asociativo, disponer de oficio la integración a la litis de la Empresa Agroindustrial Guapilo S.R.L. por ser parte esencial en el contrato cuya nulidad parcial se demandó, toda vez que sólo así,la sentencia que se emita en el proceso sería útil en derecho y surtiría válidamente sus efectos respecto a todos los suscribientes de ese contrato, conforme prevé el artículo 194 del Código de Procedimiento Civil.

Al no haber obrado de esa manera el juez a quo soslayó su función de director del proceso y permitió que la causa se desarrolle con un vicio de nulidad, lo que es

peor a tiempo de dictar la sentencia en su parte dispositiva estableció, al margen de los datos del proceso, que declaraba "probada la demanda de fojas 38 a 42 subsanada a fojas 57 interpuesta por la Empresa Petrolera Bolifor S.A. contra la Empresa Agroindustrial Guapilo Ltda.. y Marcelino Díaz Murillo...", sin tomar en cuenta que de los antecedentes del proceso se establecía que la demanda no fue dirigida contra la referida Empresa Agroindustrial Guapilo S.R.L., la cual debió ser integrada a la litis aún ésta hubiese sido representada en la celebración del contrato objeto de la litis, conjuntamente otra persona por quien representa a la empresa actora.

La falta de integración a la litis de la Empresa Agroindustrial Guapilo S.R.L. tampoco fue advertida por el Tribunal de alzada, quien con dicha omisión permitió que el proceso llegue a esta instancia arrastrando un vicio de nulidad que afecta gravemente al debido proceso en cuando respecta al derecho a la defensa de la empresa no integrada y a la seguridad jurídica.

Por las razones expuestas este Supremo Tribunal, en aplicación de lo previsto por el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, se encuentra obligado a anular obrados en resguardo del debido proceso, a fin de que la causa se sustancie con la participación de todas aquellas partes que pudieran verse afectadas con la sentencia que se pronuncie, precautelando y resguardando la garantía jurisdiccional del derecho inviolable a la defensa reconocida por el artículo 119 de la Constitución Política del Estado, correspondiendo por ello fallar en la forma prevista por los artículos 271-3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, lo que impide a este Tribunal considerar el fondo del recurso interpuesto por el demandado Marcelino Díaz Murillo.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de los artículos 252, 271 - 4) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta fojas 99 vuelta, y dispone que el juez a quo con carácter previo a establecer la relación procesal ordene la integración a la litis de la Empresa Agroindustrial Guapilo S.R.L.

Con responsabilidad para el Juez A quo, y para los Vocales suscriptores del Auto de Vista recurrido, que se gradúa en dos días de su haber mensual, que les será descontado de sus haberes a favor del Tesoro Judicial. A tal efecto Notifíquese a la Dirección Administrativa y Financiera.

Cumpliendo lo previsto por el artículo 17 - IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Duran.