TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 45/2012

Sucre: 7 de Marzo 2012

Expediente: SC - 8 - 12 - S

Partes: Nicolás Guzmán Sandoval c/Maria Brizeida Egüez Medrano

Proceso: Concurso de Acreedores.

Distrito: Santa Cruz.


VISTOS: Los recursos de casación interpuestos en la forma y en el fondo de fs. 397 a fs. 399 vlta, interpuesto por Ena Balcazar Arias en representación de Roxana Bejarano Balcazar, de fs 402 y vlta, interpuesto por Nicolás Guzmán Sandoval, ambos contra el Auto de Vista de fs. 385 a 386, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso de Concurso de Acreedores, instaurado por Nicolás Guzmán Sandoval contra Maria Brizeida Egüez Medrano, sus antecedentes, las normas legales acusadas de infringidas; y,

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Auto de Vista impugnado confirmó el auto definitivo de fecha 1 de noviembre de 2006 de fojas 297 y vlta., dictado por el Juez Sexto de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, que declaró que el proceso ejecutivo en trámite seguido por Miguel Ángel Justiniano Molina, se devuelva al juzgado 4to de partido en materia civil comercial, salvándose los derechos de los otros acreedores para accionar en la vía que corresponda la nulidad que sanciona el Art. 578 del Código de Procedimiento Civil

Que, luego de sus incidencias y anulaciones que cursa en obrados el tribunal de alzada pronuncia su auto de vista de fecha 15 de julio de 2011.

Contra el Auto de Vista emitido en virtud a la apelación planteada por Nicolás Guzmán Sandoval, el mismo que Confirma el auto definitivo de fecha 1 de noviembre 2006, dos de los concursantes plantean recurso de casación.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION:

Contra el Auto de Vista, Ena Balcazar Arias interpone Recurso de nulidad y casación, se apoya en lo dispuesto por el art. 256 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, acusa de vicios que hacen nulo el proceso de pleno derecho, indicando que no se ha realizado una correcta interpretación de los Arts. 568, 578 y 582 todos del Código de Procedimiento Civil, indicando que el acreedor Miguel Ángel Justiniano Molina no se apersonó al concurso por ese motivo perdió su derecho de reclamar, indicando también que el concurso de acreedores cuenta con el principio de universalidad que el mismo se estaría vulnerando.

En el segundo recurso de casación iniciado por Nicolás Guzmán Sandoval, acusó la violación del Art. 578 del Código de Procedimiento Civil, indicando que fuera del proceso concursal ningún acreedor que siguiere proceso ejecutivo separadamente podrá adjudicarse bienes bajo pena de nulidad, acusó también la violación del Art. 582 del Código de Procedimiento Civil, indicando que si se descubrieren otros bienes del deudor estos se distribuirán entre los acreedores, indica que el concurso se inicio mucho mas antes al proceso ejecutivo de Miguel Ángel Justiniano Molina.

Por todo lo dicho ambos recurrentes solicitaron se case el Auto de Vista y se disponga la acumulación del proceso ejecutivo y se anulen el proceso ejecutivo y su respectiva adjudicación, con costas.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Que, es necesario apoyar nuestra fundamentación en el auto supremo No. 271 de 19 de agosto 2010, el mismo que cursa de fs. 362 a 364 vlta., del testimonio de fotocopias legalizadas, en virtud al cual se estableció que:

"...el Código de Procedimiento Civil, en su Libro Cuarto relativo a los procesos especiales, regula en su Titulo I, los procesos concúrsales, que, de acuerdo a lo previsto por el artículo 562 del citado Código, son los promovidos por los acreedores para el cobro de sus créditos a un deudor no comerciante, o por el deudor para el pago de sus deudas. En el primer caso se llama concurso necesario, en el segundo, voluntario.

El artículo 563 del Adjetivo Civil prevé que, ambos tipos de concurso tienen carácter universal, porque comprenderán todas las obligaciones del deudor y sus ejecuciones en un sólo proceso, debiendo la Sentencia de grados y preferidos comprender a todos los créditos, según lo dispone el artículo 574 del Código Adjetivo de la materia.

Conforme determina el artículo 564 del Código de Procedimiento Civil, el concurso necesario será una consecuencia de los procesos ejecutivos promovidos contra el deudor. El concurso voluntario será promovido por el deudor, existieren o no procesos ejecutivos pendientes. En ambos casos, se acumularán en el Juzgado que conociere el concurso, todos los procesos ejecutivos que se sustanciaren en otro, en el estado en que se encontraren.

De lo expuesto se establece que una de las características esenciales del proceso concursal es la universalidad, es decir que integra a la totalidad de las obligaciones del concursado y compromete la totalidad del patrimonio del deudor, pues, no se limita a los bienes que lo formaban al tiempo de la apertura del concurso, sino que incluso alcanza a los que sobrevengan.

En virtud al principio de universalidad, iniciada la demanda del concurso necesario, de acuerdo a lo previsto por el artículo 568 del Código de Procedimiento Civil, el Juez ordenará la acumulación de todos los procesos ejecutivos pendientes en otros juzgados y llamará por edictos a los demás acreedores con el plazo de 15 días, en la forma prevista en los artículos 125 y 126 del citado Código.

Como consecuencia del carácter universal del concurso, se produce la acumulación de todos los procesos ejecutivos y coactivos civiles que se tramitan en contra del concursado, esto con el objeto de asegurar la igualdad entre los acreedores, evitando que por la continuación de esos procesos, unos perciban sus créditos con prescindencia de otros. Resulta importante aclarar que, como lo precisó la S.C. Nº 1539/2003-R de 30 de octubre de 2003, todo proceso ejecutivo o coactivo civil, cuente o no con Sentencia ejecutoriada, en tanto no haya culminado totalmente con la efectivización del pago que persigue -luego de la liquidación, mediante remate, de los bienes hipotecados o embargados- debe ser acumulado al proceso concursal que se haya incoado. Es decir que, únicamente serán acumulados aquellos procesos de ejecución en los que, a la fecha de notificación con la orden de acumulación, el acreedor no haya percibido aún el importe de su crédito; ello no significa que el proceso de subasta y remate quede estancado o suspendido, toda vez que, el mismo puede continuar tramitándose en cuaderno separado, pero su producto, al igual que en aquellos casos en los que el bien hipotecado o embargado hubiere sido rematado con anterioridad al proceso concursal, pero no efectivizado aún a favor del acreedor, será transferido a la orden del Juez del concurso, no pudiendo realizarse ningún pago con el producto del remate hasta que no exista la Sentencia de grados y preferidos. Por ello, reviste vital importancia el momento en que se produce la notificación con la orden de acumulación a los otros juzgados.

El principio de universalidad del concurso, supone también la prohibición a los acreedores de interponer, válidamente, por cuerda separada procesos para el cobro de sus acreencias, debiendo en todo caso concurrir al concurso para la calificación de sus créditos y para formar parte de la sentencia de grados y preferidos.

Aunque la ley no lo dispone expresamente, como sostiene el tratadista Hugo Alsina, la notificación a los acreedores produce los siguientes efectos: hace público el estado de concurso; importa notificación suficiente para toda clase de acreedores del concursado, sigan o no juicio en ese momento contra el mismo, sean quirografarios o privilegiados, conocidos o desconocidos; significa la apertura legal del concurso para todos sus efectos legales; permite a los acreedores hacer valer sus derechos sobre los bienes del concurso, aunque sus créditos no sean exigibles; importa notificación a los deudores del concursado, quienes, desde ese momento, no podrán pagarle válidamente.

Ahora bien, como se observa, el momento en que se produce la notificación a los acreedores reviste vital importancia porque, como se señaló anteriormente, desde ese momento los acreedores que no siguen juicio en contra del concursado, no podrán, validamente, iniciar por su cuenta procesos tendientes a obtener el cobro de su acreencia, debiendo en todo caso concurrir al concurso.

Sólo desde la notificación a los acreedores, se hace público el estado de concurso, y estos, desde ese momento, se encuentran obligados a concursar sus acreencias, e impedidos de instar la ejecución de sus créditos fuera del concurso.

Por ello resulta importante que la notificación a los acreedores se realice en la forma y en el momento previsto por el artículo 568 del Código de Procedimiento Civil, es decir que, la primera determinación del órgano jurisdiccional debe contener la orden de acumulación de los procesos ejecutivos y la notificación, mediante edictos de los acreedores, pues, como se precisó, es desde esa notificación que se hace público el estado de concurso y se tiene por aperturado legalmente el concurso para todos sus efectos.

En ese contexto, a fin de establecer la procedencia o improcedencia de la acumulación de los procesos ejecutivos o coactivos civiles, es imprescindible considerar: 1) el momento en que se produjo la comunicación a los demás juzgados, -para aquellos procesos ejecutivos o coactivos civiles que se encuentren en trámite, a fin de establecer si a esa fecha el proceso ha culminado o no totalmente con la efectivización del pago que persigue el acreedor-; 2) el momento de la notificación mediante edictos a los acreedores, - para aquellos juicios que se iniciaren con posterioridad, pues desde esa notificación, no serán válidos los procesos promovidos contra el concursado por causa o título anterior al concurso, debiendo estos hacerse valer sólo en el concurso y no en causas independientes"-.

Esos aspectos debieron ser considerados tanto por el Juez A quo, como por el Tribunal Ad quem, a tiempo de decidir sobre la procedencia o improcedencia de la acumulación del proceso ejecutivo seguido por Miguel Ángel Justiniano Molina, contra la concursada María Brizeida Egüez Medrano.

La notificación practicada dentro del concurso a fs. 42, 43 y 44 de 21 de febrero, 27 de febrero, y 5 de marzo de 2003, respectivamente, a los acreedores, reviste vital importancia porque desde ese momento los acreedores que no seguían juicio en contra del concursado, no podían, validamente, iniciar por cuenta propia procesos separados al concurso de acreedores.

De la revisión de obrados se establece que el proceso ejecutivo seguido por Miguel Ángel Justiniano Molina en contra de Maria Brizeida Egüez Medrano, fue iniciado el 25 de febrero 2003, en base al título de fecha 2 de junio 2000, habiendo sido la ejecutada citada el 30 de junio 2003.

De los datos expuestos se establece que la iniciación y posterior sustanciación del referido proceso ejecutivo, se originó en fecha posterior a la notificación mediante edictos practicada a todos los acreedores, consiguientemente cuando el concurso adquirió publicidad.

Como se estableció anteriormente, el acreedor Miguel Ángel Justiniano Molina no podía seguir un proceso ejecutivo por cuerda separada, sino tenía la obligación de acudir al concurso y concursar su acreencia en igualdad de condiciones con los demás acreedores del concursado, lo cual no sucedió así, vulnerando el principio de universalidad que rige todo proceso concursal.

En consecuencia, el ejecutante Miguel Ángel Justiniano Molina, debía concursar su acreencia como lo hicieron los demás acreedores que tramitaron procesos ejecutivos que fueron acumulados al concurso. De permitir la posibilidad de que el referido proceso ejecutivo se hubiese tramitado por cuerda separada del concurso necesario de acreedores, los Tribunales de justicia estarían permitiendo y consintiendo en la legalidad de esa posibilidad, vulnerando y desconociendo el principio de universalidad que orienta al proceso concursal, previsto en el art. 563 del Código de Procedimiento Civil.

Al margen de lo manifestado es necesario establecer que el proceso concursal se constituye en la jurisdicción mayor que arrastra a la menor (Ejecutivo o Coactivo), y al pasar los procesos ejecutivos a la jurisdicción y competencia del juez del concurso, es éste quien tiene la competencia de resolver los mismos y no así otro tribunal, como erradamente entendieron los tribunales de instancia.

Como establece la (SC 0960/2010-R de 17 de agosto, amparo constitucional) "..el art. 573 que inclusive prevé la posibilidad de que en el proceso (ejecutivo o coactivo), se haya realizado ya el remate. Esto, obviamente, no implica de manera alguna que, en el caso que se trate, el proceso de subasta y remate quede estancado o suspendido, toda vez que el mismo puede continuar tramitándose en cuaderno separado, pero no puede realizarse ningún pago con el producto de tal acto hasta que no exista pronunciamiento de la Sentencia que emita el Juez del concurso estableciendo el grado y prelación de pago de cada acreencia".

Por lo dicho, el proceso ejecutivo seguido por Miguel Ángel Justiniano Molina contra María Brizeida Egüez Medrano, debió ser adjuntado al proceso concursal, aspecto que no sucedió empero, es el Juez del concurso quien tiene competencia para conocer y resolver sobre la validez o invalidez de la sustanciación de ese proceso, así como para determinar sobre las consecuencias y efectos que en relación al concurso puedan o no generar los actos de ejecución llevados a cabo en el referido proceso ejecutivo, tomando en cuenta el carácter de universalidad del concurso en beneficio de todos los concursantes.

Por las razones expuestas se establece que son evidentes las infracciones acusadas por el recurrente Nicolás Guzmán Sandoval, correspondiendo por ello a este Tribunal fallar en la forma prevista por los Arts. 271 num. 3) del Código de Procedimiento Civil.

Por otra parte respecto al recurso de casación interpuesto por la concursante Ena Balcazar Arias, corresponde precisar que al no haber interpuesto recurso de apelación contra el auto definitivo de fecha 1 de noviembre 2006, en aplicación de lo dispuesto por el Art. 272 num. 1), en relación al Art. 262 num. 2) ambos del Código de Procedimiento Civil, este deviene en improcedente.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por articulo 42 numeral 1) de la Ley 025 del Órgano Judicial y en aplicación del Art. 271. 1) y 4) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación deducido por Ena Balcazar Arias, y en mérito al recurso de casación interpuesto por Nicolás Guzmán Sandoval, CASA el Auto de Vista de fecha 15 de julio 2011 cursante de fs. 385 a fs. 386, y deliberando en el fondo, dispone se acumule al proceso concursal el proceso ejecutivo seguido por Miguel Ángel Justiniano Molina contra Maria Brizeida Egüez Medrano, a efectos de que el juez del concurso resuelva lo que en derecho corresponda respecto al trámite e incidencias de referido proceso ejecutivo.

Sin responsabilidad por ser excusable.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.-

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani