TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 54/2012

Sucre: 21 de marzo de 2012

Expediente: SC-15-12-S

Partes: Erika Justiniano Negrete c/ Charlie E.G. Strauven Vandonck

Proceso: Divorcio

Distrito: Santa Cruz


VISTOS: El recurso de casación interpuestos por Charlie E.G. Strauven Vandonck a fs. 353 - 354 vlta. impugnando el Auto de Vista Nº 539/2011 de fecha 20 de Diciembre de 2011, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de la ciudad de Santa Cruz, dentro del proceso de Divorcio seguido por Erika Justiniano Negrete contra Charlie E.G. Strauven Vandonck, los antecedentes del proceso y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, tramitada la causa, el Juez 2º de Partido de Familia de la Capital, emitió la Sentencia Nº 206/11 de fecha 09 de Septiembre de 2011, cursante de fojas 307 a 309 vuelta. Falla declarando PROBADA la demanda principal a fs. 10 a 11 vlta., así como la demanda reconvencional de fs. 46 a 50 vlta. de obrados, en lo concerniente a la causal estipulada en el articulo 130 inc. 4) del Código de Familia, por consiguiente se declara disuelto el vínculo matrimonial que unía a los señores Charlie E.G. Strauven Vandonck y Erika Justiniano Negrete.-

Se dispone que la hija menor de edad continué bajo la guarda y protección de la madre, para quien el padre pasara una asistencia familiar mensual y globales de Bs. 3.000.00 (TRES MIL 00/100 BOLIVIANOS); y se fija un régimen de visitas a favor del padre, debiendo este retirar a la menor de la casa de la madre, los días Sábados desde horas 07:00 a.m. y retornarla el mismo día a horas 17:00 p.m.

En ejecución de sentencia se dispone la división y partición de los bienes considerados gananciales, que se acreditaren documentalmente, previa formalidades de ley.

Asimismo, se dispuso que por la Dirección Departamental de Registro Civil se proceda a la Cancelación de la Partida Nº 93, Oficialia de Registro Civil Nº DRC-CAPITAL, Libro Nº C-I.2006, Folio Nº 93, del Dpto. de Santa Cruz, Prov. Andrés Ibáñez, Localidad Santa Cruz de la Sierra, en fecha 27 de Septiembre de 2007

Apelada la Sentencia por Charlie E.G. Strauven Vandonck, la Sala Civil Primera del Tribunal departamental de Santa Cruz, mediante Auto de Vista de fecha 20 de diciembre de 2011, cursante a fojas 348 y vlta, confirma la sentencia de fs. 307-309 vlta. contenida en la resolución Nº 206/11.

Esta resolución dio lugar al recurso de casación en el fondo, interpuesta por parte del demandado Charlie E.G. Strauven Vandonck, que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

En el fondo acusa:

1.- La violación del articulo 375 del Código de Procedimiento Civil, con el argumento que el juez a-quo procedió correctamente en base a la actividad probatoria desplegada en el juicio, declarando probada tanto la demanda principal como la reconvencional, respecto a la causal invocada prevista en el articulo 130 inc. 4) del Código de Familia; demostrando una fundamentación aunque lacónica pero convincente y precisa.

En este punto el fundamento de la apelación del ahora recurrente indica que la demandada no produjo prueba alguna, concreta y suficiente para demostrar su causal, siendo que en los juicios de divorcio las pruebas deben ser claras, precisas y concretas, y demostrar los hechos con veracidad plena e indiscutible. Por lo cual la demandante no cumplió con la carga de la prueba a que se refiere el art. 375 del Código de Procedimiento Civil, norma que no ha sido valorada por el tribunal de alzada, y que el juez a-quo se basa únicamente en valorar las denuncias policiales, sin considerar que estos antecedentes no son determinantes por que no se encuentra probado que el demandado haya sido culpable de esas agresiones y denuncias, por consiguiente si además no existen otros medios complementarios que lleven a la convicción de que evidentemente hubo los malos tratos como ser la prueba testifical, al no considerar estos hechos el Auto de vista viola el articulo 375 del Código de Procedimiento Civil, por que no se ha cumplido con la carga de la prueba que le correspondía demostrar a la parte demandante.

2.- Acusó también la violación del articulo 21 del Código de familia, en virtud de que el Auto de Vista confirma la sentencia apelada con respecto a la asistencia familiar fijada por el A-quo en la suma de Bs. 3000.- con el argumento de que el apelante es representante legal de una Sociedad Comercial que revela su capacidad económica para cubrir dicho monto, el tribunal de alzada no analizo que no existe prueba que acrediten cuales son los ingresos de la empresa de la cual es socio, que actualmente se encuentra sin movimiento haciendo una presicion antojadiza de su capacidad de pago.

Tampoco considera que durante todo el proceso el inmueble de la comunidad ganancial ha venido siendo usufructuado exclusivamente por la demandante, quien lo tiene arrendado, percibiendo en su totalidad los alquileres en la suma mensual de dólares 1000 y además la demandada tiene una fuente laboral como secretaria ejecutiva en una empresa Comercial Across Rent A Car, documentalmente probado y reconocido por la demandante a fs. 186 de obrados. Al haber confirmado sin ningún fundamento, solo a simple apreciación el monto de la asistencia, reitera la violación del articulo 21 del Código de Familia y se le condene a guardar detención en cualquier momento por no poder cumplir con el pago de ella.

Concluyendo que por las razones expuestas solicita que el Tribunal de casación pronuncie resolución casando el auto recurrido y deliberando en el fondo declare improbada la demanda principal y probada la reconvencional; y se modifique el monto de asistencia familiar fijándola en la suma mensual de Bs. 1700; conforme se la fijo en la medida provisional

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION:

En el fondo:

Si bien en el fondo el recurrente acusa la violación del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil sobre la valoración de la prueba, carga de la prueba y otros aspectos concernientes todos ellos referentes a la prueba es menester realizar estas consideraciones:

Compartiendo el criterio del Auto Supremo Nº 130 del 11 de Abril de 2011, conviene precisar que en su sentido procesal, la prueba es un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio con la finalidad de crear la convicción del juzgador, en el ejercicio de esta atribución, las pruebas producidas deben ser apreciadas por los jueces de acuerdo a la valoración que les otorga la ley, esto es lo que en doctrina se denomina el sistema de apreciación legal de la prueba, puesto que el valor probatorio de un determinado elemento de juicio está consignado con anticipación en el texto de la ley; o, la apreciación de los medios probatorios deben efectuarse de acuerdo a las reglas de la sana crítica, que constituye una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción, entendiendo con Couture, que las reglas de la sana crítica son, ante todo las reglas del correcto entendimiento humano en las que intervienen las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del Juez, es decir, con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. En consecuencia, el Juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecional o arbitrariamente.

Lo anteriormente expuesto encuentra su respaldo dentro de nuestra normativa en lo previsto por el art. 1286 del Código Civil, que a la letra dice: "Las pruebas producidas serán apreciadas por el Juez de acuerdo a la valoración que les otorga la ley; pero si ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio". En coherencia con esta disposición sustantiva, el art. 397 del Código de Procedimiento Civil, en su parágrafo I establece que: "I. Las pruebas producidas en la causa serán apreciadas por el Juez de acuerdo a la valoración que les otorgare la ley; pero si ésta no determinare otra cosa, podrá apreciarlas conforme a su prudente criterio o sana crítica".

Por otra parte, se debe entender que el Principio de Adquisición Procesal o Comunidad de Pruebas, establece claramente que todas las pruebas son del proceso, por lo que cualquiera de las partes puede valerse de ellas. Derivando de aquello:

1- Que la prueba no es ni está destinada para el que la presenta, sino para el juez quien valorará la misma, una vez introducida al proceso el juez tiene libertad de valorarla, ya sea que favorezca o no a quien la presentó. En ese marco, en el caso de autos, se concluye que no es evidente, como sostiene el recurrente que la prueba que aportó el mismo, no fue valorada por el juez, y que mas bien todas las pruebas aportadas fueron vitales para emitir sentencia mas aun las pruebas documentales aportadas por la demandante como ser denuncias policiales, certificados medico forenses, entre otros medios de prueba, no pueden ser obviadas ya que demuestran la conducta de ambos conyugues al revelarse la agresividad y violencia de ambos y que siendo la causal por la que se realizo la demanda principal y la reconvencional la misma sobre sevicia, injurias graves o malos tratos (art. 130 del Código de Familia), la decisión del juez de primera instancia fue correcta y acertada al declarar probada la demanda principal como la reconvencional, por lo tanto siendo que no se violo la norma indicada no existe agravio alguno, el recurso resulta infundado.

2.- Respecto de la asistencia familiar fijada por el juez a quo en Bs. 3000. Debemos referir que este Tribunal Supremo, sobre la modificación de la fijación de la asistencia familiar, comparte el criterio con la antigua Corte Suprema de Justicia, resolviendo casos similares y específicamente en el Auto Supremo Nº 110 de fecha 19 de marzo de 2009, claramente estableció que: "...conforme lo establece el artículo 28 del Código de Familia, (...) las resoluciones sobre asistencia familiar no causan estado, debido a que la reducción, aumento o exoneración de la misma, procede en cualquier tiempo, dependiendo de las circunstancias en que se encuentren los beneficiarios y obligados...".

Consiguientemente, si el recurrente pretende la modificación del monto de la asistencia familiar a la cual está obligado, le queda a este fin la vía incidental, no pudiendo este Tribunal Supremo ingresar a considerar los agravios referidos al monto de la asistencia familiar.

Por lo expuesto, se concluye que los de grado respecto a la supuesta vulneración del art. 375 del Código de Procedimiento Civil, han obrado correctamente y este Tribunal Supremo no encuentra ninguna de las causas previstas en el art. 253 del Código de Procedimiento Civil para censurar la resolución recurrida, siendo por ende de aplicación los arts. 271-2) y 273 del mismo adjetivo.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ejerciendo la facultad prevista en el art. 42 num. 1) de la Ley Nº 025 del órgano Judicial y en aplicación a los Arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 353 a 354 vlta. Con costas.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs.700.-

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani