TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CIVIL

Auto Supremo: 42/2012

Sucre: 7 de marzo de 2012

Expediente: SC-7-12-S

Partes: Hortensia Lozano Vda. de Arévalo c/ Lidia, Dora José y Pablo Guardia Melgar

Proceso: Acción negatoria, cese de perturbación y molestias y pago de daños y perjuicios.

Distrito: Santa Cruz.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fojas 433 a 434 vuelta, interpuesto por Hortensia Eduarda Lozano Vda. de Arévalo contra el Auto de Vista Nº 463, cursante de fojas 430 y vuelta, emitido el 1 de noviembre de 2011 por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz (ahora Tribunal Departamental de Justicia) en el proceso ordinario sobre acción negatoria, cese de perturbación y molestias y pago de daños y perjuicios seguido por la recurrente contra Lidia, Dora, José Venancio y Pablo, todos Guardia Melgar; la respuesta de fojas 436 a 438; la concesión de fojas 447; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

EL Juez Quinto de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, el 8 de agosto de 2011 pronunció la sentencia Nº 51/2011, cursante de fojas 404 a 408 vuelta, (numeración resaltada), por la cual declaró improbada la demanda, con costas.

Contra esa resolución de primera instancia la actora Hortensia Eduarda Lozano Vda. de Arévalo interpuso recurso de apelación en cuyo mérito la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 463, cursante de fojas 430 y vuelta, confirmando totalmente la sentencia apelada, con costas.

Contra esa determinación de alzada, la demandante Hortensia Eduarda Lozano Vda. de Arévalo interpuso recurso de casación en el fondo.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

La parte recurrente acusó que se habría realizado una incorrecta aplicación del artículo 1455 del Código Civil, el cual debió ser interpretado como una garantía jurídica otorgada por Estado concordante con lo previsto por el artículo 56 de la actual Constitución Política del Estado, dirigida a todo propietario de buena fe que adquiere un inmueble. Señaló que con la potestad conferida por el citado artículo 1455 del Código Civil interpuso demanda de acción negatoria, cese de perturbación y daños y perjuicios en virtud al atropello de su derecho propietario, dirigiendo la misma contra los hermanos Guardia Melgar quien afirmarían tener derecho sobre el inmueble de propiedad de la actora registrado bajo la matrícula Nº 701105001270, de 19 de mayo de 2005.

Manifestó que la decisión de segunda instancia a más de apartarse de la jurisprudencia sentada por el más alto Tribunal de Justicia, adolecería de omisiones, errores y desaciertos extremos que la tornarían inhábil como acto jurídico.

Señaló que la decisión asumida en la causa se traduciría en un desconocimiento de la solución normativa que corresponde a las particulares circunstancias comprobadas en el proceso, y que el juez de la causa no habría valorado correctamente las pruebas adjuntas, vulnerando principios fundamentales proclamados en la Constitución Política del Estado en sus artículos 109, 110, 115, 132 y 134, así como el principio de equidad.

Adujo que la acción negatoria es el mecanismo que permite al propietario demandar a quien afirme tener sobre la cosa de su pertenencia algún derecho, se entiende real, y pedir que se reconozca la inexistencia del mismo. Que en el caso que nos ocupa los demandados sostienen tener derecho a título de declaratoria de herederos al fallecimiento de Victoria Melgar Vda. de Melgar, quien resultaría ser la primigenia propietaria de los predios denominados Cupesi Terrado, quien en vida transfirió más del 60% de su propiedad, entre esas transferencia se encontraría las realizadas a favor de Lía Melgar de Egüez el año 1980 y luego a Ángel Egüez, quienes registraron su derecho propietario el año 1992, de cuya fusión resultaron ser propietarios de 71.1529 Has., y que por desprendimientos resulto ser 40 Has., con 7197,2 m.²; que el año 1985 falleció Victoria Melgar Cda. de Melgar, quedando solamente 24 Has disponibles de las cuales se declararon como herederos no solo los hermanos Guardia Melgar en representación de su madre Nila Melgar, sino también los otros hijos de la de cujus, quienes no reclaman derecho sobre el lote de la actora, porque saben que su madre habría dispuesto en vida el referido lote en litigio.

Concluyó señalando que el juez a quo no habría examinado detenidamente los documentos presentados en la demanda, motivo por el cual no advirtió que los demandados pretenden ser herederos de bienes que habrían sido dispuestos en vida por la de cujus.

Por las razones así expuestas solicitó se case el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo se declare probada la demanda de acción negatoria.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Que en el marco de los fundamentos expuestos en el recurso, corresponde aclarar cuál la naturaleza jurídica por la que ha sido instituida por el legislador boliviano la acción negatoria.

En ese orden, corresponde señalar que el referido instituto se encuentra dentro del Libro que regula el ejercicio, protección y extinción de los derechos, constando en el capítulo citado las acciones de defensa de la propiedad y las servidumbres.

El artículo 1445 del Código Civil, bajo el nomen juris de "acción negatoria" establece que: "I. El propietario puede demandar a quien afirme tener derechos sobre la cosa y pedir que se reconozca la inexistencia de tales derechos. II. Si existen perturbaciones o molestias, el propietario puede pedir el cese de ellas y el resarcimiento del daño."

Al respecto, la doctrina nos enseña que el artículo 1455 del sustantivo civil, proporciona al propietario la acción negatoria servitutis, mediante la cual, éste desconoce un derecho real que sobre la cosa de su propiedad alegare alguien. Su objeto, es obtener una sentencia declarativa que establezca que la cosa está libre y franca de determinada carga, o que la carga es inexistente, puede tratarse de servidumbre, usufructo, uso inmobiliario, habitación. Al propietario le basta demostrar su derecho, mientras que al demandado le corresponde probar la existencia del derecho real que alega sobre la cosa ajena.

En ese contexto, establecida la naturaleza jurídica del instituto objeto de litis se establece que la interpretación desarrollada por el tribunal a quo, confirmada por el ad quem es acertada, porque estableció que al haber acreditado los demandados tener título de propiedad, no le correspondía declarar la inexistencia de ese derecho de propiedad, en otras palabras estableció que la acción negatoria no es la vía idónea para dilucidar y determinar a quien le asiste mejor derecho de propiedad, por cuanto la acción negatoria permite al propietario demandar a quien afirme tener algún derecho real sobre la cosa de su propiedad y pedir se reconozca la inexistencia de tal derecho, aspecto que opera siempre y cuando el demandado no demuestre la existencia del pretendido derecho, empero cuando el demandado prueba ser titular del derecho real -principal o accesorio- que alega, la acción debe ser declarada improbada, toda vez que, como es lógico, no podría declararse la inexistencia del derecho real acreditado por el demandado, en cuyo caso la dilucidación de la validez del derecho real principal o accesorio acreditado por la parte demandada, o en su caso la dilucidación del mejor derecho de propiedad deberá hacerse por otra vía.

En el caso de autos, si los Tribunales de instancia constataron que los demandados ostentan título de propiedad sobre el inmueble en litigio, correctamente repulsaron la acción negatoria, correspondiendo en todo caso que la parte actora accione a través de otro proceso la dilucidación del mejor derecho de propiedad que le asistiría sobre el inmueble objeto del litigio o en su caso la invalidez del título que detentan los demandados, por cuanto dichas pretensiones no fueron deducidas por la parte actora, resultando en consecuencia ajenas a la litis.

Lo expuesto inhibe a este Tribunal de realizar mayores consideraciones de orden legal, toda vez que resultan manifiestamente infundados los agravios acusados por la parte recurrente, correspondiendo por ello fallar en la forma prevista por los artículos 271-2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo, cursante de fojas 433 a 434 vuelta. Con costas.

Se regula el honorario del abogado en la suma de Bs. 700.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgda. Rita Susana Nava Duran.